Alberto Cortés, Concejal de Rosario y candidato por el Frente del Pueblo Sur, elevó un pedido de informe tras la tragedia del Parque Independencia, por las irregularidades existentes en el expediente de concesión que la municipalidad envió a la comisión investigadora.
Natalia Navarro. Entrevista: Nahuel Militano & Luciana Mangó
Nota publicada en La Brujula Comunicación
El pasado 10 de agosto, cuando la ciudad de Rosario aún intentaba paliar los efectos de la explosión del edificio de la calle Salta al 2100, se produjo otro fatal accidente en el Complejo Parque Independencia. Una de las tazas de la Vuelta al Mundo, que cargaba cinco personas se desplomó desde unos 20 metros, ocasionando la muerte de dos niñas de 12 y 14 años y siete heridos.
El hecho se produjo mientras cientos de niños, la mayoría hijos y familiares de los gremios de peones de taxis y aceiteros, disfrutaban de las instalaciones de Oroño y 27 de Febrero. Justamente, las menores fallecidas, Florencia y Melanie Arana eran sobrinas de uno de los afiliados al sindicato de taxistas. Por el accidente fueron detenidos el apoderado del International Park, firma a la cual pertenece el parque, y el encargado del juego.
El concejal Alberto Cortéz dialogó con Bárbaros Universidad acerca del expediente de la comisión investigadora, cuya competencia recayó sobre del Juzgado Correccional Nº 7, donde se desmpeña el juez Juan Carlos Curto.
Del análisis del mismo Cortéz sugirió varios interrogantes. Por un lado, cuestionamientos jurídicos, sobre el modo en el que se llevó a cabo el concesionamiento: no quedaba claro cuándo y cómo se renovó la sociedad a la firma International Park, ya que se prorrogó hasta el año 2018 a esta empresa que supuestamente iba a cerrar en 2009.
Por el otro, se registraron fallas en los controles e imprecisiones técnicas sobre las instalaciones: la rueda que se destruyó medía 25 metros, mientras que en el informe se señalaba que su diámetro era de 12 metros. Tampoco se indicaba que en 2005 se solicitó un permiso para cambiar esa pieza.
El último informe técnico de la empresa fue firmado el 25 de julio por el apoderado de la empresa, quien avalaba las inspecciones bajo su condición de ingeniero civil, cuando la normativa prescribe que estas tareas deben ser realizadas por un ingeniero mecánico: “Esto es un detalle más de todo el mamarracho de lo que es el control de esos juegos. En el expediente vemos que la Municipalidad, desde la Dirección de Gestión de Concesiones, propone que se nombre a un inspector municipal, quien también era ingeniero civil. Este, correctamente, dijo que no era de su incumbencia. Pero no figura ningún elemento que haga pensar que luego buscaron un ingeniero mecánico” expresó Cortéz.
A su vez, el técnico nombrado por la empresa sostuvo que al aceptar esa responsabilidad no se hace cargo por los elementos mecánicos, sino solo por la instalación en el parque. En este sentido, el Secretario de Gobierno sostuvo que el problema pudo deberse al sobrepeso de la canastilla, que cargaba cinco personas. No obstante, las mismas están diseñadas para soportar hasta seis personas. Sobre esto, el concejal declaró que “allí todos se lavaban las manos. Estas palabras lamentables no tienen ningún asidero. Tampoco lo tienen las del sector de inspección, que dijeron que había un vacío legal porque se trataba de un a ordenanza del año 2000, que aunque no cubriera bien el tema existen otras normativas. Fundamentalmente los pliegos, que dicen que la Municipalidad tiene que controlar esto. De modo que no hay excusas”
La intendenta Mónica Fein admitió que no había ningún vacío legal, por lo cual se iniciará un sumario interno para determinar responsabilidades. Un modo de “buscar algún chivo expiatorio dentro del aparato”, según Cortéz. Por último recordó que esta concesión se realizó en un contexto en el que el ejecutivo venía incumpliendo la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que un intendente puede hacer contratos sobre espacios públicos. Esta legislación fue modificada para que se pudieran llevar a cabo estas operaciones sin tratamiento en el Concejo Deliberante: “Este caso es gravísimo porque hay muertes de por medio. Han terminado regalando por monedas a los concesionarios, que son algunos los grandes beneficiarios de esta gestión que luego pagan campañas electorales”, concluyó.