Delitos de Lesa Humanidad en San Lorenzo
La defensa de uno de los tres imputados en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la ciudad santafesina de San Lorenzo pidió este viernes en su alegato la “extinción de la acción penal” contra su defendido ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario. Tras dos horas de alegatos, la audiencia fue postergada por el tribunal para el próximo 1º de agosto.
Por Redaccionrosario.com
La defensora oficial Roxana Gambacorta, encargada del patrocinio del civil imputado en el caso Pedro Alberto Rodríguez, señaló durante su alegato que pedirá la “extinción de la acción penal” contra su defendido “por prescripción” de la causa.
La defensora alegó que al momento de los hechos que se le achacan a Rodríguez, ocurridos en marzo de 1976, la Argentina no había incorporado con rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos.
“La aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad afecta el principio de legalidad”, sostuvo Gambacorta en su alegato iniciado este mediodía ante los jueces Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella, que integran el TOF1 de Rosario.
La defensora de Rodríguez planteó la “irretroactividad de la ley penal” y argumentó que “no corresponde considerar delitos de lesa humanidad a estos hechos, porque ninguna norma lo disponía en 1976”.
El abogado Pedro Rodríguez está imputado junto a los militares retirados Osvaldo Cervera y Horacio Maderna por el secuestro, tormentos, amenazas y violencias que sufrió el ex dirigente sindical de San Lorenzo, Manuel Casado, única víctima en el juicio oral.
Cervera y Maderna eran jefe y subjefe respectivamente del Batallón de Arsenales 121 de la localidad de Fray Luis Beltrán al momento del Golpe de Estado de 1976, y luego se convirtieron en interventor de facto y secretario de Gobierno del municipio sanlorencino durante la dictadura.
En tanto, Rodríguez era abogado de la Intendencia de esa ciudad y fue ratificado en el cargo y ascendido durante la intervención.
Está acusado en la causa de complicidad con la represión estatal.
El fiscal del caso, Gonzalo Stara, pidió en su alegato la pena de 20 años de prisión en cárcel común para Cervera y Maderna y 18 para el civil Rodríguez, quien continuó trabajando en la Intendencia tras la recuperación democrática.
En la audiencia de este viernes se inició el alegato de la defensa de Rodríguez, a cargo de Gambacorta, quien comenzó diciendo que “esta defensa no va a discutir el plan sistemático de represión del Estado, ni desconoce las consecuencias no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad en general”.
En esa línea, dijo: “Queremos determinar si lo narrado por Casado fue un delito de lesa humanidad, y si pudo ser demostrado en este juicio”.
A lo largo de dos horas la defensora repasó los testimonios brindados durante el juicio oral que se inició el 22 de marzo pasado y dijo que existen “diferencias” entre las declaraciones de los diversos testigos en relación a la participación de su defendido.
“Existen innumerable cantidad de diferencias ya no solo entre los distintos testigos, sino entre las distintas veces que prestaron testimonial cada uno de ellos”, sostuvo la defensora.
“Creo que son diferencias notables, no nimias como dijo el fiscal”, añadió, y planteó ante el tribunal que “no se ha acreditado con el grado de certeza requerido para esta etapa lo narrado por el señor Casado”.
También cuestionó los testimonios de tres periodistas que declararon en el juicio y una foto aportada por la Fiscalía que muestra a Rodríguez junto a autoridades militares durante un acto oficial en San Lorenzo durante la última dictadura.
