El pasado viernes visitó la ciudad Ramón Cortés, trabajador de Las Heras condenado a prisión perpetua junto a otros 3 compañeros petroleros por luchar. “No se logró demostrar nada contra nosotros. Lo que pasa en Santa Cruz es aberrante y lo voy a denunciar hasta el último día que tenga en libertad”, aseguró Cortés, quien es acusado de la muerte del policía Sayago en 2006, en el marco de protestas por reencuadramiento sindical y contra el impuesto a las ganancias sobre los salarios. El miércoles, en el marco de una jornada nacional de lucha y a la par de la apelación de la defensa en la Cámara santacruceña, se realizarán marchas en todo el país. En Rosario, se parte a las 18.30 horas de Plaza 25 de Mayo, hacia Paraguay y Córdoba.
Por Equipo Comunicación CTA Rosario
Un viernes caluroso en Rosario. Cerca del mediodía, arribó Ramón y una comitiva de compañeros que lo asiste en este peregrinar de denuncia que, vía el ‘boca a boca’ busca romper el sólido cerco informativo que se armó alrededor del caso de Las Heras.
Primero en el gremio docente local, luego en la sede de ATE Rosario, Cortés contó lo sufrido en Las Heras, Santa Cruz. El relato tiene más similitudes con los rasgos medievales del sistema de persecución de los ´70 que con una democracia con 30 años sobre sus espaldas. Un centenar de personas siguieron atentas su relato, en la actividad convocada por el Comité por la Absolución de los Trabajadores de las Heras de la ciudad de Rosario.
En 2006, el conjunto del pueblo de Las Heras salió en apoyo del reclamo de obreros petroleros, que luchaban por ser encuadrados en el gremio que les correspondía y exigían que no se les cobre el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Fue una dura disputa, en la que se comprometió toda la ciudad. Ramón, de hecho, no es petrolero, es un trabajador municipal que participó solidariamente en las jornadas.
“En la protesta se hace una asamblea y sale como vocero un compañero, Mario Navarro, que va a una radio a dar testimonio. En la radio entra la policía y lo detiene. Se efectúa una movilización a la alcaidía donde Navarro estaba detenido. Las fuerzas de seguridad lanzan una violenta represión contra las casi 2 mil personas que estaban allí. Con un tiro en la espalda cae muerto el policía Sayago. La semana siguiente empieza la cacería. Las Heras quedó un tiempo sitiado con toque de queda, a las 21 horas todos debían guardarse y, cortes de luz mediante, empezaba la caza de brujas. Allanamientos, golpes a las familias, los rebeldes eran levantados y torturados en las comisarías”, relató el obrero.
“Me torturaron en la camioneta y en la comisaría. Pateaban mi cabeza y mis costillas. Recuerdo y me duelen como si fuera ahora el grito de ‘se viene, se viene’ y la golpiza que nos daban buscando que dijéramos un nombre que no teníamos. Teníamos las manos precintadas y los pies atados, ahí nos amenazaron con tirarnos al mar. ‘Van a tener que nadar como sirenitas’, nos decían. Y después nos amenazaban con que ‘a tus hijos les va a pasar lo mismo que a Sayago’”, continuó ante la mirada atenta de un auditorio colmado y conmovido.
Lo peor es que estos dos párrafos no describen ni por asomo la cantidad de sufrimiento que Cortés junto a los demás trabajadores tuvieron que pasar. Entre 2006 y 2009, en el marco de un juicio bochornoso, en el que hubo denuncia de torturas para forzar declaraciones, los obreros estuvieron detenidos. Para ser claro en torno a lo padecido, el santacruceño espetó: “Lo único que faltó es que nos violaran”. Actualmente, producto de las golpizas recibidas en esos años, tiene problemas pulmonares, renales, en la espalda y en una parte del flujo circulatorio cerebral, según comentó.
“No tenemos nada que ver con el asesinato del policía. Sí salimos a luchar contra las petroleras por el impuesto a las ganancias. Con esto quieren callar a la clase trabajadora. Lo que pasa en Santa Cruz es aberrante y lo voy a denunciar hasta el último día que tenga en libertad”, aseguró con lágrimas en los ojos. Ramón tiene 5 hijos, de 6 a 14 años. A su última nena, la conoció en la cárcel, dado que lo apresaron cuando recién tenía un mes de vida. Lo más desgarrador fue que al salir de prisión “no me aceptaba como padre, porque no me reconocía”, contó en medio de un llanto que buscaba controlar, pero brotaba de sus ojos.
En 2009 la causa no fue cerrada, pero sí cajoneada por la cantidad de irregularidades. Si bien las amenazas persistieron y el miedo mucho más, en 2012 se reactivó el calvario. El juicio oral por la muerte de Sayago había sido anulado «por fallas en la instrucción», pero el gobierno de Santa Cruz apeló y los trabajadores siguieron imputados. El fiscal Ariel Candia reflotó el expediente después de 3 años. En tres meses lo elevó a juicio, que empezó el 17 de junio de 2013 a las 9 horas. “De entrada metieron a los testigos torturados en 2006. Querían que declarasen lo mismo. Esos mismos testigos denunciaron la tortura que sufrieron, pero el tribunal no lo tuvo en cuenta. Es más, la jueza de la causa había golpeado a una testigo para obligarla a inculpar a su cuñado”, recordó el empleado municipal de Las Heras.
Finalmente, en seis meses -un lapso meteórico para lo que es la justicia argentina- se condenó a los cuatro obreros a cadena perpetua por la muerte de Sayago, el 12 de diciembre de 2013. Recibieron prisión perpetua por homicidio agravado Ramón Cortés, José Rosales y Hugo González. Hay un cuarto condenado por homicidio pero era menor de edad al momento del hecho, por lo que tendría un régimen de tutela especial. A Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach los condenaron a cinco años de prisión por coacción agravada. A Darío Catrihuala, a cinco años como partícipe necesario de lesiones graves. Una hondonada de condenas por un policía que vale repetir, murió de un tiro en la espalda, por lo que se presume que el disparo letal salió de la misma alcaidía.
La resolución estuvo a cargo de la Cámara Oral Criminal de Caleta Olivia, Santa Cruz, compuesto por los jueces Cristina Lembeye, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera. Olivera ha fallado con anterioridad en disidencia, como en el mediático caso de las gemelas Casas, y es miembro de Justicia Legítima.
Una causa común
“Mientras Argentina aparece como el país de los derechos humanos, en las provincias que reinan las petroleras la realidad es otra. Como dice la abogada de los compañeros, se trata de una condena con olor a petróleo”, consideró Susana Ancarola, miembro de ATE Sur e impulsora del Comité por la Absolución de los Trabajadores de Las Heras en Buenos Aires. Para la estatal, esta lucha tiene que ver con las luchas que damos cada día, dado que como respuesta a la lucha del pueblo santacruceño, militarizaron la zona y ahora pretenden encarcelar a los luchadores en una causa armada, en la que el mismo fiscal afirmó que “ponerle una bolsa en la cabeza o darle dos cachetadas a un testigo, no es decirle lo que tiene que declarar”. “Este caso es una aberración en democracia”, consideró.Por su parte, Juan Pablo Casiello, miembro del Comité por la Absolución a nivel local y Secretario de Formación de la CTA Rosario, subrayó que “más allá de las miradas políticas y las diferencias que tengamos, hay que asumir este punto de unidad para todos los trabajadores del país”.
Casiello ubicó el caso en el marco nacional del procesamiento de 5000 compañeros por luchar. “La criminalización y la judicialización que este caso expresa es el mecanismo de los sectores de poder para parar las luchas”, evaluó el referente de la CTA. Por eso, convocó a los más amplios sectores a marchar en Rosario el miércoles 5 de febrero a las 18.30 desde Plaza 25 de Mayo a Paraguay y Córdoba.
“Es un juicio armado, es un juicio político porque no se logró demostrar nada contra nosotros”, reiteró Cortés. El auditorio Héctor Quagliaro de la sede local de ATE, despidió al santacruceño con un cerrado aplauso y un cántico ensordecedor: “libertad, libertad, a los presos por luchar”.
