La ciudad de San Nicolás de los Arroyos, al norte de la provincia de Buenos Aires, fue objeto de noticias a nivel nacional por una explosión en la empresa Atanor, una de las principales productoras de herbicidas de Latinoamérica. Para la ciudad bonaerense no es noticia nueva. “Atanor mata” rezan los carteles de vecinos que hace tiempo denuncian a la empresa.
Durante la madrugada del 20 de marzo el fuego tomó control de un sector de la fábrica Atanor. La ciudad amaneció con la noticia y también con recomendaciones anónimas para cerrar puertas y ventanas por la presencia de una nube tóxica. Además, los mensajes solicitaban no tomar agua de la canilla, aunque nunca llegó la confirmación desde el área de salud oficial para aclarar la situación, primando el silencio desde las oficinas municipales.
Con el correr de las horas se conoció la información sobre la explosión en un reactor del proceso de síntesis química de atrazina, una sustancia altamente tóxica que se emplea en la fabricación de herbicidas y pesticidas. No es el primer accidente en la planta: en 2016 ocurrió otra explosión a causa de un incendio desatado en un depósito de bidones plásticos, lo que generó una espesa columna de humo negro y desperdicios en el aire.
Esta vez, según el comunicado de la empresa, “se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso. Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”. Sin embargo, una vez controlado el fuego, un humo tóxico comenzó a flotar por el aire y una lluvia de polvo cayó sobre los patios de los barrios vecinos, afectando a personas, mascotas y plantas. La explosión ocasionó heridas de gravedad a un operario que todavía lucha por su vida. Días después, estudiantes y docentes de una escuela cercana debieron retirarse del establecimiento luego de sentirse descompuestos.
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La fábrica productora de agroquímicos pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, que se define como una de las compañías más importantes en Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y países de Europa. En nuestro país cuenta con una planta en Río Terceo (Córdoba), Pilar (Buenos Aires) y la tercera en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, con una extensión de 500.000 metros cuadrados. En las descripciones de la empresa, Atanor se presenta a su vez como productora de glifosato, atrazina y 2,4D, todos químicos contaminantes y nocivos para la salud.
Según el «Informe técnico-científico sobre el uso e impactos del herbicida atrazina en Argentina”, elaborado conjuntamente en 2021 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) la atrazina es uno de los tres plaguicidas más utilizados en el país. Este mismo informe aclara que el producto se encuentra prohibido en 37 países– En nuestro país, donde su producción y comercialización se encuentra permitida, se han encontrado restos de atrazina en lagunas, lluvia, suelos, sedimentos, verduras, frutas y peces, por citar algunos ejemplos.
Se trata de un herbicida sistémico selectivo para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar, té, entre otros. A su vez, es altamente denunciado por sus efectos nocivos sobre la salud, en algunos casos letales. Entre sus medallas, la atrazina es un disruptor endocrino que, aún en dosis bajas, puede causar malformaciones congénitas, daños reproductivos y es un posible carcinógeno.
A pesar de las denuncias vigentes por daño ambiental, en 2019 se inauguró la planta de atrazina dentro de la fábrica con la presencia del actual intendente nicoleño Santiago Passaglia, por entonces diputado provincial. La buena relación de la empresa con el municipio local quedaba así de manifiesto gracias al silencio oficial frente a un conflicto de tan larga data.
Desde hace una década se viene denunciando a Atanor por la contaminación ambiental y por sus consecuencias nocivas para la salud de los vecinos del Barrio Química, lindero a la planta. En su momento, fueron los mismos habitantes del barrio quienes impulsaron un censo autogestivo donde se contabilizaron al menos 200 muertes por cáncer. Las crónicas publicadas en el medio cooperativo lavaca.org dan cuenta del daño y del impacto en los cuerpos de estos vecinos cuyos testimonios son contundentes: “Mis vecinos, los dos, están muertos. A mí se me desprendió la tiroide, en Rosario me dijeron que tengo problemas respiratorios, me pongo afónica de la nada. Yo era sana. Hará 3 o 4 años teníamos que cerrar las puertas porque el aire te ahogaba, te quemaba la nariz. Es tóxico”.
Es el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA) el principal impulsor de las denuncias radicadas contra la empresa durante los últimos diez años. Por medio de un informe del CONICET se ha podido demostrar la presencia de alarmantes niveles de atrazina y otras sustancias tóxicas en las aguas del río Paraná y en los suelos cercanos a la fábrica.
Luego del censo vecinal, de los análisis científicos y las denuncias tanto de vecinos como de ambientalistas, el Juzgado de Ejecución Penal -a cargo de la jueza Luciana Bancalari- confirmó la existencia de contaminación. El pedido de amparo fue presentado por FOMEA en 2015, aunque el fallo recién llegaría en 2023. Esta sentencia consideró que Atanor se encuentra ubicada en una zona urbana de la ciudad estando catalogada en la tercera categoría de la Ley de Radicación Industrial en la provincia de Buenos Aires, “que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente”. Sin embargo, la sentencia no implicó mucho más que una multa de 150 millones de pesos, que la empresa no pagó, y recomendaciones de buena voluntad. La relocalización de la planta en algún parque industrial alejado del ejido urbano nunca terminó de ser puesta a consideración.
El fallo de 2023 confirmó “que la empresa Atanor volcaba sus efluentes líquidos al río Paraná, sin la debida autorización por parte de la Autoridad del Agua conforme surge de las actas de inspección». Las pericias del CONICET fueron fundamentales al concluir que la empresa desecha residuos peligrosos y tóxicos al río Paraná, además de la perturbación de los suelos y de la calidad del aire. Mientras tanto, la Municipalidad de San Nicolás, sin contar con espacios abocados al cuidado del medio ambiente y con un código urbano ambiental laxo y permisivo con las empresas de la región, se mantuvo en un virtual silencio a pesar de la pruebas presentadas en contra de Atanor.
La comprobación de que anda algo mal en la planta se puede realizar recorriendo la Avenida Subiza, donde se encuentra emplazada la fábrica, a solo una calle de distancia del ejido urbano. Allí el aire se vuelve denso y el olor a productos químicos se impregna rápidamente. Eso es lo que respiran a diario las y los vecinos de la planta. “Yo le quiero contar a los concejales y concejalas lo que nos pasa por el cuerpo a los vecinos de los barrios linderos cada vez que sucede algunos de estos accidentes. No es solo una mera cuestión de dar una respuesta formal. Tenemos miedo, tenemos terror, no sabemos qué es lo que esta pasando en ese momento y no tenemos ninguna respuesta cercana de ninguna autoridad municipal y somos merecedores de esa respuesta: todos los vecinos de barrios Quimica, barrio los Fresnos, barrio Saavedra. El otro dia estabamos en una asamblea y los vecinos decian que importante hubiese sido tener una comunicación oficial que nos diga que hacer. Encarnen en su cuerpo la desesperación que tenemos los vecinos cuando suceden estas cosas. ¿Qué políticas de cercanía hay desde el municipio?” expuso con claridad la concejala Vanesa Vargas en la última sesión ordinaria del miércoles 28 de marzo en el Concejo Deliberante.
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Mientras los medios locales se esforzaban por difundir el comunicado de la empresa que afirmaba que la compañía se encontraba “abocada a la realización de tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas”, las y los vecinos se organizaban para armar una asamblea en la plaza del Barrio Química, pidiendo que la empresa “se vaya cuanto antes”.
Luego de la explosión y por medio de una medida cautelar dictada por la jueza Luciana Diaz Bancalari, a pedido del abogado Fabian Maggi en representación de FOMEA, se clausuró la planta. Esta medida implica el cierre hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias y libra oficio a la fiscalía y al Ministerio provincial de Medio Ambiente. Asimismo, ordena que en caso de que la empresa no acate lo establecido deberá pagar una multa de diez millones de pesos por cada día de incumplimiento.
Sin embargo, y en vistas de lo poco afecta a cumplir los fallos y el apoyo implícito de los sectores del poder local, resulta difícil esperar resultados efectivos y urgentes, más allá de la desesperación de los propios vecinos. La planta debe relocalizarse pero no hay voluntad para cumplir con un reclamo de hace tantos años.
