Vecinas y vecinos del barrio La Cariñosa, sudoeste rosarino, se organizan para resistir a la embestida de un empresario que se adjudica las tierras. Ollas populares, vecines de toda la vida y un objetivo común.
“Nos enteramos del desalojo por los medios”, dice Susana Arriola bajo los eucaliptus de la plazoleta, en el corazón del barrio La Cariñosa. Un año atrás, en ese mismo lugar, había un basural, ahora hay juegos para que trepen los niños y mesas de cemento donde los vecinos se sientan a matear. Pero los progresos del barrio se ven constantemente en jaque por las distintas avanzadas judiciales para despojarlos de esas tierras, a pesar de que la ley los ampara, y de que algunas familias llevan viviendo allí tres generaciones.
Según el poder judicial los terrenos pertenecen al empresario rosarino Armin J. Reutemann, quien presuntamente adquirió esas tierras fiscales, en el sudoeste rosarino, durante el 2002. Desde entonces reclama con distintas estrategias judiciales la posesión de una parte del barrio. Los vecinos señalan que para el 2002, muchos de ellos llevaban varios años viviendo en esa zona. “El Estado vende habiendo gente habitando en el lugar. Y el comprador también compró sabiendo que había gente”, dice Susana, que levantó su hogar allí 22 años atrás.
Pero esta vez la causa avanzó todavía un poco más: a mediados de octubre la jueza Cecilia Camaño dispuso el desalojo del barrio. Para Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular de Rosario, que asumió la representación legal de los vecinos, no se cumplió con los pasos procesales correspondientes para este tipo de casos. En la sede de la Concejalía se encontraron con la notificación en papel pocos días antes de la fecha de convocatoria a Tribunales. “Estaba arrojado en un lugar de nuestro inmueble sin una notificación virtual fehaciente”, explicó.
Ante ese panorama, los vecinos, los referentes de la Concejalía Popular, y las organizaciones sociales del barrio se reunieron en asamblea para resolver los pasos a seguir. “De pronto un día te despertás y están diciendo que van a desalojar el barrio, eso genera mucha desesperación y temor”, cuenta Mariana Velázquez, de 32 años, 15 de ellos viviendo en La Cariñosa. “Siempre estamos con el corazón en la boca”, agrega.
La resolución fue, a pesar de la pandemia, ir a defender el barrio con el cuerpo. Y por eso, el lunes 2 de noviembre, se movilizaron hasta la sede de Tribunales provinciales para dejar clara su postura: “De un día para el otro no te pueden sacar tu vida y todo lo que vos formaste en un lugar. Que se hagan responsables los que se tengan que hacer responsables. Pero los vecinos no se quieren ir de la tierra que están habitando”.
La audiencia que no fue
Los terrenos del barrio La Cariñosa, donde el bulevar Avellaneda es atravesado por Circunvalación, pertenecían originalmente al Estado Nacional. Pero la sanción de la Ley 24.146, en 1992, facilitó que las tierras pasaran a manos privadas. La normativa, conocida como “Ley del ONABE” (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado) establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito, a favor de las provincias, municipios y comunas los bienes inmuebles “innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión”. Pero también señala que, en caso que los inmuebles estuvieran ocupados por familias de escasos recursos “podrán ser transferidos a sus actuales ocupantes en forma onerosa, con facilidades extendidas y tasa de interés preferencial”.
Posteriormente, por medio de la Ley 24.768 se establecieron algunas condiciones para el cumplimiento de la transferencia: en caso de que esas tierras sean vendidas se deberá proveer a los vecinos “una solución adecuada” y, en caso de incumplimiento “se otorgará prioridad al ocupante”. Pero además, para los casos en que se transfieran viviendas se podrán efectuar descuentos de hasta el 50% del valor de tasación “cuando circunstancias sociales, económicas y de interés general lo justifiquen”, y con la posibilidad de financiación en cuotas que no podrán superar el 25% del ingreso familiar.
Los vericuetos legales no son un dato menor: desde la Concejalía Popular entienden que esa información nunca se les acercó a los vecinos y se facilitó un proceso de especulación, en donde distintos desarrolladores inmobiliarios compraron los terrenos a precios viles con el fin de hacer negocios.
“¿Cómo iba a hacer un vecino para conocer semejante cosa? – Cuestionó Roldán – Nadie se los ofreció y lo compraron todos, casualmente, desarrolladores inmobiliarios. En los cincos casos similares a La Cariñosa que nosotros defendemos son desarrolladores inmobiliarios especuladores los que compraron los inmuebles. Claramente fue una maniobra que se hizo en ese momento y que nunca se pudo atacar. Nunca pudimos tener respuestas”.
Según detallan desde la Concejalía Popular no hay demasiada información respecto a la adquisición de esos terrenos por parte de Reutemann, y es algo que los jueces “no definen con mucha claridad” en el expediente. “Solamente dicen que son válidos esos títulos”, advierte Roldán. A su vez, en 2008, el empresario rosarino vendió parte de esos terrenos a dos abogados que son quienes impulsan el caso en la Justicia. Es decir que quienes tienen el patrocinio jurídico de la parte actora, también son propietarios del terreno.
En la audiencia que tuvo lugar en tribunales el 2 de noviembre, la defensa pidió explicaciones en ese sentido:
– ¿Cuánto pagaron ustedes los inmuebles? Digan a cuánto pagaron – desafiaron los representantes de los vecinos.
Pero no hubo respuestas. “Ellos tienen el interés de que le den el dinero por el valor del suelo, pero quieren un valor a precio de especulación inmobiliaria, no al valor que ellos pagaron la compra del inmueble”, señalaron.
La audiencia no fue una audiencia formal y rompió cualquier tipo de procedimiento correspondiente para el caso. Ni siquiera se realizó en un auditorio a pesar de que fueron convocados más de cien vecinos. Fue un mero encuentro en los pasillos de Tribunales. “La Corte no permite hacer reuniones numerosas por la pandemia y ella convoca en el expediente a 131 personas con poder. Es decir que hay 131 personas que son desalojadas de sus casas y que tienen que estar en una audiencia. Hay cosas que son improcedentes”, explicó Roldán y agregó: “No tenían ni previsto ni un salón auditorio para hacer una cantidad en representación. Pedían que ingresaran de a cuatro personas”.
Finalmente en ese encuentro las partes acordaron prorrogar el desalojo por 180 días. Los vecinos celebraron esa resolución pero saben que el tiempo pasa rápido. En la audiencia algunos vecinos intercambiaron palabras con el abogado defensor. “¿Usted sabe cómo es el lugar donde compró?”, consultaron y lo invitaron a conocer La Cariñosa. Cuentan los vecinos que la respuesta fue: “Ni loco voy al barrio”.
Eterno reclamo por los servicios
Lucía Gómez se agacha y escoge el mejor lugar para acomodar otra madera en el fuego que da de lleno a la olla donde se cocina lentamente un guiso. Falta un rato para el mediodía pero desde temprano saca el cartel de chapa fuera de su casa, a la vista de los vecinos: “Hoy se dará la comida”. Se mueve con destreza a pesar de contar con un título de importancia: ser de las primeras vecinas en instalarse en el barrio. “Muchos me dicen ‘dejate de joder que ya sos grande’. Pero a mí me gusta. Siempre me gustó ayudar con el comedor”, cuenta a sus 62 años.
En La Cariñosa viven alrededor de 500 familias y funcionan seis comedores de forma interconectada. Cada uno es manejado por distintas personas o grupos que se organizan estrictamente para que de lunes a lunes alrededor de 350 personas tengan garantizado almuerzo, merienda y cena. Susana Arriola y Mariana Velázquez manejan comedores. Al equipo también se suma Daiana Melian. Todas mujeres. Todas con arraigo en el barrio.
Cuentan que con la pandemia son muchas las familias que se suman a buscar la vianda y cada vez se hace más difícil sostener los espacios. Pero se las arreglan y nadie se queda sin comer. Es sabido que la cuarentena obligatoria cortó los circuitos del trabajo informal y complicó la situación de la gente que se gana el mango día a día. En el barrio el impacto se sintió más que nada durante los primeros meses de aislamiento, donde las restricciones eran más duras. La explicación es que la mayoría de la gente vive del cartoneo y el reciclado. “Las changas son muy contadas”, señala Daiana y agrega rápidamente: “Ni hablar de un laburo fijo”.
Pero la cara más cruda de la pandemia quedó de manifiesto con la muerte de Elsa Leguizamón, histórica vecina del barrio y de las primeras en encabezar los reclamos por la urbanización de La Cariñosa. Elsa murió por coronavirus el pasado 19 de octubre, luego de exigir durante toda la cuarentena que se garantice el acceso al agua para los vecinos. Susana la describe como una vecina “muy querida y conocida” por todo el barrio: “Estuvo en muchas luchas y siempre acompañó al barrio en todo. Una lástima que ella no pudo ver al barrio urbanizado como quería».
La Cariñosa es uno de los 112 barrios contabilizados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en la ciudad de Rosario. Es decir que la mayoría de los vecinos no cuenta con título de propiedad de suelo, ni acceso regular a dos o más servicios básicos como agua, luz y cloacas. En el barrio hay falencias en las tres.
En la zona donde Susana tiene su comedor hay canillas comunitarias por cuadras, donde una manguera provee un hilo fino de agua a toda la calle. Otras partes del barrio no cuentan ni con esa suerte: donde vivía Elsa pasaba un camión cisterna una vez por semana.
Con el servicio de energía eléctrica pasa lo mismo: la mayoría de los vecinos están enganchados, pero el suministro es precario y los cortes son recurrentes. Diana protesta porque un bajón de tensión le quemó la heladera de su casa. Los vecinos dicen que quieren contar con los servicios de forma regular, pero que ni la EPE ni Aguas Santafesinas están dispuestas a realizar instalaciones en el lugar hasta que se desarrolle la urbanización del barrio.
Para completar el combo denuncian que la empresa de gaseosas Secco, lindera al barrio, vierte sus desechos sobre una de las calles, que se mezclan con residuos de cloacas rotas, generando una suerte de río en una de las calles del barrio que, no solo dificulta el acceso a las viviendas, sino que es terreno fértil para la proliferación de enfermedades como el dengue.
El Renabap y los que especulan
Para los vecinos la situación no tiene muchas vueltas: La Cariñosa está amparada en la Ley del Renabap con lo cual no pueden ser desalojados hasta 2022. En concreto, la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Nº 27.453), sancionada en 2018, suspende los desalojos de los barrios incluidos en ese censo por un período de cuatro años.
La misma mirada sostiene Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana, quien aseguró que los barrios incluidos en el Renabap “están protegidos” y adelantó que vienen trabajando en la normativa para correr ese plazo “algunos años más”. Y señaló que la ley contempla las distintas figuras legales que se deben instrumentar ante cada reclamo de un privado “pero siempre en beneficio de los ocupantes actuales”.
Por su parte, Nire Roldán destacó los beneficios del Renabap pero considera que no es la herramienta legal más conveniente a utilizar en este caso, porque consideran que hubo un fraude en cuanto a la adquisición primaria de esos terrenos: “Nosotros estamos discutiendo la propiedad del inmueble de los vecinos que hace más de 40 años que viven allí, no estamos hablando de personas que ocuparon o usurparon un terreno”.
Desde la Concejalía señalan que el objetivo final con el que especulan los compradores es que el Estado termine expropiando los terrenos y así obtener un rédito económico con los inmuebles de los vecinos. Pero además les preocupa los que pueda pasar a futuro con el barrio: “Nos interesa que a los vecinos les queden las propiedades de las tierras. Vamos a suponer que estos señores consiguen que se le paguen los terrenos, a los vecinos les queda el problema de que el barrio es zona industrial”, explicó. “¿Quién les va a dar una escritura a los vecinos?”, añadió.
Respecto a este punto, Miño consideró que si hay reclamo de un privado tiene que haber respuestas por parte del Estado “pero siempre en la medida de lo justo”. Y agregó: “No es que ahora, porque estamos protegiendo los barrios que están enmarcados en una ley de 2018, se van a enriquecer por un terreno en el cual no hubo reclamos por más de 25 o 30 años”.
“Hay que ver caso por caso. El Estado va a ser prolijo en esto y nosotros somos fieles custodios, tanto para las familias en primer lugar, como para los poseedores de esos terrenos, si así la Justicia lo decide”, aseguró.
El efecto Guernica
La Secretaría de Integración Socio Urbana que comanda Miño tiene un desafío clave: trabajar en la urbanización de los 4.416 barrios populares registrados en la Argentina. Si bien la pandemia cambió cualquier planificación de principio de año, desde la secretaría entendían el mismo contexto era el que demandaba una respuesta urgente en los barrios. En búsqueda de dinamismo la dependencia pasó del área de Desarrollo Territorial y Hábitat a Desarrollo Social, por medio del decreto 777/2020
El cambio fue el puntapié inicial de lo que, poco más de un mes después, terminó siendo la renuncia de la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa. En medio de eso el tema “ocupaciones” estuvo en el centro de la escena con lo sucedido en la localidad de Guernica, donde la Policía Bonaerense reprimió a las familias que se resistían abandonar el predio dónde se planea construir un country. “Jamás voy a estar de acuerdo con que se apalee a familias que están exigiendo mejoras de vida. El Estado tiene que estar para otra cosa, no para eso. Tenemos que responder con oportunidades”, señaló Miño.
Para la funcionaria el tema desalojos se trató mediáticamente “con mucha saña” e hizo hincapié en los casos de especulación inmobiliaria detrás de la tierra. “Así como se ponen el foco en las familias y dicen que quieren agarrar terrenos para vender, o que siempre hay una cuestión de negocios detrás de las ocupaciones, yo diría lo mismo cuando aparecen dueños con papeles apócrifos creyéndose dueños de algunos territorios”, expresó y agregó: “Pondría todas las energías en ver si son realmente los dueños del terreno o si también están aprovechando la necesidad de la gente para aprovecharse del Estado y sacar algún rédito propio”.
Una mirada similar plantea Roldán quien consideró que los fallos judiciales a favor de los desalojos en Guernica a nivel nacional, y la situación que se vive en Rosario con las presiones judiciales sobre los barrios La Cariñosa, Tío Rolo, y Magaldi y Benteveo, marcan una tendencia: “Creo que van a aprovechar este momento. Más que nada la parte actora, con la connivencia de la Justicia, buscando la expropiación de la tierra”.
Por eso, para Miño la respuesta del Estado tiene que ser la generación de confianza en el territorio con obras tempranas, para luego avanzar hacia la urbanización: “Cuando el Estado estuvo ausente durante muchísimos años y de repente empiezan a caer soluciones mágicas sin ningún sustento, obviamente cuesta mucho confiar”.
“Después hay que trabajar en la mesa tripartita que tenga un trabajo del municipio, que tenga un trabajo de la secretaría y obviamente de las organizaciones sociales del territorio. Una mesa que sea participativa donde estén todas las áreas para poder llevar un proyecto integral a cada barrio. Y después la ejecución de ese proyecto”, añadió. En esa línea anticipó que el 50% de la política de la Secretaría va a estar volcada a la creación de lotes sociales con servicios.
Mientras, los vecinos de La Cariñosa siguen trabajando por y para el barrio. Si bien los 180 días de margen son un respiro, el fantasma del desalojo vuelve todo el tiempo. “No les importa la vida que nosotros armamos. No les importa lo que hicimos, que limpiamos el lugar, que sacamos escombros. Acá no se escuchan armas, no se venden drogas, es un barrio tranquilo. Nos conocemos todos porque hace años que estamos. Los chicos juegan en la calle como nada, es diferente a otros barrios. Con lo que está pasando alrededor es un privilegio que nuestros chicos puedan jugar en la calle”, dice Mariana, indignada.
– ¿Esperan que en 180 días haya respuestas?
– Favorables – se adelanta Mariana – Respuestas favorables tiene que haber. No podemos vivir más con el corazón en la boca.
