Por Jorge Cadús
El pasado fin de semana, el Juzgado Federal Nº3 de Rosario llevó adelante un operativo anti-drogas, que incluyó 30 allanamientos en cinco localidades: Rosario, Pérez, San Lorenzo, Arroyo Seco y Chabás.
El operativo fue ordenado por el juez Carlos Vera Barros; implementado en forma conjunta por personal de Gendarmería Nacional y la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad santafesino, a cargo de la comisaria Ana Viglione; y se movilizaron 350 agentes: 200 federales y 150 miembros de las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección de Control y Prevención de Adicciones y la Dirección de Trata de Personas.
El supuesto líder de esta banda desbaratada es Walter Osvaldo Rivero, quien junto a su mujer –detenida el fin de semana- «administraban distintos bunkers de venta de estupefacientes en las localidades donde se produjeron los allanamientos».
Rivero cuenta con antecedentes en desarmaderos de autos y piratería del asfalto. Y detrás de toda esta organización se sospecha que podría estar un pesado de esos mismos rubros, a los que les sumó en los últimos años el narcotráfico; de bajo perfil, pero con un desarrollo territorial en la zona oeste de Rosario no menor: Esteban Alvarado.
El dato llamativo fue el allanamiento realizado en la celda 8 del pabellón B de la alcaidía de Jefatura, donde efectivos de las TOE secuestraron los celulares de Carlos Alberto “Betito” Godoy, un joven de 28 años condenado por el crimen de Roberto “Pimpi” Caminos en marzo del 2010.
Desde ese lugar, Godoy “organizaba los envíos de estupefacientes a la banda regenteada por Rivero”. Algo así como un jefe de logística, el tipo que arreglaba el suministro de la droga.
La propia Viglione confirmó que «se logró desbaratar una banda importante. Desde el principal responsable, pasando por la logística, la distribución, el acopio y puntos de vista minoristas».
El saldo del operativo varía de acuerdo a la cifra que quiera destacarse: si se acentúa la cantidad de droga secuestrada, (teniendo en cuenta que se allanaron centros de acopio) el balance es menor:
– 25 personas detenidas, todos mayores de edad
– 5 Kg de cocaína
– 2,4 Kg de marihuana, más media docena de plantas y plantines de cannabis.
– armas, dinero en efectivo, celulares y automóviles.
En Chabás se produjeron ocho allanamientos, con 13 detenidos (8 hombres y 5 mujeres), el secuestro de 2,4 Kg de marihuana, 105 gramos de cocaína, 3 plantas de cannabis de dos metros de altura y tres plantines; más celulares, armas y autos.
Allí también se pudo determinar una metodología que se repite en los pueblos del sur santafesino: la distribución minorista –la venta final- se realiza tanto en puntos o kioscos de venta (los mal llamados búnkers) o por medio de deliverys. Es decir, lo pedís y te lo llevan a tu casa.
Es ese dato, tal vez menor, el que nos permite pensar la economía del narcotráfico.
Porque el narcotráfico en nuestra región, en estos pueblos del sur provincial, es ante todo una cadena de comercializaciones. Y como en todo sistema de esas características, sea legal o sea ilegal, se hace necesario distinguir entre empresarios, intermediarios y trabajadores, en sus distintas modalidades.
Esta economía tiene gente -empresarios- que invierte su capital, que lo arriesga, y que obviamente se lleva las ganancias. La conocida acumulación del capital. Empresarios que no sólo se queda con las millonarias ganancias, sino que regulan el negocio.
Al mismo tiempo, hay quien aporta contactos y logística. Y cobra por ello, claro.
Y hay quien sólo puede aportar su fuerza de trabajo en esta economía: los trabajadores. Algunos con buena remuneración. Y otros, absolutamente precarizados.
En este último marco, entran la piba que hace de mula, y que se tiene que comer dos o tres kilos de droga para trasladarlo de un lugar a otro.
O los pibes, mal bautizados como «soldaditos» -palabra que como «bunker», nacen en el sumario policial y son reproducidas por la lógica acrítica de los medios de difusión- que cobran entre 150 y 300 pesos por turnos de doce horas, en los que están encerrados por fuera -una medida de seguridad del jefe de zona, para que no se llevan mercadería ni dinero- bajo el resplandor de una bombita de luz, en espacios donde muchas veces sólo tienen un botellón de plástico para las urgencias fisiológicas. En muchas ocasiones, pibes que aceptan vender para comprar lo que consumen.
Son ellos quienes terminan detenidos y procesados cuando la policía desbarata un «búnker», sea porque están vendiendo o porque se acercan a comprar en mal momento; en la mayoría de los casos no hay investigación previa, filmaciones, ni plan para llegar a los eslabones más altos de la cadena. En general, la tan amplificada lucha contra las drogas está descargando toda su artillería represiva -judicial o militar- sobre estos eslabones, los más precarizados de la cadena comercial.
Muy difícilmente se llega al que arma el circuito comercial, al que distribuye, al que lava el dinero y lo ingresa al mercado financiero legal.
En septiembre del 2013 se inició en el Tribunal Federal Oral II el primer trámite judicial contra un joven que –si bien ya superó hoy los 18 años- era menor al ser apresado en un quiosco de drogas.
Desde 2011 y hasta ese momento, la Justicia Federal de Rosario registraba un total de 120 casos de menores de edad que fueron detenidos en quioscos de drogas y están procesados. Jóvenes que tienen entre 16 ý 18 años, y por ende son punibles.
Hoy son 150 los menores en esas condiciones.
Los casos de chicos menores de 16 años captados en bunkers también son recurrentes, pero de ellos se hace cargo la Dirección de Niñez de la provincia, que no está preparada para una demanda que en los últimos tres años se manifiesta en avalancha.
Un caso paradigmático revelado por el periodista Hernán Lascano muestra la postal cruda de un pibe detenido en un cercanías de un punto de venta de drogas, procesado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que aparece como el exclusivo acusado de un expediente que no tiene ningún otro imputado. El chico de 17 años, fue procesado el último 28 de marzo, en una resolución en la que el juez interviniente le trabó embargo por 20 mil pesos.
Dice la Defensora Oficial, Matilde Bruera: «el narcotráfico es una empresa, por supuesto ilegal, y si no lo miramos así no lo vamos a entender ni solucionar. Está dirigida desde algún lugar por jefes, tiene gerentes y cargos directivos. Entonces no podemos descargar toda la represión penal sobre el último eslabón. Toda la Justicia Federal está concentrada en procesar y perseguir a niños o a mayores en situación de vulnerabilidad que no tienen nada que ver con la magnitud del mercado ilegal de la droga que todos pretendemos que se termine de una vez».
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Columna leída en el Programa La Mañana de Todos
Conducido por Mónica Polidoro.
FM Libertad / Wheelwright
