Por Frente Darío Santillán
Desde el Frente para la Ciudad Futura, se presentó, en el marco de la iniciativa Concejal de Calle*, la propuesta llamada Ley General de Victimas. El objetivo es iniciar un proceso de debate público para presentar tanto en la legislatura provincial como en el Concejo Municipal, un nuevo marco normativo para abordar la crisis de violencia que vive Rosario y Santa Fe. Los alcances del proyecto fueron presentados en el DISTRITO SIE7E (Lagos 790) en un panel que estuvo a cargo de Juan Monteverde del Movimiento Giros, Pedro Salinas del Frente Popular Darío Santillán y Lita Gomez y Eduardo Trasante, padres de Jere y Mono, asesinados en el triple crimen de Moreno.
“La ley general de víctimas es un reconocimiento a un problema, el de la victimización de la mano de la violencia criminal y de la estrategia de seguridad que ha creado más violencia de la que ha pensado resolver”, dicen en México después de que la fallida Guerra contra el Narcotráfico deje mas de 60 mil muertos.
La idea de una norma local inspirada en la ley mexicana y colombiana es, por un lado, dar un nuevo estatuto que proteja a las víctimas evitando su re victimización, y por otro preveer y evitar que las estrategias de seguridad generen más violencia a la ya instalada, apostando a la lucha por justicia y no a la venganza.
Así como garantiza derechos haciéndose presente en las distintas etapas de la vida (como la asignación universal por hijo, jubilación, educación gratuita, etc.) el Estado debe aparecer decididamente en una nueva realidad, un nuevo estado posible en la vida de los ciudadanos: ser víctima.
La víctima, en el peor momento de su vida, se topa con lo que sea tal vez el más alejado y cerrado estamento del estado: el poder judicial; o en su defecto, la policía. Ninguno de los cuales se caracteriza por la contención y la cercanía.
Históricamente en Argentina las víctimas recorren solas las calles exigiendo justicia. A veces llegando a generar grandes procesos políticos como lo hicieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, otras veces abandonando la lucha en un solitario cansancio.
En Rosario el paradigma lo marcó la lucha del Movimiento 26 de Junio y los familiares de Jere, Mono y Patom. La bisagra del triple crimen de moreno marca el camino a seguir. Como contracara, son cientos los casos donde al no contar con una organización detrás, las víctimas sucumben en otro impune silencio. Al silencio y la ausencia abrupta que produce la muerte, se le suma el silencio de la impunidad, el desconocimiento y el olvido social.
La ley de víctimas pretende saldar esa deuda histórica. Que no dependa de la voluntad de los gobiernos la suerte de ser oídos, de que al dolor no se le sume más dolor. Que el estado se responsabilice por lo que, queriendo o no, genera. La ley es una apuesta más allá de los procesos judiciales, de un poder que no repara daños y no procura justicia.
Es un llamado urgente a una situación agobiante.
En líneas generales el proyecto, abierto a un profundo debate social, brinda tanto a las víctimas directas como indirectas una inmediata asistencia estatal y se basa en los principios de verdad, justicia, asistencia, reparación y no repetición.
El estado pone a disposición de las víctimas todos sus recursos, les da preferencia e inicia un proceso de empoderamiento y organización. Incluye desde la más inmediata asistencia como los servicios fúnebres (hecho no menor en los territorios) hasta la garantía de vivienda y trabajo, incluyendo el derecho a ser resarcidos. El concepto de reparación integral busca que no sólo sea una reparación económica sino social en su más profundo sentido.
Garantiza nuevos derechos como la reparación integral, la asistencia inmediata, el derecho a mejorar su situación y a ser reconocidos y reparados simbólicamente.
Operativamente la ley crea, como ente autárquico, la Unidad de Empoderamiento de Víctimas. La unidad recibe los casos, evalúa el ingreso al registro y propone y ejecuta estrategias de empoderamiento.
Dimensión preventiva de la ley
Inspirada en las normas internacionales, la ley que proponemos posee además una dimensión preventiva que se suma a los conceptos de las leyes colombianas y mexicanas que actuaron sobre el hecho consumado.
Al complejizar el concepto víctima/victimario, la ley de víctimas funciona de alerta inmediata ante casos de violencia generados por las estrategias de seguridad estatal. Ayudando no sólo a evitarlas y sancionarlas, sino a corregirlas.
Por otro lado la ley crea expresamente dentro de la unidad un órgano consultivo de diseño de políticas único en la provincia, que garantiza la multiplicidad de miradas y sectores.
Este órgano de evaluación y promoción de políticas contra la violencia urbana estará integrado por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, organizaciones sociales, universidades y periodistas. Entendiendo la complejidad y la corresponsabilidad de la acciones a emprender.
Teniendo en cuenta el mundialmente fracasado modelo de Guerra contra las Drogas, donde la violencia estatal aumenta el número de víctimas, no resuelve el problema y le agrega al negocio del narcotráfico un negocio mayor; la nueva ley propone abordar nuevos paradigmas de legalización y control estatal de drogas.
De esta forma, la integralidad de la propuesta busca no sólo asistir y generar nuevos derechos a las víctimas de la violencia sino generar políticas de estado preventivas y estructurales.
Es pensar a las drogas y la violencia como un problema de ciudad y salud.
Hoy todos los países que sufrieron el avance del narcotráfico como descomposición social y riesgo del sistema democrático están debatiendo la legalización y control estatal de la producción y distribución de drogas como único camino posible.La disyuntiva es simple: pensamos a las drogas como un problema de salud a resolver o como un conflicto militar a enfrentar. Para evitar la violencia nos encerramos y privatizamos la ciudad, o salimos a democratizarla.
El consenso internacional es contundente en determinados ámbitos y contrasta con el tabú y el silencio en el debate social más amplio.
Es sorprendente como desde distintos polos ideológicos se coincide con la idea de explorar nuevos caminos alternativos al prohibicionismo y la militarización que impone EEUU. El consenso va desde presidentes como Pepe Mujica de Uruguay, hasta el ex presidente de Colombia y la OEA Cesar Gaviria. Desde Gabriel García Márquez hasta Mario Vargas Llosa. El tendal de muertos y violencia que dejó la política de EEUU en Latinoamérica es tan obsceno que une a personajes del más variado arco político rendidos ante la evidencia.
En Argentina, y particularmente en Rosario, estamos obligados, si no queremos llegar a esos extremos, a dar un debate amplio, sincero y responsable sobre el tema.
La Ley General de Víctimas es esa apuesta de parte de nuestros movimientos. Evitando el denuncismo vacío. Superando las posturas cómodas y proponiendo, como siempre, un puente entre esta realidad que vivimos y la Ciudad Futura que soñamos. Convencidos como siempre, de que “inventamos o erramos”.
*¿Qué es el Concejal de Calle?
Concejal de Calle es la repuesta a la única promesa que hicimos durante la campaña electoral de 2013: no importa ganar o perder, igual vamos a seguir trabajando por una ciudad más justa. Desde un frente que no es una mera alianza electoral sino el nacimiento de un nuevo instrumento político para Rosario.
En las elecciones pasadas presentamos un plan de trabajo, una forma de ver el mundo y actuar en consecuencia llamada Agenda Política 2013-2015.
Llegó el momento de poner en práctica las propuestas más allá de no haber obtenido representación parlamentaria.
Concejal de Calle es la experimentación de nuevas formas de representación y expresión, no sólo de los 20.000 rosarinos que nos votaron sino de una nueva forma de hacer política, convencidos de que “inventamos o erramos”.
Por eso de acá al 2015 iremos presentando distintas iniciativas que a través de la militancia y la organización se instalen en la agenda pública y lleguen a ser sancionadas.
Concejal de calle es la constatación de que esto recién empieza.
