Exprimir hasta la última gota

En las Islas Lechiguanas frente a Ramallo la cadena extractivista muestra todos los eslabones: terraplenes, quemas, agricultura intensiva y fumigación. ¿Cuál es el plan después del fuego? Cambio de uso del suelo para sembrar un campo de 4 mil hectáreas, empresarios identificados y pruebas irrefutables: las organizaciones haciendo el trabajo del Estado. Investigación científica, derecho ambiental y acción colectiva en la lucha por un ambiente vivible.

[dropcap]E[/dropcap]l sistema inmunológico de la población de Ramallo está expuesto a tresfuentes amenazantes: el virus invisible del Covid-19, el humo inocultable de la quema en las islas y el olor a agrotóxico que a esta altura resulta inconfundible. Desde agosto la ciudad venía inundada con el humo del fuego. Por eso desde UPVA (Unidos por la Vida y el Ambiente) empezaron a investigar y a denunciar. Evangelina Romano, Presidenta de la organización, recoge el hilo para intentar llegar a la punta del ovillo. Los isleros y la gente que iba a pescar veían a las personas que prendían los focos. Las alertas llegaban a la organización que empezaba a pensar de qué manera parar la bola de fuego. La Prefectura que estaba en el lugar decía que no era su jurisdicción. Hicieron denuncias en distintos organismos de Entre Ríos. Evangelina dice que si bien es difícil constatar que tal persona quemó a propósito o la mandaron a quemar, lo que sí se sabe es que el cien por ciento de las quemas fueron antrópicas. “A tres meses de que nos inundaron de humo, con un virus que ataca precisamente a las vías respiratorias y al que se sumó toda la contaminación que traían las quemas, ahora se agrega otra contaminación que tiene que ver con las fumigaciones”.

La siguiente secuencia tiene que ver con un piquete patronal en el río y con vecinos fotógrafos. En Ramallo ya se había corrido la voz de que en las Islas Lechiguanas, donde se había quemado casi todo, se estaban haciendo fumigaciones. Las fotos de algunos vecinos habían empezado a salir a la luz. Por eso, a los isleros y a quienes iban a pescar los amenazaban y no los dejaban pasar hacia el sector donde estaban las tierras en cuestión. Cuando fueron algunas personas de la organización para ver qué estaba pasando, se encontraron con un piquete en el río: el canal estaba cerrado y no los dejaban pasar. “Fue intencional porque no querían que pasáramos a ver qué era lo que estaban haciendo”, dice Evangelina.

La foto que le mandaron el 16 de septiembre a Natalia Morandeira, bióloga e investigadora del CONICET, circuló en algunos medios de comunicación. En la foto se ve maquinaria agrícola sobre el territorio de las Islas Lechiguanas ubicadas frente a la zona urbana del pueblo de Ramallo, a doscientos kilómetros de Buenos Aires y a cien kilómetros de Rosario. Estas islas, donde en cuatro meses se registraron más de 200 focos de incendios, son para Natalia un terreno conocido. Es el lugar al que va hace once años para investigar sobre la diversidad de plantas y vegetación de la zona. El 18 de marzo tenía cargada la carpa y el equipo en el baúl del auto para ir precisamente a este lugar. Finalmente decretaron la cuarentena y desde entonces no pudo volver a ir. “Mi trabajo es sobre los humedales del Delta del Paraná y en particular el Delta Medio desde Rosario-Victoria hasta después de Ramallo”.

Cuando le llegó la foto lo primero que hizo fue corroborar que había sido sacada en la región de Las Lechiguanas. En su tesis doctoral Natalia analizó la diversidad de plantas en toda la zona del Delta Medio. Hasta ese momento no había una descripción detallada de la vegetación de esta zona que antes de las quemas se usaba para ganadería extensiva. “Según datos satelitales, el 5 y 6 de agosto la zona se quemó completamente”. Natalia cuenta que lo que pudieron recabar después de las quemas es que repararon los terraplenes que habían construido para proteger la tierra de las inundaciones y que después llevaron la maquinaria agrícola. De acuerdo a lo que analizaron con ingenieros agrónomos, además de la retroexcavadora para trabajar los terraplanes, identificaron tractores, pulverizadoras y sembradoras. Esto es lo que Natalia empezó a denunciar desde el 16 de septiembre en la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y otros organismos de la provincia de la que dependen estas tierras. También denunció ante el Ministerio de Ambiente de Nación, acompañó una denuncia que presentó El Paraná No se Toca en la Defensoría del Pueblo y posteriormente tuvo comunicación con la Fiscalía Federal de Victoria.

Como no había controles, fue la organización la que hizo un trabajo de investigación para obtener las pruebas irrefutables

Cuando hizo la denuncia en la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, le dijeron que iban a hacer una inspección pero pasó más de un mes y medio y todavía no se hizo. Le dijeron que estaban saturados de denuncias por un desmonte y por loteos inmobiliarios. Se volvió a comunicar a principios de octubre y le dijeron que no disponían de recursos para hacer la inspección en ese momento. Por otro lado, presentó la denuncia en CORUFA (Concejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua). Cuando fueron a hacer la inspección se equivocaron de campo y después le dijeron que no había recursos para volver a ir. Evangelina empieza a juntar los elementos: el cese del fuego, las maquinarias y el corte del canal. Hace una pregunta que queda flotando sobre las aguas turbias. ¿Cómo puede ser que a una semana de haberse apagado el fuego ya estaban metiendo las máquinas en el lugar? Dice que ni bien se enteraron que Natalia estaba haciendo las denuncias se contactaron con ella y empezaron a analizar una estrategia conjunta.

Luz, cámara, drone

Natalia aportaba pruebas y denuncias desde Capital Federal. En Ramallo, UPVA empezaba a sumar toda la información que iba recabando. La gente que iba a la isla les avisaba el momento en el que estaban fumigando. Hubo pescadores que un fin de semana informaron que se sentía fuerte olor a agroquímicos en la zona y hasta a cinco kilómetros en la dirección del viento. Les llegaban fotos y materiales probatorios. Como los organismos no tomaban las denuncias, fue la organización la que lo fue haciendo. Como no había controles, fue la organización la que hizo un trabajo de investigación para obtener las pruebas irrefutables.

– Ahí va la barcaza llena de bolsas de semillas y de un camión reformado que seguramente es para fumigar.

– Esos son todos bidones de Glifosato y 2,4D. El 2,4D es mortal para la zona, si cae en el agua hace un desastre.

Estos diálogos pertenecen a audios de whatsapp de las personas que vieron el contenido de la barcaza Forestargen, matrícula Nº 02251, que salió desde la Guardería Náutica Ramallo y fue hasta el emprendimiento productivo ´El Mapuche SRL´ que abarca una superficie de 4.000 hectáreas en las Lechiguanas. La embarcación llevó los elementos necesarios para iniciar la agricultura intensiva. El mosquito ya estaba adentro de las islas y se había visto en las fotos que acompañaron la denuncia que había hecho Natalia a mediados de septiembre.

“Tenés fotos del fumigador, las semillas, los químicos y las máquinas. La Justicia lo toma como evidencia pero ellos pueden decir que lo tenían y que no lo usaron”, dice Evangelina. Por eso, lo único que les faltaba a los denunciantes era documentar el momento exacto en que estaban realizando la fumigación. “Hace un mes que veníamos haciendo a paso de tortuga una investigación muy cautelosa para intentar agarrarlos con las manos en la masa”, relata Evangelina. Primero tuvieron que conseguir un drone y después estar en el lugar indicado en el momento justo sorteando el corte del zanjón. “El hecho de haber agarrado al mosquito fumigando en el lugar es una evidencia mucho mayor para que los jueces tomen cartas en el asunto. Se habían presentado pruebas como fotos pero no nos llevaban el apunte. Ahora no sé qué otra prueba más necesitan”.

Fabián Maggi, abogado especializado en derecho ambiental, trabaja con varias organizaciones. Con el Foro Medioambiental y Cuenca hicieron una presentación en el juzgado Federal de Paraná que se convirtió en el primer expediente iniciado sobre el tema de los incendios en las islas del Delta. A su vez, se presentaron como querellantes penales en la causa que se inició con motivo de la denuncia del intendente de Rosario en el Fuero Federal de Victoria. Esa es la causa penal caratulada como ´Baggio Rufino y otros´ en la cual fueron citados a indagatoria los presuntos responsables.

Con respecto a Ramallo y a partir de los materiales documentados, van a ampliar y a hacer nuevas presentaciones judiciales, tanto en lo civil como en lo penal. Serán presentaciones conjuntas donde UPVA participará junto a Cuenca del Río Paraná (Rosario) y Foro Medioambiental (San Nicolás). En derecho ambiental se habla de acciones colectivas cuando se tutelan derechos con un interés general; el ambiente es un derecho colectivo.

Cuando Natalia Morandeira envío el primer mail a la Fiscalía se formó una causa penal en la cual estas organizaciones van a intervenir como querellantes “para colaborar con la investigación, para trazar las líneas que consideramos acertadas, para indicar cuáles son a nuestro entender los delitos que se han cometido y así ampliar lo que consideramos una imputación acotada por parte del fiscal”, explica Fabián Maggi. Dice que los hechos que verificaron se pueden encuadrar en algunos tipos de delitos existentes en el Código Penal: estrago por incendios, usurpación de aguas -en base a los trabajos de canalización, endicamiento y obstrucción de los arroyos internos del Delta- y suma un delito que  diferencia a este caso del resto y que tiene que ver con las fumigaciones ilegales. “Ahí con mayor fuerza aparece el delito de infracción a la Ley 24.051 y el delito de atentado a la salud pública”. Aunque al momento de publicar esta nota aún restaban algunos detalles, éstos serían los delitos que alegarían en la presentación judicial.

La presentación civil es una Acción Preventiva de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva que tiene como objeto en primer término el cese del daño ambiental y en segundo lugar la recomposición del ambiente dañado. En este punto proponen que se convoquen a las universidades con las cátedras específicas sobre humedales y ecosistemas para que diseñen el plan de recomposición. El tercer objeto de la acción apunta a la indemnización sustitutiva de daño ambiental, la parte del daño que no va a poder ser recompuesto como los animales muertos o los árboles añosos. Fabián explica que esa porción del daño ambiental obliga a pagar una indemnización a los particulares, a los empresarios que hicieron los terraplenes, que quemaron las islas, que sembraron esa porción del Delta. “Esa indemnización no va al bolsillo de ningún particular sino a las arcas del Estado que debe invertirlas en solución de conflictos ambientales”.

El abogado Maggi apunta al diseño que tiene el Poder Judicial de la Nación en la cobertura federal que da sobre este tema, con pocos juzgados que abarcan territorios demasiado grandes. “Cuando uno observa en el mapa el territorio que se pretende abarcar con un solo juzgado, ahí ya podemos identificar uno de los orígenes del mal. Es imposible tener un control estricto cuando la territorialidad es tan grande”, señala.

Los dueños del fuego

En un documento oficial de la provincia de Entre Ríos, con expediente Nº 2.230.537, figuran nombres y apellidos de quienes se presentan como dueños  del emprendimiento productivo en cuestión: Fabio Ernesto Di Fonzo, Nicolás Alejandro Di Fonzo y Claudio Héctor Di Fonzo. En el documento, de julio de este año, obtienen el primer paso de una autorización para construir terraplenes en el lugar, estableciendo por el término de diez años la ´autorización de obra de defensa descripta de 4.000 has en el Establecimiento del Departamento Gualeguay, Distrito Islas de Lechiguana´.

Como mayoritaria figura la familia de apellido Di Fonzo, que tiene creada una cantidad importante de SRL. En cuanto al tema agrotóxicos y siembra, Fabián comenta que hay un sumario en marcha de la Prefectura Naval Argentina donde se está sumariando a una persona habilitada como conductor náutico por la Prefectura que es quien manejaba la barcaza en cuestión y que pertenece a una SRL que es propiedad del mismo Di Fonzo. “Se empiezan a atar cabos, más allá de que está trazado desde dónde salió la barcaza y hasta dónde fue”, dice el abogado, al tiempo que aclara que el objetivo no es abocarse a perseguir SRL porque esa figura “es una trampa legalmente conocida desde hace más de cien años para eludir responsabilidades de los verdaderos actores”.

El objetivo que tienen es apuntar a todas las personas responsables, tanto a quienes actualmente figuran con nombre y apellido como aquellas personas que aún no han sido develadas. En un video que difundieron desde UPVA donde se ve la filmación del mosquito fumigando en el lugar, refieren al empresario Fabio Di Fonzo, productor agropecuario de Tandil, en complicidad con empresarios de la zona. “En toda empresa de esta dimensión hay responsables visibles e invisibles. Ellos realizaron el combo completo: terraplenes, incendios, semillas y agrotóxicos. Eso está todo documentado y probado. Incluso fue filmado con un drone el mosquito fumigando”, dice Maggi. El drone filma con posicionamiento de GPS y la localización en dónde estaba fumigando ese mosquito coincide con el inmueble de estas personas.

Un terraplén es un montículo de tierra sacada de la orilla y de los bordes de las lagunas para que cuando el agua del río suba no pueda pasar a la tierra y así evitar que inunde los campos. De esta manera se altera el ciclo y el funcionamiento ecosistémico de los humedales. Las lagunas del Delta vienen sufriendo los efectos graves de la sequía y la bajante histórica. Lo que hicieron estos empresarios con algunas de las lagunas que venían resistiendo a estos fenómenos, fue drenarlas con una bomba de agua para secar el terreno comprendido por el terraplén. Dentro del registro que vienen recopilando, hay fotos de las lagunas secas por el drenaje con los pescados muertos. En este caso estamos hablando de dos terraplenes de 4.500 hectáreas para sembrar.

Cuando vio el video de UPVA Natalia se encontró con un paisaje muy distinto al que conoce. No sólo vio una tierra seca y quemada sino también arrasada por la maquinaria.

Los terraplenes y endicamientos empezaron a construirse en este lugar a fines del 2012 y durante 2013. Natalia Morandeira explica que hasta el momento sólo se había realizado ganadería extensiva con poca carga y de bajo impacto y que después de las quemas empezaron con la intención de cambiar a agricultura intensiva con agroquímicos. Ella lo relaciona con uno de los objetivos de la modificación de la Ley de Fuegos, que recientemente sacó dictamen de Comisión de Ambiente en Diputados. Si bien aún no tiene fecha para discutirse en la Cámara, lo que plantea la modificación es que en una zona que se haya quemado, hay sido o no intencional, en el caso de los humedales no se pueden hacer cambios de uso del suelo por sesenta años. “Creo que éste es un caso testigo de algo que en un futuro podría proteger una modificación como la que se propone”, dice Natalia.

Fabián Maggi también hace referencia a que es una historia de larga data y al hecho de que ahora tomó la dimensión actual porque superó todos los límites tolerables. “Como abogados especialistas en derecho ambiental nos dedicamos al trabajo sobre los expedientes, pero la decisión de judicializarlos depende de las organizaciones”. Habla del valor que tenía el entorno al punto de que fue un lugar de estudio elegido por el CONICET.

La vista gorda

Algo habitual en los días de Natalia, antes de la pandemia y del ecocidio, era hacer recorridas con su grupo de investigación junto con pescadores e ir acampando en distintos puntos de la isla. Recorría distintos ambientes del humedal, hacía censos de vegetación describiendo las distintas especies,  viendo cómo es el suelo, haciendo mediciones de la calidad del agua, midiendo las variables de las plantas que luego relacionaba con los datos satelitales. Uno de los proyectos que tiene en curso es analizar la utilidad de los datos del satélite argentino SAOCOM para hacer relevamientos de los humedales. Su área de estudio está seriamente afectada y Natalia no sabe cómo va a poder continuar el proyecto de investigación. “Lo importante es proteger desde el punto de vista ecológico a una zona que se ha quemado y que estuvo fuertemente impactada, que probablemente perdió capas de sedimento, nutrientes en el suelo, semillas y vegetación”.

Como trabaja con datos satelitales, durante todo el año estuvo haciendo monitoreo de los focos de incendio en el Delta del Paraná. Cuenta que si bien fue un año seco y hubo focos desde principios de año, el ritmo de esos incendios no se sostuvo siempre igual. Desde el 11 de mayo empezó a haber más cantidad y la mayor parte de los incendios se dieron en agosto.“Eso es un indicio de la intencionalidad porque si no el ritmo de incendio sería igual todo el año”. El último cálculo que hizo hasta el 17 de octubre fue de casi 36 mil focos de incendio en todo el Delta. La voracidad del fuego arrasó con más de 340 mil hectáreas. “El Delta Medio se quemó casi todo”, dice.

Cuando vio el video que filmaron desde UPVA, Natalia se encontró con un paisaje muy distinto al que conoce. No sólo vio una tierra seca y quemada sino también arrasada por la maquinaria. “Sería lindo que las islas del Paraná se recuperen y que más personas puedan conocer ese paisaje que es parte de nuestro patrimonio natural y cultural. También corren riesgo los modos de vida isleños si avanzan este tipo de modelos productivos sobre la isla”.

Fabián hace eje en la responsabilidad estatal. Dice que a través de CONICET el Estado pone en valor un lugar para que sea sujeto de un estudio que apunta al valor biológico y ecosistémico, pero que después el propio Estado por falta de controles destruye ese entorno. Para él la ambición de los empresarios no es ninguna sorpresa. Dice que es el Estado quien debe estar controlando y fiscalizando para que esto no suceda.“Hay una decisión desde el poder político empujado por el poder económico que decide mirar para otro lado y no custodiar esta zona. De eso no hay duda porque se repite en todos y cada uno de los emprendimientos que venimos viendo”. La verdadera preocupación desde el punto de vista jurídico y legal no tiene que ver con la falta de leyes sino con la voluntad de no cumplir la ley y de esa manera tornar ineficaces a las leyes existentes. Desde UPVA entienden que la medida cautelar del Poder Federal de la Nación del Juzgado de Paraná que suspende toda actividad que pueda dañar el humedal, comprende también al Departamento de Gualeguay y a este emprendimiento de las Islas Lechiguanas.

 “No hay en el resto del Delta emprendimientos de 4 mil hectáreas destinados a agricultura intensiva. Es un caso testigo de lo que puede pasar en otras zonas”

La bióloga Morandeira enfatiza sobre la importancia del material documentado por UPVA en un contexto en el que no se han hecho relevamientos oficiales. Habla de la necesidad de darle tiempo al humedal para que se recupere y para que vuelva a crecer vegetación nativa y haya hábitat para la fauna. También pide solucionar el acceso a la información y a la justicia ambiental para saber dónde denunciar y para poder seguir esas denuncias. A más de un mes y medio de haber presentado las primeras denuncias, mientras las inspecciones de los organismos se siguen haciendo esperar, el impacto en el terreno continúa. “Hay que seguir denunciando. No hay en el resto del Delta emprendimientos de 4 mil hectáreas destinados a agricultura intensiva. Es un caso testigo de lo que puede pasar en otras zonas. Sería un muy mal ejemplo que esto avance”, plantea.

Evangelina nació en Ramallo, es profesora y hace poco se recibió como Técnica en Gestión Ambiental.  Tiene cuarenta y seis años y hace ocho que empezaron con la creación de la ONG. Dice que con el marido y con gente amiga ya venían haciendo denuncias de todo tipo, como el agua y la contaminación de las empresas. Todavía sostienen la lucha que empezó hace ocho años para impedir que se instale un puerto de agroquímicos en El Tonelero. Como había mucha gente con cáncer en la zona empezaron a ver la posibilidad de hacer el Campamento Sanitario de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR que fue hace dos años a hacer un relevamiento. Se comunicaron con distintas organizaciones para que fueran a tomar muestras de agua, suelo y aire. En 2016 participaron en el Senado por la Ley de Humedales. Forman parte de la Red Nacional de Acción Ecologista, de una red de humedales y también de la Red Nacional de Docentes por la Vida. “Nuestra lucha es la de la mayoría: vivir en un ambiente sano y saludable”.

Evangelina plantea una pregunta para la cual ya tiene una respuesta. “¿Gendarmería o la Justicia no van a poder hacer lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos con nuestros recursos ellos lo pueden hacer mil veces. Lo que está sucediendo no lo quieren ver, no lo quieren visibilizar”.