En este caso, una imagen vale más que un montón de palabras. ¿Qué simboliza la destrucción por parte del Estado de una vivienda familiar a punto de ser habitada?. ¿Dónde queda la política del diálogo cuando una topadora avanza sobre un conjunto de casas? “Nosotros no somos usurpadores” responden los vecinos que perdieron todo en Nuevo Alberdi.
Son las 8.30 de la mañana del lunes 2 de diciembre. Un llamado alerta sobre el avance de topadoras en un terreno de la zona rural de Nuevo Alberdi. Daniela y su marido no pueden creer lo que ven cuando llegan hasta la calle Baigorria al 3900. Allí compraron de buena fe un pedacito de tierra para poder construir su casa, la que levantaron durante tres años colocando ladrillos, aberturas, pisos, ventanas y hasta un techo de losa. En pocos días, después de conectar la luz, proyectaban mudarse con sus cuatro hijos.
–¿Cómo se levanta todo esto en apenas dos meses?, se pregunta -ahora- con los ojos llorosos, cuando escucha por televisión y lee en los diarios más importantes de la ciudad, la declaración de un funcionario municipal denunciando un supuesto delito de usurpación.
En solo un par de horas, Daniela pasó de tener su propio techo a quedarse sin nada. Le invade la bronca y la tristeza. Un nudo en la garganta le impide seguir contando lo que sintió ese lunes cuando encontró su casa convertida en una montaña de escombros. Recupera la voz y dice:
–Nos tiraron la ilusión al piso.
***
Entra y sale. Entra y sale. Mariela hace lo que puede para contener el susto de su hijo con discapacidad que escucha martillazos y el ruido de las topadoras demoliendo casas.
–¿Ustedes saben el daño psicológico que le hacen a la gente? le pregunta Mariela al personal municipal presente en el lugar. Tres días después, contará lo que vivió:
–Mientras estaban las topadoras, yo entraba y salía porque tengo a mi hijo con discapacidad. Y estos hombres nos decían que teníamos una semana para irnos y mi hijo, dentro de mi casa, estaba solo, desesperado porque escuchaba ruidos y no sabía qué pasaba.
La casa de Mariela todavía permanece en pie solo porque ese día tuvo a la suerte de su lado: estaba presente cuando le golpearon la puerta para verificar si allí había gente viviendo. Estar o no estar en ese momento, y la solidaridad de vecinos que en algunos casos lograron frenar las topadoras, fue clave para evitar que destruyeran aún más de las nueve viviendas que tiraron abajo.
Marcela, otra de las vecinas del barrio, describe: “Yo tenía la nena durmiendo adentro y si no fuese por dos vecinas me tiraban la casa porque golpeaban y no salía nadie”. Algo similar le pasó a Noemí. Ella no estaba pero sus perros sí. “Por suerte salieron a ladrarles, si no me destruyen la casa con mis animales adentro”, dice.
Dante vive en el barrio desde hace más de un año. En su casa guardaba las aberturas de su vecino que tenía planificado mudarse el fin de semana. Pero no hubo forma de parar las máquinas y la vivienda quedó completamente destruida. “Vinieron de prepo, como patoteros”, cuenta, mientras apunta hacia el frente de su casa donde está el cerco del barrio privado Palos Verdes que ocupa una superficie de ochenta y siete hectáreas.
La calle Baigorria, que a esa altura es solo tierra y tres tejidos de alambre escondidos detrás de un matorral de yuyos es lo que separa las viviendas del country de los terrenos de esta zona rural de Nuevo Alberdi. “La avenida que quieren hacer es solamente un contexto, esto va más allá. Desde el primer cerco del country hasta acá hay 17 metros, pero quieren utilizar 10 metros más para un espacio verde y fortalecer la parte recreativa del barrio privado. Entonces parece que para el intendente de Rosario es más importante hacer un espacio verde que dejar sin casa a un montón de gente laburadora. Acá no hay usurpadores ni es un asentamiento. Acá todas las casas son de material. Hay familias que tienen su certificado de vivienda porque fueron censados por el Registro Nacional de Barrios Populares, y muchas hasta lograron ampliar su casa con el programa Mi Pieza”, explica Dante. Y se pregunta:
–¿Por qué no sacan uno de los tejidos que tiene el barrio privado para hacer la calle? Si hay todo yuyal… pero lo que nos dicen es que es más barato desalojarnos a nosotros que tocar ese tejido. O sea, nosotros somos menos que toda esa mugre.
***
Son las cuatro de la tarde de un jueves silencioso. En la zona rural de Nuevo Alberdi apenas se siente el silbido de los pájaros y todo pareciera estar bastante calmo salvo por un detalle abrumador: hay nueve viviendas destrozadas.
Bajo el sol que obliga a buscar reparo en la sombra, algunos vecinos, entre ellos Daniela, Dante, Mariela, Noemí y Marcela, esperan el móvil de Crónica TV que prometió acercarse para recoger testimonios. Pero el móvil nunca llegará. Alrededor, están los escombros de lo que dejó el accionar violento del estado municipal. Casas hechas pedazos y otras todavía en pie, con una marca roja en su fachada.
En la gran mayoría de los medios locales pareciera que la orden fue la de no ir hasta el lugar de los hechos, una premisa básica del oficio periodístico. Es que esa misma mañana, corridos por la desesperación, los vecinos llamaron a los canales y cortaron la calle García del Cosio por donde se ubica el ingreso a Palos Verdes. La policía avanzó para desalojar la protesta con gases y tirando postas de goma. El único registro de lo sucedido son los videos caseros de quienes estaban en el lugar, los vecinos afectados. No había cámaras de televisión, ni móviles radiales ni reporteros gráficos. En realidad, sí: un medio de la ciudad se acercó a cubrir lo que estaba pasando pero horas después, la nota fue eliminada de su sitio web.
Desde el Municipio no tardaron en justificar el accionar de la policía y la demolición de las viviendas. La voz oficial ocupó la portada principal del Diario La Capital: “Nuevo Alberdi: unos «vivos» usurparon terrenos y estaban paralizando una obra importante” fue el título del artículo con la declaración del secretario de gobierno municipal: “La obra tiene que avanzar. No desconocemos situaciones habitacionales, pero algunos vivos organizados, sabiendo que el Estado tiene un interés en desarrollar esa obra de infraestructura, intentan usurpar terrenos para forzar una negociación y llevarse algo a su favor en el plano económico como en lo político” declaró el funcionario.
A más de una semana de la demolición, en las familias hay impotencia e incertidumbre. Una decena ya perdió lo mucho o poco que tenía edificado. Otras veinte conviven con esa marca roja que no es más que una señal de alarma. Lo que pesa es la angustia de no saber qué va a pasar, adónde irán a vivir. Sus casas se ubican dentro de los metros que la Municipalidad detenta para avanzar con la extensión de la calle. Más allá, son muchas las familias que habitan, en algunos casos, desde hace más de diez años y con certificado de vivienda familiar. Pero además, todas las casas fueron construidas sobre tierras incluidas en uno de los polígonos del Registro Nacional de Barrios Populares. Por ley se encuentran amparadas frente a posibles intentos de desalojo o demolición sin previo aviso, qué fue lo que ejecutó la Municipalidad el lunes 2 de diciembre.
-Nosotros no somos usurpadores-, afirman los y las vecinas que se muestran unidos. Es que la comunidad, la solidaridad, los lazos sociales van mucho más allá del tiempo de permanencia en el lugar.
El entramado comunitario en Nuevo Alberdi está sólido y eso se nota:
-Lo único que necesitamos es ver a nuestros vecinos cumplir su sueño de tener su casa propia. Porque eso es lo que queremos todos. ¿Sabés cuántas veces soñamos con que nos hagan la calle? Y hoy sinceramente prefiero seguir pisando barro pero que mis vecinos tengan su casa porque te parte el alma ver el desastre que hicieron” dice Noemí, la señora cuyos perros le salvaron la casa.
***
“Lo que podría haber sido una buena noticia para el barrio que es la apertura de una calle, es decir el pavimento de una calle fundamental como es Baigorria que al igual que Bouchard y Grandoli son calles que conectan la zona urbana con la zona rural, son columnas vertebrales de Nuevo Alberdi, terminó siendo un dolor de cabeza para los vecinos” explica Antonio Salinas, militante de Ciudad Futura y ex jefe de la Oficina de Defensa del Consumidor.
“No solo es el drama de las familias afectadas con la demolición de sus casas, si no que también en esa misma maniobra se iban amenazando a los vecinos que tenían hasta 30 metros de la calle hacia dentro, diciéndoles que tenían cinco días para pactar con el municipio la salida de su casa. Estamos hablando de familias que de acuerdo a los testimonios que fuimos recabando datan de 4 años la compra del terreno, hay un muchacho que durante 4 años levantó su casa con su esfuerzo y cuando llegó el lunes estaba derrumbada. Hay familias que viven ahí e incluso tienen certificado de vivienda porque esa zona está dentro del Re.Na.Bap” agrega en diálogo con enREDando.
La ley nacional de Integración Socio Urbana se sancionó en el año 2018 y constituyó un hito fundamental en la lucha de los movimientos sociales para lograr el reconocimiento del derecho de posesión y el freno de los desalojos por el término de 4 años, con una prórroga que fue aprobada en el año 2022 por un lapso de 10 años más. Lo había sido previamente el Registro Nacional de Barrios Populares que posibilitó censar a más de 6500 barrios en todo el país.
“Esta gente está amparada y protegida por ley y además la ley lo que hace es reconocer la posesión de las familias, pacífica e ininterrumpida y con ánimo de dueño que otorga derechos según el Código Civil argentino y lo que hizo la Municipalidad fue romper con varias leyes que existen en materia jurídica. Y lo que nosotros decimos es que en el supuesto caso de que esas familias estuvieran justo en la traza donde tiene que pasar esa calle, existen procedimientos jurídicos administrativos. El municipio tiene que notificar a la familia, tasar la vivienda, encontrar una solución habitacional para esa familia, para que la obra pueda avanzar. Acá básicamente fueron y tumbaron” explica Salinas.
Al delito de usurpación que les adjudica el gobierno, responde: “El delito de usurpación por lo general se descubre en flagrancia. Una familia que desde hace dos años viene construyendo su casa es muy difícil que sea usurpadora, porque no hubo una ocupación violenta, lo que hubo es una compra de buena fe de ese terreno, después habrá que ver quien vendió esa tierra, pero esos vecinos compraron de bueno fe y eso no constituye delito penal de usurpación. Decir eso es intencionado para demonizar a esas familias. Además estar en un polígono Re.Na.Bap le dota de más derechos para habitar ese terreno, pero si así no fuese, alguien que compra de buena fe no está constituyendo delito penal de usurpación. Eso lo dice el Estado argentino. En el sitio web de argentina.gov se lee claramente que comprar de buena fe no constituye delito de usurpación. El efecto que quieren generar es decirle a la gente que se enoje con esa persona que es un laburante, que construyó su casa y que un día llegó y se encontró con su vivienda tirada abajo”.
Era el año 2020 cuando funcionarios del Estado nacional, provincial y municipal junto a vecinos de Nuevo Alberdi y la fuerza política que construyó históricamente su militancia en esta zona de la ciudad, primero como Movimiento Giros y hoy como Ciudad Futura, firmaban por videollamada el convenio que incluía a Nuevo Alberdi entre los 13 primeros barrios seleccionados para iniciar la obras de integración sociourbana.
El 8 de enero de 2021 se promulga en el Concejo Municipal de Rosario la ordenanza Nº 10144/2020, denominada Plan de Ordenamiento Urbano Ambiental Canales Ibarlucea y Salvat. En su artículo 2 establece la finalidad de ´ofrecer una respuesta integral a las problemáticas y demandas habitacionales, ambientales y socioeconómicas que actualmente presenta el sector´. Por eso, se propone ´orientar el desarrollo urbano a partir del reconocimiento del borde periurbano, la vulnerabilidad hídrica y las limitaciones infraestructurales de servicios existentes, promoviendo su progresiva urbanización ´“Esto es la resolución pacífica y política de un conflicto de muchos años, con el consenso entre actores muy diversos y anteponiendo el beneficio público” declaraba a los medios -que en ese momento cubrieron con detalles el avance en el barrio- el actual concejal Juan Monteverde.
El plan de ordenamiento de dicha ordenanza prevé 4 sectores con distintos usos: una zona de integración socio urbana, una de desarrollo más densificado y dos zonas de protección ambiental: una con usos productivos para localizar la producción del barrio y otra con posibilidades de vivienda de baja densidad y áreas deportivas.
En octubre de ese mismo año se presentaba el masterplan del proyecto de urbanización más complejo y ambicioso de todo Rosario, y el más grande a nivel nacional. Los sobres de las licitaciones para hacer las plazas se abrieron en el propio barrio. Lo que generalmente se hace en la Municipalidad, se hizo sobre un tablón y dos caballetes. El plan para urbanizar Nuevo Alberdi, luego de más de una década de conflictos y resistencias, de avances y retrocesos, iniciaba su marcha. Una política inédita de planificación de uso del suelo, de organización territorial, participación comunitaria e integración social.
¿Qué pasó después? Desde Ciudad Futura lo que denuncian es un “gran desgobierno” en toda la zona. “El proceso de urbanización fue un laburo muy importante que hicimos desde la Asamblea de urbanización de Nuevo Alberdi incluso con funcionarios de la Municipalidad e incluso con el sector privado que tiene terrenos en la zona. Pudimos armar una mesa de concertación para definir avances en el territorio. En esa mesa surgen las ordenanzas que vinieron, de alguna manera, a cerrar un conflicto histórico que había en la ciudad sobre qué pasaba con las últimas tierras vacantes que quedan en Rosario para crecer residencialmente. Pero además le dieron a las familias que vivían en el barrio la seguridad jurídica de poder quedarse y mejorar su barrio. Algunos avances se lograron” dice Salinas.
Entre esos avances se encuentra la obra que finalizó en el 2022 y que permitió dotar de agua potable a 1200 familias del área urbana de Nuevo Alberdi, después de cincuenta años de reclamos. Quedó pendiente la extensión de los caños hasta la zona rural, entre otras obras ya licitadas.
Pero la llegada al gobierno nacional de Javier Milei marcó un punto de inflexión para los proyectos de integración socio urbana que fueron completamente paralizados en todos los barrios populares del país. Además, Salinas señala un quiebre a nivel local durante la campaña electoral del año 2023: “La Municipalidad interrumpió ese proceso de diálogo y empezó a dejar de consultar con los vecinos, e incluso con el sector privado, y la situación empezó a ser muy anárquica. Empezó a desgobernar el área”.
Como sucede en otros barrios populares de la ciudad, hay obras claves que quedaron en suspenso. “Hay proyectos para construir dos plazas y un parque que ya habían sido aprobados por el fideicomiso de la integración socio urbana, licitados por la Municipalidad de Rosario y adjudicado en un caso a una cooperativa y en otro a empresas constructoras, pero el gobierno de Milei interrumpió ese proceso” remarca el militante y agrega: “Lo que le pedimos en ese momento a la provincia y al municipio es que reclamen estas obras que eran para nuestra ciudad. Pero no hicieron nada y al día de hoy siguen frenadas”.
Desde el barrio aseguran que seguirán insistiendo y avanzando en la concreción de estas obras aunque ya no cuenten con los fondos de la ex Secretaría de Integración Socio Urbana. En Nuevo Alberdi, con un extenso historial de reclamos, movilizaciones, disputas de políticas públicas y gestión popular del hábitat, saben que hay un faro hacia dónde ir: la construcción del “territorio deseado”. La asamblea de la urbanización se sigue reuniendo todos los meses para seguir planificando acciones y generando nuevas iniciativas que probablemente no cuenten con el financiamiento del gobierno nacional pero buscaremos otras fuentes de financiamiento para poder seguir avanzando” dice Toni Salinas.
A raíz de estos hechos, el bloque de concejales de Ciudad Futura presentó un proyecto para conformar una Unidad Ejecutora «que pueda, de forma institucional, retomar la coordinación y el trabajo conjunto que siempre fue lo que caracterizó al proceso de urbanización de Nuevo Alberdi. Estamos convencidos que en esta Argentina violenta y cruel apostar a desescalar los conflictos para resolverlos de manera pacífica es central para proteger a nuestra gente» argumentó Caren Tepp.
***
Más allá de Nuevo Alberdi, Rosario atraviesa desde hace décadas un proceso de reconversión urbana que tiene como epicentro la ribera del Paraná. Pero, ¿cómo se ejerce el derecho a la ciudad en una ciudad como Rosario?. ¿Quiénes lo ejercen? ¿Qué se entiende por progreso y crecimiento en una ciudad con enormes niveles de desigualdad estructural?. Paula Vera, Dra en Ciencias Sociales y Humanas e investigadora del Conicet, describe ciertos procesos urbanos que han operado sobre un modelo de ciudad que tiende a ser cada vez más segmentado y desigual. “Podríamos pensar el derecho a la ciudad como una aspiración colectiva, una ciudad que buscaría ser habitada, habitable, justa, equitativa, pero es una utopía porque hay sectores de poder que imprimen determinado rumbo en estas formas de construir y de moldear la ciudad. En Rosario se ha ido agudizando este problema con la falta de participación real de la ciudadanía en el debate público, contar con información para poder tomar decisiones tanto en el plano colectivo como en el barrial. Hay muy poco acceso a la información pública y eso va en detrimento del derecho a la ciudad. Hay muchos elementos donde hay bastante oscuridad y son elementos que van componiendo una ciudad cada vez más desigual, cada vez más excluyente, cada vez más segregada. A su vez, existen otros -señala- «que nos acercan a este derecho a la ciudad pero desde mi punto de vista son políticas necesarias pero menores, que no van a la cuestión estructural: ejemplo, el tendido de las bicisendas, la calle recreativa o abonar a cierta calidad en espacios públicos con cierto equipamiento urbano».
Y amplía: “El centro y macrocentro está proyectado para encarnar cierto imaginario de progreso que es muy constitutivo de nuestra identidad que tiene que ver con ese mito de origen, de que Rosario se hace a sí misma, que es hija de su propio esfuerzo, es decir, todas narrativas que fueron alimentando un imaginario de progreso que se materializa en este modelo de ciudad con fuertes rasgos neoliberales que tienen que ver justamente con la privatización de los espacios, con la expulsión de las poblaciones que se consideran no deseadas, y muchas veces vemos acompañados estos avances de esta ciudad, ligados a esta idea de progreso. Pero en realidad la pregunta de fondo es ¿qué se considera como progreso? ¿Es un progreso para todos? ¿Al servicio de quién está ese progreso? Y así vemos la construcción de grandes torres que no resuelven el problema habitacional, sino que resuelven un problema de reinserción del capital básicamente” explica Vera.
Hay dos casos paradigmáticos en Rosario que tal vez configuren la marca de un modelo de ciudad cada vez más fragmentado: Refinería y barrio la Sexta, ambas zonas estratégicas y con una vista al río ampliamente codiciada. “En Puerto Norte hay una situación compleja, porque por un lado está el impacto social que tiene sobre Refinería que es un barrio tradicional, de origen obrero, pero también está la villa de Refinería que por ahora está resistiendo y habitando un espacio que claramente tiene un contraste abrumador, pero no hay propuesta de mejorar las condiciones de habitabilidad de esos vecinos”.
Al mismo tiempo Vera menciona algunas situaciones y procesos que ha sufrido el barrio como ha sido el recambio generacional de las familias, el asedio constante a vecinos para que vendan sus casas y una pérdida progresiva del sentido de pertenencia de un territorio que inevitablemente se fue reconfigurando al ritmo del crecimiento exponencial de torres de alta gama. En el caso de la Sexta, hay familias históricas habitando el barrio que son “consideradas por este modelo urbano como no merecedoras de vivir en esas tierras, ahí también se ha llevado adelante un proyecto que está en proceso y es un territorio sobre el cual la dictadura ya había avanzado fuertemente. Lo central es ver cómo el Estado interviene en estos procesos, buscando más la confrontación entre vecinos que abonando a construir comunidad o buscar soluciones más colectivas y que redunden en una mejor calidad de vida cotidiana. Porque se agudiza la ruptura de lazos sociales y eso es algo invisible pero que cala muy hondo en la vida cotidiana”.
¿Qué pasa en las periferias ?. Nuevo Alberdi es un caso emblemático porque es allí donde además de un fuerte proceso de organización social y comunitaria que se fue construyendo de la mano de lo que fue el Movimiento Giros, se encuentran las últimas tierras urbanizables que hay en Rosario. “Es el caso de resistencia urbana más importante en la ciudad”, define Vera. Después, y al igual que otras zonas olvidadas por las políticas de Estado, el proceso es más o menos similar: “En los procesos de expansión urbana se van poniendo en valor tierras abandonadas, y esta expansión de Rosario hacia el área metropolitana hace que tierras que antes no tenían un valor comercial, ahora sean asediadas por el mercado inmobiliario urbano. Esas poblaciones que fueron asentándose cuando no les interesaban a nadie y que están en una situación de suma irregularidad porque no se permite que esas poblaciones puedan entrar en la legalidad porque es un sistema perverso en ese sentido, la estrategia es la misma, sacarlos de ese lugar y que se acomoden en otro”.
Los proyectos de integración socio urbana son claves para avanzar en la consolidación de territorios más dignos y más justos. Pero hace falta decisión política para concretar obras que mejoren sustancialmente la calidad de vida de las comunidades con plena participación en la toma de decisiones. Cuando, por el contrario, prima un clima de época que habilita una política de la deshumanización, lo que se agudiza es la injusticia territorial.
En ese sentido, Paula Vera reflexiona: “En este contexto, está legitimado el avance violento sobre cualquiera que no tenga la posibilidad de comprar lo que haya que comprar. Eso va justamente a terminar de romper lo que nos queda de esa trama social solidaria y eso hay que reforzar. Es muy difícil en este contexto actuar de manera separada. Creo que hay que fortalecer ese tejido social no solo para resistir, sino para defender la vida en un sentido cada vez más básico”.
