Fabián tenía apenas 17 años. El 24 de octubre pasado fue encontrado muerto en la celda donde estaba encerrado dentro de la cárcel para menores que tiene Santa Fe, el Irar, la que viola desde su condición misma, los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La muerte de este joven se suma a la de Jonhatan, quien murió hace 10 meses atrás. El mismo dolor, la misma bronca y el mismo silencio. Fabián y Jonatan fueron víctimas de la violencia institucional que se padece dentro del Irar. «Esta violencia se constata en las denuncias reiteradas que realizó su madre en defensa de los derechos vulnerados de su hijo. Su muerte se encuentra íntimamente relacionada con este ejercicio de la violencia», sostienen militantes del Movimiento Evita, espacio al que pertenece Norma, la mamá de Fabián.
Por María Cruz Ciarniello
En diciembre de 2011, Jonatan Retamoso fue encontrado ahorcado en una de las celdas de esta cárcel para menores que tiene la provincia de Santa Fe: El Irar. 10 meses después, Fabián Lucero, de apenas 17 años, aparece muerto del mismo modo.
El dolor es el mismo. Las preguntas, los interrogantes, las dudas y la terrible falta de certezas, también. La voz oficial habla de suicidio. La mamá de Jonathan y ahora, Norma, la mamá de Fabián, solo exigen que el gobierno les dé explicaciones por la muerte confusa de sus hijos.
Del otro lado, solo aparece como constante el mismo silencio.
La noche en el Irar se lleva la vida de los pibes pobres. Se las arrebata ante la mirada ciega de un Estado provincial que niega ver lo que es responsabilidad suya.
Porque estas vidas lo son. Es el Estado provincial quien debe proteger y velar por estos pibes. El mismo Estado que a través del poder judicial primero los priva de su libertad y luego, en nombre de esa condena disfrazada de una absurda rehabilitación, los arroja al peor de los olvidos en una cárcel donde lo indigno prima como norma.
Así, con falta de agua, sin espacios libres y escasa luz, con cerrojos y muros grises, están los pibes en Irar.
La pena es el encierro, en sus peores condiciones.
Quienes bregan por sus derechos, organismos de derechos humanos, trabajadores de la infancia y militantes sociales, exigen el cierre definitivo de este mal llamado Instituto de Rehabilitación para el Adolescente. Hace 4 años, el gobierno de la provincia prometió hacerlo. Lo único cierto, al día de hoy, son las muertes de pibes que ni siquiera transcurrieron la mayoría de edad y una promesa de cierre totalmente incierta. No debiera ser el código penal el que genere alternativas de inclusión social, educación y proyecto de vida para los jóvenes sumidos en el entramado de pobreza, droga y delincuencia. No es la cárcel la respuesta para la “reinserción” de jóvenes a los que la exclusión los abrazó de chiquitos.
¿Tan difícil es promover otras políticas que hablen de vida en los barrios?. Esta pregunta nace de la bronca y la impotencia. Ni las explicaciones, ni las justificaciones pesan ante la muerte evitable.Y estas lo son.
“No hay dudas de que fue una víctima más de la violencia institucional que se padece en el IRAR. Esta violencia se constata en las denuncias reiteradas que realizó su madre (Norma) en defensa de los derechos vulnerados de su hijo. Su muerte se encuentra íntimamente relacionada con este ejercicio de la violencia”, afirma en un comunicado la Secretaría de Salud del Movimiento Evita, espacio de militancia de Norma, la mamá de Fabián.
“Su muerte no debe quedar impune, sin responsables políticos. Los funcionarios de la Provincia de Santa Fe son los responsables de lo sucedido con Fabián, especialmente quienes implementan las políticas de “Justicia Penal Juvenil”. Políticas que vienen mostrando su faceta represiva en detrimento de la asistencia preventiva. Estos funcionarios entienden de las consecuencias que implican cometer un hecho violento/represivo en un Estado de derechos, por lo tanto son plenos responsables de sus actos.”
Un párrafo aparte, indican, merecen los funcionarios judiciales. Los que “lejos de velar por los derechos humanos de los jóvenes que tienen a su cargo, toman decisiones sobre sus vidas sin tener en cuenta la manera en que las mismas se llevan a cabo, o en qué tipo de lugares se materializan los encierros que ordenan en sus resoluciones.”
Los trabajadores del Irar también se manifestaron y repudiaron la muerte de Fabián. Desde hace tiempo impulsan medidas de fuerza en reclamo de mejores condiciones laborales y edilicias. “Las remodelaciones que hoy en día se están realizando lentamente en IRAR, no se deben a una voluntad genuina de este Gobierno de mejorar las condiciones de alojamiento de los jóvenes y, por ende nuestras condiciones de trabajo, sino a la presentación judicial de un habeas corpus que obligó al Ministerio de Justicia y DD.HH. a elaborar un plan de obras que haga un poco más habitable la CARCEL que es realmente el IRAR. Sin embargo, seguimos esperando la instalación del agua potable.”
También denuncian el predominio de una lógica represiva dentro del Instituto: “nos encontramos con la instalación de nuevas mallas metálicas para reforzar las rejas de algunos sectores, lo que dificulta notablemente el contacto con los jóvenes por parte de los civiles y responde exclusivamente a pedidos del Servicio Penitenciario, reforzando las lógicas de seguridad (represivas) que predominan en el IRAR por sobre las de promoción de derechos. De esta manera, una vez más el gobierno provincial incumple su promesa del cierre progresivo del IRAR, concretando el encierro progresivo de los jóvenes encarcelados.”
Fabián pudo tener otro destino. Jonatan también. Nos queda a todos un enorme dolor por la impotencia de no poder. De no saber cómo. De decir, de denunciar sin tener la certeza que algo de todo esto sirva para que el futuro de estos pibes no sea ni la cárcel ni la muerte dentro de ella, ni el peso de una Justicia injusta para los pibes, ni la violencia institucional encarnada en las fuerzas de seguridad y en el predominio de políticas represivas por parte del Estado provincial, que por acción y omisión, es el responsable de sus muertes.
