Desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional pidieron una investigación “integral, efectiva y eficaz” para determinar qué sucedió en distintas muertes que tienen a las fuerzas de seguridad como protagonistas. Notan un incremento de casos en los últimos meses: dicen que reciben entre dos o tres llamadas por semana donde se denuncian situaciones de hostigamiento en distintos barrios de la ciudad. Eso a dos semanas de cerrar el año más sangriento del que se tenga registro, con 264 homicidios al primero de diciembre. Mientras el reclamo “de sentido común” pide más presencia policial en las calles, algunas voces disonantes se preguntan a quién va dirigida la seguridad en los barrios.
Fotos: Fer Der Meguerdtichian
La madrugada del domingo 27 de noviembre la policía arribó a la esquina de Campbell y French, en el barrio Empalme Graneros, al noroeste de la ciudad de Rosario, tras varios llamados al 911. La que pedía asistencia policial era una mujer con una orden de alejamiento en mano hacia su expareja, que había irrumpido en su hogar. La escena con que se encontraron los oficiales da cuenta de una discusión familiar con forcejeos. En ese contexto, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó contra Nicolás Cano, de 25 años, hijo de la pareja. El joven fue trasladado al Hospital de Emergencias “Clemente Álvarez” (HECA), donde estuvo en cuidados intensivos hasta la tarde, momento en que se informó su fallecimiento.
Según el parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) los oficiales intervinieron para separar el conflicto y en medio de la discusión “por razones que se tratan de establecer se dispara el arma reglamentaria de uno de los suboficiales impactando en el área craneal de la víctima, efectuándole una herida de gravedad”. El suboficial quedó detenido y fue imputado por homicidio doloso simple, agravado por el uso de arma de fuego en grado consumado y en carácter de autor.
A finales de octubre de este año, Maximiliano Barrionuevo circulaba con un amigo en moto cuando se toparon con un control policial en el barrio San Francisquito, al oeste de la ciudad. Decidieron esquivarlo y se inició una persecución policial. A las pocas cuadras el acompañante descendió de la moto y un rato después, Maximiliano perdió el control del vehículo sobre calle Lima a la altura de Virasoro. El joven siguió su marcha a pie. La versión policial da cuenta de que en los pasillos del barrio Villa Banana sacó un arma para hacer frente a los policías. La escena terminó con Maximiliano herido de dos balazos en el pecho y uno en una pierna, falleciendo algunas horas después en el HECA.
Los familiares estiman que el joven se asustó porque no llevaba los papeles de la moto y por eso suponen que habría decidido eludir el control policial. Lo caracterizaban como un chico laburante, que hacía todo tipo de changas y trabajos de albañilería. El aporte de algunos testigos que salieron en su auxilio puso en duda la existencia de un arma y la versión policial.
El mediodía del miércoles 3 de septiembre, Maximiliano Lucero, de 32 años, fue asesinado de un balazo en su cabeza por la policía Antonela Ortíz, en el corazón del barrio Nuevo Alberdi, al norte de la ciudad. En la reconstrucción de los hechos, los investigadores informaron de un diálogo previo entre la víctima y la pareja de la oficial, Damián Solís, donde le habría reclamado el pago de una deuda. Solís contestó desde una ventana, pero a Maximilano la respuesta no le convenció y arrojó una piedra contra la vivienda. Desde adentro hubo otra respuesta: un balazo que lo dejó tendido en la calle. Tenía puesta la ropa de trabajo. Las puertas y ventanas de la casa se cerraron. Los vecinos llamaron al 911.
De la casa salió esposado Solís, pero la verdad no tardó en conocerse: los vecinos que presenciaron la secuencia aportaron sus testimonios y denunciaron que quien había efectuado los disparos fue la oficial Ortíz. Cuando el fiscal llegó a la vivienda se encontró con tres valijas armadas. El juez Hernán Postma dictaminó que había probabilidad de fuga y obstaculización de la investigación, por lo que determinó que la mujer quede detenida por homicidio agravado por uso de arma de fuego. La frase de la madre de Maximilano aún retumba en la sala donde se desarrolló la audiencia imputativa: “La perdono como madre, pero que me diga por qué”.
Los tres hechos fueron denunciados por la Multisectorial contra la Violencia Institucional en un comunicado donde reclaman una investigación “integral, efectiva y eficaz”, además de manifestar su preocupación por la reiteración de estos hechos en la provincia durante los últimos meses. Pero el crecimiento de los casos de violencia institucional se da a finales de un año particularmente violento, en que la ciudad superó su propio récord: 264 muertes violentas al primero de diciembre. El año más sangriento se había registrado en 2013, con 262 homicidios, impulsado por la avalancha de plomo que despertó el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, referenciado como líder de la banda narcocriminal “Los Monos”.
Y se da una paradoja: mientras el discurso de muchos sectores pide mayor presencia y custodia policial en las calles para combatir la “inseguridad”, también aparecen voces disonantes que se pregunta a quién está dirigida esa seguridad y manifiestan su preocupación por las consecuencias de la militarización de los barrios.
Más casos
“A mí me toca acompañar entre dos y tres casos por semana”, dice Julieta Riquelme, integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Cuenta que la llaman madres de pibes de diversos barrios de la ciudad para denunciar situaciones de distinto tipo: hostigamientos, golpes, verdugueadas. “Hace mucho que venimos acompañando este tipo de casos y me sorprende cómo en el último tiempo han aumentado las denuncias. Y a nosotros como multi nos cuesta poder abordarlos y acompañarlos como quisiéramos”, reconoce.
Julieta conoce de primera mano el abuso del poder policial. A principios de 2015 su hermano Jonatan, de 23 años, lavaba el auto frente a su casa cuando a pocas cuadras la policía iniciaba una persecución contra un joven que había asaltado una juguetería. Agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) que vieron la secuencia desde arriba de un colectivo abrieron fuego sin dar aviso y Jonatan quedó en medio de la balacera, intentando refugiarse detrás de un árbol. Los oficiales dispararon 52 veces, cuando el presunto ladrón ya estaba reducido a algunas cuadras del lugar. Desde entonces, el nombre de Jonatan Herrera resuena en cada marcha y reclamo de la Multisectorial contra la Violencia Institucional.
Desde la organización el mensaje es claro: los casos de violencia institucional vienen en aumento y se siguen dando porque la policía se siente habilitada para que así sea. Y eso se da no solo en un contexto de violencia generalizada con números récords de homicidio, sino también en un momento en donde las políticas de seguridad de la provincia quedaron en manos de un excomisario: Rubén Rimoldi.
“Lamentablemente estamos en un contexto bastante violento de la ciudad en su conjunto. A nosotros como multisectorial nos toca denunciar varios casos que vienen aconteciendo en la ciudad y no es nada menor que eso se de en el marco de un nuevo ministro de seguridad que es un ex policía y que nosotros veníamos marcando como un grave retroceso en materia de derechos humanos”, analiza Riquelme. Pero también se ampara en los datos: “En lo que va de su gestión se dieron por lo menos cuatros casos, y otros que no llegan a muertes letales pero que se suman a esta larga lista de violencia que tiene como principal protagonista a la policía”.
Pero además del desempeño policial, desde la multisectorial también entienden que no hay una presencia fuerte desde otros niveles del Estado que ayuden a paliar esa situación. Por eso en gran parte las víctimas y sus familiares acuden a este tipo de organizaciones que cuentan con herramientas limitadas para hacer frente a una situación de abuso. Sin embargo, se las rebuscan: a veces es acompañar, a veces es ayudar con los trámites a realizar en tribunales, fiscalía o el Centro de Justicia Penal, y a veces es un asesoramiento más específico que requiere de la intervención de abogados o especialistas en la materia.
“En este tipo de casos el Estado está totalmente ausente, no acompaña y lo poco que hay no es suficiente y deja mucho que desear. Desde la vuelta de la democracia a esta parte no hemos dejado de contar muertos, que generalmente son pibes que viven en los barrios populares. Y no podemos contar ni siquiera con una fiscalía personal o con un lugar específico donde podamos llevar adelante estas denuncias. No contamos con un numero siquiera para llamar y nosotros poder denunciar”, sostiene.
Por eso desde la Multisectorial ponen ciertos reparos a las demandas de más policías en las calles, una suerte de reclamo “del sentido común” cuando la agenda noticiosa está marcada por las crónicas rojas y el número de muertes crecientes. E instan a pensar nuevas estrategias para combatir la inseguridad: “Nosotros venimos denunciando hace un montón de tiempo que la policía es parte del problema y no la solución. No solo decimos que mató a mi hermano, sino también que en nuestros barrios se liberan las zonas, que está asociada al narcotráfico o a los desarmaderos de autos. Por eso nos preguntamos cuál es el rol de la policía en los barrios si tenemos un año que batió records en términos de muerte. Es una gran pregunta, porque los muertos siguen siendo los nuestros. Entonces, ¿más seguridad para quién? ¿A quién le garantizan la vida llenándonos de gendarmes y policías nuestros barrios?”.
Seguridad democrática
Para la diputada provincial Matilde Bruera, los reiterados casos de violencia institucional muestran una de las caras de la “ineficiencia policial” para abordar el tema seguridad en la provincia de Santa Fe. Por eso la legisladora propone trabajar en una reforma integral de la seguridad que incluya una formación integral de las fuerzas policiales, que hoy está organizada con un estatuto de la década del 70.
Puntualmente son tres los proyectos presentados en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, pero que hasta el momento no tuvieron tratamiento. La iniciativa presentada por Bruera aborda un catálogo de derechos y obligadores para las fuerzas de seguridad, así como también el derecho de los trabajadores policiales a agremiarse. “Esto es muy importante para que la policía se forme en las modalidades de intervención, ya sea para prevenir o para reprimir hechos de inseguridad. La policía evidentemente tiene una mala formación, no sabe cuándo debe intervenir ni como intervenir y no conoce los límites legales de su intervención. O no está capacitada para intervenir, o tiene orden de intervenir a su manera”, explicó.
La reforma propone un cambio de paradigma que impulse un retorno al gobierno político de la policía. Para la legisladora el principal problema que atraviesa la provincia en materia de seguridad tiene que ver con el autogobierno policial, que comienza a plantearse como un problema grave a partir del 2013 y que, lejos de solucionarse, se ha profundizado con la asunción de Rimoldi a mediados de agosto de este año.
“Hoy la policía ha retomado con todo su fuerza el autogobierno de tal manera que tenemos un ministro que es policía. Entonces eso realmente es un tema escandaloso que no condice con el modelo de seguridad democrática, que es el único modelo de seguridad eficiente”, expresó y agregó: “Y además creo que el ministro de seguridad tendría que abrir la boca. Ya hace un tiempo que está en la gestión y todavía no conocemos sus opiniones sobre seguridad, y yo creo que tiene que explicitar que está pasando con la policía santafesina”.
En ese marco, la dirigente del peronismo sostuvo que la cantidad de homicidios en Rosario constituye “una grave violación a los derechos humanos” y reclamó un abordaje serio de toda la clase política para afrontar la situación: “Necesitamos una decisión política desde el Ejecutivo en relación a un modelo de seguridad democrática, que es el único modelo que puede abordar este problema. Y eso implica el gobierno político de la policía. Hoy el propio ministro de Seguridad es un policía, algo contrario al modelo que se requiere para una sociedad democrática”.
Una mirada similar sostiene Julia Giordano, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Rosario, remarcando que desde la última dictadura militar no se han modificado las formas en que las fuerzas policiales trabajan. “Siguen operando de la misma manera, con los mismos métodos, reprimiendo de la misma manera. Entonces esa violencia institucional es una violencia que se sigue reiterando y que se va a seguir reiterando en tanto no cambiemos nuestra manera de controlar a las fuerzas de seguridad”, explica.
La organización fue una de las primeras en pronunciarse contra la designación de un exomisario al frente de las políticas de seguridad de la provincia. Por eso ponderó el rol de las organizaciones de la sociedad civil y el aporte que pueden realizar en lo que es el control del poder político, interviniendo de manera que las decisiones que se tomen están en ese orden sean respetuosas de los derechos humanos.
“No es posible pensar una institución que tiene el uso de la fuerza legítima del Estado con lo que eso conlleva, pueda controlarse a sí mismo, es una ilusión, algo muy ingenuo”, expresó y agregó: “Si no nos damos una discusión de cuál es la policía que queremos, en definitiva no vamos a ir nunca al fondo de la cuestión”.
Por último, Giordano vinculó la cifra de homicidios y muertes violentas en la ciudad a un “recrudecimiento del modelo capitalista” que deja sin oportunidades y profundiza las desigualdades sociales. “Si no hay posibilidad de pensar en una fuente de ingresos dignos, en donde las opciones nunca tienen que ver con poder estudiar, trabajar, tener un sueldo, un ingreso, un emprendimiento, se hace muy difícil sostener el día a día en los barrios. No podemos pensar que esa violencia es ajena a la posibilidad de pensar proyectos de sociedad dentro de este modelo que nos está matando”, evaluó.
