El agravamiento de la problemática del narcotráfico que vive Argentina, y más concretamente la ciudad de Rosario, generó pedidos de militarización de la seguridad interior, tanto de parte de la sociedad como de distintos funcionarios del gobierno actual. La experiencia mexicana enseña que, una vez abierta esa puerta, habrá más problemas que soluciones.
Fotos: Télam y Reuters
El asesinato de cuatro personas “al azar” por parte del crimen organizado en Rosario puso en agenda nuevamente el debate sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior en la Argentina. Mientras algunos atribuyen la escalada de violencia como respuesta a la estrategia comunicacional del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro, otros lo enmarcan en una ruptura de acuerdos subrepticios entre el Estado y los grupos criminales.
Reelecto con más del 80% de los votos, Nayib Bukele se convirtió en el dirigente latinoamericano sensación para los sectores conservadores y defensores de la mano dura contra la inseguridad. El presidente salvadoreño se convirtió en un modelo a seguir por parte de distintos funcionarios en el continente y su política de seguridad comenzó a ser citada por distintos gobiernos y actores políticos como la receta exitosa contra la delincuencia organizada.
Hay un inconveniente: el gobierno argentino y su aliado que gobierna en la provincia de Santa Fe ignoran (o eligen no decir) que la estrategia bukelista se caracteriza más por el encarcelamiento masivo que por la militarización. De hecho, tan fuera de juego han quedado que el propio Ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, los ha dejado en evidencia dos veces. Primero, sostuvo que la inseguridad en Argentina se puede combatir “de una forma diferente”, ya que la problemática en Argentina es “menor”. En segundo lugar, luego de los asesinatos que conmocionaron y paralizaron a nuestra ciudad, calificó a la famosa foto de los presos como un “error muy grave”, dado que una movida de ese estilo requiere tener el control total de la calle, cosa que no sucede aquí. Bandera en alto para Bullrich, fan número uno de Bukele y deseosa de traer su modelo a nuestro país.
Hay otro inconveniente: El Salvador no es Argentina. Si hay un país en el cual nos podemos mirar como espejo, dado que tiene características más similares a las nuestras que el país centroamericano es México: por la estructura del Estado, por la cantidad de población, por lo heterogéneo de su territorio y por las características de las bandas criminales que, a diferencia de las maras salvadoreñas, hacen del comercio de drogas su principal actividad.
En México, la militarización de la seguridad interior comenzó durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Aquel proceso, abrió una puerta que luego fue imposible de cerrar.
¡Miren México, cabrones!
Jorge Israel Hernández es periodista especializado en temas ligados a los derechos humanos y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La situación de la Argentina no le es ajena: estudió un tiempo en nuestro país.
En diálogo con enREDando, Hernández desmintió que el narcotráfico sea, como dicen la mayoría de los medios de comunicación, un problema del siglo XXI. “Antes del 2000, había un equilibrio entre los cárteles, que eran solo dos, muy fuertes, que dominaban todo el país”, sostuvo. Según detalló, estos grupos realizaban sus actividades mediante arreglos no oficiales con autoridades estatales, vinculados principalmente con la facilidad de operación en territorio mexicano a cambio de que “el grueso de la mercancía no se vendiera ni consumiera en México, sino que siga su camino hacia Estados Unidos”. Además, parte del acuerdo consistía en que no hubiera muertos, balaceras, asesinatos, desaparecidos.
Calderón ganó las elecciones de 2006 por sólo 250.000 votos en un país con más de 41 millones de electores. Su contendiente, un tal Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció fraude. En la mirada de Hernández, la necesidad de ahuyentar los fantasmas rápidamente de su cuestionado triunfo llevó a Calderón a acercarse a las Fuerzas Armadas para “legitimar su toma de posesión y colocarlas en el espacio público para ganar cierto grado de fuerza en su administración”. Aupado en su slogan de la “Guerra contra el narcotráfico”, llegó a decir que para una guerra se necesitaba al Ejército.
Lejos de solucionar el problema del narcotráfico, la situación se agravó y se sumó otro: la violación de los derechos humanos. Los militares, preparados doctrinariamente para eliminar al enemigo y no para proteger a la ciudadanía, se encontraron envueltos en ejecuciones extrajudiciales, torturas y todo tipo de tropelías contra civiles que nada tenían que ver con el crimen. Calderón hablaba de “daños colaterales” y de “la necesidad de realizar sacrificios económicos y humanos” para encontrar una solución. Cualquier parecido con el discurso del gobierno de Milei, es pura coincidencia. Cualquier reminiscencia al caso de Santiago Maldonado, catalogado como un “hecho colateral” durante la anterior gestión de Bullrich, también es una mera casualidad.
Jorge Hernández sostiene que entre la asunción de Calderón y el fin de su gobierno, las muertes violentas se triplicaron. La organización InSight Crime, que se dedica a investigar temas de seguridad en América Latina, sustenta esta afirmación en la variable de los secuestros: 278 denuncias en 2005, 1698 en el año 2013. Para Jorge, la guerra frontal del gobierno con el narcotráfico implicó que los líderes de los cárteles fueran detenidos, y las dos organizaciones se multiplicaron por todo el territorio: “Ya no tenías que negociar con dos, sino con cincuenta”. Como la Hidra de Lerna, el animal mitológico, le cortaron la cabeza y le crecieron diez más. ¿Recuerdan que pasó en Rosario entre 2013 y la actualidad?
Por otra parte, además de los secuestros y las muertes violentas crecieron las desapariciones. Las cifras oficiales apuntan que hubo 100.000 desaparecidos desde el 2000 hasta nuestros días, mientras que las Madres Buscadoras hablan de, al menos, 300.000. Para tomar dimensión, esa es la cantidad de habitantes de la ciudad de Bahía Blanca, o la asistencia al último recital del Indio Solari en Olavarría, en el año 2017.
La estrategia de Calderón dio lugar a una doble sofisticación. En primer lugar, de los militares, que cada vez tuvieron más áreas de gobierno para gestionar, un fenómeno acentuado en el gobierno actual de AMLO. En segundo lugar, se profesionalizaron los cárteles. “Tienen estructuras más complejas. Ya no viven solo de la venta de drogas, sino que utilizan estas redes para otras acciones delictivas como el tráfico de personas, de órganos, trata, y el ‘cobro de un derecho de piso’, es decir, dinero por protección contra el accionar de ellos mismos”, dice Hernández. Para no hablar de educación, salud u otros temas que no le interesan al actual gobierno argentino, Jorge explica cómo esto se volvió un problema de mercado. En las ciudades turísticas,como Cancún o Playa del Carmen, cuando hay temporada baja y los cárteles no pueden vender la mercancía, recurren a estas otras actividades, más nocivas y más violentas. Oferta y demanda.
La inseguridad es una cuestión de clase
Consultado por el rol de la Policía, que es quien debería hacerse cargo de la seguridad ciudadana, Jorge explica que nunca hubo una institución policial fuerte en México. Además de estar controladas totalmente por el narcotráfico, “en los últimos 70 años, el proceso del fortalecimiento del andamiaje estatal vinculado a la seguridad estuvo anclado a cuerpos militares.” Además de que el narcotráfico es una actividad económica muy potente, capaz de cooptar a los funcionarios de seguridad y de asumir funciones que son del Estado, el proceso se explica como una respuesta a las clases medias-altas que pidieron mano dura y militarización ante los hechos de inseguridad, los cuales eran mucho más insignificantes hace 20 años. “Al Estado, -sostiene Jorge-, le sale más barato sacar a los militares a la calle que hacerse cargo integralmente del problema del narcotrafico con salud, trabajo, educación. Y esta es una respuesta rápida en términos de marketing político que les gusta a las clases medias y altas, porque además no les afecta. Pueden sacrificar derechos ya que las consecuencias se pagan abajo.”
Como se puede apreciar, son muchas las similitudes con lo que sucede aquí en Argentina donde, más allá de los hechos de los últimos días, el conflicto ligado al narcotráfico se ha llevado más vidas de pobres que de personas de clase media en los últimos 10 años. Otro parecido tiene que ver con la falta de seguimiento de los sectores delictivos que no son los sicarios, sino los financistas de las actividades delictivas. En México, al igual que en Argentina, nunca se investigó el flujo del dinero.
La impunidad de los criminales de guante blanco que no tiran tiros, la falta de fiscalías y dependencias judiciales que investiguen a los que manejan el dinero y el padecimiento de los barrios populares por encima de lo que pasa en las manzanas del centro, son fenómenos que se observan en ambos extremos de América Latina.
Un callejón sin salida
Si la militarización no funcionó, si la guerra contra las drogas ya fracasó, entonces resta advertir sobre los riesgos que conlleva abrir esta puerta. Hubo mucha expectativa en México cuando López Obrador ganó las elecciones en 2018, dado que después de miles de experiencias traumáticas que tuvieron su expresión más terrorífica con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, llegaba al poder un Presidente que prometió regresar a los militares a los cuarteles.
AMLO no quiso o no pudo cumplir su promesa. Jorge atribuye esto a dos cuestiones. La primera es económica. “Los militares ganan más estando fuera de los cuarteles. Enrique Peña Nieto, el predecesor de AMLO, quiso ensayar una salida de los militares de la vía pública. No pudo. Además de no querer perder sus nuevos privilegios, era inviable dado que había que empoderar a la Policía y seguir financiando a las Fuerzas Armadas”, señaló. El segundo motivo tiene que ver con las expectativas: “Si AMLO tuvo la voluntad, tuvo un golpe de realidad. En un primer momento no pudo. Pero el empoderamiento que vino después, con la cesión a los militares de la administración de las aduanas, los aeropuertos y la seguridad de las carreteras, es de su entera responsabilidad”
Esto invita a pensar que la puerta que se abre cuando se saca a los militares de los cuarteles no puede volver a cerrarse, por más disruptivo que sea el gobierno que asume las riendas del país.
A 48 años del último golpe de Estado en la Argentina, no solamente comienzan a defender la tesis de los militares en las calles, sino que hay un gobierno que niega los hechos ligados al terrorismo de Estado que sirvió de apaciguador del conflicto social desatado por el saqueo del país. La propia historia de las Fuerzas Armadas en la Argentina generó que los militares que cometieron un genocidio contra su propio pueblo, el más cruento de la región, tengan que adecuarse al marco democrático y a la conducción civil de los distintos gobiernos constitucionales. Sin hacer paralelismos caprichosos ni forzar similitudes con países que son totalmente diferentes al nuestro, la experiencia vivida en otras latitudes de América Latina apunta a que la apuesta del gobierno de Javier Milei puede generar más problemas que soluciones.
