El fruto de una lucha

Se fue el mes de septiembre con grandes giros en las causas judiciales de Mercedes Delgado y David Moreira, paradigmas de la lucha de los sectores excluidos. Por su parte, el rol de las organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos dan cuenta de la importancia de su presencia en este camino. 

Por Martín Stoianovich

A propósito de Mercedes

El barrio Ludueña conoce de cerca la lentitud, siempre intencional y cómplice, del poder judicial. Más de doce años de expedientes acumulados a partir del asesinato de Pocho Lepratti, hecho por el cual todavía hoy no se reconoce la responsabilidad política de Carlos Reutemann como gobernador santafesino en la caldeada Argentina de fines del 2001, es el ejemplo fiel de ello. El crimen fue en barrio Las Flores, en la otra punta de la ciudad, pero cada año, desde Ludueña, lugar donde vivía y trabajaba Pocho con las juventudes, cientos de personas emprenden las incansables movilizaciones hacia el edificio de Tribunales Provinciales. Una práctica que comenzó a replicarse uniendo distintos reclamos, siempre con algo en común: justicia por los caídos a manos de las corrupciones del sistema en sus distintas formas.

Corrían los últimos días de la primer quincena de enero de 2013. Habían pasado tan sólo tres días del asesinato de la militante social Mercedes Delgado. Sus familiares, amigos y compañeros de militancia emprendían, con la primer movilización, el largo camino hacia la justicia. Aquella vez fue en Ludueña, el mismo territorio que Mecha caminaba en su militancia y el mismo territorio en el que quedó en medio de un tiroteo entre narcotraficantes. La marcha se dirigió a la comisaría 12º, aquella que, tal como lo cuentan los allegados a Mercedes, después de aquel tiroteo del 8 de enero mandó a oficiales a la casa del principal sospechoso a avisar con anticipación del procedimiento que se avecinaba, para que quienes estuvieran implicados pudieran darse a la fuga. Era aquel día el primero de tantos en los que la muchedumbre de organizaciones sociales y políticas se reuniría a exigir justicia. Allí se encontrarían los que reclaman por Pocho y los demás caídos en diciembre de 2001, por las víctimas de las inundaciones del 2003, por los asesinados en el Triple Crimen de Villa Moreno, y cada una de las historias que, incluso después de la muerte de Mercedes Delgado, se irían sumando a la larga lista.

La primera movilización a Tribunales Provinciales, realizada el 24 de enero de 2013, no fue numerosa pero sí contundente. Juan Ponce, hijo mayor de Mercedes, se adentraba en un mundo que le era ajeno. El apoyo incondicional de su familia y de las organizaciones sociales, principalmente del colectivo El Caleidoscopio que compartía militancia con Mecha, fue fundamental para que los brazos no bajaran. Poco tiempo después, el 14 de marzo del mismo año una nueva movilización se trasladaría desde Tribunales hacia la sede de Gobernación, día en que se encontraba el gobernador Antonio Bonfatti en el edificio. “Pedimos hablar con él pero nos dijeron que estaba ocupado y que nosotros no estábamos en su agenda”, contaba por entonces Ponce a este cronista. Luego, ante las promesas de la intendenta Mónica Fein de intervenir en pos del esclarecimiento del hecho, remataría: “No sirven las palabras, sirven las acciones”.

Pasó más de un año y medio del asesinato de Mercedes Delgado. Algunos detenidos, algunos liberados, pero siempre el principal sospechoso en libertad absoluta. Ni el pedido de captura a nivel nacional había servido para la detención de Héctor Riquelme. Incluso, un tiroteo a la propia casa de Mecha por parte de los Riquelme el pasado 17 de mayo daba cuenta de la impunidad con la que se manejaba la familia implicada en el asesinato de la militante social. Además, la causa judicial atravesaría el cambio de juez con la implementación de la nueva Justicia Penal, y con ello ningún avance parecía estar cerca. El pasado 15 de septiembre, en una nueva movilización impulsada por el cumpleaños 52 de Mercedes, Juan Ponce parecía repetir las mismas palabras de aquellas primeras reuniones en el caluroso enero del 2013. Hasta ese momento, todo seguía igual.

Finalmente, el trabajo de las organizaciones sociales y los familiares de Mercedes dio uno de sus frutos más importantes en la búsqueda de justicia. A pocos días de la última movilización, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), que tomó el caso a mediados de agosto, arrestó a Héctor Riquelme en una casa del barrio Chaqueño de la ciudad de Santa Fe. “El juzgado de instrucción de la 15º dominación, a cargo de la Doctora Patricia Bilotta, nos solicitó dar con el paradero de este hombre”, decía Ana Viglione, de Delitos Complejos, en los medios de comunicación.

“Hoy me despertó una llamada con la mejor noticia que pude tener en este tiempo de lucha y de dolor. ‘Buen día Juan detuvimos a Riquelme, te queríamos avisar para que estés al tanto’. Sólo dije gracias y ahora estoy sentado con mi mujer y con muchas lágrimas en los ojos. Por fin la lucha dio el fruto que tanto buscamos. Amigos que gané y amigos que perdí en este camino, gracias por estar siempre. Mercedes Delgado se enciende más que nunca. Justicia”, publicaba Juan Ponce en las primeras horas de la mañana del 25 de septiembre en su cuenta de Facebook. Luego, en declaraciones públicas, haría referencia a la continuidad de la lucha: “Esto no termina con la captura de Héctor Riquelme, ahora vamos a pelear para que sea condenado”.

Un pibe menos, un grito más

Lorena se despide de su hijo un sábado por la siesta, cerca de las cuatro de la tarde. El pibe le dice que vuelve en un rato para ayudarla a ordenar la casa y después tomar unos mates. Es la última vez que lo ve de pie. Cuando lo vuelve a ver, el chico, de 18 años, está acostado en una cama del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, en coma profundo y peleando por su vida. Es una batalla que pierde. No puede resistir a la ira de más de cuarenta personas que lo acusaron de haber intentado arrebatar una cartera, y en un proceso fugaz lo condenaron a golpes en el asfalto caliente de una esquina de barrio Azcuénaga en pleno marzo del 2014.

Cuando los medios de comunicación comienzan a difundir el hecho, su nombre trasciende y pasa a ser David Moreira, el pibe linchado en la ciudad de Rosario. A su vez, ya sin vida y sin posibilidades de defenderse, David es puesto en el centro de un debate a nivel nacional en el que por un lado se intenta justificar a la justicia por mano propia, y por el otro se intenta repudiar el accionar asesino de un pueblo que dice estar en sus cabales y haber obrado en nombre del bien. Mientras tanto su familia comienza a pintar pancartas y decorar carteles con el rostro del pibe, para emprender el mismo camino de los desamparados: la búsqueda de justicia a gritos y altavoces, para que ni las bocinas de las avenidas intervengan en la claridad del mensaje. Quienes golpearon a David se convirtieron en asesinos y a su vez en la vanguardia de un sector de la sociedad que detrás del anonimato los apoya.

Por su parte, en los primeros meses del hecho, la justicia pone el ojo sobre el intento de robo por el cual se acusaba David y a su compañero, quien pudo escapar de la persecución para luego someterse al procedimiento judicial y ser condenado. Mientras tanto, el asesinato de David es simplemente el fatídico resultado del hecho y no un delito en sí mismo. Por parte de la familia Moreira, a falta de recursos para un abogado particular, actúa el Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Lorena Torres, madre de David, emprende entonces una especie de investigación para intentar recolectar cualquier tipo de dato que ayudara a esclarecer el hecho. Pero la soledad de esta familia se terminaría de cierta manera con el apoyo de las organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos que desde un principio repudiaron el asesinato del joven y que luego se decidirían a acompañar firmemente el reclamo de justicia.

 Así también, a nivel judicial la causa toma nuevos rumbos con la llegada de Norberto Olivares como abogado de los Moreira, y el consiguiente ingreso de Lorena como querellante.  “Habían pasado dos meses y los abogados del CAJ no le habían propuesto a Lorena constituirse como querellante, algo que desde el punto de vista técnico es un derecho. Es un homicidio, y ella a dos meses del hecho no tenía ninguna información directa de cómo se estaba trabajando. Sólo tenía reuniones estrictamente informativas con el fiscal”, explica hoy Olivares en relación al aislamiento al que se sometía a la familia de David en los primeros meses luego del hecho. Por otro lado, el abogado da cuenta de la vara con que el propio Estado mide este acontecimiento de tamaña complejidad: “El Estado provincial maneja una visión de que David era un delincuente. La causa estaba caratulada como tentativa de robo. No es un accidente ni un error de caratula, es una concepción del Estado”.

Por otro lado, el propio CAJ es quien en un principio recomienda a Lorena Torres frenar con las movilizaciones en pedido de justicia. “Proponían que se invisibilizara el reclamo de los familiares y los grupos que están en contra de los linchamientos. Pero no se hizo caso y se propuso que Lorena se constituyera como querellante y también pasar a un nivel de movilización más importante”, argumenta Olivares. Este giro es el que desemboca en los avances certeros respecto de la causa judicial. La profundización de la investigación y la insistencia de las movilizaciones, incluso con llegada al propio barrio Azcuénaga, son los impulsos necesarios para lograr llegar a los primeros sospechosos. Es así que a través de las investigaciones se logra la captura de dos hombres, de 23 y 28 años, señalados como posibles partícipes del asesinato de David. Son imputados por homicidio doblemente agravado y la pena que les podría caber se extiende a la prisión perpetua.

 Justicia como denominador común

Tanto el nombre de David Moreira como el de Mercedes Delgado, brillan por su ausencia en las masivas movilizaciones de la sociedad en repudio a situaciones vinculadas al delito que desembocan trágicamente en muertes violentas. Ellos no son víctimas de la llamada inseguridad, por el sólo hecho de provenir de los sectores señalados como los creadores de este fenómeno que aterra a la cotidianeidad de los ciudadanos. Mercedes cocinaba en el comedor comunitario de un barrio signado por la pobreza y la violencia. David, de un barrio vecino también periférico, era un pibe más de los que abandonan sus estudios para trabajar y poder ayudar a su familia. Como muchos jóvenes de su edad, cayó en las ambiciones de una sociedad formada para consumir, que busca conseguir de cualquier forma el producto que muestran los carteles luminosos de las calles asfaltadas.

La inseguridad que implica vivir entre los asentamientos narcos que imponen los negocios millonarios apañados por las instituciones estatales, o la misma inseguridad a la que se somete un joven para obtener aquello que le parece ajeno a él y es tan accesible para otros sectores de la sociedad, son fenómenos que no entran en el concepto de inseguridad que manejan los grandes medios de comunicación y sus consumidores.

En este escenario, como contrapropuesta al odio y la exclusión, se pone de manifiesto el trabajo de las organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos que sin intereses de por medio acompañan a conocidos y desconocidos en el desgarrador grito de una madre o un hijo que pide justicia. Detrás de los “caos de tránsito” y de la “defensa de delincuentes” que acusan los constructores del prejuicio y la estigmatización, se luce la tozudez de quienes intentan lograr una distribución igualitaria de los derechos de los ciudadanos. Aquí, la justicia no es sólo el fallo de un juez, sino que también comprende la concientización para que este tipo de historias dejen de replicarse. El comienzo de esta primavera llega con la cosecha de un trabajo prácticamente invisibilizado, pero que de a poco va dando sus primeros frutos. Que siga floreciendo la justicia, es cuestión de seguir andando.