A siete años del Ni Una Menos, sobran motivos para estar en las calles. En Santa Fe, las demandas ponen la lupa sobre el sistema de justicia ante los recientes casos donde quedó tan expuesta la responsabilidad estatal. Fallos misóginos, búsquedas deficientes y la organización feminista detrás de las historias.
Fotos: Fernando Der Meguerditchian
Nora Escobar fue encontrada sin vida en el patio de la casa de quien fuera su pareja, dos semanas después de que su hija iniciara una búsqueda desesperada, con denuncia en la Fiscalía de Rosario que no encontró su cuerpo en un primer allanamiento.
Milagros, de 17 años, estuvo presa un año y medio, acusada de haber instigado el homicidio de su padre -a manos de su novio- en Venado Tuerto, hasta que la Cámara Penal criticó la falta de perspectiva de género y niñez de la sentencia condenatoria y la absolvió por el beneficio de la duda.
En la ciudad de Santa Fe, un juez penal con cuatro años de funciones fue destituido luego de dictar once resoluciones misóginas, situación que se conoció por el caso en el que dejó en libertad a un imputado por abuso sexual, porque usó preservativo.
Los tres casos generaron repercusiones y llevaron a posar -una vez más- la lupa sobre la perspectiva de género en la justicia, en el marco de un nuevo 3 de junio. A siete años del grito que estalló en el 2015, miles volverán a la calle para gritar que libres y con vida nos queremos, para decir basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios; basta de violencia machista. El reclamo de una justicia feminista es central en el marco de las demandas.
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“La violencia también la practican el poder judicial, policial, de seguridad, pensados desde una perspectiva machista en lo que se refiere a activar los sistemas de búsquedas de personas en particular y en el abordaje investigativo de los casos de violencia por motivos de género”, expresa Majo Poncino, militante del Movimiento Evita y de Ni Una Menos Rosario quien activó con otras compañeras en el reclamo por la búsqueda de Nora Escobar, desde fines de abril, cuando la mujer ya no se presentó a su trabajo. “Esas ingenierías institucionales no contemplan la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres, travestis y trans, frente al sistema de justicia a raíz de la desigualdad”.
Siempre el pueblo organizado, encabezado por las mujeres, es el que se hace cargo de lo que el Estado no está cumpliendo
Para Poncino está claro que “sin mecanismos de participación popular que marquen prioridades a este poder en conjunto con una perspectiva de género, el sistema judicial se va a seguir hablando a sí mismo y seguirá siendo un reproductor de una (in)justicia legitimadora de desigualdades que cuestan la vida”.
Sobre el caso de Nora recuerda que “no es el primer caso en el que vecinos y vecinas de manera voluntaria y solidaria salen a la búsqueda de quien nos falta. Siempre el pueblo organizado, encabezado por las mujeres, es el que se hace cargo de lo que el Estado no está cumpliendo, pero no por ello se dejó de exigir responsabilidad en la generación de aquellos dispositivos adecuados de acceso a la justicia. La violencia también se muestra en el campo de las demandas políticas transfeministas cuando el Poder Judicial sigue siendo reacio a dar un debate sincero de las causas que la originan. Necesitamos que se implemente la Ley Micaela. Solo visibilizando esta organización del poder se entiende por qué las mujeres en muchos aspectos, aún en estos tiempos, y con todos los avances del movimiento transfeminista nos encontramos en el subsuelo jurídico de nuestro país, siendo ciudadanas de segunda”.
“No se trata ya de una historia individual”, señala Majo Poncino. Por eso, insiste: “Exigimos justicia por Chiara, por Nora y todas las víctimas de femicidios y transfemicidos replanteando las instituciones que hoy tenemos. En ellas resurgen todas aquellas víctimas de las violencias que no han podido gritar justicia a causa del propio sistema judicial. Y nos urge también ampliar esa agenda de la justicia, porque nuestras compañeras no sólo necesitan salir de la violencia a través de una denuncia o tomando distancia del agresor, sino que, reclamamos tener acceso a una vivienda, al reconocimiento del trabajo y a la autonomía económica”.
Para la abogada Carolina Walker, “lo que falta es formación”. La letrada que tomó la defensa de Milagros en febrero pasado habló de la causa de la adolescente como un expediente con “prejuzgamiento a partir de estereotipos”. Incluso, recuerda que el fiscal que intervino en la audiencia de apelación, en marzo pasado, dio cuenta de su falta de conocimiento a la perspectiva de género, dijo que no había podido hacer la capacitación obligatoria que contempla la Ley Micaela y planteó que no sabía de qué se trataba la figura de femicidio vinculado que -como publicó la periodista Sonia Tessa, en Rosario/12 cuando dio a conocer el fallo que le dio la libertad a Milagros-, tiene once años en el Código Penal y para la defensa de Milagros, es la figura que aplica al novio de la joven.
Walker, a su vez, plantea que en el ámbito de la justicia de Familia también se encuentran con dificultades. “Hay causas en las que se ordenan revinculaciones, con casos en los que hay denuncias por violencia o abusos. El tema es que son procesos escritos, y si bien puede haber situaciones con un proceso penal y otro en Familia, van por dos lados distintos, cuando necesariamente deberían estar vinculadas”, cuestiona. “En la parte penal lamentablemente el hecho ya está consumado, la persona ya fue víctima y el proceso tiene que ver con buscar una resolución para darle respuesta a las víctimas; y en materia de Familia tenemos que evitar que siga ocurriendo el delito”.
Por otro lado, rescata que el caso de (la destitución del juez santafesino Rodolfo) Mingarini “es una muestra de que las cosas están cambiando, pero falta”. Incluso, plantea que la necesidad de un patrocinio gratuito “es importante para las víctimas, porque en la mayoría de los casos son mujeres y familias que muchas veces no tienen ni para movilizarse a Tribunales”.
Uno de nuestros reclamos históricos apunta al Poder Judicial: necesitamos una justicia cercana, accesible, transparente, capacitada, idónea, proba y verdaderamente justa: necesitamos una justicia feminista
Al mismo tiempo, la abogada valora el trabajo de fiscalías como la dedicada a la cuestión de delitos de género y delitos sexuales y destaca la importancia de las organizaciones que acompañan las causas.
Claudia Catalín es abogada e integrante de la mesa Ni Una Menos Santa Fe, uno de los espacios que activó y acompañó el pedido de destitución del exjuez penal santafesino Rodolfo Mingarini. Fue “un logro colectivo” sostiene. Y puntualiza que “uno de nuestros reclamos históricos apunta al Poder Judicial: necesitamos una justicia cercana, accesible, transparente, capacitada, idónea, proba y verdaderamente justa: necesitamos una justicia feminista”.
Para Catalín, el movimiento de mujeres y disidencias sexuales “demostró que es necesario enfrentarse a los poderosos y dejar en evidencia la responsabilidad de cada uno en la situación de violencia y discriminación que vivimos día a día las mujeres y disidencias. En ese contexto, plantea que “a 7 años del primer Ni una menos, seguimos en las calles reclamando contra los femicidios y las violencias». Frente a las demandas de los feminismos, reafirma: “No dejaremos las calles, no dejaremos de luchar hasta que hagamos realidad el Ni una menos, con plenitud de derechos e igualdad”.
El reclamo es contundente: “No aceptamos menos, no merecemos menos”.
