La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó un pedido de informes de autoría del diputado Eduardo Toniolli, dirigido al Ministerio de Seguridad sobre un reciente caso de torturas y apremios contra un joven en la localidad de Avellaneda, en el norte provincial.
En ese marco señaló que «durante la madrugada del día 27 de abril, en la ciudad de Avellaneda, la Unidad de Intervención Barrial (dependiente de la Unidad Regional IX) detuvo a Conrado Nuñez de 28 años, militante del Partido Obrero, quien con posterioridad denunció haber sido víctima de maltratos, vejámenes y torturas por parte de personal policial que actuó encapuchado». «El hecho de que se tratara de un militante político, y de que su padre fuera un comisario retirado con cierto reconocimiento social, hizo que la situación no pasara desapercibida, a diferencias de otras ocasiones en que las víctimas no denuncian a los responsables, fundamentalmente por miedo a represalias», acotó Toniolli
Asimismo el Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja señaló que «la sucesión de hechos impunes de violencia institucional que atraviesa desde hace tiempo el departamento General Obligado; con un Juez como Palud que cajonea las causas por abuso policial, un Ministerio de Seguridad que traslada personal cuestionado a otras localidades sin avanzar con sanciones administrativas, y con el Senador Marcón, que – por ejemplo – ha reivindicado el accionar delictivo de los agentes responsables de torturas en la localidad de Florencia; hace que se generen condiciones para la reproducción de estos hechos condenables».
La requisitoria dirigida al Ministro de Seguridad de la Provincia, Raúl Lamberto, solicita información sobre las medidas administrativas tomadas con respecto al personal denunciado judicialmente, y pide que se expliquen «los motivos que justifican la actuación de agentes encapuchados en operativos de prevención». Asimismo, el diputado del Movimiento Evita requiere información más general sobre el tema dirigida a la Secretaría de Control de Seguridad, sobre la cantidad, características y estado de actuaciones en las que haya intervenido esa cartera desde el año 2011 a la fecha, que refieran a denuncias de casos de violencia institucional que involucren a personal policial.
