Unas 8 patrulleras con al menos 40 policías arrasaron tres casas durante la madrugada de hoy en el asentamiento de Kaguare’i, departamento del Guairá. Realizaron tiros al aire, tumbaron puertas y dispararon gas lacrimógeno al interior de las viviendas. Cinco agricultores fueron detenidos. Uno de ellos fue imputado hace unas semanas por oponerse a las fumigaciones ilegales de un sojero.
Fuente: Periódico de Interpretación y Análisis
La Policía custodia las fumigaciones irregulares de un sojal colindante al asentamiento Crescencio González, del departamento de San Pedro. Foto: FNC.
Durante la madrugada de este martes, ocho patrulleras con al menos 40 policías atropellaron violentamente tres casas de familias agricultoras ubicadas sobre la Línea 18 de la comunidad, donde habitan cerca de 500 familias.
El amedrentamiento, la violencia desmedida y el robo caracterizaron al operativo, dirigido por autoridades policiales de Villarrica, explicó Marcial Gómez, secretario adjunto de la organización campesina.
Durante la jornada de este martes las bases de la Federación Nacional Campesina (FNC) del distrito de José Fassardi, departamento de Guairá, donde se ubica el asentamiento, se movilizaron alrededor del juzgado y la fiscalía de la ciudad de Villarrica, capital del departamento.
El dirigente campesino explicó que antes de entrar a las casas, los efectivos policiales las rodearon, realizaron disparos intimidatorios al aire, echaron las puertas y arrojaron gas lacrimógeno dentro de las viviendas. Arrestaron a cinco miembros de la comunidad.
El motivo es la oposición de los labriegos al envenenamiento de la comunidad por parte de productores sojeros, especialmente Klaus Escher, a cuyo pedido respondió el fiscal Víctor Manuel Vera imputando a 16 agricultores por “coacción grave”, semanas atrás, según el relato del dirigente de la FNC.
Esta acusación fiscal el juez local Jorge Garcete la convirtió en orden de allanamiento, que se concretó en la madrugada de hoy. Lo llamativo es que entre los cinco detenidos, solo uno formaba parte de los 16 imputados. Los demás no están dentro de la acusación e incluso dos de ellos son menores de edad, dijo Gómez.
El referente campesino comentó que además de estas acciones, la policía esposó a Águeda Martínez y la sometió a los rigores del gas lacrimógeno. También robaron pertenencias de las familias afectadas, como celulares e implementos de agricultura, se lee en la denuncia realizada por la organización en su cuenta de Facebook.
Comisario destituido
Como antecedente al conflicto, además, Gómez recordó que hace dos semanas el excomisario de la comandancia de Villarrica, Juan Almada, denunció que fue sacado de su cargo porque se negó a responder al pedido del productor sojero Klaus Escher, de reprimir con celeridad a los campesinos que habían impedido que las fumigaciones en violación de las leyes ambientales prosigan.
En una entrevista, el comisario Almada dijo que le había explicado al sojero que, como jefe policial, debía seguir el protocolo, citar a la Policía Ecológica para que esta verifique la observancia de las normas ambientales. Ante esto el empresario habría respondido “Reikua’áta hina”.
“A simple vista, era evidente que (el sojal) no cumplía con el requisito”, explicó en la entrevista el comisario destituido. También dijo que no se prestaría a estar “garroteando a campesinos”.
La mayoría de los cultivos de soja del país incumplen las medidas de precaución establecidas en la Ley 3742 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, como la prohibición de fumigar a menos de 100 metros (200 metros en casos de fumigaciones aéreas) de cualquier asentamiento humano, camino vecinal, escuela, iglesia y puestos de salud.
Asimismo, obliga a que los cultivos tratados tengan barreras vivas de protección de al menos cinco metros de ancho y dos metros de alto.
Fuente: Base IS
