Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV, antes Unidad 3, de la ciudad de Ezeiza. No hubo funcionarias/os que dieran cuenta ni se responsabilizaran por esas muertes. Esta semana, sin embargo, ante la fuga de 13 presos varones de la misma institución de encierro, renunció el jefe del Servicio Penitenciario. ¿Están presas de la visibilidad las mujeres encarceladas?
Por Laura Salomé Canteros (Nota publicada en Comunicar Igualdad)
Puesta a analizar desde un enfoque de género la coyuntura surgida de la renuncia del director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, en medio de la mediatización de la fuga de trece presos varones del Complejo de Máxima Seguridad I de Ezeiza y de la reasignación de Alejandro Marambio -criticado por organismos de derechos humanos por su desempeño al frente de la institución entre 2007 y 2011-, el resultado es que las instituciones de encierro necesitan una urgente democratización.
La violencia es simbólicamente mayor cuando es ejercida por las instituciones. ¿Por qué no pensar entonces que la invisibilización hacia las mujeres es muchísimo más potente cuando hablamos de aquellas que se encuentran privadas de su libertad? El enfoque de género aplicado al sistema carcelario podría ser una herramienta eficaz que amplíe y diversifique la concepción vigente de derechos humanos y proponga un ámbito no tan recorrido por donde transitar hacia un estado cada vez más democrático.
Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV, antes Unidad 3, de la ciudad de Ezeiza. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Porque de ellas poco se sabe y por ellas pocos/as reclaman. A veces son una nómina; con suerte y en el mejor de los casos, son historias y subjetividades para quienes buscamos verdadera justicia.
El 23 de diciembre de 2012, fue Florencia Cuellar quien apareció colgada en el baño del Pabellón 21. El 28 de agosto del mismo año, fueron asesinadas María Laura Acosta y Cecilia Hidalgo, apuñalada, ahorcada y degollada la primera y asfixiada en su cama la segunda. María Laura esperaba para salir en libertad y era madre de un hijo a quién sostenía económicamente. Cecilia por su parte ayudaba a la manutención de sus sobrinos.
El 3 de febrero también de 2012, Yanina Hernández Painnenfil apareció “suicidada” según los informes oficiales, al igual que Ema Alé, de quien poco se sabe acerca de la fecha y las circunstancias de su muerte.
En 2011, el 1 de julio, Vanesa García Ordoñez de 23 años apareció también colgada dejando solos a 3 hijos, mientras que ocho meses antes, el 8 de noviembre de 2010,Noelia Randone, participante del Taller de Periodismo y Expresión que se daba en esa cárcel también aparece sin vida.
El 27 de noviembre de 2009, Romina Leotafue encontrada en su celda luego de que las agentes penitenciarias le negaran el acceso al pabellón donde sus compañeras estaban tomando mate y el 21 de febrero, Silvia Nicodemo de solo 21 años fue encontrada por sus compañeras de pabellón colgando del techo de su celda luego de pasar más de veinte días en ‘los tubos’ o celdas de castigo.
En una semana en la que mujeres víctimas del terrorismo de estado comenzaron a declarar en el mega juicio por crímenes de lesa humanidad testificando sobre los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención; en una semana en la que el secretario de Derechos Humanos dela Nación, Martín Fresneda, presentó ante la Corte provincial cordobesa un amicus curiae para resolver el traslado de una persona detenida transexual que estaba en un pabellón de varones; en una semana en la que agrupaciones sociales y políticas acompañan el juicio por la detención arbitraria de la activista Yhajaira Falcón y en la que se denuncian las torturas y discriminaciones a la comunidad lgtbi en las unidades penitenciarias, la muerte de estas nueve (y otras tantas) mujeres sigue siendo un silencio que aturde. ¿Por ellas nadie reclama?
El enfoque de género en el sistema carcelario permite visibilizar las opresiones, discriminaciones y situaciones de vulnerabilidad de las mujeres privadas de su libertad, lo que conlleva reconocer formas y modalidades de violencias especificas; trabajar en políticas públicas integrales para la erradicación de la violencia que se ejerce desde las instituciones; prevenir la “suma de los abusos”, situaciones en la que las mujeres llegan al encierro siendo víctimas de reiteradas formas de violencias, exclusión y pobreza; avanzar en la democratización de la justicia garantizando los accesos a las mujeres pobres a adecuados patrocinios jurídicos gratuitos y en la desmilitarización de la institución penitenciaria; y finalmente, poner en discusión el “mito de la resocialización”, ya que, si las cárceles constituyen espacios de hacinamiento y tortura psicológica y física sistemática en un estado democrático, lejos de ”resocializar” se perpetuán las arbitrariedades del “afuera” muros adentro, situaciones que constituyen violaciones a los derechos humanos.
Sin dudas, el debate deber ser serio porque son vidas de mujeres, niñas, niños y familias todas las que se truncan. Se debe avanzar en las investigaciones para el esclarecimiento de estos (y tantos otros) crímenes y no deberíamos permitir como sociedad que un alto mando renuncie sin aportar datos a las causas abiertas por las muertes dudosas en la cárcel de Ezeiza. ¿Por qué una fuga se lleva el puesto del director de la institución y nueve probables asesinatos de mujeres no?
Versiones del patriarcado organizado, del Estado que invisibiliza y de la sociedad que naturaliza. ¿Por ellas nadie reclama? Quizá llegó la hora de hacerlo…
