La naturalización de la injusticia:
En este informe que publica enREDando reflexionamos acerca de la situación de los jóvenes encerrados en el mal llamado Instituto de Recuperación del Adolescente, el Irar. ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Qué propuestas son posibles frente al derrotero penal al que son condenados los pibes de los sectores populares de Rosario? Medidas represivas vs políticas públicas integradoras y territoriales en los barrios. Sobre esto opinan dos trabajadores del Irar con los que dialogó enREDando.
Por María Cruz Ciarniello
Hechos
En la mañana del 16 de diciembre de 2011 Jonatan R. de 16 años fue encontrado ahorcado en una de las celdas del Instituto de Recuperación del Adolescente, el IRAR. “La “versión oficial” dio cuenta de que el joven, que se encontraba alojado en una celda individual, se habría asfixiado con una sábana”, detalla la nota publicada en Rosario 12, el 23 de enero de 2012. Para los familiares, Jonatan falleció producto de una feroz golpiza que habría recibido dentro del Instituto que, sin lugar a duda, debe definirse como una cárcel. “Estaba desfigurado. El cuerpo tenía los labios pegados con la gotita, el cráneo hundido y el tabique nasal no existía. Tenía tres tajos en el gemelo de la pierna izquierda, hematomas en la cara, y la rótula de la pierna izquierda no existía”, explicó el padrastro de Jonatan, Juan Carlos Alonso.
En un comunicado emitido por la Coordinadora de Trabajo Carcelario, CTC, con fecha 29 de enero de 2012, a poco más de un mes de la muerte de Jonatan, Lilian Echegoy y Carmen Maidagan afirmaban que en el año 2008, a raíz de la muerte de otro joven de 17 años, Néstor Salto –falleció como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió dentro del Irar- la CTC “planteó y fundamentó por qué en ese edificio y con la política implementada desde el gobierno santafesino con una gestión mixta donde hay una fuerte presencia del servicio penitenciario y estrategias erráticas por parte de la dirección penal juvenil nada del orden de la dignidad era posible, que era menester cerrarlo y se hacía imperioso utilizar recursos y creatividad para generar espacios “humanizados” para los chicos “en conflicto con la ley”.
A cuatro años, “nada de eso pasó”, aseguran las referentes de la CTC mientras que reafirman lo que numerosas voces de organismos de derechos humanos, trabajadores y militantes de la infancia reclaman a gritos: “Al Irar hay que cerrarlo, no se puede esperar, urge preservar la humanidad de quienes lo padecen.”
Sin embargo, y pese a este pedido, el mal llamado Instituto de Recuperación del Adolescente continúa funcionando bajo la lógica de una dirección mixta. ¿Esto qué significa? Desde el 2007, El Ministerio de Seguridad y la Dirección de Justicia Penal Juvenil son los órganos encargados de conducir el Irar, a través de personal del Servicio Penitenciario y empleados de la Dirección. Quienes están diariamente con los pibes, dos acompañantes juveniles que entrevistó enREDando, Facundo Peralta y Raúl Yuale, aclaran: “nosotros somos menos de la mitad con respecto al SP. Ellos tienen una guardia perimetral, interna y externa. Que haya una directora civil no asegura que exista una lógica de promoción de derechos.” También agregan con impotencia: “Nosotros podemos propiciar en el territorio que los pibes ejerzan sus derechos. Pero no podemos contra el maltrato psicológico que se produce y que tiene que ver con la identidad tumbera. Ahí adentro, los chicos son presos y así se sienten ellos.”
Desde la CTC -en el comunicado antes mencionado- advirtieron:“desde 2007, cuando ingresó el Servicio Penitenciario en el IRAR, venimos, como organización, solicitando su retiro. Los menores que allí se alojan no están condenados. Están allí por una supuesta medida de seguridad, cautelar o tutelar como quieran llamarle, según quien quiera justificar la situación de encierro”.
Promesas y denuncias
Todavía se recuerdan las declaraciones en conferencia de prensa del entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti, cuando anunció en septiembre de 2008 el cierre y reemplazo del Irar “por otro edificio” con capacidad de “entre 22 y 36 plazas” que comenzaría a construirse en el 2009. En ese entonces, había dicho: “la construcción del nuevo Irar es prioritaria para este gobierno”. (Nota en Diario La Capital 13/9/2008).
Hace más de un mes, Sandra Retamoso se manifestó frente a los Tribunales Provinciales para insistir en su reclamo de justicia por la muerte de su hijo Jonatan. “Nosotros recién lo pudimos ver en la cochería. Estaba desfigurado. Yo estoy pidiendo que se le vuelva a hacer una autopsia pero no me dan bolilla. Ya pasaron 6 meses y acá quedo todo como si nada hubiera pasado”, señaló en diálogo con enREDando. En declaraciones al Diario La Capital, agregó: “En su momento, Jonatan había salido en Plan A hablando sobre los maltratos dentro del Irar. El canal quiso tomarlo de espalda, pero Jonatan salió de frente. Desde entonces recibía constantemente amenazas de un empleado al que los otros pibes le tenían miedo porque los verdugueaba (los hostigaba). También lo denunció ante la jueza Mussa”.
Acompañada por trabajadores del Irar, amigos y militantes de organizaciones sociales, Sandra denunció: “El maltrato en el Irar es terrible”. “Lo que nosotros pudimos averiguar es que esa noche todos (los pibes que estaban encerrados en el Irar) estaban pasados de rosca y se la pasaban gritando. Estaban enloquecidos, como si les hubieran dado algo para tomar. Mi hijo murió a la 1 de la mañana del 16 de diciembre, pero a mi me avisaron al mediodía y no lo pude ver hasta la medianoche”. (Nota citada del Diario La Capital 16/6/2012)
A raíz de la confusa muerte de Jonatan, cuya investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción N° 14, y de las denuncias de sus familiares, el diputado provincial Eduardo Toniolli solicitó un pedido informes para que la Dirección de Justicia Penal Juvenil comunique las “medidas administrativas” que se tomaron tras el descubrimiento del fallecimiento. Ante la falta de respuestas, Toniolli realizó una visita informal al Irar en el mes de febrero de 2012. “Es una tapera”. Así se refirió luego de recorrer el edificio ubicado en Cullén y Saavedra donde se alojan alrededor de 50 adolescentes con medidas cautelares o tutelares que, en los hechos, justifican la situación de encarcelamiento. En nota publicada en Rosario 12 el 25/2/2012, el diputado provincial del Frente para la Victoria, sostuvo: “Realmente es necesario que se cierre, pero hay que acompañarlo de un proceso que genere alternativas, con determinados programas para la reinserción laboral y socioeducativa”.
En el mes de mayo se hizo pública otra denuncia de maltratos y golpizas en el Irar. Esta vez, dos adolescentes tuvieron que ser internados tras recibir golpes por parte de guardias de la institución. Al respecto, la CTC declaró: “Nuevamente el IRAR es noticia. Desgraciadamente lo que se repite es el tipo de noticias: pibes golpeados por las fuerzas de seguridad. Son innumerables las denuncias públicas por hechos similares, las cuales no tienen la repercusión que deberían en el ámbito judicial, de hecho no se conoce ningún caso de policía o personal penitenciario, ni tan siquiera, procesado por estos hechos.”
Reclamos y propuestas
enREDando dialogó, café por medio, con dos acompañantes juveniles del Irar, Facundo Peralta y Raúl Yuale quienes, además, son militantes barriales desde hace años. Sus miradas resultan fundamentales para intentar repensar las respuestas que el Estado provincial tiene para los pibes que delinquen. Lo primero que dicen es contundente y coincidente: “El Irar es una cárcel”.
A partir de esta frase se dispara la charla: “Creemos que hay una decisión política basada en una lectura que hace la sociedad hoy, y que tiene que ver con que los jóvenes de 16 y 18 años que cometen delitos son “personas peligrosas” que tienen que estar encerradas porque son los grandes hacedores de la inseguridad. Hay una política que se aborda desde ese lugar justamente porque se concibe a los jóvenes desde esos términos. Lo que nosotros decimos es que los jóvenes son sujetos de derecho y que tienen una vida por vivir, si el sistema penal, los jueces, los narcotraficantes y la policía se los permite”.
Para estos dos jóvenes trabajadores es necesario modificar o transformar las actuales políticas que tienen que ver con el abordaje de los jóvenes en conflicto con la ley penal. “Que esas políticas tengan en el horizonte, a partir del abordaje interdisciplinario, la construcción de alternativas de vida donde puedan desarrollar sus capacidades, puedan promover sus derechos y realizar trabajos más integrales con las familias, las instituciones del barrio y con un acompañamiento por parte del Estado y del poder judicial, respetando y escuchando su opinión y poniendo en práctica lo que establecen los instrumentos legales existentes”.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño es el principal marco legal que proteje a los pibes. Reconoce a los niños y adolescentes como sujetos de derechos y establece que el Estado, a través de políticas públicas, debe ser el garante de los derechos humanos de los niños. En su articulado N° 40 establece: . “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la
La existencia misma del Irar contradice el espíritu de la Convención. En su libro “El Taller del Diablo. El régimen de responsabilidad juvenil ¿Propuesta liberadora o alucinación mortal” (publicado por Idear en noviembre de 2009) Néstor Ciarniello, ex Director Provincial del Menor en Santa Fe y con extensa experiencia territorial en las villas miseria, sostiene: “los adultos somos tan contradictorios que avalamos constitucionalmente la Convención pero imputamos y condenamos a chicos de 16 y 17 años y ahora pretendemos la condena penal a los de 14 años en rotunda contradicción con el espíritu y la letra de la misma”. En este punto, hace referencia al proyecto de Ley Responsabilidad Penal Juvenil que tuvo media sanción en la Cámara de Senadores en 2009 y actualmente se encuentra frenado en la Cámara de Diputados de la Nación.
En Argentina, se encuentra vigente una ley de avanzada que reconoce a los niños como sujetos de derecho y que deroga a la antigua Ley de Patronato. Se trata de la 26.061, ley de Protección Integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. En Santa Fe, está reglamentada la Ley 12.967 de Promoción y Proteccion Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo y pese a contar con este fundamental marco legal, el procedimiento en el poder judicial continúa rigiendose por una ley penal que data de los años de la dictadura, el decreto ley 22.278 que regula el Régimen Penal de Menores. Para los acompañantes juveniles, “la ley 12.967 debería ser nuestra carta orgánica. Lo que sucede – señalan – es que en este escaso estamos dentro del sistema penal y los jueces para fallar se rigen por una ley de la dictadura, el decreto ley 22.278″ Según la Fundación Sur, “en la práctica no se ha superado aún completamente el esquema de intervención institucional sobre los niños, niñas y adolescentes de las familias más pobres, frente a quienes el Estado a partir de la categoría de peligro moral o material continúa actuando coactivamente al seguir estableciendo, en muchos casos, la separación de su medio familiar y comunitario. Situación que vulnera llanamente los principios contenidos en la CDN y en la ley nacional 26.061″ .(Nota en el portal Periodismo Social)
Con respecto al Irar, Ciarniello reflexiona: “está fallido en su mismo origen. De acuerdo a la definición del derecho penal sustentada por Raúl Zaffaroni, es inaplicable para los menores. No se pueden inventar medidas socioeducativas con privación de libertad en niños que están en desarrollo. Es decir, no están maduros ni síquica ni fisicamente. Este concepto es el que se desprende claramente de la Convención de los derechos del niño. Se educa en amor y libertad, por lo tanto las “medidas socioeducativas” que se intentan aplicar adentro del Irar son una salida mentirosa, carente de fundamento conceptual y solo esgrimida para justificar la ilegal y anticonstitucional privación de libertad”.
Por su parte, los dos acompañantes juveniles, Facundo y Raúl, sostienen que el Estado debería construir “programas que estén basados en la ley de Protección Integral”. Sin embargo “la respuesta del Estado a este problema, observan, es una respuesta represiva que se manifiesta en las políticas públicas”. ¿De qué manera? “Hoy, las políticas de promoción de derechos en la Dirección de Justicia Penal Juvenil es representada a través del proyecto de acompañantes juveniles, éstos solo actúan dentro de la órbita de Irar (en condiciones de trabajo defectuosas) lo cual demuestra que la única respuesta política existente hoy por hoy es la anémica presencia de civiles tratando de garantizar derechos en un contexto carcelario donde es sumamente dificil debido a que allí coexisten dos lógicas de trabajo distintas, una que intenta con sus flaquezas ser garantistas (acompañantes juveniles) y la otra representada por el Servicio Penitenciario, un mero administrador de pena. Cuando los trabajadores quieren tomar posicionamiento ante esto, comenzamos a sufrir persecuciones ideológicas, despidos, renuncias ante la tensión, y el Irar tiene una particularidad.”
Los trabajadores se movilizaron para hacer visible no solo las graves condiciones de encierro que soportan los pibes sino, también, la precarización laboral en la que desempeñan sus tareas diariamente. Salarios atrasados, contratos precarios, descuentos por días de paro y persecución ideológica son algunos de los reclamos que realizan ante la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. En mayo, emitieron un comunicado en el que daban cuenta de la situación de un compañero que “fue desaprobado en la segunda etapa de los concursos para pasar a planta, en un intento por dejarlo afuera del IRAR, en razón de diferencias político-ideológicas” y que, paradógicamente, trabaja desde el año 2010 y cuyo contrato fue renovado en dos oportunidades. En ese mismo comunicado, afirmaban: “La política de este gobierno hoy en día es predominantemente represiva, en virtud de que los principales actores encargados de la promoción de derechos nos encontramos en condiciones de precariedad laboral, sin recibir las remuneraciones en cantidad, tiempo y forma correspondiente y sometidos a un constante apriete y persecución”.
En este sentido, uno de los acompañantes juveniles dice: “Somos personal contratado y estamos prendiendo de un hilo, pero entendemos que acá hay un interés superior que es tratar de hacer algo para frenar con este genocidio por goteo que se está haciendo hacia los jóvenes de los sectores populares.” A su vez, aclaman por un derecho básico para los pibes detenidos en Irar: que el agua potable llegue a todos los pabellones. Actualmente, en el Instituto hay una sola canilla por donde sale agua apta para el consumo humano. “El edificio no está para alojar a nadie”, sentencian.
La medicalización dentro del Irar es otro grave y complejo problema. Sobre esto, esgrimen: “En un contexto de encierro, muchas veces los pibes se angustian y en ese proceso de angustia o se cortan o tienen algún intento de suicidio. Entonces, la institución empieza, por indicación de algún órgano, a medicarlos. Hay casos de pibes que ingresan al Irar sin consumir pastillas, y después de casi un año de su ingreso son adictos a ellas”.
El deterioro de un adolescente que pasó por Irar se inscribe en su cuerpo y principalmente, en su estado emocional. Ahí dentro, la descarga de bronca y angustia es contra uno mismo. “El problema es como responde la institución frente a esto, y muchas veces es a través de la medicalización”. Los talleres aparecen como pequeñas islas reparadoras en un inmenso mar de injusticias pero no alcanza para revertir el daño que sufre un pibe atravesado por el sistema penal. “Como trabajadores nos solidarizamos con los talleristas y es mejor que estén a que no, pero no hay una direccionalidad de parte de la institución”. Tampoco la escuela cumple su función integradora y reparadora de derechos básicos. En un contexto de encierro, para los acompañantes juveniles, educar resulta paradógico. “Las maestras hacen un gran esfuerzo, la mayoría de la gente que trabaja hace un esfuerzo enorme, pero no funciona por el contexto. Son muy pocos los caso de pibes que han salido y que han continuado la escuela”.
Respuestas
“El 70% de los pibes de Irar pasó por un dispositivo de infancia”, apunta Facundo Peralta y Raúl Yuale. El problema, dicen, está en los barrios. Es allí donde deben enfocarse las políticas de Estado. A su vez, para los pibes, salir del Irar es encontrarse con la nada misma. “¿Qué le ofrecemos cuando ellos salen? No se les ofrece nada. Y la mayoría encuentra algo de contención en el Irar. Esos pibes salen y no tienen posibilidades de nada y es ahí cuando vuelven al Irar, más si tenemos en cuenta que un alto porcentajes de los pibes alojados al día de hoy en Irar son reingresos. No hay un acompañamiento del pibe cuando sale, ni trabajo con las familias.”
Ciarniello, por su parte, coincide en la falta de respuestas una vez fuera de la cárcel. “Cuando estos chicos salen del Irar se encuentran con “la nada”, la misma que tenían antes pero ahora exacerbada por su nefasto paso por la cárcel de menores. La angustia y la depresión aumentada llevan a la mayoría a reincidir tanto en el delito como en el consumo de substancias adictivas, hasta que caen nuevamente presos o bajo las balas policiales o de “venganzas”, como una forma de suicidio que calma esa angustia. Por supuesto, no existe la más mínima respuesta de parte de la sociedad y del Estado”. Las estadísticas remarcan que más del 80 % de los pibes reinciden en el delito. La gran mayoría hoy están prófugos, presos en cárceles mayores y los que no “están muertos y quienes no están en ninguna de esa situaciones, están a la deriva pidiendo ayuda”, apuntan los chicos que trabajan diariamente dentro del Irar.
Cerrar el Irar se vuelve una necesidad urgente, en principio, porque es violatorio de los derechos humanos. Para ello, los militantes aseguran que la única manera posible de hacerlo es construir espacios de organización política: “de apoyo y acompañamiento de los pibes en sus territorios, en los lugares donde viven, promover sus derechos, generar oportunidades que tengan que ver no solo con lo laboral, sino con sus deseos. Proponerles espacios de organización de los jóvenes en los barrios que los alejen de otros espacios de organización que son los que en muchos casos los llevan a morir. Hay que fortalecer los momentos en que los pibes elijen ir a la escuela, sus vínculos, para ganar una lucha que va contra un sistema, con la policia como agente represivo y que son los que están contacto con los pibes y con los narcos.”
Visibilizar la situación de los adolescentes pobres sumidos en el delito, y el maltrato físico y psíquico que padecen una vez que empiezan a transitar el largo derrotero del dispositivo penal, es fundamental. Néstor Ciarniello aclara que la cárcel de menores “solo responde al pedido vengativo de la sociedad contra los más pobres”. La salida, opina quien actualmente desempeña un trabajo territorial en el Centro Comunitario Padre Mujica, en primer lugar es “liberarlos del yugo del derecho penal. A partir de allí insertarlos en sus propios hábitats con un Programa que contemple la posibilidad, para esos chicos y también para todos los que están en el límite de caer en el sistema penal, de la construcción de sus proyectos de vida, como tienen la posibilidad los hijos de todos los que determinan y le aplican el Derecho Penal a los adolescentes pobres”. Además, señala que los programas de salida laboral “deben garantizar un sueldo mensual como el de cualquier obrero sindicalizado. Entonces sí será posible pensar en la inserción educativa y cultural. En eso estamos trabajando nosotros en Ludueña y otros en otros lugares, pero cuesta muchísimo porque no hay interés de parte del Gobierno en invertir el dinero suficiente”. En síntesis, concluye que es fundamental desterrar las medidas coercitivas del derecho penal porque son violatorias de la Convención de los Derechos del Niño.
Batallar en el territorio. Construir herramientas políticas de organización barrial. Defender a los pibes de los sectores populares que serán los únicos que “podrán generar transformaciones sociales que equilibren los niveles de desigualdad existentes”. Denunciar el costado represivo del Estado, en todos su niveles. Militar en los barrios y generar espacios recreativos y culturales, son algunas de las propuestas y alternativas que remarcan los trabajadores del Irar frente a la respuesta facilista de pedir por más penas y cárcel para los menores que delinquen. Desde la militancia territorial, apuestan a combatir la naturalización de esta injusticia. Y finalizan: “Queremos constituirnos en un actor que pueda batallar en el campo de las ideas para garantizar los derechos de los pibes y poder disputar sentido. Porque este es un problema político”.
Nota publicada el 31 de julio de 2012
