El caso de Jimi Altamirano marcó un cambio de lógica en la criminalidad de Rosario: el asesinato al azar para enviar mensaje a bandas rivales o infundir temor. A eso sobrevino la balacera con un mensaje a Lionel Messi y los ojos del mundo puestos sobre Rosario. Pero el crimen de Máximo Jerez, de 11 años, y la “pueblada” de los vecinos rebelándose contra los transeros del barrio pareciera marcar un punto de quiebre. ¿Lo es? En Rosario la tasa de homicidios quintuplica la media nacional, a diferencia de otros lugares donde el mercado de drogas se mueve a igual ritmo. ¿Qué pasa en Rosario?
Fotos: Fer Der Meguerditchian
La lluvia de bocinazos estalla en la esquina de Córdoba y Moreno. Dos bicicletas con su asiento apoyado en el piso y sus ruedas mirando al cielo obstruyen el paso. En otras circunstancias el corte hubiese estado mejor organizado con una ruta alternativa para que los vehículos desvíen, pero esta vez los manifestantes están hartos y se plantaron en medio de la calle sin demasiado aviso. Minutos atrás estaban sentados en el pasto de la Plaza San Martín, esperando que se junte un poco más de gente. Cada tanto, unos bombos murgueros despertaban al grupito de presentes que se sumaba con aplausos de protesta. Pero alguien dijo de cortar la esquina y ahí están ahora, con carteles pidiendo que paren de matar a personas inocentes y una bandera blanca, pintada sobre el asfalto caliente, que reclama justicia por Jimi Altamirano.
Con el corte en marcha los roles se dividen. Con unas clavijas de malabares que sobresalen de la mochila y un altavoz en la mano, uno de los organizadores les pide paciencia a los autos que quedaron adelante en el embotellamiento que se empieza a armar por Moreno, a la vez que un grupo de chicos pega unos carteles en las paredes del Museo de la Memoria. En el centro de la concentración la batucada hace lo suyo mientras otro muchacho circula entre los autos que quedaron varados repartiendo folletos que explican los motivos de la protesta. De a poco un cantito va ganando terreno entre los presentes: vecino, vecina, no sea indiferente; están matando pibes en la cara de la gente.
El miércoles primero de febrero Lorenzo Altamirano volvía a su casa después de ensayar con su banda cuando fue interceptado por un auto al que lo hicieron subir y lo golpearon. Se estima que fue en la zona de 27 de febrero y Ovidio Lagos, donde una cámara de seguridad lo captó caminando a las diez y media de la noche. Quince minutos después un Renault Sandero llegó a la puerta número 6 del estadio Coloso Marcelo Bielsa. Las cámaras de la zona de la cancha de Newell’s muestran a un hombre que hace bajar a la fuerza a otra persona y le disparan tres veces: en la cabeza, en el estómago, en la mano. Su cuerpo quedó tendido en la calle. Entre sus ropas dejaron un mensaje mafioso destinado a otra banda delictiva de la ciudad. El auto fue encontrado un rato después a pocas cuadras del Parque Independencia: había sido prendido fuego.
Para sus conocidos Lorenzo Altamirano era “Jimi”. Tenía 28 años y era músico, malabarista y artista callejero. Sus familiares y amigos repitieron en cámara, cada vez que tuvieron oportunidad, que el joven no tenía ninguna vinculación con bandas organizadas de la ciudad, y que era una persona completamente ajena al mundo del fútbol. La información fue respaldada por los fiscales que investigan el hecho: la hipótesis es que el joven fue asesinado al azar con la única intención de enviar un mensaje mafioso. El trasfondo es una disputa entre dos facciones de la barra brava de Newell’s, vinculadas a organizaciones narcocriminales.
En conferencia de prensa, los investigadores confirmaron lo que los rosarinos ya saben: que se corrió un nuevo límite en la ciudad. “Es muy importante no naturalizar esto, porque todo el tiempo estamos corriendo la vara. Todos tenemos que actuar en consecuencia y no naturalizar implica tomar medidas para que esto deje de ocurrir”, manifestó Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada. “Nunca nos tocó un caso de esta naturaleza”, recalcó.
Hasta el momento las víctimas “ajenas” en los asesinatos vinculados a la narcocriminalidad habían sido por quedar en medio de balaceras o por errores de los victimarios. Pero el caso de Jimi cambió la lógica, por eso despertó las alarmas: es el primer asesinato planificado en el que se elige una víctima al azar para enviar un mensaje y generar estupor. “Fue Jimi, pero podría haber sido cualquiera”, gritan los amigos del músico durante el reclamo de justicia que congregó a unas 50 personas y cosechó cientos de bocinazos en pleno centro rosarino.
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Febrero no transcurrió con tranquilidad y se llevó 31 muertes en 28 días. Pero en marzo se agitaría el avispero. Durante la madrugada del jueves 2, dos personas en moto frenaron frente al supermercado Único de calle Lavalle al 2500, en la zona oeste de la ciudad y dispararon 14 veces contra la persiana del local. Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad capturaron el momento exacto en que se ejecutan los disparos. Antes de irse, los atacantes dejaron un mensaje escrito sobre una bolsa de carbón donde nombraban a Lionel Messi. Los cabos se ataron solos: el supermercado pertenecía a la familia Roccuzzo.
La información corrió como reguero de pólvora. El hecho ocurrió a eso de las 3 de la mañana y fue denunciado por los vecinos instantes después. A primera hora la noticia estaba en todos los portales web de la ciudad y el salto a los principales noticieros, diarios y radios del mundo fue instantáneo. Pero no todo fue vorágine: los peritos policiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron unas cinco horas después de la balacera.
Desde el lugar de los hechos, el intendente Pablo Javkin pidió la presencia de “los que tienen armas” en la ciudad. “Yo dudo de todos”, dijo ante la pregunta de los periodistas. Las dudas tenían su fundamento: dos días antes del ataque había tenido lugar una reunión de la Mesa de Comando Conjunto, integrada por fuerzas federales, provinciales y dirigentes del Municipio para diagramar las acciones en materia de seguridad territorial. Según el intendente, el barrio donde se produjo el ataque estaba marcado como punto a reforzar la vigilancia. “Uno de los temas que se habló fue esta zona y hoy aparece esto. No soy yo quien lo tiene que explicar”, cuestionó.
Para llegar hasta el supermercado, Javkin debió suspender un acto oficial donde presentaría los nuevos colectivos que se sumarían al sistema de transporte. Es la segunda vez que le ocurre en menos de un mes: la anterior había sido el 8 de febrero pasado, cuando balearon el Distrito Sudoeste. En el lugar se encontraron siete impactos de bala. La policía y la Agencia de Investigación Criminal se fueron del lugar sin ver un cartel con amenazas que un rato más tarde terminó encontrando un vecino. Ahí el intendente criticó duramente al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi. “Tiene que venirse a vivir acá”, dijo. Ese mismo día, el funcionario fue apartado de su cargo.
El fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, aclaró de inmediato que no se habían registrado amenazas previas en el supermercado de los Roccuzzo y que todo apuntaba a un hecho que buscaba infundir temor en la sociedad o generar un gran impacto público. “Utilizaron algo próximo a Lionel Messi para asegurarse una gran difusión”, analizó. Misión cumplida. Esa misma tarde los móviles de los principales canales de Buenos Aires llegaron a la ciudad para contarle a todo el país cómo es vivir en la ciudad narco, como algo ajeno, como un problema que no les pertenece. El escándalo escaló de tal manera que hasta la diputada provincial Amalia Granata, que al contrario de Dios vive en Buenos Aires pero atiende en Santa Fe, viajó de inmediato a Rosario con un chaleco antibalas de utilería para acompañar al móvil de A24 que hablaba con los vecinos de la “Rosario profunda”, en Avellaneda y 27 de Febrero.
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Los programas de televisión abusaron del mismo zócalo: Rosario narco. Para Enrique Font, titular de la cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), existe un predominio del “diagnóstico silvestre” que lleva a vincular de manera directa tasa alta de homicidios con narcotráfico. “El primer problema que tiene eso es que en Rosario no hay narcotráfico. Sí es cierto que hay es un mercado local de drogas muy instalado, pero lo que vemos en términos de violencia no es algo vinculado a criminalidad transnacional, sino un fenómeno bien local donde hay consumidores, vendedores, proveedores, gente que hace la logística y los que lavan el dinero”, explicó.
La respuesta a por qué ambos fenómenos no se vinculan, al menos de manera directa, es sencilla: mercados de drogas hay en distintos puntos del país y sin embargo en ninguno la violencia se intensificó con la crudeza que lo hizo en Rosario. Los números hablan por sí mismos: en 2022 solo el departamento Rosario tuvo 289 homicidios, mientras algunas provincias enteras quedaron muy por debajo de ese número, como Córdoba con 96 o Mendoza con 71. El año cerró con un crecimiento de cuatro puntos en la tasa de homicidios pasando de 18 a 22 muertes dolosas cada 100 mil habitantes, quintuplicando la media nacional de 4.6, según la última información disponible (2021). El 2023 no parece ir en mejor camino y hasta ahora las muertes le empatan en días al calendario.
“Claramente no se trata de un fenómeno nuevo sino justamente lo que tiene de particular es que es lleva instalado más de una década. Comparado con ciudades similares, Rosario cuadriplica, o más, la tasa de homicidios dolosos. No hay ninguna ciudad comparable que esté ni siquiera por la mitad de lo que es Rosario. Y eso es un fenómeno que viene de más de diez años”, evaluó Font. “Lo que pasa es que es muy tranquilizador pensarlo así. Si uno dice que es un problema de narcocriminalidad, resolviendo la narcocrimminalidad se soluciona la violencia. Y la verdad que no va a suceder de esa manera”, añadió.
Pero si el caso de Jimi Altamirano se caracterizó por un cambio en la lógica hasta entonces existente, y la balacera contra el supermercado de los Roccuzzo atrajo la atención de los medios nacionales, el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años perteneciente a la comunidad qom, terminó de desencadenar la furia social.
Fue durante la madrugada del domingo 5 de marzo en “Los pumitas” un barrio en el corazón de otro barrio: Empalme Graneros. Máximo se encontraba en la vereda, a la salida de un cumpleaños familiar, junto a su primita de 2 años y otros dos primos de 13, cuando una persona disparó hacia ese lugar. Todos fueron derivados al hospital de niños Zona Norte, pero Máximo llegó sin vida. La hipótesis de fiscalía es que el ataque estuvo dirigido hacia un búnker manejado por la familia de Cristian “Salteño” Villazón, un joven que se encuentra detenido por un triple crimen en 2020. El trasfondo sería una disputa territorial por el narcomenudeo en la zona. Por esta balacera hay cinco personas detenidas.
El lunes por la mañana velaron a Máximo en las instalaciones del club “Los Pumas”. La ceremonia se dio en medio de un fuerte operativo policial y la bronca por un cuidado que, una vez más, llegaba tarde al barrio. La bronca fue tomando forma y tras el funeral, los familiares, amigos y vecinos de Maxi fueron a la casa de los Villazón, señalados como los distribuidores de la droga en el lugar; los vecinos no solo saben dónde viven, si no dónde está cada uno de los puntos de venta. Y hacia allí se dirigieron. Primero fueron insultos que rápidamente se convirtieron en piedrazos. Todo terminó de estallar cuando uno de los presuntos transeros disparó al aire desde la terraza, con intención de espantar a los vecinos.
Al lugar llegaron fuerzas especiales de la policía que intentaron frenar a la multitud encolerizada. Dentro de las viviendas detuvieron a dos personas, pero se dificultaba sacarlas del lugar con los vecinos rodeando la vivienda. Cuando lo lograron, lo que siguió fue inevitable y, a esa altura, televisado en vivo a todo el país: saqueos, vecinos intentando tumbar las paredes a mazazos y muebles prendidos fuegos. En medio de los disturbios, el papá de Máximo fue herido con balas de goma.
Las acciones se replicaron en otras casas del barrio y los medios bautizaron lo ocurrido durante el mediodía del lunes 6 de marzo como “pueblada”. En el medio quedó la historia de Carolina, que alquilaba la casa desde hacía dos meses a una mujer del barrio, sin saber de sus vinculaciones con la banda narco de la zona. La desvalijaron. Llegó a sacar las mochilas con la que sus hijos iban a la escuela. “Nosotros no sabíamos si los dueños vendían droga o no”, comentó a las cámaras de televisión después de los hechos.
A ese episodio sobrevinieron horas de tensa calma en el barrio y las amenazas no tardaron en llegar a los celulares de distintos vecinos, que pasaron la noche con la custodia que podían darle las cámaras de televisión en vivo. Los anuncios oficiales llegaron al día siguiente en un mensaje grabado por el presidente Alberto Fernández: unos 400 agentes federales que se sumarían a los mil que ya patullan la ciudad. El miércoles fueron presentados en un acto que tuvo como protagonista al intendente Pablo Javkin, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que llegó a la ciudad después de declarar que los narcos habían ganado. Resta saber qué pasará hacia adelante. Por lo pronto es la octava vez que desembarcan fuerzas federales en la ciudad desde el 2014 sin demasiados resultados a la vista.
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La situación en Rosario se explica desde múltiples factores. Para Font, uno de los errores a la hora de plantear los análisis es mirar el delito sin su vinculación con el control del delito, que incluye una policía violenta y burocrática, un sistema judicial ineficiente, y un sistema político que “ha dejado hacer”. El resultado es un mercado de drogas manejado por bandas con una violencia identitaria que se consolidaron en el negocio. “Cuando uno empieza a mirarlo de esa manera, comienzan a aparecer los problemas que explican la singularidad de Rosario”, señaló.
Una de los lugares comunes que suelen repetirse es que la policía ha perdido el control del territorio. Para Font esa afirmación es parcial: “Lo que hay que preguntarse es por qué la ha perdido. Y la perdió porque ha estado mal conducida en general desde las gestiones políticas, y porque al lado de la corrupción tradicional se ha cuentapropizado. Entonces eso genera realmente una situación de mucha incapacidad para regular”.
Para tener una mirada más amplia del fenómeno conviene detenerse en la caracterización de la institución policial. Para Font, la provincia de Santa Fe tiene una de las policías más violentas del país que nunca fue adecuadamente controlada por la Justicia. “Más bien todo lo contrario, tenemos un Poder Judicial y gestiones de la política provincial que, salvo excepciones muy puntuales, han tolerado, encubierto y facilitado esa violencia policial”, indicó.
Pero también observa una policía “burocrática” con dos lógicas de corrupción: por un lado una “corrupción histórica” donde la institución recauda para permitir que determinadas actividades delictivas sucedan y ese dinero se reparte, como puede ser el juego clandestino; y una lógica de corrupción más reciente que desde la cátedra de criminología denominaron “cuentapropización” de la corrupción. Es decir, policías que se integran a las actividades delictivas por motus propio y pasan a formar parte de las bandas. “En las pocas investigaciones que llegaron a juicio sobre bandas muy notorias, como Los Monos o Alvarado, la mitad eran policías, desde bajos rangos hasta comisarios”, ejemplificó.
La policial es una de las patas que explica la consolidación de las bandas violentas en el mercado de drogas. Eso ya es una particularidad de Rosario a diferencia de otros puntos del país: en general, a las bandas violentas no les va bien en los negocios de narcomenudeo. Pero además, explica Font, son bandas de una violencia identitaria y expresiva. Es decir, generan un reconocimiento, un nombre.
La otra pata del problema se sustenta en el sistema judicial provincial y su ineficiencia para esclarecer los homicidios. En general, sostiene Font, los homicidios tienen una alta tasas de esclarecimiento porque se trata de hechos graves que se cometen entre personas que se conocen. Y si a eso se le suma la violencia “identitaria y expresiva” que tienen los crímenes en Rosario, deberían ser aún más fáciles de resolver porque son “homicidios que se relatan”, que se cuentan y después suceden: “Cuando lo investigamos, en Santa Fe esa tasa era malísima. Ese es uno de los motivos, y no sé por qué nadie lo dice, que permitió que bandas muy violentas terminaran consolidándose en el negocio. En otros lugares, el que anda a los tiros no triunfa en el manejo de un mercado de drogas porque se va desarticulando a sí mismo con el tiempo”.
Un tercer componente que explica el fenómeno en Rosario tiene que ver con la Justicia federal que, además de estar vaciada en la ciudad, ha abordado la problemática de una manera que garantizó la permanencia del negocio. “Hay cuatro fiscalías que no unifican causas de drogas que claramente son de una misma banda. Entonces tenés distintos fiscales con distintas fuerzas de seguridad investigando los mismos kioscos, en un mismo barrio, que en Rosario todos sabemos a quiénes pertenecen. Tenemos una forma de abordar el fenómeno que le ha garantizado una estabilidad que en otros lugares no tienen”, cuestionó.
A modo de síntesis, para el abogado y criminólogo la trama rosarina se complejiza con un mercado de drogas manejado por bandas violentas a partir de la ineficiencia del Poder Judicial, que se suma a una falta de control (o connivencia) del sistema político hacia la institución policial en términos de violencia y corrupción: “Entonces sí, hay un vínculo entre narcocriminalidad y violencia, pero no es un vínculo lineal y directo, sino que tiene que ver más con el control del delito que con el delito en sí mismo. Está más relacionado a lo que han hecho las administraciones de Justicia, la política y la policía, que lo que ha hecho el mundo del crimen”.
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Ahora es viernes por la mañana y una multitud se congrega en la plaza 25 de Mayo para comenzar a marchar hacia la sede de gobernación. En el camino se repetirá el nombre de Máximo que también podría ser el de los más de 30 niños y adolescentes menores de 18 años asesinados en 2022. Porque la movilización pareciera pedir mucho más que justicia. La tía de Máximo se encargará de decirlo más tarde en un micrófono, para que todos escuchen: “Estamos acá para hablarle a todo el pueblo de Rosario porque no queremos más muertes”.
A la cabeza de la columna van los familiares de Máximo sosteniendo carteles del niño y una bandera que reza «Basta de matar a nuestros niños, los pueblos originarios exigimos justicia». En el frente también acompañan sus compañeros del club “Los Pumas” donde el niño jugaba al fútbol. Todos tienen puesta la camiseta del club que es blanca con tiras azules arriba del hombro derecho. De a ratos posan para la foto como antes de un partido: uno al lado del otro con carteles de Máximo. Siempre, en el medio de todo, dejan lugar para extender la camiseta número 11, la que usaba Máximo y quedará en la memoria de todo barrio Los Pumitas.
