Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la justicia argentina es un trabajo colaborativo de la Red Federal de Periodismo Judicial que pone la lupa sobre el tratamiento de la justicia a las mujeres criminalizadas por este fenómeno. Un punto que sale a la luz en la investigación es que el encarcelamiento no aparece como la solución al problema. Historias y datos sobre vulnerabilidades, pobreza, desigualdad, violencias y desprotección socioeconómica dan cuenta de la necesidad de problematizar los casos con una mirada no punitivista.
Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la justicia argentina es un trabajo colaborativo de la Red Federal de Periodismo Judicial que pone la lupa sobre el tratamiento de la justicia a las mujeres criminalizadas por este fenómeno. En ese camino, la investigación visibiliza la realidad y circunstancias de vida que atraviesan. El informe muestra que en la mayoría de los casos, ellas aparecen con roles y funciones «irrelevantes» y hasta «reemplazables» dentro de las estructuras delictivas. Las cifras que buscaban mostrar con datos oficiales en relación a condenas a mujeres por microtráfico no están disponibles en gran parte de las jurisdicciones consultadas; pero un punto que sale a la luz en la investigación es que el encarcelamiento no aparece como la solución al problema. Historias y datos sobre vulnerabilidades, pobreza, desigualdad, violencias y desprotección socioeconómica dan cuenta de la necesidad de problematizar los casos con una mirada no punitivista.
Entre los objetivos, la investigación de la Red -la tercera del equipo que se formó en 2023 a partir de una capacitación del Foro de Periodismo Argentino y la Organización Civil por la Igualdad y la Justicia, en Rosario- se propuso indagar «¿cómo el sistema judicial argentino trata a las mujeres vinculadas con casos de microtráfico de drogas? ¿Cuál es el lugar que ocupan en las estructuras de comercialización de estupefacientes y qué grado de libertad existe en la elección de esos roles? ¿Cuál es el impacto de las sanciones penales en las relaciones de familia de las mujeres criminalizadas, sobre todo en las niñas y niños?». También se plantearon «visibilizar los modos en que el sistema penal reproduce estereotipos acerca de las mujeres involucradas en el microtráfico de drogas y estudiar el tipo de información disponible en las agencias del sistema penal, y su relevancia para el diseño de políticas públicas y reformas legislativas».
La búsqueda de datos fue entre abril y junio de 2024. Pero el proceso comenzó al menos un año antes, cuando una de las integrantes de la Red, Silvia Noviasky, advirtió en una investigación individual que Salta había quintuplicado las condenas de mujeres por microtráfico de drogas entre 2018 y 2022, luego de la desfederalización de este delito. «Se habían multiplicado de manera llamativa. Esta primera aproximación nos pareció relevante e interesante para escalar esta búsqueda en todo el país», señala Irene Benito*, líder de esta investigación.
En esa línea, el informe suma que Nahuel Toledo, otro miembro de la Red, había analizado el impacto de provincialización de las infracciones de menor cuantía a la Ley de Estupefacientes: esa pesquisa «plantea que el traspaso al sistema provincial no había mejorado la capacidad de identificar y juzgar a los grandes traficantes», indica el informe. «11 de las 24 provincias ya asumió esta potestad con múltiples argumentos, pero el más poderoso, según pudimos constatar, es que de lo contrario estas infracciones menores quedaban impunes, porque la justicia federal no tenía condiciones para juzgar todos estos delitos, que son de bajo impacto en términos de la escala, pero son un gran volumen de casos», señala Benito.
Para el trabajo, la Red recibió respaldo del Fondo de Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas, Fundación Gabo y Open Society Foundation. Como «desafío mayor» el proyecto se planteó «la propuesta de sintonizar con una nueva narrativa que ponga en pausa prejuicios y lugares comunes relacionados con el discurso predominante sobre la llamada ‘lucha contra las drogas’, contienda que tiene una ganadora clara: la violencia», señala la presentación del trabajo. Y agrega: «Desde ya que se trata de un reto difícil por el nivel de instalación de la visión punitivista, y por todo lo que desde la política y el Estado se carga sobre las personas que venden, trasladan o distribuyen dosis».
Además de la presentación de un centenar de pedidos de información pública a los órganos del sistema (sólo recibió una respuesta adecuada y a tiempo una pequeña cantidad), el trabajo incluye crónicas, entrevistas, y se buscó reconstruir estadísticas por medio de fuentes no oficiales, que son actores de la justicia que están en contacto con el fenómeno del microtráfico. La información que se logró recopilar indica que las mujeres implicadas en estas causas «son tratadas de forma automática y superficial, y casi sin problematización. (…) No es lo mismo tramitar una causa que elaborar una respuesta justa como tampoco es o debería ser lo mismo juzgar y condenar a personas con nulas oportunidades que escalar en la cadena de responsabilidades», dice el informe.
En este sentido, Benito relata: «Empezamos a buscar condenas a mujeres por microtráfico. La hipótesis inicial fue que íbamos a tener datos si los buscábamos para entender cómo había impactado en las mujeres la provincialización de la competencia para juzgar infracciones menores a la ley de estupefacientes o microtráfico. Para nuestra sorpresa, existe una enorme falta de disponibilidad de las cifras. La búsqueda comprende los últimos cinco años y excepcionalmente encontramos que hay datos. Solo está disponible la información para un número sumamente escueto de jurisdicciones, por eso el informe se llama ‘punto ciego'».
Para poner en contexto, la investigación señala que el movimiento de “desfederalización” (o “provincialización”) del microtráfico de drogas empezó en 2005 -la provincia de Buenos Aires fue la primera- y prosigue hasta el presente con Santa Fe como la última que optó por hacerse cargo de este tipo de conflictos penales.
En la búsqueda de datos sobre condenas, se encontraron con que las cifras que están disponibles «normalmente se miden por personas privadas de la libertad, prisiones preventivas dictadas o por causas ingresadas». Es decir, «no hacen foco en el final del proceso, en qué termina. Sabemos que es voluminosa la conflictividad penal con este tema de microtráfico, pero ¿qué significa en condenas? Y en ese caso, ¿cuántas de las personas condenadas son mujeres?», querían saber.
Lo que también puso en evidencia la investigación es cierta falta de sensibilidad, que «se trabaja robótica y mecánicamente», dice Benito. En ese sentido, sostiene que en algunas causas «el sistema no problematiza los fenómenos que trata. Eso impide solicitar políticas públicas o advertir a la sociedad que ciertos caminos no van a resolver el problema. Se cree que la solución carcelaria va a ser un punto final para el microtráfico de drogas y la evidencia está diciendo todo lo contrario. En nuestro trabajo se muestra que los roles y funciones de las mujeres criminalizadas por microtráfico son tan irrelevantes que encarcelar a una mujer no va a terminar con ese problema. Suelen trasladar muy pocas dosis, están supeditadas a una organización que las excede, no toman decisiones. Que una de esas personas sea privada de la libertad no significa nada para el sistema que las llevó a delinquir, y rápidamente las pueden reemplazar».
El sistema no problematiza los fenómenos que trata. Eso impide solicitar políticas públicas o advertir a la sociedad que ciertos caminos no van a resolver el problema. Se cree que la solución carcelaria va a ser un punto final para el microtráfico de drogas y la evidencia está diciendo todo lo contrario.
Como excepciones, diferencia que «en algunas jurisdicciones empiezan a darse cuenta de que estas mujeres criminalizadas en circunstancias de enorme vulnerabilidad no pueden ser juzgadas ni sancionadas como si fueran personas poderosas. La investigación incluye cuatro crónicas sobre tímidos brotes de toma de conciencia en relación a los roles y funciones que tienen estas mujeres, además de las circunstancias que las llevan al microtráfico».
Incluso, el informe da cuenta de que muchas de estas mujeres criminalizadas son madres en un «estado alarmante de desprotección socioeconómica». Una de las crónicas mencionadas habla de Maribel, «una mujer que entra en el tema porque tenía que operar a su hija y no tenía cómo hacerlo, a su vez padecía violencia de género en su hogar, entonces es un combo de situaciones extremas y difíciles», cuenta Benito sobre la crónica Probada necesidad.
el informe da cuenta de que muchas de estas mujeres criminalizadas son madres en un «estado alarmante de desprotección socioeconómica».
En esa línea, sostiene que «lo primero es tener datos, pero lo que pudimos obtener nos brinda un panorama de mucha fragilidad y gran vulnerabilidad. Las soluciones para ese panorama parecen poco efectivas. Ése sería el balance final. No se puede comparar lo que significa privar de la libertad a un traficante a gran escala con casos como los de algunas mujeres, porque es completamente reemplazable. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Se las va a llevar presas a las mujeres que caigan en este negocio o se va a buscar la forma de entender por qué caen y cuáles son las maneras de prevenirlo y ayudar a que tengan otras oportunidades?».
En relación a los hijos e hijas de mujeres criminalizadas por microtráfico, uno de los «hallazgos» del trabajo es que desde finales del año pasado está vigente un protocolo para los niños de hasta cuatro años que están en el sistema carcelario federal (con sus madres), para proteger sus derechos. Se trata de una regulación sobre «las condiciones que los establecimientos carcelarios deben reunir para ajustarse a los tratados de derechos humanos vigentes en la Argentina», dice el informe. Y agrega: «Se desconocen el nivel de aplicación de este reglamento, y el cambio que supone para las mujeres privadas de la libertad por microtráfico de drogas, y sus hijos e hijas».
En el marco de esa necesidad de problematización de los casos judicializados aparece el rol de las defensorías. El informe suma un aporte relevante con la entrevista a la defensora pública federal de Rosario, Roxana Gambacorta, realizada por la periodista Evelyn Arach, que salió publicada días atrás en Las12. «Ella habla de una realidad cruel y despiadada, donde tiene que enfrentar este discurso punitivista, que no soluciona los problemas», sostiene Benito. Y reflexiona: «Si este tipo de investigaciones sirve para entender dónde estamos parados y qué hay que hacer para mejorar, lo que tenemos que decir es que lo que se está haciendo no estaría funcionando y la prueba de eso es que si estuviera funcionando, tendríamos datos».
Para Irene Benito, «en un contexto de tanta opacidad y oscuridad este discurso simplista de avanzar sobre todas las personas que vendan drogas se estrella contra una realidad que muestra que su efectividad es muy baja. Lo que se consigue, se hace a partir de una gran inversión de recursos y el problema no se termina, porque está contextualizado por otras razones donde la sanción penal no vendría a ser lo que lo detenga».
En relación a lo que sucede en las diferentes jurisdicciones sobre las mujeres que aparecen como el eslabón «reemplazable», la investigación «va mostrando matices por provincias (con y sin provincialización del microtráfico), pero la realidad demuestra tener «una tónica general: son muy pocas las provincias donde las mujeres aparecen con un rol más de cabecilla o de líder de bandas (el informe indica que en algunas jurisdicciones ganan protagonismo en el negocio por la caída de sus parejas o maridos). Los roles, funciones y caracterizaciones se parecen mucho de una provincia a la otra», sostiene.
A modo análisis sobre la investigación, señala como «interesante» que «este equipo haya hecho el trabajo enviando más de cien pedidos de información pública en las jurisdicciones que tienen y las que no tienen provincialización de las causas de microtráfico. El haberlo hecho puede dejar la esperanza de que los sistemas puedan tomar nota e inquietarse». En ese sentido, afirma: «El periodismo tiene que incomodar con profesionalismo, ética, y hacer estas indagaciones puede servir. Son datos esenciales para transformar la realidad».
En relación a las situaciones de mujeres condenadas por microtráfico de drogas, datos que se pudieron obtener indican que en Santa Fe, si bien no hay cifras, se describe que se trata de jóvenes de «entre 20 y 30 años, y, por lo general, no completaron el secundario. Presentan un nivel socioeconómico bajo y medio-bajo. Es común que no estén casadas, pero que sí tengan una pareja más o menos estable. La mayoría son madres que reciben condenas de prisión con la modalidad domiciliaria. En muchos casos se ven indicios y signos de violencia, pero estas mujeres no suelen manifestar lo que viven y permanecen en un estado de sumisión ante los hombres. Disponen de recursos escasos de salud».
Además, sobre los roles predominantes, agrega que «ocupan posiciones fungibles en la atención de ‘búnkeres’. En general, actúan como cabecillas cuando sus parejas no pueden continuar liderando las bandas, por ejemplo, porque están en prisión. En esos casos, las mujeres son el nexo entre el territorio y la cárcel: son la voz que transmite las órdenes recibidas. Este rol puede crecer en importancia. A menudo se ve que siguen vinculadas al microtráfico de drogas mientras cumplen una prisión domiciliaria».
La investigación «va mostrando matices por provincias (con y sin provincialización del microtráfico), pero la realidad demuestra tener «una tónica general: son muy pocas las provincias donde las mujeres aparecen con un rol más de cabecilla o de líder de bandas (el informe indica que en algunas jurisdicciones ganan protagonismo en el negocio por la caída de sus parejas o maridos). Los roles, funciones y caracterizaciones se parecen mucho de una provincia a la otra»
***
El informe da cuenta de diferentes conclusiones. Por mencionar algunas, se indica que «los poderes judiciales de la Argentina carecen, en términos generales, de una comprensión clara de su situación actual y de sus objetivos futuros en relación al tratamiento» de este tipo de causas. En ese sentido, señala como «un hecho excepcional la existencia y disponibilidad de información sobre el procesamiento de esta clase de delitos, considerados críticos para la sociedad y el Estado. Es sorprendente la orfandad de datos sobre condenas por microtráfico de drogas». Para la Red, «esta carencia plantea una barrera invencible para discernir cómo los poderes judiciales miran a las mujeres que condenan: pareciera que aquellas no entran en el campo visual de los tribunales».
En otro punto de las conclusiones, el informe sostiene que «los trazos de la pobreza y de la desigualdad aparecen con elocuencia». Además, que «la violencia de género es otro fenómeno», ya que «las mujeres criminalizadas son con frecuencia víctimas de amenazas, intimidaciones y ataques que las colocan en una situación desesperante». En tanto, «al no haber datos que crucen ambos indicadores, es imposible saber a ciencia cierta en qué medida la violencia incide sobre la decisión de vender o transportar drogas. (…) El estado de necesidad y la falta de oportunidades explicarían la conducta de un número relevante de estas mujeres. La respuesta del Poder Judicial sigue siendo la privación de la libertad, medida que, lejos de implicar una resocialización, agrava la marginalidad».
También indican que «al dedicar esfuerzos al microtráfico de drogas sin medir los resultados de sus acciones, el sistema judicial se enfoca en personas que son muy vulnerables, según la caracterización de roles y funciones. Esta condición hace que la persecución y el encarcelamiento de mujeres causen un impacto mínimo en los mercados de drogas, porque quienes los dirigen permanecen indemnes». Además, consideran que se desprende de la investigación «la urgencia de estudiar los aspectos normativos y de práctica judicial que podrían estar alentando la incorporación de mujeres a las tareas más expuestas del microtráfico».
La publicación sostiene que «los tribunales argentinos avanzan en términos generales sin datos ni rumbo contra un sector sumergido en la pobreza, la desigualdad y la violencia. Ojalá esta investigación sirva para contribuir a generar una perspectiva distinta, que al menos se percate de la importancia de mirar ‘a los ojos’ las verdades que lastiman».
***
*Periodista de investigación tucumana, y líder de proyectos innovadores en medios y organizaciones de la sociedad civil. Es abogada (UNT) y máster en Periodismo (Diario El País-Universidad Autónoma de Madrid).
