La democracia santafesina saldó una deuda de décadas. Lo hizo el 6 de enero de este nuevo año, con la promulgación de la Ley Nº 13.392 que habilita y regula la organización y funcionamiento de centros de estudiantes de niveles medio y superior en escuelas públicas y privadas de la provincia. Así, se cierra un ciclo de clausuras políticas que, iniciado con la última dictadura militar, condicionó la participación juvenil a lo largo de treinta años de vigencia de la Constitución Nacional. En forma paralela, muchas de las organizaciones que surgieron en los últimos años dentro de las aulas escolares tienen, ahora, un marco legal que las ampara.