Fallos históricos que protegen a las poblaciones de las fumigaciones del agronegocio, el rol de la Justicia y la organización en las comunidades. El lobby empresario y la resistencia de un modelo que aterrizó a mediados de los noventa y no quiere sacar el pie del acelerador extractivista. ¿Qué sucede cuando los pueblos se organizan? En esta primera entrega, el caso de Sastre: la historia de una lucha vecinal que sienta precedente.
Fotos: Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente
[dropcap]S[/dropcap]i la película arranca por el final, la secuencia muestra una victoria de la comunidad organizada de Sastre y Ortiz, ciudad santafesina de seis mil habitantes ubicada en el centro oeste de la provincia en pleno corazón sojero. Esa victoria popular se trasluce a partir del primer fallo judicial de la provincia que aleja 1.000 metros las fumigaciones de agrotóxicos abarcando a toda una ciudad. En fallos anteriores la justicia provincial fue estableciendo distancia mínimas libres de fumigaciones que se contaban a partir de las casas particulares de los denunciantes o, en el caso de San Jorge, partiendo desde el límite de dos barrios. A nivel nacional, la primera experiencia en lograr una protección judicial para toda una ciudad fue Pergamino, pero este spoiler será ampliado más adelante (ver segunda parte de la nota). En la secuencia final de la película de Sastre, que como todo final implica nuevos comienzos, uno de los cuarenta vecinos que se presentó como amparista hablará del precedente que significa el fallo para las demás poblaciones que ya no buscarán proteger solamente a una persona. Dirá que hay un principio de igualdad ante los ciudadanos que tiene que tener la justicia y que en este caso fue contemplado: si una persona está expuesta a daños ambientales también lo están sus vecinxs.
Si la película retrocede buscando un principio posible, se observa la llegada del siglo XXI de la mano de un sistema agroindustrial que unos años antes había sido oficialmente autorizado: organismos genéticamente modificados, siembra directa, agroquímicos y monocultivo. Con el despunte del nuevo siglo también se empezaban a vislumbrar en Sastre los primeros impactos en la salud: niños con afecciones en la piel y problemas respiratorios; adultos que tuvieron que ser hospitalizados. Los vecinos y vecinas del barrio Virgen del Carmen se empezaban a quejar porque las fumigaciones ocurrían calle de por medio. Durante ese comienzo de la organización vecinal lograron la sanción de una ordenanza que disponía 100 metros de distancia de la fumigación de agroquímicos.
Luis Blanco, miembro de Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente -organización de vecinxs autoconvocadxs de Sastre, María Juana y San Jorge- recuerda que la gente se alertaba en época de fumigación cuando se producía la cosecha fina. Aclara que si bien se fumiga todo el año porque hay distintos ciclos, algunas semanas son más marcadas. En esos momentos se producían distintos episodios que denunciaban pero eran casos aislados y las denuncias no prosperaban. Para Luis, un factor importante que dificulta el reclamo tiene que ver con la conformación poblacional de estas localidades -la zona rural tiene una extensión mayor que la urbana abarcando un total de 24.000 hectáreas- en donde las personas o son propietarias o tienen algún vínculo con la actividad agraria, ya sea como empleados o como familiares.
En marzo de 2018 hubo una secuencia que Luis recompone de esta manera: una vecina salió muy temprano a la mañana y vio que a ochenta metros de su casa estaban fumigando y que más cerca había albañiles trabajando en la construcción de una casa. Como el mosquito pasaba muy cerca de ellos, sacó una foto y empezó a preguntar dónde estaban los vecinos que habían tenido problemas anteriormente. Se vinculó con el grupo que ya venía organizándose. Decidieron ir al Concejo a reclamar por una ordenanza que alejara más a los agroquímicos de las zonas urbanas. “Enterados los productores empezaron a hacer reuniones entre ellos para contraponerse a nuestro movimiento. Empezó todo un ciclo en el que presentábamos evidencia científica y nos conectamos con gente que estaba en el tema. Los productores hacían lo contrario: acercaban informes de las multinacionales que aseguraban que los agroquímicos no eran tan dañinos”, reconstruye Luis.
En el verano de 2018 tuvo lugar otro episodio. Cambian los nombres propios y los barrios pero los hechos se repiten. Esta vez era el barrio San Nicolás de la zona sureste. El olor a glifosato que sentían anticipaba el resto de la secuencia. Una vecina denunció que su padre tenía problemas cardíacos y que su salud estaba dañada. El hombre había trabajado en el campo y los médicos le habían prohibido expresamente exponerse a los agroquímicos. Ella hizo la denuncia y se contactó con la organización. También fue el Concejo el lugar para visibilizar el reclamo, esta vez ya eran sesenta personas.
Tiempo presente
Luis recuerda que los concejales escuchaban pero no tomaban ninguna decisión, decían que estaban trabajando para hacer otra ordenanza en un futuro. Pero las afecciones y patologías no conocen de futuros. Por eso desde la organización decidieron realizar capacitaciones con especialistas no sólo para alertar sobre los problemas en la salud sino para que tanto concejales como productores pudieran conocer las bondades de la agroecología. El objetivo era llevar a los mejores. Para eso tenían que organizarse y juntar fondos para costear los viáticos. El equipo que lograron armar formó con el pediatra Medardo Ávila; el abogado Carlos Matheu –del caso Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, el primero que procesó a productores y aplicadores bajo una figura penal por la contaminación ambiental-; Fernando Cabaleiro –abogado vinculado al caso Pergamino y miembro de la organización Naturaleza de Derechos que investiga la contaminación de agroquímicos en alimentos-; el periodista Patricio Eleisegui e ingenieros agrónomos de la Red de Técnicos del Litoral.
Además de las capacitaciones, las y los vecinos autoconvocados habían vinculado a la Municipalidad de Sastre con la Facultad de Medicina de la UNR. El campamento sanitario que finalmente lograron realizar en 2017 de la mano de Damián Verseñazi arrojó un resultado contundente: en Sastre muere de cáncer un tercio más que la media nacional. Mientras que la Agencia de Investigación para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud para las poblaciones de nuestro país estima una tasa bruta de incidencia de casos de neoplasis malignas de 280,1 cada cien mil personas, en Sastre se registra una tasa de 384 casos cada cien mil. “En el resumen los médicos de la Facultad dicen que hay una gran vinculación de los casos de cáncer con los agroquímicos. También había muchos casos de afecciones cardíacas”, destaca Luis Blanco.
El mapeo social comunitario que empezaron a hacer por recomendación de las Madres del Barrio Ituzaingó, también alumbraba el mismo camino. La intención era registrar en un mapa el lugar dónde vivía o dónde había fallecido un vecino enfermo de cáncer. Ese conocimiento social que mostraba muchas similitudes con el trabajo hecho por la Facultad de Medicina sería tomado en cuenta por el juez Hail al momento de redactar el fallo.
Las acciones comunitarias tuvieron su correlato en el plano legislativo pero el lobby empresario siguió mostrando los dientes: el Concejo realizó una ordenanza que promulgaba 200 metros libres de fumigaciones pero fue vetada por el Ejecutivo y no llegó a entrar en vigencia. Por esa fecha apareció el caso de Zoe Giraudo, la nena de dos años con tratamiento oncológico por un linfoma no Hodgkin -enfermedad científicamente relacionada con la exposición al glifosato-. Cuenta Luis: “Estaba en la etapa final del tratamiento y la recomendación médica fue que estuviera en un ambiente libre de contaminantes. Los padres fueron al Concejo a pedir que les alejen las fumigaciones de su casa porque vivían en la zona céntrica y se iban a mudar a su casa propia que estaba en uno de los límites frente a un campo fumigado”. A partir de este caso se presentó un proyecto de ordenanza que alejaba 500 metros las fumigaciones pero no se trató por la presión que hubo de parte de los productores que fueron al Concejo a interrumpir la sesión.
Hoy hace más de un año que Zoe logró terminar su tratamiento y está recuperada. El dueño del campo que la fumigaba fue denunciado en distintas oportunidades y terminó vendiendo el campo. El nuevo propietario se dedica a cultivar alfalfa para enrollar y desde entonces bajaron notablemente los niveles de contaminación que recibía Zoe. Pero para llegar a esta situación todavía faltan algunos tramos de la historia.
Como la presión empresarial era tan poderosa y el camino legislativo estaba empantanado, se volcaron a la vía judicial. Los padres de Zoe fueron a la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para presentar un amparo ambiental contra la Municipalidad. Así lo relata Luis, que destaca la figura de la abogada especialista en ambiente que tiene la Procuraduría. “Terminaron gestionando esta idea del amparo ambiental donde se solicitó una medida cautelar de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres y 1.500 para las aéreas”. Para ese momento los padres de Zoe ya se habían unido a la organización de vecinos. Por eso, cuando la abogada preguntó quiénes se sumaban al reclamo fueron cuarenta las personas que pusieron la firma. Luis fue uno de ellos. La presentación se hizo en el Juzgado de San Jorge y como resultado el juez Soso dictó una cautelar de 400 metros, pero a pocos días de iniciada la feria judicial los productores hicieron una presentación y la jueza Beatriz Forno de Piedrabuena hizo caer la cautelar por problemas de forma. La cusa terminó en el Juzgado civil y Comercial de Rafaela.
En septiembre de 2019 una ordenanza nueva extendía a 200 metros la zona libre de fumigaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas. La Municipalidad le solicitó una audiencia al juez que citó a todas las partes: al Ministerio de Producción de la Provincia, a los productores que se habían presentado como terceros interesados y a la Municipalidad que finalmente no fue. Unos días después fue el propio ejecutivo municipal el que presentó una recusación del Juez Hail pero como los argumentos no tenían asidero la Cámara lo desestimó. Luis Blanco continúa con la reconstrucción de los hechos: “En febrero de 2020 el juez Hail dicta la cautelar de 800 metros y en junio la medida fue apelada por la Municipalidad. La Cámara de Apelaciones de Rafaela confirmó los 800 metros y en septiembre el juez dictó la sentencia de la causa”.
El fallo expresa que ´la agricultura transgénica afecta al bien jurídico medio ambiente´ y cita el Cuarto Informe del Estado de la República Argentina sobre el cumplimiento del pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se detalló ´la “adicción” al modelo transgénico y las consecuencias que ello acarrea a la salud, el medio ambiente y la sustentabilidad de la actividad´. Se hace mención al principio precautorio planteado en el art. 4° de la Ley General del Ambiente, por el cual ´la realización de ciertas actividades o empleos de determinadas tecnologías cuyas consecuencias hacia las personas o medio ambiente sean inciertas, pero potencialmente graves, deben ser restringidas hasta que dicha incertidumbre sea resuelta en su mayor parte´. Pero además en el fallo el juez destaca los trabajos científicos de Andrés Carrasco, Lajmanovich y Tomasoni, entre otros.
El punto fundamental que resolvió el juez Hail fue establecer un ´perímetro de exclusión de 1.000 metros a contar desde el límite de la planta urbana de Sastre dentro del cual quedan prohibidas las fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos´. Pero además, exhorta a la Municipalidad para que ´debata y sancione una nueva disposición teniendo en cuenta la prueba científica producida en esta causa´. Carlos Manessi, integrante de la Multisectorial ´Paren de fumigarnos´, se refiere a la importancia del fallo como un puntapié hacia la ley. “En Sastre hay un movimiento vecinal y ciudadano muy fuerte que primero va a exigir la ley al Concejo con la orden del juez y después controlará que se cumpla”, dice.
Infierno grande
El fallo fue apelado por los productores, el municipio de Sastre y la Provincia de Santa Fe. Para Carlos Manessi no sorprende la apelación porque dice que va en línea con la política que tiene el Estado provincial en materia de agrotóxicos. “La Provincia tiene esa política de apelar siempre los juicios que salen en contra de la producción del modelo instalado”. Destaca el rol de la Defensora Oficial en el trabajo con las evidencias de la causa y plantea las contradicciones del Estado: “por un lado la Defensora Oficial defiende realmente a los vecinos y por otro lado la Provincia apela”.
Manessi hace foco en la continuidad que tienen las resistencias en el caso de Sastre en relación con el resto de la provincia. Como el agronegocio está tan impuesto, “es bastante complejo ir contra el modelo porque es algo monolítico desde el Estado y desde la producción”, plantea. La cautelar sigue firme hasta que la Cámara provincial se expida. Carlos dice que hay buena predisposición para ratificar el fallo de Hail que es “muy contundente y maduro en los considerandos”. También habla de la continuidad en la lucha sostenida de los pueblos fumigados. “Lo que sucedió en Sastre es un poco el producto de toda la Campaña Paren de Fumigarnos en cuanto a visibilizar los impactos que tiene en la salud de la gente. Hasta hace un tiempo la gente se enfermaba en los pueblos sin saber de qué”.
En Sastre se vuelve literal aquello de pueblo chico, infierno grande. Luis Blanco habla de la dificultad de organizar un movimiento en un lugar donde cada vecino es identificado con nombre y apellido y señalado con el dedo. Menciona el caso de una psicóloga con veintidós años de antigüedad que fue despedida de la Municipalidad. Dice que como ella hubo muchos otros casos, que se rompen círculos de amistad y relaciones familiares. Habla del peso insoportable que cae sobre lxs vecinxs de a pie. “Hacían el ejercicio de mirar quién firmaba los petitorios para ir a hablar con algún familiar. Los productores salieron a hacer ese mismo trabajo a tal punto que fueron a una estación de servicio a proponerle al dueño que eche a una compañera que trabaja ahí, amenazando con no comprar más en la estación”.
A pesar del costo que describe Luis, desde las primeras quejas y denuncias aisladas la organización vecinal siguió creciendo. Cuenta que la gente los va consultando a medida que se mete en el tema, y que es un trabajo que no se puede medir pero que creció mucho estos últimos años. “Es lento pero la gente va tomando conciencia y va obrando en consecuencia”, dice. Parte de esa gente, según su termómetro, es aquella que trabajaba en el campo hasta hace unos años cuando perdió el trabajo al ser reemplazada por la máquina de siembra directa. “Los dejaron sin la changa que iban a hacer al campo y ahora los vuelven a victimizar porque son los que se animan a salir a protestar”. Luis menciona que se venían reuniendo cada quince días con el objetivo de alimentar el encuentro y la contención. “Después los encuentros se interrumpieron por la pandemia. Cuando nos juntábamos, nos palmeábamos entre nosotros y también disfrutábamos los logros”.
