El teatro antidisturbios: Parte II

Desde la llegada de las Fuerzas Federales se ha generado un debate en torno a distintos hechos que ponen en la lupa a las tropas llegadas de la mano de Sergio Berni. ¿Hechos aislados o sistemáticos? En esta segunda y última parte del informe hablan las voces oficiales.

Por Martín Stoianovich

En un recorrido por distintas sedes y oficinas del poder judicial, tanto a nivel provincial como nacional, no se ha podido dar con ningún tipo de denuncias relacionadas a casos de violencia institucional por parte de gendarmes o prefectos, salvando los casos de la militante del Movimiento Evita y del chico de barrio Ludueña explicados en el artículo anterior. Ni en el Ministerio Público de la Acusación, ni en los Juzgados Federales de Rosario, y tampoco en el nuevo Centro Territorial de Denuncias provincial, creado a partir de la última reforma judicial. De ser así realmente, la ausencia de denuncias supondría que no hay una violencia sistemática ejercida por las fuerzas de seguridad, sin embargo la cuestión no es sencilla si se permite indagar otros aspectos.

Hay un debate instalado en la minoría que se dedica a tomar una postura sobre la llegada de las Fuerzas Federales y las acusaciones de abusos y torturas que recaen sobre ellas. ¿Sólo es real lo que se denuncia y sólo si hay denuncias habrá entonces que poner el ojo sobre el abuso sistemático de las fuerzas de seguridad?, ¿No sería propicio preguntarse primero por qué no hay denuncias, sobre todo cuando la propia historia nacional pide nunca más mirar para otro lado?.

Las respuestas posibles circulan por dos opciones. Una es la que afirma que al no haber denuncias, se tratará entonces de hechos aislados. La otra es la que toma la víctima en cuestión: o asegura que hacer la denuncia no sirve de nada, o que prefiere no hacer la denuncia por miedo a represalias, o que hacer la denuncia significa perder tiempo y ver cómo un nuevo par de hojas se suma a un montón de papeles que quedan en segundo plano.

Sobre la primera opción se encuentra ni más ni menos que la postura del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto.  En contacto con este periodista, en relación a los casos de abuso de autoridad el Ministro destacó: “Esto se ha conversado, hay algunos reclamos pero no hay denuncias. Hay una idea de trabajar respetando derechos por parte de Gendarmería y por supuesto el Ministerio de Seguridad está en ese camino”. Para Lamberto lo realmente importante es la continuidad de las Fuerzas Federales en Rosario y así lo hace saber: “El objetivo en una primera etapa es que lleguen hasta fin de año. Ojalá podamos lograr que permanezcan. El deseo de cada uno es que permanezcan todo el tiempo posible, porque sabemos que la coordinación de fuerzas son muy importantes para toda política de seguridad”.

Por otro lado, desde la Municipalidad de Rosario, Gabriela Sosa, directora de la Oficina de Derechos Humanos, opina: “No puedo certificarlo porque no nos ha llegado de manera masiva este tipo de situaciones, todo lo contrario: desde que está Gendarmería nos ha llegado sólo una situación”, aseguró la funcionaria al ser consultada sobre la sistematicidad de los hechos. Con respecto al comportamiento de aquellos uniformados que cometen abusos, Sosa aseveró: “Evidentemente las formas de determinadas fuerzas de seguridad son adecuadas para algunas situaciones o persecución de algunos delitos y no son las mejores para otro tipo de situaciones que se dan en el orden barrial. Prefectura y Gendarmería están creadas para otra función, por lo tanto en algunas ocasiones puedan entrar en tensión con las dinámicas y características que tienen los barrios y los jóvenes, las  particularidades adolescentes y juveniles que construyen su identidad en grupo”.

Sobre la ausencia de denuncias Sosa sitúa la reflexión en la necesidad de revalorar el concepto de seguridad ciudadana. En esta línea, asegura: “Ese concepto necesita un profundo debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad, cuál es el rol que debe cumplir en estas funciones, pero también el compromiso ciudadano a la hora de ser parte de la dinámica de construir seguridad en nuestros barrios, de aportar a la denuncia de determinadas situaciones, en la relación del Estado y las sociedad civil con generar vínculos de confianza y generar lugares amigables para denunciar”. Este análisis que realiza la funcionaria también puede abarcar la cuestión policial y el rol del ciudadano a la hora de relacionarse con la entidad.

La policía santafesina es foco de investigaciones por corrupción y una activa complicidad y participación en el negocio del narcotráfico en la ciudad y esto no lo pueden negar ni los propios funcionarios del gobierno provincial ni municipal. (El ex Jefe de la Policía Santafesina, Hugo Tognolli se encuentra procesado en la causa por encubrimiento agravado de una operación de narcotráfico y amenazas contra Norma Castaño, la mujer que denunció la corrupción en la fuerza policial santafesina) “Es innegable que la policía de Argentina, incluyendo la de Santa Fe es una  estructura que necesita reformarse y volverse más confiable de cara a la sociedad. Mientras eso va sucediendo es necesario acercar al Estado de esta forma, para poder garantizar que una persona pueda acceder a la justicia”, aclara Sosa y argumenta que la gestión provincial ha trabajado en la construcción de estos nuevos espacios en donde hacer denuncias. Uno de ellos es el Centro Territorial de denuncias, que se encuentra en calle Mendoza 3538, el primero de los seis que el gobierno planea instalar en la ciudad.

En la misma línea política que las dos fuentes anteriores, se encuentra trabajando para el área de Seguridad Comunitaria la persona que brindó información sobre las denuncias por casos de abuso de autoridad que sólo pudo anotar en una hoja en manuscrito, sin lograr que se presentaran en la justicia. Lo primero que confiesa esta persona es que los denunciantes no se animan a elevar un reclamo a la justicia principalmente por miedo a que las amenazas de los uniformados se hagan realidad en caso de formalizar una denuncia. Por otro lado, asegura que ella no puede hacer otra cosa más que transcribir las vivencias de los vecinos y esperar a que alguien haga algo por ello. Dijo estar segura que ella habilitó toda la información a su superior, sobre quien también prefirió  mantener la identidad en privado, y que este habló con un jefe de Gendarmería, el cual le haría llegar la data a Sergio Berni. Los tiempos coincidirían en días antes de que el secretario de Seguridad de la Nación hiciera públicas las declaraciones citadas anteriormente sobre el conocimiento de algunos casos, que luego consideraría aislados.

“Es lo mismo que pasaba con los narcos. Todos saben quiénes son los agresores pero todos tienen miedo. No hace falta que hagan la denuncia, los relatos de la gente aterrorizada son testimonios valiosos”, reflexionaría esta persona.  Luego agregaría: “No hay información sobre qué es lo que no pueden hacer, para que la gente sepa. Un gobierno democrático conscientemente constitucional debería trabajar sobre eso”. Esto apunta a la ausencia de información acerca de cuáles son los límites de las fuerzas de seguridad, y cuáles son los derechos del ciudadano, pero quizás una forma de trabajar este tipo de cuestiones sería empezar a admitir que existen casos de abusos de manera sistemática. Los gobiernos lejos están de admitir los procedimientos de las fuerzas de seguridad, y prefieren continuar hablando de una labor con resultados positivos.

Volviendo a lo que se destacaba líneas atrás, con estas descripciones se deja ver un panorama complicado para los ciudadanos que son víctimas de los abusos y maltratos de las Fuerzas Federales. El miedo por las amenazas, la desinformación sobre cómo acceder a la justicia, y hasta la desconfianza misma a la justicia, se conjugan para darle forma a una sensación final: No sirve de nada hacer la denuncia. Mientras tanto, los constructores de los megaoperativos de las fuerzas de seguridad continuarán hablando de casos aislados y midiendo la gravedad de los hechos no por la existencia de un solo caso, sino por la falta de denuncias que finalmente refutaría la postura de una estrategia sistemática. Pegar, insultar, invadir la privacidad de una persona, pisar las manos, quemar un par de zapatillas, obligar a ingerir un cigarrillo o a realizar cualquier tipo de práctica contra la propia voluntad de una persona, son hechos tan violentos como el simple hecho de ocultar su gravedad excusando la falta de denuncias. De la necesidad de hacerle frente a la naturalización de esos hechos, nace el trabajo de distintas organizaciones que buscan encontrar una manera de asesorar a aquellos sectores que se posicionan como víctimas frente a los abusos policiales y/o de las fuerzas federales en los barrios rosarinos.

Qué se puede hacer luego de romper el miedo

Guillermo Campana, militante de la organización social Causa y Efecto, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, y abogado en la Dirección de Justicia Penal Juvenil, explica cuáles son los primeros pasos que deben darse en caso de detención de jóvenes por parte de las fuerzas. “Si estamos en conocimiento de alguien que llevaron detenido hay que averiguar a dónde lo llevan, hablar con los familiares y acercarse a donde esté, para estar presentes y garantizar que no les pase nada a los detenidos”, explica el especialista. A su vez, aconseja ponerse en contacto con organizaciones que trabajen en el barrio, para que estas se contacten con un abogado o el juzgado de turno, para que se esté al tanto del proceso y no haya posibilidad de arbitrariedades.

Mientras tanto, aclara: “Si son menores de 16 años no pueden estar detenidos ni cinco minutos, en ese caso hay que hablar rápido con los familiares”. Sobre este tipo de detenciones a menores de edad, el abogado admite que las autoridades suelen justificar la detención basándose en supuestas averiguaciones. “Hay que hablar con el Juzgado de Menores y la Dirección de Niñez para dejar en claro que hay menores detenidos. Lo más importante es hacerse presente porque ahí empezamos a ponerle ciertos límites a que haya golpes, verdugueos, amenazas, apremios y todo lo que sucede cuando las fuerzas no están siendo controladas por la ciudadanía”, insiste.

Respecto de los casos de abuso, Campana indica que la Gendarmería y la Prefectura tienen que ser denunciadas en Tribunales Federales, mientras que los delitos por parte de la policía deben denunciarse en el Ministerio de la Acusación. “La idea es que podamos defendernos y frenar lo que está pasando porque el problema es con los pibes, que son los que lo están sufriendo en mayor medida. Nosotros consideramos que no corresponde, que es injusto y no hay que permitirlo.  Las autoridades están diciendo que estos son casos aislados, que no son tantos y que son excepciones. Cuando juntemos trescientas denuncias se van a dar cuenta que la realidad es que pasa permanentemente. Pasa en Ludueña, en Banana, en Fuerte Apache, en Las Flores, no es un solo barrio, es con los pibes de todos los barrios”, concluye.

La necesidad de sistematizar las denuncias de alguna manera, procurando la integridad de las víctimas y asegurando que los reclamos no queden estancados, es una necesidad sobre la cual ya se ha comenzado a trabajar. Con el fin de que quede asentado de alguna manera que se trata de hechos sistemáticos, distintas organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos comenzaron a reunirse con el fin de consolidar una propuesta.

El pasado 29 de mayo se concretó una reunión impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la cual participaron distintos referentes de organizaciones con el fin de analizar la situación y plantear una manera de trabajo en conjunto. El primer efecto se dio a corto plazo, ya que el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón, declaró que acompañaría las denuncias por abuso de autoridad.  Por aquel entonces, el comunicado difundido por este conjunto de organizaciones decía: “Tras casi dos meses de presencia de Gendarmería Nacional, hoy se evidencia el ataque sistemático a la juventud y a los sectores populares por parte de la misma, sin afectar a los centros logísticos y a los núcleos de conducción del delito organizado”.

En este mismo sentido, el comunicado aseguraba: “Desde hace un tiempo atrás, hemos estado recibiendo sistemáticamente denuncias de todo tipo sobre gendarmes que han arrancado piercings o sacado la gorra a los jóvenes, que han golpeado a los pibes y pibas por estar en una esquina pasando el rato, obligando a que se metan en sus casas, estableciendo en la práctica un estado de sitio, o que han humillado de distintas maneras a compañeros gays, lesbianas o trans: tales apremios ilegales no pueden ser tolerados y además de denunciados, deben ser fehacientemente investigados para procesar y enjuiciar a sus responsables”. A partir de estas reflexiones, y con el paso de nuevas reuniones, se fue consolidando un sistema de registro de denuncias que todavía permanece en actividad.

Queda en claro que las juventudes de los barrios se encuentran expuestas al poder y al abuso del poder por parte de las fuerzas de seguridad. Poco se escuchan los reclamos, y nada parece cambiar si se tiene en cuenta que las autoridades políticas procuran que la permanencia de Gendarmería y Prefectura se estire el mayor período de tiempo posible. Mientras tanto, resulta importante comprender que todos los ciudadanos de Rosario deben hacer uso de sus derechos, y que los mismos sean respetados, tal como suponen más de tres décadas de ejercicio democrático.

Lugares de recepción de denuncias (con total reserva de datos personales):

Lunes: APDH Local Biblioteca Vigil: Gaboto 450   de 18 – 20 hs.

Martes: APDH Local Biblioteca Vigil: Gaboto 450 de 17.30 – 19.30 hs.

Miércoles: Amsafe Rosario:  Catamarca 2332 de 8 – 11 hs. / Ceprodh: Urquiza 911 de 17- 20 hs.

Jueves: Izquierda Socialista:  Laprida 911 de 14 – 18 hs. / APDH Local La Toma: Tucumán 1349  de 18 – 20 hs.

Viernes: PCR: San Juan 1848  de 17 – 19 hs.

Sábado: Centro Cultural Ingalinella: Saavedra 667 de 16 – 20 hs.

¿Qué tenés que hacer si te detienen? Material de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional