Los abajo firmantes expresamos nuestro repudio al accionar represivo de la policía de la Provincia de Santiago del Estero, contra los miembros de la Familia Santillán que habitan en la región del CADE, Departamento Alberdi.
Demandamos el inmediato esclarecimiento y deslinde de responsabilidad por la situación hecha padecer a Don Aníbal Santillán (73 años), quien al momento de la privación de su libertad se encontraba en delicado estado de salud.
Y exigimos la intervención de los organismos públicos competentes (provinciales y nacionales), con el objetivo de brindar garantías a los campesinos originarios de las tierras en conflicto, en su lucha contra las empresas que buscan instalar en estos parajes el insaciable esquema de los agro-negocios, basado en una visión depredatoria de los derechos humanos esenciales y motivado en un exclusivo fin de lucro.
Estamos ante un nuevo caso donde el sistema judicial (representado por la jueza Lucrecia Llanos Martínez) y las fuerzas de seguridad, se ponen al servicio de las necesidades empresariales, con el objetivo de garantizarles el acceso al territorio y remover los “obstáculos” a su acumulación. En esta oportunidad, los beneficiarios son el grupo Oro Esperanza Agro S.A., conformado por capitales chinos, inscripto comercialmente en nuestro país en noviembre de 2011 con el objetivo de desarrollar emprendimientos agrícolas orientados a la exportación (http://
El conflicto comienza hace diez años, cuando un empresario cordobés de apellido Giordano fraguó los títulos de propiedad de un campo de 14 mil hectáreas perteneciente a la familia Santillán, originaria de este paraje ubicado entre las ciudades Tintina y Campo Gallo, en el noreste santiagueño. Las denuncias y movilizaciones del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), en su momento, consiguieron detener los primeros intentos de desmonte.
El 19 de diciembre de 2011 el campo fue vendido (en una nueva operación fraudulenta) a Oro Esperanza Agro SA, apenas un mes después de su constitución legal en la Argentina. Pero es en junio de 2012 cuando los campesinos tienen las primeras noticias de los capitalistas chinos, a través de los servicios de desmonte brindados por la empresa Mayo Investment SA, quienes toman posesión introduciendo decenas de topadoras y tractores. Las nuevas denuncias e intervenciones interpuestas por la familia Santillán y el MOCASE, a pesar de contar con importante difusión, esta vez no lograron el objetivo.
El 30 de abril de 2013, una inspección de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en predios rurales ubicados en el camino vecinal Tintina a Campo Alegre, propiedad de Oro Esperanza Agro SA, detectó 34 trabajadores en condiciones precarias e insalubres, a cargo de Mayo Investment SA. Dos semanas después, el 15 de mayo de 2013, la AFIP inició una causa penal contra ambas empresas ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero y la Fiscalía Primera de la misma ciudad, por reducción a servidumbre de sus empleados. Para demostrarlo, la agencia federal presentó el acta de la inspección y un CD con la filmación de lo actuado. La causa fue caratulada como “presunta infracción de artículo 140 del código penal/infractores son Oro Esperanza Agro y otro”, con número de expediente 039095/2013.
No obstante todos estos antecedentes, la intervención del pasado día jueves 7 de noviembre, ordenada por la Jueza Provincial Lucrecia Llanos Martínez, y ejecutada con extrema violencia por la División Criminalística D6 de la Policía de Santiago del Estero, contribuye a la agudización del conflicto y constituye un siniestro aval a las prácticas depredatorias de los agrobussines.
Don Aníbal Santillán es un mediano productor de 73 años, nacido y criado junto a su familia en el lote de 14 mil hectáreas en disputa. Es poseedor de más de mil cabezas de ganado que pastan a campo abierto, y de los papeles legales que certifican su posesión. Sin embargo, su casa y todo su dispositivo productivo (laguna, canales, corrales), hoy se encuentra ubicado al interior del terreno cuya propiedad reclama la empresa de capitales chinos, con la aquiescencia de la justicia provincial.
Desde el jueves a las 7 am Don Aníbal permanece detenido, a pesar de complicaciones en la próstata y de complicaciones generadas por la hipertensión. Además, dos de sus hermanos se encuentran prófugos, pues también habían sido objetos de las órdenes de detención. A todos se los acusa de amenazas contra los empresarios, y de usurpación.
¿Por qué la Justicia hace lugar a las exigencias de los poderosos por sobre las comunidades que ancestralmente habitan esas tierras?
¿A qué se debe la inactividad de los sectores gubernamentales en lo que respecta al respeto de los derechos humanos y sociales básicos, de las poblaciones involucradas en esta nueva conflictividad social?
La respuesta, lógicamente, es múltiple. Involucran el alarmante elitismo de instituciones tradicionales como la Justicia, lindante con el racismo; la opacidad de los sistemas notariales y de registro de tierras en todo el país; ciertas tramas de características feudales que aún ostentan los poderes locales en algunas regiones del interior, articuladas sin embargo a los esquemas de gobernabilidad a nivel nacional.
Pero más allá de lo anterior, y de otra cantidad de circunstancias que seguramente se nos escapan, consideramos urgente reaccionar de manera decidida ante un modo de articulación de negocios que repercute de forma extremadamente violenta sobre los territorios, descomponiendo los lazos comunitarios y sociales, en función de una renta extraordinaria.
Desde los parajes campesinos de Monte Quemado hasta las periferias de Rosario (y especialmente el castigado barrio Ludueña), pasando por los pueblos hostigados por las industrias extractivas, por los asentamientos y villas del conurbano bonaerense… Ya sea que hablemos de agro-negocios o de minería, de especulación inmobiliaria o narcotráfico…
Un mismo patrón de acumulación se expande, y carcome las instituciones públicas, configurándose como una verdadera trampa de la democracia contemporánea.
Es hora de decirle basta.
Marcelo Ruiz / Rector Universidad Nacional de Río Cuarto
Hugo Cañón / Co-presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires
Claudio Lozano / Diputado Nacional. Presidente del Bloque Unidad Popular
Facundo Moyano / Diputado Nacional
Carta Abierta
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
Federación Argentina de Estudiantes de Comunicación
Horacio González
Liliana Herrero
Rita Segato / Antropóloga
Observatorio de Prácticas de Derechos Humanas de la Universidad Nacional de Córdoba
Observatorio de Conflictos Socio-Ambientales / Universidad Nacional de Río Cuarto
Instituto de Investigación y Experimentación Política
Club de Investigaciones Urbanas (Rosario)
Bodegón Cultural Casa de Pocho (Ludueña, Rosario)
Centro Angelelli (Florencio Varela)
CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)
Federación Universitaria de Río Cuarto
Movimiento de Colectivos (Florencio Varela)
La Dársena Plataforma de Pensamiento e Intervención Artística
Revista Crisis
FM La Tribu
Movimiento de Participación Estudiantil
Movimiento Social y Cultural El Gleyser
Casona de Flores
Frente Popular Darío Santillán
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