Rosario, septiembre de 2014
Trabajadoras y trabajadores de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia que desempeñamos nuestras tareas con sede en la ctda. Ricardone Nº1345 de la ciudad de Rosario, venimos sosteniendo asambleas semanales en nuestro lugar de trabajo desde el mes de octubre del 2013. En el marco de las mismas se debaten y elaboran propuestas ante las deficientes políticas públicas en materia de niñez y adolescencia; y del estado de precarización laboral en el que nos encontramos: con salarios que van desde los $ 4800 a los $ 6700 mensuales y a su vez, con un 40% de los trabajadores en condiciones irregulares de trabajo (contratados y sin contrato alguno), todos cumpliendo las mismas f unciones.
El diagnóstico y las propuestas elaboradas se canalizaron por las vías institucionales correspondientes, solicitando audiencia a la Ministra de Desarrollo Social Mónica Bifarello, quien no nos ha recibido ni dado respuesta alguna hasta la fecha. Asimismo se han requerido reuniones por escrito al Subsecretario Cristian Allende y a los sucesivos Directores del Organismo,siendo estos pedidos infructuosos. Se ha demandado también la participación de los trabajadores en el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, no siendo convocados hasta el momento.
Nos encontramos ejerciendo funciones establecidas por la Ley Provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes,en condiciones estructurales que comprometen nuestra ética profesional.Intervenimos en situaciones de alta complejidad y adoptamos decisiones fundamentales en la vida de niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad social.
Las condiciones de nuestra práctica son de extrema precariedad y deuna alta exposición; precariedad producto de la desidia de la Gestión Oficial, de la ausenciade políticas publicas, de recursos adecuados para llevar a cabo nuestra tarea yde la inexistencia de una estructura administrativa acorde. En suma, la falta de institucionalidad correspondiente al nivel de responsabilidad y funciones atribuidas legalmente al Organismo de Aplicación, lo que obliga a los trabajadores a responder de manera personal por aquello que no existe y que trasciende el nivel de responsabilidad que nos compete (mencionamos como Ej.: resolver el alojamiento de un niño/a o adolescente cuando no existen plazas en instituciones del sistema).
Estas condiciones estructurales del Organismo de Promoción y Protección de Derechos, Autoridad de aplicación de la Ley12.967, producen cotidianamente vulneraciones de los derechos humanos de niñas,niños, adolescentes y sus grupos familiares, generando en algunas ocasiones daños irreparables, alejando a la institución de una de sus funciones principales, cual es la restitución de derechos.
En este contexto de precariedad total, como trabajadores en una institución estallada, acordamos con el diagnóstico sobre el estado actual de las instituciones de alojamiento, elaborado por la Comisión Ad-Hoc de Monitoreo de Políticas Públicas del Sistema de Alojamiento de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.
Agradecemos profundamente el apoyo público brindado por el Colegio de Trabajo Social y el Colegio de Psicólogos.
Celebramos también el espacio de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que reúne a diversos actores sociales implicados en esta realidad, quienes en audiencia pública en el Concejo Municipal, solicitaron la declaración de emergencia en niñez.
Solicitamos se cumplimente el Decreto N° 0195 firmado por el Gobernador Bonfatti en diciembre del año 2011, que establece en su artículo 1:“Los Ministros, Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Central, como así también las autoridades superiores y demás funcionarios de los Organismos Descentralizados y Empresas, Sociedades y Otros Entes Públicos que conforman la Administración Publica Provincial, deberán ejercer las funciones inherentes a sus cargos desarrollando en forma transversal,mancomunada y eficaz, políticas activas y universales que prioricen en forma sistemática e integral toda temática vinculada con la niñez y adolescencia ”.
En la necesidad de aportar a la construcción de un Sistema de Protección Integral que garantice y restituya los derechos fundamentales de las infancias y las adolescencias, proponemos realizar una AUDIENCIA PUBLICA convocando a las ONGs, organizaciones sociales, Colegios profesionales, miembros y representantes del Poder Judicial,Legislativo y Ejecutivo, Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, organismos de DDHH, representantes de la UNR, medios de comunicación y a la comunidad en general.
Colectivo de Trabajadoresde la DPPDNAF.
