A principios de marzo, cuatro trabajadores rosarinos fueron asesinados en cinco días. En las escenas del crimen, los victimarios dejaron amenazas contra el gobierno provincial, prometiendo más sangre si se seguía endureciendo la política penitenciaria. Previo a eso, las cuentas oficiales del Ministerio de Seguridad provincial difundían imágenes de requisas, con una estética similar a la aplicada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La experiencia marca que una vez que se escala en las modalidades de violencia, luego no se baja. ¿Se corrió un nuevo límite en la ciudad? ¿Qué factores explican la situación de Rosario? ¿Narcotráfico organizado o bandas pequeñas que se disputan un mercado local? ¿Qué rol ocupa el puerto de Rosario?
Fotos: Fernando Der Meguerditchian
El sábado 9 de marzo, Bruno Busanich, un playero de 25 años, fue asesinado a sangre fría en la estación de servicios de Mendoza y Rojas. Estaba cumpliendo su servicio de horario nocturno, cuando un joven ingresó a la cabina y le disparó sin mediar palabras. Dos disparos impactaron en el pecho, uno en la cabeza. Bruno estaba en pareja y tenía familia. Por el crimen, las estaciones de servicio de la ciudad decidieron cerrar entre las 22 y las 6 de la mañana por tiempo indeterminado. Finalmente, terminaron siendo solo unos días.
El hecho fue capturado por las cámaras de seguridad del lugar y las imágenes reprodujeron de corrido en los principales noticieros del país. Una y otra vez. Un tío de la víctima debió irrumpir en el móvil de un medio de Buenos Aires para pedir en vivo que dejen de repetir el video. Lo hizo de manera cordial, agradeciendo el interés en el caso. Les explicó que la familia estaba destrozada, pasando un momento horrible. Recién ahí, los conductores se comprometieron a quitar las imágenes del prime time.
Junto al cuerpo de Bruno, el victimario dejó una nota escalofriante dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni: “Vamos a matar más inocentes”. En la palabra “más” está la clave: no era el primero.
La saga de crímenes, que se recordará en la historia negra de la ciudad, comenzó cuatro días antes, el martes de 5 de marzo, en el barrio Las Delicias. Hacia allí se dirigía el taxista Héctor Raúl Figueroa, cerca de las once de la noche, por pedido de un pasajero. Cuando detuvo su Fiat Cronos en la esquina de Flammarión y Lamadrid, un sicario se paró en la puerta del conductor y comenzó a disparar. El trabajador recibió nueve balazos y murió en el instante. Algunos vecinos declararon haber visto al pasajero huir junto con el asesino. Héctor tenía 43 años, dos hijos y planeaba casarse ese mismo viernes.
Al día siguiente, la modalidad fue la misma. Esta vez la víctima fue Diego Alejandro Celentano, de 32 años; el segundo taxista asesinado en la semana, el cuarto en un mes. Fue atacado cerca del Parque Regional Sur, en la zona de “la mandarina”, también a las once de la noche. Con las primeras pericias, un dato llamó la atención de los investigadores: las vainas encontradas en ambos asesinatos pertenecen a la Policía de Santa Fe. Tampoco pasó desapercibido que el crimen de Alejandro ocurrió a pocos metros del domicilio de Luis Maldonado, jefe de la Policía provincial.
Los asesinatos generaron conmoción entre los gremios taxistas que iniciaron un paro esa misma madrugada con concentraciones en distintos puntos de la ciudad. Durante la tarde, las protestas se trasladaron al Concejo Municipal de Rosario, donde todo el arco político de la ciudad se preparaba para dar inicio al período de sesiones ordinarias. Pero afuera la tensión fue escalando. El reclamo de los trabajadores era concreto: que se garantice la seguridad de los trabajadores del sistema de transporte público. Los intentos por calmar las aguas por parte de algunos concejales terminó encendiendo aún más el reclamo. De a momentos, los trabajadores desempolvaron un viejo cántico: que se vayan todos. La jornada ya no tenía punto de retorno, la actividad se terminó postergando.
Pero el día aún no terminaba.
A las siete de la tarde, el chofer de la línea K, Marcos Daloia, de 39 años, frenó en la parada de México y Mendoza ante la seña de un presunto pasajero. Cuando se abrió la puerta, disparó directamente contra el conductor, que debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con dos heridas de armas de fuego en la cabeza. El trabajador quedó en estado crítico hasta el día domingo, cuando se terminó confirmando su fallecimiento. Con esa noticia culminaba una semana trágica para la ciudad. En el lugar de los hechos también se dejó una nota amenazante.
A esa altura la hipótesis estaba más que clara: se trataba de una represalia de las bandas criminales ante el endurecimiento de la política penitenciaria por parte del gobierno provincial. La semana previa a las cuatro muertes que sacudieron la ciudad, el gobierno santafesino difundió en sus redes oficiales un video con imágenes de requisas que se leyeron como un mensaje de mano dura al estilo “Bukele”. Pero las bandas siguen operando desde las cárceles. Y demostraron su poder de fuego.
Ese lunes la ciudad funcionó a medias. En las escuelas no hubo clases ni funcionaron los colectivos. La carga de combustibles en las estaciones se vio restringida y tampoco hubo recolección de residuos durante la mañana. Varios gremios se sumaron al cese de actividades para repudiar la ola de violencia en la ciudad. Ese día, también, arribó la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su par de Defensa, Luis Petri, para activar un comité de crisis que contenga la situación.
Los funcionarios nacionales, acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, dieron una conferencia de prensa, donde anunciaron las medidas que pondrían en marcha: la llegada de 450 agentes federales para realizar operativos de saturación en las zonas calientes de la ciudad, el envío de un proyecto de ley “antimafia” que busca adjudicar los crímenes cometidos por una banda criminal a todos sus integrantes, un pedido a la Justicia para que aplique la ley antiterrorista y la realización de tareas de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas. Nada demasiado nuevo.
Sin límites
Luciana Ginga es politóloga por la Universidad Nacional de Rosario y maestranda en Criminología. Al reflexionar sobre los hechos que tuvieron lugar en Rosario, considera que los niveles de violencia en la ciudad corrieron un nuevo límite. “Me parece que es una situación muy delicada. Y, sin exagerar, tiene visos de extrema gravedad sobre todo por quienes son las autoridades institucionales y políticas, a nivel nacional. Y eso me genera más preocupación por el presente y por el futuro”, evaluó.
“Se han discontinuado políticas públicas que han sido exitosas; ha faltado imaginación y creatividad para contener las situaciones en los barrios”.
La particularidad que encuentra en los últimos casos es que, de un tiempo a esta parte, los ataques de las bandas narcocriminales apuntan a personas ajenas al negocio del narcotráfico. “Se llega a esta situación después de muchísimas intervenciones que se hicieron a lo largo de varias administraciones provinciales y también a algunos gobiernos municipales, que han cometido gravísimos errores”, sostuvo y agregó: “Se han discontinuado políticas públicas que han sido exitosas; ha faltado imaginación y creatividad para contener las situaciones en los barrios”.
Para la especialista, la escalada de violencia se relaciona con un estado fallido y un error de diagnóstico: “En la conferencia de prensa que dieron acá pudimos observar que ellos crean el problema apuntando a una estrategia de terrorismo. La gente que trabaja estos temas, sostiene que no hay tal envergadura en la organización de las bandas. Son más bien bandas rústicas que manejan un nivel de violencia que ahora es al azar. No minimizan el poder de violencia y fuego, pero no tienen la logística, no manejan recursos tecnológicos. Y ahí aparece otro problema que es la invisibilización sobre la participación de la Policía de Santa Fe. Y al hablar de terrorismo desbloquean la entrada de otras fuerzas como las federales y la solicitud para que el ejército porte armas de fuego”.
En ese marco, Ginga remarcó que, si bien la acción represiva del Estado se hace necesario en ante la dimensión de la crisis, eso no implica que la policía actúe por fuera de los parámetros de la ley. “Aunque no lo crean, por más discurso de mano dura hay garantías y tratados internacionales que hay que respetar porque esto es una democracia. Y, a su vez, el Estado tiene la obligación, en sus tres niveles, de bajar los discursos de odio. Es una obligación urgente. No puede redoblar más la apuesta. Eso tiene que quedar claro y alguien tiene que llamar a la prudencia y a la sensatez”, analizó.
«Son más bien bandas rústicas que manejan un nivel de violencia que ahora es al azar. No minimizan el poder de violencia y fuego, pero no tienen la logística, no manejan recursos tecnológicos. Y ahí aparece otro problema que es la invisibilización sobre la participación de la Policía de Santa Fe. Y al hablar de terrorismo desbloquean la entrada de otras fuerzas como las federales y la solicitud para que el ejército porte armas de fuego”.
Reformar o no reformar
En tanto, Enrique Font, encuentra un punto en común entre la agudización de los hechos delictivos de principios de marzo, con la escalada de violencia que atravesó la provincia durante la gestión del exgobernador, Antonio Bonfatti. Para el criminólogo, las similitudes están en la decisión de “no intervenir en serio sobre las variantes significativas del problema” de la seguridad en la provincia. Y enumera: la policía, la justicia, el servicio penitenciario. “Veo la repetición de un circo que fue la de fraguar una guerra contra las drogas con las demoliciones de los bunkers y con una lógica muy parecida: armar un show pisando a las bandas como la contraparte, convirtiéndolos en los hipervillanos para aparecer ellos como los superhéroes”, evaluó.
En ese sentido, el especialista diferencia lo que puede ser el endurecimiento de las políticas penitenciarias con avanzar en “tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta torturas” contra personas privadas de la libertad. Pero además sostiene que esa rigurosidad no tuvo impactos positivos en el intento por evitar que se cometan delitos cuyas órdenes salían de los propios penales y, en la mayoría de los casos, de penales federales que no están alcanzados por la política provincial: “Es la combinación de no intervenir sobre lo que se tiene que intervenir, jugar una interna policial y haciéndole eso a bandas que viven de su prestigio, de su cartel, de su imagen. Cuando vos las humillas públicamente, pasa lo que pasa”.
“Veo la repetición de un circo que fue la de fraguar una guerra contra las drogas con las demoliciones de los bunkers y con una lógica muy parecida: armar un show pisando a las bandas como la contraparte, convirtiéndolos en los hipervillanos para aparecer ellos como los superhéroes”,
Pero al panorama se le suma una preocupación extra: una vez que la violencia escala en términos de modalidades, luego no baja. Al menos así lo marca la experiencia reciente. Y ya hay algunos nombres que aparecen como antecedentes de esta semana trágica, como el del músico Jimi Altamirano, secuestrado aleatoriamente en la zona oeste de la ciudad y asesinado frente al estadio de Newell´s con el solo objetivo de enviarse un mensaje entre bandas; o el de Virginia Ferreyra, que fue atacada junto a su madre en la zona sur de Rosario, cuando esperaban el colectivo. Su madre falleció en el acto, la joven dos meses después en el HECA.
La novedad reciente en los últimos hechos, es que no se observa –al menos de forma clara– que haya un enfrentamiento entre bandas, sino un acuerdo tácito de pelear con un enemigo más grande. La consigna, de hecho, quedó plasmada en la nota que dejaron en la estación de servicio donde trabajaba Bruno Busanich, el último de los asesinatos: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año”. Una nota firmada atentamente por “zona norte, zona sur y zona oeste, unidos”.
Respecto a las medidas anunciadas por el gobierno nacional, Font entiende que el refuerzo de fuerzas federales en la ciudad puede tener algún sentido si el gobierno provincial lo aprovecha para iniciar un proceso de depuración de la policía provincial. O para fortalecer la capacidad investigativa de fiscales federales, para que puedan conducir investigaciones. Sin embargo, ninguna de los dos puntos parece comenzar a transitarse.
“Como poder se puede reformar la policía provincial. Ahora, en Santa Fe, yo me hago la pregunta de si no hay un acuerdo político dominante que no quiere ir por ahí”, evaluó Font. Y agregó: “La provincia de Buenos Aires tiene casi 100 mil policías, son policías muy complicados en el territorio más grande de la Argentina. Y la tasa de homicidios es cinco veces más baja que la de Rosario en el peor de los lugares. Sin embargo, hay un entramado al lado que muestra que hoy se pueden hacer cosas. Tenés que tener decisión política, voluntad y poner dinero. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires le puede prestar 80 móviles a Santa Fe? Porque invirtieron”.
Eso que pasa en los puertos
Pese a ser un fenómeno analizable desde muchas aristas, tanto desde las políticas públicas como desde el abordaje mediático, la premisa imperante es la necesidad de controlar las cárceles primero, y las calles después. Por fuera, quedan otras aristas como el lavado de dinero, la complicidad policial y un ítem más oculto aún: los puertos.
La memoria se remonta a septiembre de 2022, cuando la Justicia federal allanó el puerto de Rosario para buscar evidencias sobre la salida de cargamentos contaminados con drogas. La investigación se originó a partir de la aparición de un cargamento de maní, en el puerto de Santos (Brasil) donde se escondían 568 kilos de cocaína; y otro en Rotterdam, Países Bajos, con 866 kilos. El fiscal federal Claudio Kishimoto, y el titular de la Procuradoría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, manejaban una hipótesis: que los cargamentos habían sido adulterados en el puerto de Rosario, una terminal pública concesionada a una sociedad integrada por la empresa Vicentin y la firma chilena Ultramar. En la reconstrucción de los hechos pudieron detectar que el 24 de junio el container con maní fue trasladado a un punto ciego del predio, donde permaneció 20 minutos. La modalidad es conocida como “rip off” y consiste en adulterar un cargamento lícito que está a la espera de ser embarcado.
El 26 de agosto de ese mismo año, unos diez días antes del allanamiento al puerto de Rosario, la Policía Federal encontró más de 1.600 kilos de cocaína en un galpón de Génova al 2400, en Empalme Graneros. La droga estaba escondida en bolsas rociadas con repelentes, para confundir el olfato de los perros rastreadores. Para el juez Adrián González Charvay y el área de narcocriminalidad de la Aduana, el cargamento tenía como destino Dubai, a través del puerto de Rosario. Se estima que el valor total de los paquetes secuestrados ascendía a 60 millones de dólares. De aquel allanamiento también se recuerda una imagen impactante: una foto área, tomada desde un drone, que muestra la calle repleta de panes de cocaína.
Para Germán Mangione, periodista y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, hay hechos concretos que vinculan el narcotráfico con la falta de control en los puertos. “Está comprobado que los allanamientos en Empalme Graneros estaban destinados a salir por el puerto de Rosario. Hay allanamientos en el mismo puerto de Rosario donde se comprueba cómo era el movimiento, como se contaminan los containers. Pero además hay una cantidad de noticias, en los últimos años, que recibimos porque explotan en su país de destino y cuando se hace el recorrido de los barcos que llegan a Europa o Australia, la gran mayoría o pasa por la hidrovía o frenó en alguno de nuestros puertos”, analizó.
Y va aún más allá. “Nosotros estamos en la ruta de la droga y puntualmente en su punto de salida”, explicó. Eso demanda una logística que se organiza a partir de las bandas locales, para que las de afuera lo exploten. “Hoy es inocultable el rol de los puertos”, dice al mismo tiempo que introduce otro debate: la soberanía sobre los puertos. Es que en los 70 kilómetros que separan a Timbúes de Arroyo Seco hay 21 terminales portuarias dedicadas al procesamiento y la comercialización de granos, de las cuales 18 son extranjeras. Y si se extiende un poco más el área, el número de puertos supera las tres decenas.
“Está comprobado que los allanamientos en Empalme Graneros estaban destinados a salir por el puerto de Rosario. Hay allanamientos en el mismo puerto de Rosario donde se comprueba cómo era el movimiento, como se contaminan los containers. Pero además hay una cantidad de noticias, en los últimos años, que recibimos porque explotan en su país de destino y cuando se hace el recorrido de los barcos que llegan a Europa o Australia, la gran mayoría o pasa por la hidrovía o frenó en alguno de nuestros puertos”
“Este modelo de puertos, utilizados para el comercio ilegal, se desarrolla durante los últimos 25 años donde el río estuvo gestionado por privados y donde el Estado estuvo completamente afuera del control”, sostuvo el periodista. En 2021 venció la concesión de la administración de la hidrovía, a cargo de la empresa belga Jan del Nul y la argentina EMEPA, sobre el corredor natural Paraguay-Paraná. Pero el debate sobre el posible control estatal duró poco, incluso durante el gobierno de Alberto Fernández. Todo indica que la idea no se instalará durante la gestión Milei. “La verdad que pensar en repetir un modelo donde se va profundizando la extranjerización y la privatización es negar la evidencia”, resumió.
La pregunta rápida que aparece sobre la mesa es por qué el Estado no realiza los controles de manera eficiente para evitar que el narcotráfico se cuele por los puertos. Para Mangione es una pregunta lógica, pero que no se condice con lo que pasa en la realidad, donde el Estado se encuentra totalmente debilitado frente a los grandes monopolios extranjeros. Y por eso, retruca con otra pregunta: ¿Quién los controla?
“Adentro de los puertos son pocos tipos frente a monopolios extranjeros que mueven millones de dólares para controlar una infinidad de negocios ilegales, que además se dan dentro de los negocios ilegales de los propios monopolios. Porque no se puede separar toda la estructura que se montó en Rosario para lavar el dinero de los cereales en negro –se calcula que es un tercio de la cosecha– de una estructura que después le sirvió a los narcos para lavar el dinero de la droga. Lo mismo digo: la falta de controles para poder evadir todo lo que conocimos del caso Vicentin, eso también está armado para que no haya control. No solo por la droga, sino por su propio negocio de cereales”, detalló.
“Más que error, creo que hay una doble intención de tratar esto como terrorismo para militarizar las calles de Rosario. Porque en realidad estas bandas hacen de sostén de ese camino de la droga. Y en esa disputa, lo que vivimos es la narcoviolencia. Pero pensar que la exportación de 1.600 kilos de cocaína la hacen los Monos, es por lo menos fantástico”.
El cargamento allanado en el galpón de Empalme Graneros, que buscaba exportarse vía el puerto de Rosario, dejó una pista que llamó la atención: unos 50 kilos de cocaína que, se presume, iba a ser destinado al mercado local y regional de drogas, que hoy incluye a una treintena de bandas. Para muchos investigadores, la disputa por ese mercado es la que alimenta la narcocriminalidad en la ciudad.
“Esa es la prueba más cabal y da la dimensión del error logístico y estratégico de tratar esto como terrorismo”, dice el periodista. Y luego se corrige: “Más que error, creo que hay una doble intención de tratar esto como terrorismo para militarizar las calles de Rosario. Porque en realidad estas bandas hacen de sostén de ese camino de la droga. Y en esa disputa, lo que vivimos es la narcoviolencia. Pero pensar que la exportación de 1.600 kilos de cocaína la hacen los Monos, es por lo menos fantástico”.
Para Mangione, evitar la discusión sobre quiénes administran los puertos y quienes ejercen el control sobre el río, hace que se instale una falsa premisa: que Argentina no puede controlar su propio río: “Es una excusa para que la DEA participe de estos nuevos operativos. Es la misma excusa con la que el cuerpo de ingenieros de la Marina de Estados Unidos vino al país. Eso abre la puerta para avanzar sobre un plan que es continental y que no solo tiene que ver con la droga, sino con controlar los recursos que hoy, en un mundo en guerra, no son ni más ni menos que armas”.
