Otro femicidio evitable y el grito de auxilio que nadie escucha: Agustina tenía solo 17 años cuando su ex novio la degolló en plena calle de Coronel Moldes, un pequeño pueblo de la provincia de Salta. En Cafayate, la ex pareja de Fabiola Echenique, miembro de la Gendarmería nacional y con reiteradas denuncias por violencia en su contra dijo “haberla encontrado sin vida” en su propia casa y la justicia caratula la causa como suicidio mientras las organizaciones feministas y su familia exigen una profunda investigación. La ineficacia del Estado en la prevención de femicidios.
Alrededor de la plaza central de Cafayate confluye el turismo. Bares, locales de venta de artesanía y comidas regionales, vinotecas, bodegas, la Municipalidad, la Iglesia. De fondo, los cerros y el clima caluroso que empieza a sentirse en primavera. Nada parece fuera de lugar, todo lo contrario. La postal invita a quedarse en este paraje maravilloso que tiene Salta, entre quebradas y viñedos. Pero más allá de la foto emerge el reclamo y algo de toda esa vida que no entra en los circuitos que ofrecen las agencias ni los puntos oficiales de información turística.
Son las cinco de la tarde y un grupo de siete policías custodian la puerta del Municipio mientras unas tres mujeres pegan carteles con dos nombres: Fabiola y Agustina. La gente camina mirando vidrieras o pizarras de promoción y ellas parecen invisibles. Pero no lo son. Me detengo a observar las pancartas donde está escrita la palabra “Justicia” y una pregunta que interpela “¿Quién te cuida de la policía?”. En otra, aparece la cifra: 13 femicidios tiene Salta en lo que va del año.
Mara es una joven mamá que hace tres meses se mudó de la capital a Cafayate por una emergencia. Sufría acoso y violencia de su ex pareja y decidió refugiarse en la ciudad donde están sus amigas para resguardar su vida y la de su hija. “Acá no nos cuida ni la policía ni el Estado. Nos cuidamos nosotras”, dice. Es militante feminista e integra un grupo de mujeres autoconvocadas que en toda Salta se articulan para denunciar las violencias machistas que padecen mujeres y disidencias sexuales. Por eso Mara se acerca a conversar y a contar su historia pero, sobretodo, la de Fabiola y Agustina que ya no pueden hablar ni denunciar ni exigir por su derecho a estar vivas.
Agustina Cruz tenía 17 años cuando su ex novio, de 18, la degolló en plena calle camino al colegio en la pequeña localidad de Coronel Moldes, ubicada a 70 kilómetros de la capital salteña. Su caso está en casi todos los medios provinciales. Fue tan evidente la inacción del Estado que la indignación colma los portales de noticias y trasciende el silencio. Otro femicidio evitable, pienso, mientras Mara relata en pocas palabras cómo las disintas instituciones estatales descuidaron a Agustina.
Dos denuncias radicadas, un pedido de botón antipánico que nunca llegó, y una consigna policial permanente que cumplían a medias. Su mamá acaba de enterrar a su hija y no hay consuelo. Más allá de la imputación para el femicida de Agustina, el dolor es demasiado. Es que nadie la escuchó: otro grito, otro pedido de ayuda que no alcanzó para que el Estado, en su conjunto, accione a tiempo. La frase aturde: “El Estado es responsable”. Y no caben las dudas cuando las cifras se acumulan en historias que tanto se parecen.
“A la mamá de Agustina le dijeron que no tenían personal policial para la custodia permanente que le habían asignado. Yo me pregunto de qué se ocupa la policía en una localidad donde casi no hay robos. Pero sí los ves en los hoteles de la gente más rica”, dice Mara llena de bronca, la misma que tiene cuando señala a los policías de Cafayate, más preocupados en resguardar las paredes limpias del Municipio que en actuar a tiempo cuando se radica una denuncia por violencia de género.
El testimonio de la mamá de Agustina se escucha en los canales de televisión. “Estamos destruidos. Quiero justicia por mi hija, quiero que esto no le pase a ninguna otra chica. Mi hija venia callando las agresiones, la ultima vez la agarró del cuello y casi la mata. Yo en ese momento no lo supe, a los tres días me lo cuenta. Ella tomó coraje porque le tenia un tremendo miedo. Me lo contó e hice dos denuncias por amenazas de muerte, fui con los mensajes que le mandaba él, y me dijeron que tenga esas pruebas por si le pasaba algo. Tenía una perimetral y una consigna policial. Iban a la mañana y a la noche a preguntar si había alguna novedad. No tenían personal. Se cumplieron los 8 días y no se hizo más. En ese transcurso hice una ampliación de denuncia por violencia de género y solicitamos un botón antipánico”, dice Yanina Cruz, cargada de dolor.
¿Cuánto habrá que denunciar para prevenir un femicidio?. La mamá de Agustina transitó toda la ruta crítica buscando respuestas: acudió a la comisaría de su pueblo, al área de género, buscó protección para su hija. “Hicimos todos los pasos que teníamos que hacer”, dice con impotencia. “Ellos tendrían que haberlo detenido por amenazas. Él le dijo si vos no estás conmigo no vas a estar con nadie, y lo cumplió. El lo tenía todo planificado, utilizó un guante de látex y puso ese día una foto de perfil en el Cerro San Bernardo. Si la policía me hubiera ayudado mi hija estaría acá, conmigo”, le dice a los medios. Hace una semana anunció que denunciará a la policía de Coronel Moldes por abandono de persona.
Los datos del Observatorio Lucía Perez -padrón autogestionado que lleva adelante la cooperativa de prensa La Vaca – señalan que en Argentina ya se cometieron 252 femicidios y se registraron 317 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en lo que va de 2021. El último crimen registrado pertenece a la provincia de Tucumán. “Durante el mes de octubre registramos 35 femicidios y/o travesticidios, 8 presentaban denuncias previas por violencia. En Chaco, el hermano de Marilú Romero, -27 años, asesinada por su ex pareja Héctor Daniel Gutiérrez-, denunció a jueces y fiscales de esa provincia para determinar sus responsabilidades en la veintena de denuncias por violencia de género que Marilú había hecho antes del femicidio y por las que el Estado no hizo nada para protegerla. Dos de sus tres hijos, de 7 y 9 años, presenciaron el asesinato. En Salta, Agustina Cruz, 17 años, fue asesinada cuando iba al colegio por su ex novio, Juan Gallardo. Agustina había hecho la denuncia y tenía una restricción de acercamiento pero el Estado no garantizó la consigna policial. Su mamá anunció que denunciará a la policía por abandono de persona. En Mar del Plata, la familia de Lucía Pérez volvió a marchar pidiendo justicia al cumplirse cinco años de su femicidio. Todavía espera la fecha del jury que impulsaron a los jueces que pretendieron dejar su femicidio en la impunidad. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la violencia. Para hacerlo no puede ser un eslabón más de ella, debe escuchar e implementar las acciones necesarias para proteger a cada persona que así lo necesite. Cada femicidio es evitable, y debe ser el último”, señalan desde el Observatorio.
Mara repite una y otra vez que Salta es una provincia profundamente patriarcal. “Acá nos tratan de exageradas cuando vamos a denunciar. Eso le dijeron a Agustina cuando fue a pedir un botón antipánico”. La primera denuncia que hizo su mamá fue el 21 de septiembre. Casi un mes después, Juan Gallardo asesina a Agustina, a plena luz del día, en plena calle y frente a varios testigos.
El caso de Fabiola está prácticamente archivado a pesar de las denuncias por violencia que había radicado contra su ex pareja, el gendarme Daniel A. y una restricción de acercamiento que le prohibía estar a menos de 300 metros. Sin embargo, fue este mismo hombre el que dijo haber encontrado el cuerpo sin vida de Fabiola Echenique en su dormitorio y dio aviso a la policía. A pesar de que la muerte de Fabiola continúa en proceso de investigación, son pocas las esperanzas que tiene la familia en avanzar sobre la hipótesis de femicidio. Es que los resultados preliminares de la autopsia indicaron que el cuerpo no presentaba otras lesiones y que la causa de muerte era “asfixia por ahorcamiento”. Fabiola era oriunda de Misiones pero se había radicado en Cafayate cuando su pareja fue trasladado. Tiempo después se separó y lo denunció por violencia de género.
“Fabiola tuvo que llevar a su hijo a Buenos Aires a vivir con su papá para resguardarlo”, cuenta Mara. Una vez más, denuncia la inacción del Estado: “acá la policía tampoco actuó, y en el área de género no hay capacitación de la Ley Micaela. Cuando las mujeres radican una denuncia, la justicia descree de la voz de las víctimas”.
Fabiola denunció a su ex pareja 15 veces, dice Mara. Buscó ayuda y acompañamiento en otras mujeres y organizaciones feministas de la ciudad de Cafayate. Sus compañeras activaron las redes de contención pero no fue suficiente. Cuando el Estado no actúa eficazmente, los riesgos se multiplican. Las organizaciones de Cafayate exigen que su muerte se investigue como un femicidio y en caso de que no hayan pruebas que lo confirmen, se avance en la hipótesis de un “suicidio inducido” debido al contexto de violencia y las amenazas que sufría Fabiola. Mientras tanto, su ex pareja fue trasladado a ejercer funciones a Salta Capital.
“Como ocurre en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión”, señalan desde el Centro de Estudios Legales y Sociales. El último informe publicado por la Casa del Encuentro indica que entre los 237 femicidios/transfemicidios registrados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año, 27 fueron cometidos por agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad. Otros datos se desprenden del relevamiento que realiza la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia: en su último informe señala que de los 251 femicidios registrados en 2020, al menos 7 fueron cometidos por integrantes de las fuerzas armadas y/o de seguridad.
Fabiola pidió ayuda. Su muerte en circunstancias sumamente dudosas merece una profunda investigación y eso exige su familia y las organizaciones de mujeres que la acompañaron en el último tiempo cuando ella pudo denunciar a su agresor.
En Cafayate, las voces de las mujeres siguen construyendo redes aunque gran parte de la sociedad prefiera no involucrarse. Romper con la indiferencia es un primer paso: por eso Mara y sus compañeras pegan carteles aunque la policía custodie las paredes, con los nombres de las pibas que no vuelven y un reclamo de justicia.
