La crisis económica muestra su costado más dramático en los índices de pobreza e indigencia. Reciente relevamiento efectuado por organizaciones sociales en diversas ciudades del país revela cifras alarmantes de gente en situación de calle. En Rosario esta población se cuadriplicó en los últimos diez años y no para de crecer. Alquileres impagables, desempleo, consumos problemáticos, una inflación que no da tregua; entre algunas de las razones que explican el drama social. Abordaje integral, la clave.
Foto principal: Fer Der Meguerditchian
¿Qué es una “persona en situación de calle”? ¿Qué significa la “pobreza infantil”? Las estadísticas clasifican, recopilan y contabilizan: son operaciones aritméticas. Pero en esas expresiones técnicas no se nombra el frío, ni la violencia, ni el miedo, ni la soledad, ni el hambre, ni la vergüenza. Porque las personas pobres e indigentes no son números, son vidas e historias.
Según las últimas mediciones dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el 58,4% de niños y niñas menores de 14 años en nuestro país son pobres. Una familia es pobre, según las definiciones del INDEC, cuando no cuenta con los recursos económicos suficientes para costear la canasta básica de consumo, que incluye no solo los alimentos mínimos, sino también bienes y servicios elementales no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación y salud, entre otros. Cuando a una familia no le alcanza siquiera para comprar la comida, desciende un escalón por debajo de la pobreza, que es la indigencia.
En el Gran Rosario, durante el segundo semestre del 2023, la pobreza escaló al 36,6% y la indigencia al 10,8%. Ello se traduce en 493.172 personas que no cubrieron con sus ingresos el costo de una canasta básica de bienes y servicios. Algo así como 12 estadios colmados de cualquiera de los dos clubes de futbol más populares de la ciudad. Mientras que 145.966 ni siquiera han podido costear los alimentos esenciales.
La frontera estadística de la pobreza está determinada por el costo de la Canasta Básica Total (CBT) que el INDEC toma como referencia para efectuar las encuestas. Dicho costo en marzo de este año ascendió a $773.385 para una familia tipo (dos mayores y dos menores) en comparación con los ingresos de los hogares. En otro orden, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) comprende los gastos de una familia para cubrir únicamente sus necesidades alimenticias. La última medición de este valor, para el mismo período, arrojó la suma de $358.049. Las familias con ingresos menores a dicha cifra se consideran indigentes.
Celina Calore es economista, graduada en la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) en la provincia de Santa Fe. Dicha institución realiza, de manera trimestral, un relevamiento para conocer el costo de vida en los barrios populares de Rosario “para un hogar con pautas de consumo de ingresos bajos y que compra los alimentos en los comercios de proximidad”. “Para el mes de marzo –informó Calore– una familia necesitó $424.595 solo para alimentarse, y $ 1.047.089,82 para no ser pobre. Muy por encima del dato que mide el INDEC para un hogar con pautas medias de consumo”.
“un fenómeno nuevo, surgido hace aproximadamente un año atrás, es que trabajadores formales de nuestro país tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. La situación de los informales y de quienes no tienen trabajo es mucho peor ya que la inflación no da tregua. No solo en rubro alimentos»
Calore consideró que en el contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza como el actual, resulta urgente activar políticas de recomposición y protección de ingresos de las familias. Sostuvo que “un fenómeno nuevo, surgido hace aproximadamente un año atrás, es que trabajadores formales de nuestro país tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. La situación de los informales y de quienes no tienen trabajo es mucho peor ya que la inflación no da tregua. No solo en rubro alimentos. Los alquileres, por ejemplo, han escalado fuertemente haciendo que cada vez sea más prohibitivo acceder a una vivienda que se ajuste a las necesidades de una familia. Más aun, el aumento exorbitante de los precios de alquiler en los últimos meses ha expulsado a muchas personas a vivir en la calle”. Por ese motivo, evaluó necesario que, como primer medida, el Estado impulse una política de recomposición salarial para los trabajadores y para los desocupados un ingreso que permita cubrir sus necesidades básicas, entre ellas una solución habitacional, “a la par de una política antiinflacionaria integral, deuda que los últimos gobiernos nacionales no han saldado y han agudizado”. En este punto, la economista de CESO manifestó que “hoy el gobierno nacional busca frenar la inflación con la generación de una profunda recesión económica” a costa del aumento de la pobreza y la marginación. Al respecto, estimó que “la solución no es corriendo al Estado, sino con más Estado”. En tal sentido, Calore señaló que “se han cortado los recursos a los comedores comunitarios”, lo cual representa “una medida de profundo desprecio social”.
En Rosario el cuadro desolador que expresan los actuales índices sociales y económicos es una triste imagen cotidiana. Con más frecuencia se observan niños y niñas que deambulan por bares y veredas pidiendo una colaboración u ofreciendo venta ambulante (pañuelitos, lapiceras, fibrones, medias). La gente que vive en espacios públicos se ha multiplicado por toda la ciudad. En diferentes rincones del microcentro, personas se guarecen dónde pueden: bancos de plazas, parques, recovas, estaciones de servicio, esquinas, cajeros de bancos, debajo de puentes. Viven a la intemperie, en términos estadísticos, quienes se encuentran bajo la línea de la indigencia. Como si fuera un mundo sumergido: debajo de la línea de flotación.
Visibilizar como primer paso
Entre mayo y diciembre del 2023, a través de una iniciativa impulsada por varias ONG y movimientos sociales se llevó a cabo un relevamiento a nivel nacional que abarcó a once ciudades del país: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes capital, Paraná (Entre Ríos), San Fernando del Valle de Catamarca, San Martín (Mendoza), Santa Fe capital, San Salvador de Jujuy y las localidades bonaerenses de Pergamino, Morón, Malvinas Argentinas y Lanús.
Al proyecto se lo conoce como Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (Renacalle) y tiene como objetivo principal posibilitar la construcción de un diagnóstico para la implementación de políticas públicas que aborden esta problemática acorde al cumplimiento de la ley vigente (Ley N° 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”).
El resultado de la investigación fue apabullante: 9440 personas se encuentran en situación de calle. Cerca de la mitad dijo estar en dicha situación por primera vez en su vida. De la totalidad de las personas relevadas, uno de cada diez son niños, niñas y adolescentes. En concreto, entre todas las localidades alcanzadas por el relevamiento, se identificaron 8336 adultos mayores y 1104 menores de edad. En la ciudad donde se relevaron mayor cantidad de personas sin techo fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya cifra ascendió a 8028. Le siguieron en orden de importancia: la capital santafesina, con 505 personas, la capital jujeña, con 185; Paraná (Entre Ríos), con 157 y Lanús (Pcia. de Buenos Aires), con 154.
En la ciudad de Rosario, no incluida en el relevamiento citado, el 20 de abril del 2021 se realizó el último censo con foco en esta problemática a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad, la Universidad Nacional de Rosario y el Colectivo de organizaciones de situación de calle. El resultado arrojó la cifra de 492 personas en situación de calle. El primer censo de este tipo fue en el 2017, el cual había reportado 389. Un relevamiento efectuado por el Municipio hace más de diez años había constatado 120 personas viviendo en espacios públicos. Números que ilustran una desgracia cada vez mayor.
Desde el colectivo de organizaciones sociales que intervino en el último relevamiento, Josefina García celebró la adhesión de la Municipalidad y la Universidad en la organización del censo, destacando que “son dos actores importantes cuya participación conlleva un involucramiento y compromiso”. Y agregó: “Fue una primera experiencia conjunta y grande. Más allá de los resultados en sí está bueno como método de visibilización de la problemática, tanto para la sociedad como para el Estado. Porque cuando tenés una foto de determinado momento ya podés ir pensando o llevar adelante algún tipo de estrategia. Y a partir de eso es clave que se defina con quienes están a diario o en forma regular con la problemática para no errarle en lo que se propone”.
Adriana Dalmasso es coordinadora de Manos Solidarias, una organización creada en el 2017 que se dedica a asistir a gente en situación de calle a través de rondas semanales acercando alimentos, frazadas, mantas y ropa de estación. Dalmasso indicó que la tarea de censar es un paso fundamental para el diseño de una política pública integral: “Participamos activamente del censo 2021 y también del realizado por las organizaciones en 2017. Sería muy importante realizar un nuevo censo, ya que es notorio el cambio en estos últimos tres años. Desde lo personal creo que, si el resultado es observado, estudiado y analizado, es una herramienta fuerte para generar política de abordaje integral”.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, subrayó que la institución universitaria debe participar activamente en el abordaje de la problemática: “Entiendo que la Universidad tiene que estar involucrada en todos los temas de agenda de la ciudad. Básicamente porque la Universidad es consecuencia del esfuerzo colectivo que hace una sociedad para sostener una institución como la nuestra. Eso significa que todo lo que producimos, aprendemos, enseñamos, generamos, tiene que estar a disposición no solo de formar profesionales sino también de ser herramientas que puedan cambiarle la vida a esa sociedad”. A su vez, detalló algunas acciones específicas que se vienen desarrollando desde el ámbito universitario para contribuir a la dramática realidad que atraviesa la población más vulnerable: “Lo que hacemos es acompañar a las organizaciones que tienen un trabajo territorial más fuerte y a la Municipalidad a través del área de desarrollo en las estrategias e intervenciones que planteen, coordinadas por el Área de Extensión de la Universidad. Hemos hecho encuentros solidarios en nuestros comedores, hemos participado del plan de asistencia y acompañamiento del censo. Todas las acciones en que se convoque a la Universidad Pública vamos a estar ahí porque entendemos que es una responsabilidad hacerlo”.
Desde el área municipal que monitorea esta problemática, Gabriel Pereyra, subsecretario de Abordaje Integral –bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario– aseveró que se han puesto en marcha tratativas para organizar un nuevo relevamiento en la ciudad que permita visualizar un estado actual de esta problemática: “Estamos en vías de iniciar junto a las organizaciones que asisten a personas en situación de calle (SDC) una nueva etapa de planificación para la implementación de un nuevo censo. En los primeros días de marzo de este año tuvimos la primera reunión anual de planificación, donde acordamos como uno de los puntos básicos avanzar en un nuevo relevamiento. Actualmente la información actualizada está dada por los reportes que ingresan al sistema al Sistema Único de Atención Ciudadana (SUA), que es un sistema informático que permite manejar integralmente el registro, la derivación, seguimiento y resolución de todas las situaciones (reclamos, denuncias, consultas, emergencias) que el ciudadano realice a cualquier área municipal. A partir de dichos reportes, el Área de Atención a personas en SDC diseñó un informe que permite dar cuenta del número de intervenciones realizadas en la ciudad de Rosario, donde indica que en el año 2023 se realizaron 5516 intervenciones de situaciones de calle abordadas por medio del Sistema SUA perteneciente al Centro Integrado de Operaciones de la Municipalidad de Rosario (CIOR)”.
Néstor, un nombre detrás del número
Néstor ronda los 45 años y se afincó con sus cosas ambulantes en una esquina céntrica de la ciudad, tras un periplo errante por refugios y paradores. Cuenta que no tiene familia, conocidos, ni amigos. Y que hace más de 20 años se encuentra viviendo en la calle. Sus pertenencias están a la vista de todos: un colchón deshilachado, una valija grande, plateada, sobre la que se sienta; bolsos, trastos y bultos de diferente tamaño atados con sogas; bidones de plástico vacíos; una frazada; un carrito rojo de rueditas con diferentes compartimentos en el que guarda todo tipo de chucherías: utensilios de cocina, cubeteras, tuppers, una radio, una calculadora, una linterna.
“Lo más duro es la noche porque pasa muy lento. No hay nadie y hay mucho silencio. Tengo que cuidar mis cositas, que no me roben. Y cuidarme de la gente mala. Hay veces que chicos que salen borrachos de los boliches me golpean. Una vez terminé en el hospital. Me dejaron el ojo así”, narra Néstor. Y con su mano dibuja un círculo imaginario sobre uno de sus pómulos.
Duerme alrededor de tres horas por noche, lee, hace anotaciones en un cuaderno y dibuja. “Algunos dibujos los vendo. Dibujo lo que sueño. Sueño muchas cosas. Pero no dibujo lo que pienso. Eso lo guardo para mí, no quiero que lo sepa nadie”.
– ¿Qué soñás? – le pregunto y me mira con ojos cansados, como gastados de tanto mirar el mar de gente y automóviles que lo rodea.
– Sueño con tener una oficina y ahí sí voy a poder dibujar lo que pienso.
– ¿Y qué anotás en el cuaderno?
– Mapas, caminos, rutas para llegar a Brasil.
– ¿Por qué querés ir a Brasil?
– Porque allá me voy a hacer los dientes y a cortar el pelo. Yo tengo dientes muertos, de ancianos. Me los pusieron en el Centenario y son dientes de gente muerta, pero en Brasil los dientes son de hueso de indígena. Son dientes fuertes, vivos. Y de ahí voy a viajar a Estados Unidos. Seguro que allá consigo trabajo.
Dice el tango que veinte años no es nada. Pero en la calle es mucho. Néstor habla torrencialmente y es difícil interrumpirlo. Cada tanto agarra la calculadora y empieza a hacer cuentas para explicar sus ideas con números. Cuenta los kilómetros a Brasil, lo que gana un empleado de supermercado por cada hora que trabaja, el impuesto de las cosas que consume, los colectivos que pasan por la esquina, la plata que tendría que conseguir para tener su oficina, las ganancias del día que los vecinos le depositan en una urna de cartón. Pero Néstor no solo necesita monedas, sino palabras. Dice que en el barrio lo tratan bien y lo cuidan. Que una vecina le cocina costeletas y hamburguesas y que algunos le han pedido conocer sus dibujos.
“Lo más duro es la noche porque pasa muy lento. No hay nadie y hay mucho silencio. Tengo que cuidar mis cositas, que no me roben. Y cuidarme de la gente mala. Hay veces que chicos que salen borrachos de los boliches me golpean. Una vez terminé en el hospital. Me dejaron el ojo así”
Salud mental en primer plano
Hay un consenso generalizado de los especialistas que la única manera de crear políticas públicas eficaces para combatir esta catástrofe social es a través de un abordaje integral que ponga su eje en el cuidado de la salud mental. Hay un alto impacto psicológico que produce el hecho de vivir en la calle y que muchas veces es el factor desencadenante que conduce a esta situación.
Pereyra, desde su gestión en la cartera municipal, no dudó al respecto: “La situación de calle es un fenómeno que se enmarca en la categoría de “indigencia” y que se desencadena como consecuencia de una serie de desafiliaciones, interrupciones de vínculos o redes de contención que le impiden al sujeto satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia y que además se ve imposibilitado de obtenerlos por sus propios medios”. Y en relación al enfoque multidisciplinario, indicó que “desde el municipio trabajamos de manera integral junto a las distintas áreas que conforman el Gabinete Social (infancias, consumos problemáticos, indigencia y políticas alimentarias, entre otras). Uno de los objetivos principales que tenemos como gestión es fortalecer los dispositivos y propuestas programáticas existentes y, a su vez, generar nuevas propuestas que se resumen en procesos multidisciplinarios de intervención. Al hablar de estos equipos, nos referimos al Secretaría de Salud Pública (que aborda las problemáticas vinculadas a la salud mental), a la Agencia Local de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos, las direcciones de Infancias, Adultos Mayores, Diversidad Sexual, entre otras”.
Por su parte, Josefina García, con nutrida experiencia en trabajo de campo a través de organizaciones sociales, aportó una mirada similar: “Nuestra visión es que la problemática es multidimensional que abarca un montón de causas y no se puede adjudicar a una sola. Lo que vemos muchas veces es que la cuestión de la salud mental en sus distintas variantes y variables, ya sea de forma previa o en el momento que las personas terminan estando en la calle, se ve afectada de manera drástica, como le pasaría a cualquiera de nosotres”.
En diciembre del 2021, el Congreso de la Nación sancionó la Ley sobre Situación de Calle y Familias Sin Techo (Nº 27.654), cuyo eje vertebrador es el abordaje integral de la problemática a través de equipos interdisplinarios, la creación de un registro nacional de centros de integración y acompañamiento comunitario donde se brinden espacios terapéuticos, talleres y capacitación a las personas en situación de calle y con consumos problemáticos. En su primer artículo esta norma señala que “tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”. Recién se reglamentó el año pasado a través del Decreto 183/2023 (4/4/2023) y su aplicación efectiva es un misterio en el contexto político actual a partir de la asunción del gobierno libertario en la administración nacional.
“Nuestra visión es que la problemática es multidimensional que abarca un montón de causas y no se puede adjudicar a una sola. Lo que vemos muchas veces es que la cuestión de la salud mental en sus distintas variantes y variables, ya sea de forma previa o en el momento que las personas terminan estando en la calle, se ve afectada de manera drástica, como le pasaría a cualquiera de nosotres”.
García elogió la iniciativa legislativa y recomendó su réplica a nivel local con una ordenanza del Concejo Municipal: “Una cosa importante que se tiene en cuenta en la ley nacional es la participación genuina de la persona en situación de calle en su proyecto de vida y otra es la creación de centros integrales que, a diferencia de los refugios que tiene que ver con lo asistencial, con un techo, con comida, con cuestiones de necesidades básicas; también apunta a un abordaje de salud mental, herramientas laborales y demás cuestiones que las personas necesita tratar. Sería genial que se implemente y se adapte a nivel local en Rosario con una ordenanza del Concejo. Por más que una ordenanza no garantiza nada, es un aval importante para que el Poder Ejecutivo lleve adelante estrategias, medidas y programas”.
No obstante, Pereyra informó que el Concejo Municipal de la ciudad a la fecha no ha dictado ninguna ordenanza que regule la temática tal como lo hizo la ley nacional. Pese a ello, sostiene que “si bien no se ha sancionado ninguna normativa, desde la Subsecretaría de Abordajes Integrales estamos cumpliendo con los deberes y obligaciones que van a colación con la Ley Nº27654. En este sentido, lo primero fue, bajo la órbita de la Dirección General de Intervenciones Emergentes, llevar adelante acciones para evitar y eliminar todo tipo de discriminación o estigmatización de quienes están atravesando esta situación, generando las condiciones para que puedan ser atendidas e intervenidas por los equipos tanto en la vía pública o en la Secretaría, bajo la modalidad de atención presencial y espontánea. También se brinda el derecho a la identidad, propiciando el acceso y gestión de DNI en los casos que el intervenido no lo posea. Desde los distritos realizamos el trámite y la gestión ante el Registro Civil”. Y enumeró una serie de acciones que lleva adelante el Municipio -en línea con los postulados de la ley- tales como garantizar a la gente sin techo el acceso a refugios con alimentación, aseo y descanso seguro, habilitar la participación en los centros de día, asegurar la intervención de agencias públicas estratégicas en el abordaje de la situación (Agencia de consumo, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Empleo y Producción o la Dirección de Salud Mental), entre otras medidas.
Mientras tanto, cientos de personas como Néstor deambulan por la ciudad, buscando un lugar donde ponerse a resguardo del frío, del viento, de la lluvia, de la vida. Madres sentadas con sus bebés en la puerta de supermercados con miradas y manos suplicantes. Niños y niñas cabizbajos que ofrecen estampitas y pañuelitos descartables. Son los rostros visibles de un flagelo social que las estadísticas traducen en glaciales matemáticas.
