Juntos contra el desalojo
Con un proceso judicial de por medio, la empresa Belgrano Cargas S.A reclama un territorio que desde hace siete años está ocupado y sobre el cual se construyeron diecinueve viviendas. La ONG Casa de Todos acompaña a los vecinos, que tienen como fecha límite el 23 de septiembre, para que la resistencia y el derecho a la vivienda digna le gane al abandono.
Por Martín Stoianovich
Es un pasaje lindero a las vías del tren, donde hay construidas 19 casas de material y chapa, y cuyo frente da a la trocha angosta que atraviesa a las calles Caferatta y San Nicolás a la altura del 2700, en el barrio San Francisquito. Dos pasos separan las puertas de las casas de los rieles, tramo por donde a diario y desde hace siete años, transita un número cercano a los 80 vecinos, entre los cuales se encuentran 28 niños. La historia de estas viviendas está atravesada por un conflicto que desde hace cinco años se viene sobrellevando con el fin de evitar el peor de los finales: el desalojo de todas las familias que allí conviven. Después que la causa estuviera parada durante cuatro años, y de que algunos recursos judiciales sirvieran de protección, hoy el desalojo tiene fecha y horario. Sería este martes 23 de septiembre a las 9 de la mañana si el conflicto no logra solucionarse de otra manera. Por eso, los vecinos y distintas organizaciones sociales y políticas que se acercaron a acompañar la causa, piden el apoyo incondicional del resto de la sociedad, para que ninguna de estas familias quede en la calle.
El terreno en el que habitan estas familias, legalmente pertenece a la empresa Belgrano Cargas S.A, pero esto no fue del conocimiento de los habitantes cuando allá por el 2007 llegaron, en su mayoría, desde Perú para poder comenzar una nueva vida en Argentina. Un vecino de la zona, que se identifica como Pajarito y es uno de los referentes de esta historia, explicó a enREDando que el terreno fue comprado a “un tercero” de manera precaria y sin papeles de por medio. A pesar de eso, las familias comenzaron a construir sus viviendas para acercarse, siempre de manera autogestiva, a lo que se dice una vivienda digna. Allí no hay servicios instalados, y todo lo que es luz, cloacas, limpieza, se consiguió con instalaciones propias. “Es cierto que deberíamos reclamarlo al gobierno pero no lo hacemos porque nos creemos lo suficientemente capaces para realizarlo nosotros. Somos gente trabajadora, todos en negro y ganamos menos de cinco mil pesos. Lo único que exigimos es una solución definitiva para tener una vivienda justa”, dice este vecino.
Los habitantes de las viviendas destacan que son personas trabajadoras y que entre los jóvenes que viven en la cuadra muchos de ellos son estudiantes universitarios. Pretenden así reforzar la idea de que son “personas de bien”, quizás con el fin de enfrentar al prejuicio argentino que, entre la xenofobia y la discriminación a la pobreza, se olvida de que la propia Constitución Nacional en su artículo 14 bis establece el derecho a la vivienda digna para todos los habitantes del territorio nacional, sin distinción de clases sociales, nacionalidad, sexo u ocupación.
Cronología de la causa
Casa de Todos es una organización no gubernamental que desde el primer momento del conflicto viene acompañando a las familias comprometidas en la causa. De esta relación surge el contacto con el abogado Salvador Vera, quien está acompañando a los vecinos en el proceso judicial. El juicio comenzó en el año 2009, iniciado por la empresa Belgrano Cargas, tal como explica Vera, “alegando cuestiones estrictamente judiciales con órdenes de propiedad de la tierra”. No hay planes de trabajo, de posibles construcciones o algún motivo que torne irremediable el traslado de las familias. Es sólo una cuestión de propiedad privada que no entiende de mediaciones.
La causa estuvo parada durante cuatro años, y hace algunos meses se reactivó con la fecha de desalojo establecida para el diez de septiembre pasado. En aquel momento, un recurso planteado por la titular de la Defensoría Provincial de Niños y Adolescentes, Analía Colombo, logró que el Juzgado extendiera el plazo unos días más, hasta que se garantice una vivienda digna para los treinta niños y jóvenes que conviven en la zona. Fue así que el juez que lleva la causa, Alberto Bonino, estableció el 23 de septiembre como fecha límite para que se resuelva favorablemente la situación de los menores. El abogado Vera, ante la intervención de Bonino, asegura: “Se desconoce la vigencia de la Constitución Nacional en su última reforma, la incorporación de los pactos internacionales de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, que tiene vigencia institucional y es de aplicación obligatoria. El Estado provincial está obligado a garantizar la vivienda de los niños. Hoy un juzgado no puede resolver una medida de desalojo colectivo y desconocer la situación actual de los niños”.
Además de que se requirió participación al Concejo Municipal, desde la agrupación Casa de Todos juntos a los vecinos implicados en el conflicto, se convoca a las autoridades locales, provinciales y nacionales para que se resuelva la situación. Incluso desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe se solicitó al Poder Ejecutivo que tanto la Secretaria de Estado del Hábitat, la Dirección Provincial de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos, y organismos del Estado Municipal y Nacional, se involucren en el asunto para garantizar así el derecho a la vivienda de los habitantes del territorio en conflicto. Así también, el pedido de solidaridad se extiende al resto de la sociedad: “Estamos convocando a organizaciones y ciudadanos en generales para que se solidaricen con la situación, y se apoye arrimándose el martes 23 al lugar”.
Conflicto social en puerta
Esta situación, más allá del proceso legal, deja ver una problemática real que se extiende en Rosario y en todo el país. La dificultad del acceso a la vivienda digna, familias enteras en las calles y el estado de abandono para quienes padecen este flagelo. Los vecinos que protagonizan puntualmente este conflicto, vienen reuniéndose en asambleas para abordar colectivamente esta situación y evaluar las posibilidades de resistencia. En un comunicado difundido en los últimos días, muestran la seguridad que los empuja a no moverse de sus viviendas si no se les garantiza una solución digna. “Nuevamente llegaron las citaciones. Un juez nos dice que el 23 de este mes nos tenemos que ir. Pero, ¿a dónde? Nos dice que nos vayamos pacíficamente. ¿Pacíficamente dejar nuestras casas, para quedarnos en la calle? ¿Pacíficamente ir a dormir a la calle? ¿Quedarnos de brazos cruzados esperando a que nos echen? ¡NUNCA!. Peso sobre peso ahorrado para vivir mejor y un juez que no conoce lo que es no tener dónde vivir, nos diga que nos tenemos que ir pacíficamente. Todo lo que tenemos es nuestras casas, y pretende que pacíficamente miremos cómo una topadora se lleva todo por delante. ¿Tantos años tirados al abandono? ¡NUNCA! ¡Por eso nuevamente estamos dando lucha!”, dice uno de los párrafos del comunicado difundido por redes sociales y medios de comunicación.
Salvador Vera reconoce que los vecinos no tienen pensado trasladarse en tanto no se garanticen sus derechos a viviendas dignas. “Al no aportar soluciones los órganos ejecutivos, los vecinos plantean que no se van a mover hasta que no haya solución. Esto abre una puerta al conflicto social y es grave porque en términos institucionales implica que el Estado pueda avasallar los Derechos de las personas, reprimiendo y violentando a personas que van a ejercer su legitimo derecho a defender su derecho a la vivienda”, explica Vera. Así se plantea una situación que, en caso de no encontrar una solución garantizada, podría devenir en el abandono de 25 familias que quedarían en la calle.
