Código Civil: las legisladoras piden que la sociedad reclame por sus derechos

Por Comunicar Igualdad. Organizaciones de mujeres, especialistas en derechos humanos y legisladoras analizaron en un seminario, organizado por CLADEM y Católicas por el Derecho a Decidir,  las estrategias para avanzar en la modificación del articulado relacionado al inicio de la persona humana y el estatus jurídico de la Iglesia Católica. Si bien todas las presentes reconocieron los enormes aspectos positivos para los derechos humanos de las mujeres del proyecto con media sanción del Senado,  las legisladoras oficialistas evidenciaron el fuerte lobby de la iglesia católica -que se llevó puesto el artículo 19 sobre el comienzo de la vida humana-, admitieron el conflicto en muchxs parlamentarixs que no acuerdan con lo que se aprobó y pidieron a las organizaciones de la sociedad civil que salgan a la calle a reclamar por sus derechos y presionar al Parlamento ante la nueva instancia de debate que se abre en la Cámara Baja.

Por Belén Spinetta (Comunicar Igualdad)

Arrancó el año legislativo y con ello comienzan a agitarse las aguas. En lo que respecta al movimiento de mujeres, la lupa vuelve a posarse sobre elProyecto de Reforma del Código Civil y Comercial y las implicancias que tiene la redacción de su articulado para habilitar el debate en torno a la aprobación de una ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Este proyecto, que obtuvo media sanción a fines del año pasado en el Parlamento, fue objetado por las organizaciones de mujeres y de derechos humanos fundamentalmente en lo que respecta al comienzo de la existencia de la persona humana y a la vigencia del status de la iglesia Católica como persona pública. Mientras sigue el lobby de los sectores conservadores que lograron imponer su visión en la discusión de la Cámara Alta, las organizaciones democráticas se preparan para la segunda ronda de la batalla que se dará en Diputados, frente a la cual urge apuntalar la estrategia.

En este marco, CLADEM Argentina (Comité Latinoamericano y del Caribe por la defensa de los Derechos de las Mujeres) y Católicas por el Derechos a Decidir organizaron el pasado martes, el seminario “Puntos débiles de la reforma del Código Civil” que contó con la presencia notable de la jueza Aida Kemelmajer, integrante de la comisión redactora de la reforma del Código Civil, y de las abogadas Nelly Minyerski (especialista en derecho de familia) , Paola García Rey (especialista en derecho internacional e integrante de Amnistía Internacional; y María Elena Barbagelata, ex diputada nacional por el socialismo y una de las redactoras del anteproyecto de reforma  del Código Penal. Por el oficialismo, estuvieron presentes las diputadas del Frente para la Victoria, Mara Brawer y Araceli Ferreyra, ambas impulsoras y firmantes del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados estuvo colmada por especialistas y activistas del movimiento de mujeres quienes expresaron su preocupación por alcanzar una redacción acorde a los principios constitucionales y que no  obstaculice en el futuro la discusión de la ley de legalización del aborto.

Luces y sombras

En primer término, todas las expositoras estuvieron de acuerdo en argumentar que no se debe atacar la reforma del Código Civil en bloque; fundamentalmente porque avanza en adecuar nuestra legislación al marco internacional de Derechos Humanos, reconoce los tratados y convenciones como fuente del derecho privado y establece los principios de igualdad y no discriminación entre sus fundamentos.

Al respecto Nelly Minyersky señaló que “determinados sectores nos arrinconan y nos hacen enfrentar luchas sin ver toda la complejidad del tema”, y enfatizó que “curiosamente en esta reforma, en toda la parte de familia, se construyó una estructura jurídica que le reconoce a la mujer una cantidad de derechos por los que hemos luchado durante décadas”. Al respecto hizo hincapié en que se le da a la mujer las posibilidad de que su trabajo en el hogar y la crianza de los hijos tenga un valor económico, reconoce las uniones de hecho, permite optar por el apellido paterno o materno a la hora de inscribir a los hijos e hijas, etc. En sus palabras “trabaja por una familia democrática, que hace a una sociedad democrática”. A su turno Kemelmajer enfatizó sobre este punto incluyendo otros aspectos como las compensaciones económicas y la protección de bienes en las uniones convivenciales, cuestionando las críticas según las cuáles éste es un código que “invisibiliza a las mujeres”.

A pesar de esto, y recuperando la preocupación de las organizaciones, ambas especialistas centraron la exposición en la redacción del artículo 19 que establece el inicio de la persona humana desde la concepción.  Curiosamente, el estatus de la Iglesia Católica como persona jurídica quedó secundarizado en la mayoría de las exposiciones, aunque una de las asistentes se encargó de traerlo a colación al señalar que “para una sociedad moderna era la oportunidad histórica de lograr  el Estado laico y la separación iglesia-estado (…) esta permanencia de la iglesia como persona pública es como un cachetazo a los sectores democráticos”.

García Rey, por su parte, expuso sobre el marco internacional de derechos humanos que avalan las posiciones en favor de ampliar la redacción del artículo 19. Mientras que Barbagelata se refirió fundamentalmente al debate abierto tras la presentación del anteproyecto de reforma del Código Penal y las similitudes con los ataques generalizados al Código Civil. “Creo que las mujeres somos la variable de ajuste, porque aunque en el Código la mayoría haya pensado que excluyendo el debate del aborto se solucionaban los problemas, la realidad demuestra que los ataques vienen de cualquier otro lado. Este debate nos obliga a replantear las estrategias”, enfatizó. “El problema está en el artículo 1 dicen los fundamentalistas y lo que está en ese artículo, tanto del código civil como del penal, son las convenciones, la constitución, la interpretación acorde a los derechos humanos… estamos peleando por la Constitución compañeras y si siguen avanzando van a ir también por los tratados internacionales de derechos humanos”.

La encrucijada del oficialismo y la presión sobre las organizaciones

Luego de que en la Cámara de Senadores el oficialismo cediera a las presiones de los sectores conservadores optando por modificar la redacción del artículo 19, la pelota parece estar del lado de las organizaciones de la sociedad civil. Al menos así lo dejaron sentado las diputadas del Frente para la Victoria presentes en el seminario quienes pidieron que no cesaran en la lucha de calles y la presión sobre su propio bloque.

Vale recordar que con intención de obtener la mayoría para su aprobación, el FpV cedió en reducir el párrafo original del artículo 19 que señalaba que “La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno” y que en el caso de las técnicas de reproducción asistida “la existencia de la persona humana comienza con la implantación del embrión en la mujer”.Finalmente, la redacción aprobada en senadores se redujo a: “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”.  De quedar definitivamente ésta última fórmula, sería muy difícil avanzar en la discusión de la legalización del aborto a partir de las 12 semanas de gestación, tal como propone la Campaña, ya que se entendería que hay vida desde el inicio del embarazo.

En su exposición Mara Brawer ratificó que al llevar al Senado la discusión, se recibieron “presiones de sectores conservadores que buscan influenciar sobre la política argentina y que buscan imponer sus posturas de concepciones religiosas a las normativas vigentes”. Aseguró que en el bloque son muchos los diputados y las diputadas del FpV que no están de acuerdo con la redacción del artículo  y que están  dispuestos a dar este debate en el recinto.“Nosotros solos no podemos, como sabemos la disputa por el poder es un disputa que se da en la calle, en las organizaciones sociales y necesitamos de ese apoyo. Salgan a manifestar, salgan a exigirnos, no nos cuiden, presiónennos”, enfatizó al tiempo que advirtió sobre los riesgos de que se imponga, la lógica del credo, de la fe, sobre la ciencia y “sobre el respeto a los derechos humanos y a la salud de las mujeres”.

A su turno, Araceli Ferreyra señaló que no sólo está trabado el Código Civil, sino que ahora se está queriendo trabar el debate sobre el ante-proyecto del Penal. “Asumimos las responsabilidades propias, damos discusiones, batallamos, pero nos hacemos cargo de que hay temas en los que no hemos podido avanzar” afirmó, y remarcó que “tenemos que, en la medida de lo posible,  ir por más hasta donde nos de la fuerza”.

De lo que las diputadas no dijeron nada nada,  y que viene quedando en evidencia, es que con la asunción del papa Francisco, el gobierno nacional dio un giro de 180 grados respecto a sus vínculos con la iglesia católica. Un giro de acercamiento, una suerte de “enamoramiento”, respecto de la posición de enfrentamiento que supo tener con Bergoglio en las épocas que se discutió la ley de matrimonio igualitario.

Foto: Secretaría de Niñez, Familia y Discapacidad de Entre Ríos