Testigos, querellantes, sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas, agrupados en el espacio Juicio y Castigo Rosario, convocamos a participar este viernes 10 de octubre del aguante a una nueva sentencia contra represores de la última dictadura cívico militar.
Habrá desde las 10.30hs una radio abierta, a las 11.30hs un homenaje a la Madre Herminia Severini, se reinstalará el álbum colocado frente a Tribunales por la agrupación HIJOS y, luego escucharemos el veredicto contra la patota de Feced. Habrá también espectáculos artístico-musicales para todos los gustos durante la jornada, desde rock y murga uruguaya hasta trova y folklore.
¡Que no falte nadie para que el tribunal escuche bien fuerte el reclamo de cárcel común y efectiva para todos los genocidas!
De la causa
El juicio oral por la segunda parte de la causa “Feced” tiene a diez ex policías rosarinos como imputados y se investigan los casos de 43 víctimas, que en su mayoría pasaron por el centro clandestino de detenciones que funcionó en los primeros años de la dictadura en la Jefatura de Policía, entonces ubicada en Dorrego y San Lorenzo.
La parte acusadora (fiscalía y querellas) pidieron prisión perpetua para Carlos Ulpiano Altamirano, alias Caramelo, acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y violencia; tormentos y asociación ilícita “en concurso real con el delito de homicidio agravado por alevosía”.
En tanto, solicitaron al tribunal una pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta con cumplimiento efectivo en cárcel común para los restantes acusados, quienes no están imputados por homicidio.
Se trata de José Rubén Lo Fiego, alias “El Ciego” o “Menguele”; Ricardo José Torres; Lucio César Nast, alias “Ronco”; Julio Fermoselle, apodado “Darío”; Telmo Alcides Ibarra; Ovidio Olazagoitía, alias “Vasco”;
Pedro Travagliante; Ernesto Vallejos, apodado “Managua”; y Ernesto Dugour, alias “Picha”. Para ellos pidieron 25 años de prisión al encontrarlos penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos “agravado por ser las víctimas perseguidos políticos”, en concurso real con asociación ilícita también agravada.
Los acusados conformaron durante los primeros años de la última dictadura “la patota” que operó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local.
