La resistencia de la ciudad catamarqueña de Andalgalá es histórica. Hace once años que su gente camina cada sábado en defensa de la vida. Conformaron una asamblea ciudadana y crearon su propia radio comunitaria. Cada vez son más los y las vecinas que dicen que aquí no hay licencia social para la minería a gran escala ¿Qué significa el agua para estas comunidades? ¿Cómo quedan los pueblos después de 20 años de extractivismo minero? La lógica capitalista, colonialista y patriarcal de la voracidad minera.
Fotos: Susi Maresca para Revista Cítrica
“Los ríos son nuestras venas”. La frase se escucha del otro lado de la pantalla. Ana Chayle vive en Andalgalá, el pueblo que desde hace más de 20 años tiene a la actividad megaminera incrustada en su territorio. Por esas venas corre agua y un río que le da nombre a todo un pueblo. En esta conocida “perla del oeste” catamarqueño, la tercera ciudad más importante de la provincia, tienen claro qué defienden cuando se oponen al avance del modelo extractivista.
– El agua es vida. Es todo lo que permite que Andalgalá sea un pueblo, un territorio ubicado en un mapa. Es el río donde descansan nuestros pies, es lo que hace que tengamos una enorme biodiversidad. Nosotros somos agua y memoria.
Ana Chayle es una de las integrantes de la Asamblea El Algarrobo y una de las voces que más difunde lo que sucede a 248 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Hace años vivió en la Rioja donde fue parte de las luchas asamblearias en defensa del cerro Famatina. Después se sumó a las primeras marchas en contra de Minera Alumbrera, la emblemática multinacional emplazada desde el año 1994 en Catamarca. Dice que conoce de cerca el discurso prominero. Escuchó sus supuestas “bondades” a favor del “progreso”. Asistió a charlas, congresos, actividades. Pero nunca dudó de qué lado estar porque en esos territorios, cuenta, la grieta es visible.
– Acá la grieta de la que hablan a nivel nacional no nos importa. Acá nos atraviesa otra grieta que tiene de un lado a las personas que estamos en contra de la megaminería, y del otro, a las que apoyan y están a su favor.
Parir lucha
Andalgalá tiene una extensa historia de resistencia y algunos hitos memorables. La conformación de la Asamblea El Algarrobo en el 2010 es uno de ellos: nació a la sombra de un árbol que supo darles reparo durante el extenso corte de un camino vecinal que sostuvieron vecinxs para evitar el avance de las máquinas que pretendían operar en el cerro Nevados del Aconquija de la mano de la multinacional canadiense Yamana Gold. El proyecto tenía nombre, Agua Rica, y la luz verde del entonces gobierno provincial. Prometía ser tres veces más grande que el yacimiento activo Bajo La Alumbrera -explotado por capitales trasnacionales (Glencore, Yamana Gold y Goldcorp) junto a la sociedad Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) que integra el estado nacional, el provincial y la Universidad Nacional de Tucumán-y se ubicaría a tan solo 17 kilómetros de la zona urbana de Andalgalá. Lo que no tenía era el informe de impacto ambiental aprobado.
Pero un año antes, en el 2009, el pueblo conocía las dimensiones de otro acuerdo que el gobierno de Catamarca había sellado en silencio en el 2005 con la empresa Billiton Argentina BV: Pilciao 16. Para su concreción, el Estado provincial otorgaba en concesión minera el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. Es decir, la mina cubriría todo el casco urbano de Andalgalá. Ana recuerda: “lo grave es que todos los habitantes desconocíamos de que se trataba. Era un proyecto que inclusive incluía una indemnización para que dejemos nuestras viviendas. Yo siempre digo, una casa no son las paredes. Es el territorio donde crecemos, donde tenemos una historia, toda una vida”.
Pilciao 16 y Agua Rica contaron con una enorme piedra en su camino: la organización popular de vecinxs movilizados que iniciaron acciones en las calles y legales para intentar poner freno a los proyectos mineros. El 15 de febrero de 2010 el gobierno provincial reprimió ferozmente el corte que mantenían y hubo detenciones y heridos. “Había mujeres, niños, ancianos. Y reprimieron duramente pero esa represión tuvo una respuesta inmediata del pueblo, se armó una pueblada, hubo manifestaciones masivas en las calles y en las plazas”. Agua Rica quedó paralizada y la comunidad continuó batallando en las instancias jurídicas para defender el agua y su tierra.
Andalgalá es memoria, dice Ana. “Agua y memoria” vuelve a insistir. En el 2016 finalmente lograron una victoria que años atrás parecía impensada. Una conquista que esa memoria andalgalense no olvida. Se trata de la ordenanza 029 sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante que expresamente prohibía la minería metalífera a cielo abierto. De esta manera, ni los cursos de agua ni las vertientes podrían ser utilizadas para explotaciones mineras.
Cinco años después, la historia vuelve a repetirse.
El guiño judicial
Es la mañana del 24 de diciembre de 2020. Andalgalá amanece con una noticia que genera un profundo estallido social. La Corte Suprema de justicia provincial acaba de declarar inconstitucional aquella ordenanza municipal que lxs vecinxs celebraron en el 2016. Ahora sí, entre sidras y pan dulce, Yamana Gold contaba con el camino despejado para avanzar con la etapa de exploración del anunciado Proyecto MARA: la integración de Agua Rica y Alumbrera. Según la empresa, esta integración “crea sinergias significativas al combinar la infraestructura existente que anteriormente se usaba para procesar el mineral de la mina Alumbrera durante su vida útil, incluidas las instalaciones de procesamiento, una instalación de almacenamiento de relaves totalmente permitida, tuberías, instalaciones logísticas y edificios auxiliares”.
Lo que no pudieron en el 2010 y luego en el 2016 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del amparo presentado por los vecinos para detener el avance de Agua Rica, ahora sí parecían lograrlo con la ayuda del gobierno provincial y la justicia catamarqueña. El fallo de los jueces provinciales a favor de la multinacional canadiense señala que la actividad minera es un “medio destinado al desarrollo económico y social de esa jurisdicción”. El gobierno provincial explicó a través de un comunicado que se había efectuado la consulta pública sobre el nuevo informe de impacto ambiental presentado por la empresa. Pero desde la Asamblea cuestionaron el mecanismo: “consistió en llenar planillas con preguntas que nunca tuvieron respuesta. La información brindada a la comunidad eran expedientes administrativos que contaban con 3 mil páginas que debían ser leídas en menos de 15 minutos debido al contexto de pandemia”.
Este es el punto de partida para un nuevo periplo judicial y reclamos y marchas que tanto identifican al pueblo andalgalense. Desde la Asamblea aseguran que la ordenanza sigue vigente, a la espera de la resolución de los amparos presentados, y que toda actividad de la empresa en el cordón montañoso del Aconquija es totalmente ilegal, aunque cuente con la autorización del Ministerio de Minería de la provincia. Y no solo eso: también denuncia que además de violarse la Ley Nacional del Ambiente, este proyecto vulnera la actual Ley nacional de Glaciares. “Uno de los once pozos que la provincia autorizó a perforar se encuentra a solo 700 metros de un glaciar inventariado”, dice Ana Chayle.
Horacio Machado Aráoz, investigador de Conicet y docente de la Universidad Nacional de Catamarca, señala en el programa Voces por la Tierra de Radio Nacional Esquel, que lo que pretende Agua Rica es explotar 90 mil toneladas de montaña por día. “Dejar 32 millones 600 mil toneladas al año de desechos tóxicos. Este proyecto se llama Agua Rica porque la concentración de mineral que se pretende extraer está debajo del cauce de la cuenca hídrica del río Andalgalá, de manera que tienen que producir una intervención a gran escala de esa cuenca que abastece de agua potable, de riego, de agua vital a la población. Por eso, la gente del pueblo sabe que su vida nace del Nevado del Aconquija”.
A nivel nacional -y aunque casi no haya difusión en los medios masivos- referentes de Derechos Humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Perez Esquivel enviaron una carta abierta al gobierno de Catamarca a cargo de Raúl Jalil. Allí expresaban: “Lo que esta autorización no ha considerado es la existencia de glaciares inventariados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), así como de ambientes periglaciares dentro de la zona de exploración, violando lo dispuesto por la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La existencia de estos cuerpos de hielo perennes ha sido incluso constatada por el propio Ministerio de Minería de Catamarca en una inspección llevada a cabo en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental, así como por otra inspección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizada el 5 de marzo del corriente. Respecto de la existencia de ambientes periglaciares, el Ministerio de Minería provincial consideró que deberían realizarse estudios al menos por dos años, no obstante lo cual autorizó la exploración, violando el principio precautorio y preventivo dispuesto en Ley General del Ambiente”.
“Dictadura minera”
El 7 de abril un grupo de vecinxs detectó actividad minera en el cerro. Dos días después las mujeres organizaron una sentada frente a las puertas de la empresa y el sábado 10 de abril, vecinos y vecinas de Andalgalá iniciaban la caminata pacífica número 583. Las marchas son un emblema en la historia de resistencia de este pueblo que hace 20 años escuchó las mismas falsas promesas por parte de Minera Alumbrera, el primer y más grande yacimiento metalífero de Argentina.
“Hoy el 80% del pueblo no quiere la megaminería, y las caminatas nunca dejaron de hacerse, aunque llueva, haga frío o calor. Estas empresas proponen modelos económicos esclavos. Se asientan en un pueblo con la propaganda de ser salvadores y luego de extraer todas nuestras riquezas dejan a su paso pueblos cada vez más pobres”, dice Ana.
El incendio de la oficina de Yamana Gold la misma tarde en que se realizaba la marcha desató una cacería policial contra vecinxs, algunos de ellos integrantes visibles de la Asamblea el Algarrobo. Fue la excusa que el Estado encontró para iniciar una persecución que incluyó detenciones arbitrarias, allanamientos y violencia policial. Ana cuenta que extrañamente esa tarde la zona parecía “liberada”. “La empresa megaminera había mandado a enrejar las únicas ventanas que no tenía rejas y habían previsto que podía haber incidentes, y olvidaron entre comillas trabar la puerta. Con una patada la puerta se abrió de par en par, para nosotros fue armado. Estos hechos irregulares fueron denunciados por la Asamblea, la justicia no los tuvo en cuenta pero aceleró detenciones y allanamientos contra personas que hace años se identifican con esta lucha.”
Doce personas fueron imputadas por delitos contra la propiedad, hurto, daño e incendio doloso y estuvieron presos durante casi dos semanas en condiciones deplorables. “Las únicas pruebas en su contra eran testimonios de personas vinculadas con la policía y la empresa. En sus domicilios lo único que secuestraron fueron pancartas que decían “no a la megaminería”, “el Nevado nos proveé agua” “fuera Agua Rica”.
Walter Mansilla es fotógrafo, activista, docente. Aún hoy, en libertad pero con un proceso judicial en curso, intenta recuperarse de la golpiza que sufrió. Un rato antes de su detención alcanzó a mandar un mensaje a la periodista Susy Maresca -quien viajó hasta Andalgalá para retratar y visibilizar la lucha- que decía: “están por reventar la puerta de mi casa”. Un minuto después su teléfono dejó de tener señal y uno de sus amigos enviaba una foto con la puerta de su casa plagada de policías. “Lo único que hizo Ají fue registrar la lucha del pueblo de Andalgalá”, relata Susy. A Walter lo golpearon, lo tiraron al piso, le pisaron los talones, le saltaron sobre la espalda, lo patearon en el suelo, le torcieron las manos, le precintaron los puños con fuerza, le pusieron la rodilla en el cuello para asfixiarlo. Dos semanas después de estar preso puede contar la historia: “No me podía mover de los golpes que me habían dado. Y me gritaban que me levante. Uno de ellos me levanto de los pelos hasta que hice pie para pararme. Me sacaron hasta el patio de mi casa y me obligaron a arrodillarme”.
Walter dice que en Andalgalá gobierna una dictadura minera. “Una de las noches en la comisaría hubo aprietes. Llegó Infantería, entró a la celda, agarró a uno de nosotros al azar. Lo esposaron y se lo llevaron, al rato hicieron lo mismo con otro y no sabíamos qué pasaba. No teníamos ningún familiar cerca porque era de noche y por las restricciones de la pandemia nadie podía estar afuera de la comisaría. Estábamos absolutamente solos. Fue muy feo ver cómo se llevaron a compañeros. A todos los que se llevaron los interrogaron, les mostraron videos y fotos de las caminatas y les pedían nombres de las personas que estaban ahí. A Gabriel, uno de los compañeros, le leyeron todo sobre su vida, lo habían espiado, sabían todo: qué hacía, dónde vivían sus hijas, qué hacía su ex pareja, habían hecho una trabajo de inteligencia para que se quiebre y le decían que si no respondía las preguntas lo iban a golpear, atrás había cuatro tipos”, señaló al medio cooperativo Cítrica.
La criminalización de la protesta social y la persecución a miembros activos de las asambleas ciudadanas es un método extorsivo conocido en estos pueblos. Basta recordar lo ocurrido en el 2017 en Jáchal, provincia de San Juan. “Buscan atemorizarnos, desarticularnos, criminalizarnos y acallar este reclamo popular y que ha sido desoído por el gobierno al autorizar la perforación de estos pozos”, dice Ana. Y entre dientes apretados sostiene: “esta justicia es muy rápida cuando debe favorecer intereses y muy lenta cuando debe proteger el bien común de los habitantes de este pueblo”.
Oro ¿para quiénes?
Minera Alumbrera es un caso paradigmático en la provincia de Catamarca. Vecinos de Andalgalá, Santa María y Belén saben de qué hablan cuando señalan las promesas incumplidas de la empresa. ¿Cómo queda un pueblo luego de veinte años de explotación minera?.
Ana lo resume en tres palabras: empobrecido, enfermo y dividido.
Catorce años después de la instalación de la minera, “el paisaje socioeconómico de la provincia no ha cambiado favorablemente, sino todo lo contrario: se evidencia la intensificación de preocupantes indicadores sociales, con niveles de pobreza e indigencia, de desempleo y subempleo, y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales‟ de los más altos del país”, puede leerse en el libro “15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina” editado por el Colectivo Voces de Alerta.
Minera Alumbrera prometía diez mil puestos laborales en sus folletines publicitarios. Durante la fase de construcción de la mina se crearon 4.000 puestos de trabajo, según un informe publicado por la CAEM. Según un estudio de la Universidad Nacional de San Martín, el empleo directo fue de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los años 2000, 2001, y 2002 respectivamente. Actualmente, en el sitio web de la Minera se señala que hasta el 2017 había 1621 trabajadores, de los cuales 654 pertenece a empresas contratistas.
Laura Alvarez es licenciada en Ciencia Política de la UBA, compiladora del libro «Megaminería en América Latina» e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Consultada por enREDando destaca algunos datos a nivel nacional: “en el tercer trimestre del 2017 los empleos directos generados por las mineras eran un poco más de 10.000 y más de 7000 contratistas. Eso nivel nacional es prácticamente nada. Representa un 0,15 por ciento del empleo nacional. Dicen que generan empleos indirectos, pero la mayor parte del empleo es en los primeros años cuando se construye el yacimiento de las mineras. Después disminuye abismalmente la cantidad de empleo”.
Ana Chayle vive en Andalgalá. Dice que al inicio de la pandemia, Catamarca fue una de las provincias que más Ingresos Familiares de Emergencia necesitó. Los datos de la ANSES la ubican en el puesto número 6. Dice que el hospital que construyó la Alumbrera en Andalgalá no cuenta ni siquiera con agua caliente para la higienización. Dice que para el nuevo proyecto Mara se anunció en esta primera etapa, la creación de apenas 50 puestos de trabajo. “Cincuenta empleos para sacrificar a todo un pueblo de 20 mil habitantes”.
Agua y Energía
El agua es un bien escaso en zonas semiáridas. Sin embargo, el yacimiento más grande de Argentina, Bajo Alumbrera, tenía permitido utilizar hasta 100 millones de litros por día, 1.100 litros por segundo, casi cuatro millones de litros por hora mientras que la Organización Mundial para la Salud establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera utilizaba, por día, el agua equivalente a dos millones de personas.
Horacio Machado Araoz es autor de numerosos libros como «Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea» y de una gran cantidad de documentos y textos de investigación. En el capítulo denominado “Minería Trasnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias” del libro «Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales» explica con claridad como funciona la Alumbrera: “consiste en una explotación a cielo abierto dedicada a la extracción de un concentrado polimetálico”: cobre, oro y molibdeno. Para ello, Alumbrera remueve 340 toneladas de roca por día y utiliza 105.600 kilos de ANFO diarios, es decir, es el mayor consumidor de explosivos del país, lo que implica, señala Machado “una alta demanda de sumidero de gases nitrosos (factores de generación de lluvias ácidas con alto impacto sobre los cuerpos de agua y los suelos, flora y fauna) producto de las voladuras”.
Alumbrera cuenta, para transportar el concentrado extraído, de un mineraloducto de más de 300 kilómetros de extensión que parte de la planta de procesamiento hasta la planta de filtro ubicada en Tucumán, atravesando en varios tramos lechos de ríos y concentraciones poblacionales. Allí, en época de actividad, trasladaba el material hasta su propio puerto privado ubicado en Puerto General San Martín a través del llamado “Tren Azul”, el ferrocarril de la empresa que recorre alrededor de 800 kilómetros de distancia. Las toneladas de cobre y oro y otros minerales eran exportados a través de la “Hidrovía”: el río Paraná convertido en un megacanal del modelo extractivista. En 2017 sus exportaciones sumaron US$472 millones, según los últimos datos publicados por la empresa en su sitio web, aunque pese sobre ella sospechas por contrabando de metales por más de 8,200 millones de dólares, según denunció la socióloga y ex diputada Alcira Argumedo quien falleció días atrás.
La energía es el otro gran insumo que la Alumbrera utiliza en cantidades abismales. Para eso precisó construir un electroducto aéreo de alta tensión de 220 kv de potencia y 202 kilómetros de extensión. Machado señala : “el requerimiento energético del emprendimiento es realmente significativo: en el 2003 el consumo de electricidad de Minera Alumbrera fue equivalente a un 170% del total de consumo de la provincia de Catamarca y al 87% de la provincia de Tucumán.
Laura Alvarez refuerza: “Solo en un año de buena producción el proyecto Alumbrera usó de energía el equivalente del doble del consumo residencial de toda la provincia de Catamarca. La utilización de energía en situaciones de crisis energética es increíble. No hay modo alguno de dinamitar montañas y utilizar cantidades de agua y energía de manera “sustentable” porque tiene que ver con la forma de producción de estas empresas, no porque sean buenas o malas sino porque dejan de ser rentables. Es así como producen. La minería es una actividad extractiva que utiliza muchos recursos naturales, como lo entienden las empresas, y en mucho menor tiempo que aquella minería tradicional de pico y pala. El desarrollo de este tipo de minería es posible por el gran desarrollo de las tecnologías en todo el proceso de producción y por la apropiación de esos recursos naturales. Eso significa más producción en menos tiempo y con menos trabajadores y eso la convierte en industrias más productivas. La lucha socioambiental responde con una mirada absolutamente crítica a este tipo de productividad que es, en general, a corto plazo”.
Solo en un año de buena producción el proyecto Alumbrera usó de energía el equivalente del doble del consumo residencial de toda la provincia de Catamarca. La utilización de energía en situaciones de crisis energética es increíble. No hay modo alguno de dinamitar montañas y utilizar cantidades de agua y energía de manera “sustentable” porque tiene que ver con la forma de producción de estas empresas, no porque sean buenas o malas sino porque dejan de ser rentables.
Además la megaminería suele tener un impacto negativo sobre otro tipo de industrias. Así también lo revelan los datos oficiales: “El crecimiento de más de 18 puntos porcentuales promedio del sector minero ha ocasionado una correlativa retracción de la casi totalidad de las restantes actividades”, es decir, “una economía que sustentaba sus bases en actividades industriales y de servicios se transformó en otra que posee a la actividad minera como actor principal”, destaca Machado.
Por otro lado, Alumbrera acumula denuncias por contaminación de ríos provocada por derrames del mineraloducto, el caño bajo tierra que transporta barro con ácido y mineral diluido, y una condena de la justicia tucumana. También hay denuncias por filtraciones de su dique de colas, el enorme basurero artificial donde se depositan los residuos ácidos que desprende la planta de procesamiento. “El dique de colas cumple la función de ser el agua de todos los residuos de la mina, eso se va levantando y es una bomba a punto de explotar. Además se demostró la conexión hidráulica entre la cabecera del rio Vis Vis y el dique de colas. Esto demuestra algo muy claro: el drenaje ácido minero, que es una de las grandes consecuencias de cualquier actividad minera. Es una pluma contaminante que se extiende por los suelos y es un drenaje ácido, y donde hay efectiva acidez no hay lugar para el desarrollo de la vida. Incluso con la Alumbrera ya desapareció el primer pueblo pegado a este lugar que se llama Vis Vis, era un vergel, uno de los lugares productivos más lindos y diversos que tenia Andalgalá. Esa población desapareció. Ubicaron 10 bombas de retrobombeo para intentar devolver parte del impacto del drenaje ácido minero al dique de colas, lo cual es imposible porque el drenaje se genera con una explosión de miles de toneladas de piedra, y no hay herramienta para neutralizar semejante impacto”, explica Melina Zocchi, otra activista de Andalgalá y dirigente gremial de la CTAA de Catamarca.
Pericias realizadas por Gendarmería Nacional detallaron a su vez, que muestras de agua tomadas del canal DP2 (transporta el agua que desecha la planta de secado del concentrado, en Tucumán, que baja a Santiago del Estero y termina en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba) mostraban “un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos para el parámetro cobre”, como así también la presencia de cianuro en el agua.
Colonialismo, patriarcado y resistencia en los territorios
¿Cómo queda un pueblo luego de veinte años de explotación minera?. La pregunta rebota como un boomerang.
Minera Alumbrera es el ejemplo paradigmático de lo que genera el extractivismo minero: “la superficie territorial intervenida, la magnitud de los recursos naturales requeridos así como la envergadura de las transformaciones provocados en el paisaje y la economía local dan cuenta de las dimensiones y los alcances de la apropiación que el capital trasnacional opera sobre los territorios”, dice Machado Araóz. “El caso de la minería metalífera trasnacional puede considerarse paradigmático de las nuevas forma de expropiación ecológica instauradas con la globalización del capital”.
Estas nuevas formas de expropiación requieren de una dependencia del Estado. “Esto se debe a una corporación entre Estado y empresas. Y no se trata si los capitales son nacionales o trasnacionales sino que el debate es el modelo extractivista. El desarrollo es falso y no genera trabajo genuino” aporta Melina. De ahí que los fallos de las justicias provinciales resuelvan muchas veces a favor de los intereses de las multinacionales y que las legislaciones vigentes -las de los años 90 y actuales- sean tan laxas para estas empresas cuya principal finalidad es la exportación del total de su producción. Hay una verdad inocultable: la minería trasnacional genera divisas necesarias para la macroeconomía, regalías para las provincias y un gran volumen de exportaciones.
“Son gobiernos que viven inmersos en un sistema que apunta a la productividad, todos los tipos de gobierno. Es el sometimiento de la naturaleza para generar desarrollo de divisas, es decir, lo que ellos llaman “crecimiento”. No se piensa qué tipo de desarrollo necesitamos. Hay que discutir otra matriz de producción y consumo. Las diferencias entre gobiernos neoliberales o más progresistas tienen que ver con el tipo de capital que destruye esa naturaleza, si es trasnacional o nacional, o si el resultado de esa destrucción es más distributiva. Pero las consecuencias, para las asambleas socio ambientales son las mismas. Acá lo que está en juego es el derecho de los pueblos sobre cómo quieren vivir”, apunta Laura Alvarez y menciona a modo de ejemplo el reciente decreto 234 del actual gobierno nacional que establece un régimen de fomento para la inversión de las exportaciones, entre ellas la actividad minera, garantizando en su artículo 11 estabilidad normativa en materia cambiaria por 15 años.
Horacio Machado Aráoz en la entrevista con Voces de la Tierra señala con contundencia: “la megaminería es motor de desarrollo: de capitalismo, colonialismo y patriarcado. Lo que hay que poner en cuestión es qué entendemos por desarrollo”.
El tipo de minería se refleja en un tipo de sociedad, y la megaminería sigue reflejando una sociedad que va en contra de las fuentes fundamentales de la vida.
Y despliega un análisis necesario para entender las relaciones entre capitalismo, patriarcado y extractivismo. “La figura del conquistador del siglo XVI instituye la forma prototípica de la subjetividad moderna. Es un varón violento, armado, entrenado en el arte de la guerra que sale al mundo con una voracidad y una codicia con formas de enriquecimiento rápida y fulminante. Lamentablemente estamos en un momento donde este patrón de relación se ha expandido y se ha industrializado. Y este tipo de minería colonial que empieza en 1545 con la explotación del Cerro de Potosí fue clave para el desarrollo del capitalismo como economía mundial, del colonialismo como formas de relaciones geográficas y del patriarcado como una forma de pensar la diferencia sexual en términos de dominación. Hoy el mundo depende de la minería en un sentido material y simbólico. El mundo de los dominadores es un mundo minero: el poder financiero y el poder militar son los principales demandantes de minería. Más del 90 por ciento del oro que se extrae sigue funcionando como la reserva de valor clave del sistema financiero mundial. Y la industria armamentística es la que más demanda en cantidad y en diversidad de minerales. Lamentablemente la minería es motor de desarrollo de una sociedad que se ha mundializado bajo una matriz bélica. El tipo de minería se refleja en un tipo de sociedad, y la megaminería sigue reflejando una sociedad que va en contra de las fuentes fundamentales de la vida. Cuando discutimos este tipo de minería estamos poniendo en crisis también este tipo de sociedad atravesada por las desigualdades, las violencias patriarcales y profundas brechas de autonomía, libertad, derechos de las personas».
No es casual que sean mujeres, en su gran mayoría, las primeras en poner el cuerpo en las luchas antimineras o en defensa de la salud ambiental en los pueblos fumigados de la zona pampeana. La feminización de la resistencia contra el extractivismo es una característica que atraviesa de sur a sur el país: por ejemplo, Famatina, en la Rioja, supo parir un Colectivo de Mujeres Defensoras del Agua del Valle de Famatina. Cecilia Matta es parte de la organización. En pocos minutos reseña una lucha ejemplar: ¿cómo hicieron para frenar la instalación de cinco proyectos megamineros?.
El mayor logro que tuvimos es generar conciencia en la población. La clave es la organización y no pensarnos como territorios aislados. Somos una misma lucha. Estamos no solo luchando en defensa del agua sino por un cambio de paradigma, de matriz y por supuesto que el patriarcado tiene que ver con esa lógica.
Dice que la clave fue la organización. Mirarse en el espejo de otros pueblos como Andalgalá. Saber qué es lo que no querían en su territorio. Articular con otras asambleas. Informar y concientizar a la población que hoy en la provincia mayoritariamente le dice no a la megaminería. “Aprendimos de las luchas de otros pueblos y tuvimos la ventaja de ver lo que no queríamos. Todas las luchas han nacido alrededor de la defensa del agua, porque es la que nos nutre de vida. En la Rioja logramos en primera instancia frenar a la Barrick Gold. Pero tenemos más de 2 millones y medio de hectáreas entregadas a las mineras. Tenemos 1 millón y medio que le corresponde a uranio, el otro a cobre, es un poco mas del 25% del territorio de la provincia. El mayor logro que tuvimos es generar conciencia en la población. La clave es la organización y no pensarnos como territorios aislados. Somos una misma lucha. Estamos no solo luchando en defensa del agua sino por un cambio de paradigma, de matriz y por supuesto que el patriarcado tiene que ver con esa lógica”.
Para Laura Alvarez “hay un sistema de dominación sobre la naturaleza que es patriarcal”. Frente a la lógica violenta de expropiación de la vida se levantan asambleas ciudadanas en toda América Latina. “La UAC es una asamblea que reúne a muchos colectivos en defensa de los bienes comunes y tiene una forma asamblearia de discusión que intenta ser antipatriarcal. No tiene un líder y entonces eso les molesta porque no terminan de entender quien dirige. Por eso aíslan, ponen presos, en otros países han matado a las caras visibles pero vuelven otras. No hay una sola cara de la lucha, son muchas caras y eso es lo más interesante”, analiza Alvarez.
Horacio Machado Aároz utiliza el concepto de “identidad colonial”. Y amplía: “se hace evidente como en la dinámica de los procesos expropiatorios, la colonización de los territorios se proyecta en la de las subjetividades e identidades colectivas. La identidad colonial se construye, así, sobre la “conciencia práctica” de que “todos vivimos de la minería”, somos, por tanto, “un pueblo minero”. Frente a ese destino hegemónico, dice el autor, las luchas antimineras pugnan por abrir los territorios hacia otras identidades posibles.
Para Ana Chayle esa lucha es desigual. “Somos David y Goliat”. Sus palabras vuelven a resonar: el modelo megaminero deja un pueblo cada vez más pobre, más enfermo y más dividido. En Andalgalá padecen 20 años de extractivismo en su propia tierra. En el 2010, un grupo de científicos de la provincia presentó un informe que les llevó cinco años de estudio. “El cáncer de hueso es tres veces más alto. La incidencia de Esclerosis Múltiple, 500% más alta. Los casos de cáncer son 800% más frecuentes. Las respiratorias en niños son superiores al 300%” detallaban.
El 80 por ciento de su gente dice que no hay licencia social para un nuevo proyecto minero.
En Andalgalá, hasta las paredes defienden el agua.
