Las condenas dictadas en la causa que investiga la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano dejó un sabor amargo para los familiares, amigos y las organizaciones que siguieron de cerca el proceso judicial. Para el tribunal se trató de un homicidio preterintencional, en donde los acusados quisieron dañar a Bocacha, pero sin intención de matarlo. Aunque sí remarcaron la responsabilidad en no dar aviso de su caída al agua a tiempo. “Lo dejaron a su suerte”, sentenciaron. En el Centro de Justicia Penal, los familiares adelantaron que apelarán y que la lucha continúa.
Fotos: Fernando Der Meguerditchian
Ni bien el tribunal comenzó a leer la primera condena, María Alancay Orellano buscó un abrazo inmediato. Está llorando y no sacará la cabeza del hombro de su acompañante hasta que los jueces terminen el veredicto que determinará las condenas por el asesinato de su primo. Afuera del Centro de Justicia Penal los presentes rodean un equipo de sonido que transmite el audio en vivo de lo que transcurre en la audiencia; se acurrucan en un día húmedo y lluvioso, como en una suerte de fogón al que nadie quiere asistir. Las primeras palabras anticipan el desenlace. La tensión acumulada desborda en llantos difíciles de contener. Después habrá silbidos, abucheos e insultos que de a poco se van cambiando por arengas. Esto no termina acá, dicen. Esto recién empieza, repiten.
Por el asesinato de Carlos “Bocacha” Orellano se esperaban cuatro condenas. Fueron tres y con penas por debajo de las pedidas: Fiscalía había solicitado 17 y 19 años de prisión; mientras que Salvador Vera, el abogado representante de la familia, reclamó penas de 20 a 23 años. En declaraciones a la prensa, Edgardo Orellano, papá de Bocacha, dejó claros sus deseos: “Yo quiero perpetua”. Pero el veredicto fue otro: 9 años de prisión para Karina Laura Gómez y 12 años para Gabriel Julio Nicolossi, ambos policías; y 6 años de prisión para el patovica Emiliano López. Su colega, Claudio Maidana, resultó absuelto por el beneficio de la duda.
Lo que vino después del veredicto puede dividirse en dos escenas. Adentro del Centro de Justicia Penal, con los familiares de Bocacha saliendo de la sala de audiencias entre el llanto, la bronca, el desconcierto, y un desmedido operativo policial. Más tarde, Edgardo plasmará en una frase sus sensaciones: “Vas más años preso por robar una gallina que por matar un pibe”. Afuera, María Alancay, da indicaciones para contener a la familia. “Vamos a esperarlos y los vamos a abrazar porque no nos conformamos con esta mierda”, se le escucha gritar por el micrófono.
Minutos más tarde, después de bajar la rampa de acceso, después de contener a su esposa María descompensada con la noticia, después de abrirse paso entre las cámaras de televisión y los fotógrafos, Edgardo Orellano sube al escenario. Lo que vendrá es un discurso encendido de bronca y dolor con mensajes al funcionamiento de la Justicia, pero también una descripción del contexto de violencia que se vive en Rosario; una radiografía de lo que significa vivir en una ciudad donde apenas un día antes un nene de 6 años fue baleado a la salida de la escuela. Pero también una arenga a la sociedad a unirse y pelear para que eso deje de pasar.
“Yo quiero hacer una propuesta al pueblo rosarino. Acá en Rosario matar es gratis, nadie paga por matar. Es la capital del narcotráfico, la capital del asesinato. Matan criaturas con armas de la policía que hace lo que quiere y la Justicia los deja”, dice en un tono que va de menor a mayor. En el lugar, la escucha es atenta: “Yo les propongo a todos que empecemos a luchar desde nuestras bases, que empecemos a salir a la calle en el reclamo de justicia y que se vayan todos los jueces. Que el gobernador intervenga la policía, que se termine esta corrupción donde son todos narcotraficantes y asesinos”.
Una noche de carnaval
La historia es conocida. La madrugada del lunes 24 de febrero de 2020, Carlos Orellano fue a bailar al boliche Ming River House. Era el fin de semana largo de Carnaval y el joven de 23 años había planeado salir a divertirse con sus compañeros de trabajo de la fábrica Liliana. Sus familiares lo esperaban al mediodía siguiente para comer en la isla, pero Bocacha nunca llegó. Su celular no sonaba y los amigos tampoco tenían noticias suyas. Comienza la búsqueda.
En primer lugar acudieron a la Comisaría 20 de Empalme Graneros, donde les dicen que vayan a la Comisaría 2, que ahí tenían registro de una denuncia transcurrida esa misma madrugada, sobre un chico que había caído al agua en la misma zona donde Bocacha había sido visto por última vez. Pero cuando van a la seccional se encuentran con que no había tal denuncia. Al menos momentáneamente, porque un rato más tarde la denuncia apareció en el bolsillo del pantalón de una sumariante, escrita a mano. Desde ese momento la causa se tiñó de una sospecha que los familiares mantienen al día de hoy.
Los seres queridos de Bocacha se agarraron de la única pista que tenían y se congregaron frente al boliche con la esperanza de que aparezca. La vigilia duró dos días, hasta el miércoles de cenizas, cuando agentes de Prefectura rescataron del agua el cuerpo sin vida de Carlos.
De a poco, la investigación fue revelando algunos detalles del caso. Por un lado que el joven fue sacado a la fuerza del boliche luego de una discusión con la seguridad del lugar por querer ingresar al sector VIP sin autorización. Y que después, una vez afuera del local bailable, los empleados lo amedrentaron. Eso terminó moldeando la hipótesis planteada por el fiscal Patricio Saldutti: que los acusados golpearon y arrinconaron a Bocacha contra la baranda de protección que da al río Paraná, y que el joven se arrojó al agua para escapar de la golpiza. “Lo que hicieron los imputados fue obligar a Orellano a saltar desde un precipicio”, describió en las audiencias preliminares.
Durante el juicio, el fiscal afirmó que los policías presenciaron la caída de Bocacha al río y dieron aviso tanto a la central del 911, como a la Prefectura. Pero que lo hicieron cerca de media hora después de ocurrido y sin dar aviso en ningún momento a la Fiscalía. La acusación del fiscal también contempla que los policías se retiraron del lugar sin dejar constancia de su actuación, lo que terminó dificultando las tareas de rescate por parte de Prefectura.
Quien se encargó de radicar la denuncia fue la oficial Gómez, que declaró haber visto a un joven recostado detrás de las barandas que de pronto desaparece “como si hubiese caído al agua”. El testimonio buscó instalar la versión de que el joven cayó por su cuenta. El acta policial que se elaboró sobre la desaparición de Bocacha omitía cualquier tipo de interacción entre los guardias de seguridad y la víctima. Para el fiscal ese obrar tuvo como objetivo desviar el foco la investigación.
Todo eso derivó en la imputación del matrimonio de policías Gabriel Nicolossi y Karina Gómez, que se encontraban cumpliendo horas adicionales en el lugar, y de los patovicas Fabián Maidana y Emiliano López. Fiscalía acusó a los cuatro por el delito de homicidio simple con dolo eventual en grado de coautores, pero a los policías también les sumó incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Por eso el pedido de condenas fue mayor para los oficiales.
Lo dejaron a su suerte
Para los jueces Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez la muerte de Bocacha no fue un accidente. Tampoco creen que haya sido golpeado brutalmente y su cuerpo descartado en el agua. Para el tribunal se trató de un homicidio preterintencial, es decir que los imputados tuvieron intención de lesionar a la víctima, pero la terminaron matando. Un delito que conlleva una pena de tres a seis años de prisión. El fallo sí pone el foco en el accionar posterior. “Lo dejaron a su suerte”, evalúan.
En el adelanto de sus fundamentos, los jueces consideraron “insuficientes y en extremo genéricos” los argumentos de los acusadores para demostrar que hubo intenciones de provocar la muerte. Y remarcaron que la víctima se arrojó al agua sin considerar que el riesgo que significaba, algo que tampoco contemplaron los policías que lo rodearon. No obstante, descartaron que la caída al agua haya sido accidental, como dijeron los acusados, y consideraron probado que hubo “interacciones verbales y físicas” por parte de Nicolossi para con la víctima.
“Aunque los amarres y sujeciones que se ejercieron no tenían la potencialidad razonable de causar la muerte, cabe incluir en el análisis que todo esto se desarrollaba junto a una baranda que separaba el pleito del río y esto configuraba un peligro que debió haber estado en la representación de los agentes”, explicaron en el fallo.
Sobre lo ocurrido en la zona del muelle 3, donde un grupo de testigos que estaban pescando refieren que hubo golpes y forcejeos, el tribunal entiende que cuando Bocacha se retiró del local hubo “una secuencia caótica, sin preordenación alguna, en donde buscaban a Orellano por diversos lugares hasta que finalmente lo encontraron y allí se produjo el forcejeo, desmintiendo que haya sido trasladado hacia un conocido punto ciego de las cámaras”.
“El cuerpo de Carlos Orellano habló a través de las pericias científicas las que determinan la existencia de 6 (seis) infiltraciones hemáticas producidas en vida, de escasa maduración, ya que su evolución vital fue detenida por el fallecimiento de la víctima, es decir son golpes que no han logrado madurar para su exteriorización dérmica porque para ello se necesita vida y la misma se truncó por el ahogamiento”, sostienen en el parte. Sin embargo, explica que esos golpes “no fueron letales”, sino que testigos declararon identificarlos como “tomas de sujeción y forcejeos” contra el joven. “Es eso justamente lo que determina a Orellano a tirarse al río”
Los jueces señalaron que la muerte se produjo por asfixia por sumersión y remarcaron las falencias en el accionar de los acusados a partir de ese momento. “Los encartados se van, lo dejan a su suerte, no actúan, tardan más de 30 minutos en comunicar la caída al agua de una persona al 911, no llamaron al 106, ocultaron, pergeñaron y falsificaron ideológicamente documentos públicos”, destacaron en el documento. También, que ese obrar dificultó la búsqueda: “La primera posibilidad de salvamento a la víctima aparece luego de 40 minutos de su caída, siendo principalmente ellos quienes habían presenciado una situación que requería de medidas urgentes”.
Por último, el tribunal explicó la absolución de Claudio Maidana a partir de no poder demostrar que estuviese presente en el momento en que Bocacha cae al agua. También por su desconocimiento “sobre lo que luego hicieron o dejaron de hacer López, Gómez y Nicolossi, en relación al abandono de persona”.
A la espera de los fundamentos
Luego de que el tribunal leyera la sentencia, el fiscal Patricio Saldutti brindó una conferencia de prensa donde transmitió sus sensaciones del fallo. Como positivo destacó que los jueces dieron por probado el hecho. “Desde la fiscalía siempre hablamos de dos secuencias violentas. En la segunda de esas secuencias, él como última opción de escape se tiró al agua y es ahí cuando muere ahogado”, describió.
Pero sí existen diferencias en cuanto a la calificación del delito que es lo que termina imponiendo la pena. Para el fiscal el dolo quedó demostrado, pero la interpretación de los jueces sobre la finalidad del accionar de los imputados fue otra. “Nosotros consideramos que los cuatro acusados participaron del hecho”, aseguró Saldutti.
Finalmente, el fiscal señaló que no hablarán de apelación hasta conocer los fundamentos finales del fallo. Distinto a lo que plantearon los familiares, que desde el momento de escuchar la primera condena dejaron en claro que el juicio recién comienza.
