¿Cómo viven las comunidades migrantes en pandemia? Entre trabajos informales y obstáculos para acceder a beneficios del Estado. Entre la esperanza de un futuro en Argentina y las sensaciones por lo que ocurre en el país de origen. Perú, Brasil, Colombia y Ghana dialogan en tiempos de Covid 19.
Durante estos meses de aislamientos y precauciones la distancia se volvió relativa. En las primeras etapas de cuarentena estricta quienes pudieron afianzaron las herramientas virtuales para mantener las conexiones: con las amistades, con los trabajos, con la familia, y hasta con las actividades cotidianas. Si había una distancia obligada, aunque físicamente fuera tan corta como un par de cuadras, que no se notara. Se afirmaron así los modos de sobrellevar la sensación de sentirse lejos aun estando cerca. Acaso lo inverso de quienes, aun sin una pandemia que trastoque la normalidad, se acostumbran a la distancia o asumen el desafío de construir permanentemente nuevas cercanías.
A principios del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se realizó una encuesta a cargo del colectivo Agenda Migrante 2020, un espacio formado por más de cien organizaciones de migrantes, movimientos de derechos humanos y académicos. Por medio de redes sociales se contactaron con los participantes, 1266 personas migrantes, entre los días 9 y 26 de abril. “El diagnóstico obtenido indica que las personas en situación de movilidad internacional han quedado más expuestas al impacto socio-económico del ASPO”, dijeron en su momento en el balance de la encuesta. Del total de entrevistados el 29 por ciento no contaba con documentación, la estaba tramitando o tenía el permiso temporario de residencia precaria. Una carencia que implicó un problema, puesto que la ausencia de documentación impidió, por ejemplo, el acceso a los permisos de circulación. En la encuesta también se evidenció la situación de informalidad laboral en la población migrante: el 75 por ciento trabajaba con changas o estaba sin ingresos, y el 58 por ciento quedó sin ingresos a partir del ASPO.
La población migrante también tuvo obstáculos para acceder a las medidas que el gobierno nacional tomó para aliviar la situación de pérdida de empleos o disminución de ingresos. Un requisito para poder cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue que las y los extranjeros debían acreditar una residencia regular de dos años en el país. Según Agenda Migrante 2020 solo el 6 por ciento de los consultados pudo acceder al beneficio. Unas 600 personas de las encuestadas no pudieron registrarse por no contar con los dos años de residencia, pero muchos otros sí estaban en condiciones de registrarse y aun así no pudieron. A partir de ahí el colectivo sugirió al gobierno nacional que se agilizaran los trámites de regularización para que las personas migrantes pudieran cobrar el IFE.
En Rosario las comunidades migrantes que llegan por trabajo o estudio llevan meses planteándose sus desafíos. Desde cómo continuar con los proyectos de vida que los motivaron al movimiento, o cómo sobrellevar las complicaciones aparecidas sobre la marcha de la pandemia, hasta cómo mantener el contacto con lo que acontece en sus países de orígenes.
Donde se cocina solidaridad
Sandra Zárate tuvo que lidiar en varias ocasiones con la distancia y otros obstáculos hasta que pudo afianzarse en Rosario. En 1994 llegó desde Perú cuando apenas tenía unos 15 años y no había terminado sus estudios secundarios. La adaptación fue difícil, tanto que se volvió a Lima. Pero su mamá ya se había instalado en Rosario, y supo entonces que había un puente afianzado. Unos años después, con los estudios terminados, apostó por un segundo intento. Eran los años 2000, con la economía argentina convulsionada y devastada por la crisis neoliberal. Sandra tenía un niño de dos años y no hubo oportunidades certeras que le aseguraran un buen pasar, y ante la incertidumbre decidió volver a Lima. En 2007, las cosas un poco más acomodadas en Argentina, viajó por tierra durante una semana con ese viejo anhelo que la había ilusionado 13 años antes. La tercera, supo al tiempo, fue la vencida.
“Yo sabía que iba a encontrar la forma de salir adelante. Siempre me gustó la cocina. En Perú le vendía a mis amistades y acá empecé a hacer lo mismo. A vender entre conocidos los días domingo, además de tener otro trabajo todos los días desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche”, dice Sandra. Aquella forma de salir adelante se afianzó con Jama y Jarana, un proyecto de comidas típicas que sostiene a diario. La cocina peruana es una de las más prestigiosas del mundo, y por eso tal vez los resultados de su iniciativa. Ningún peruano o peruana está dispuesta a alejarse de sus comidas por el solo motivo de la distancia física, y es muy probable que una persona de cualquier otra nacionalidad entienda por qué cuando pruebe un ceviche o un lomo saltado. No es solo una cuestión de patriotismo: es realmente deliciosa.
Emprender con la gastronomía peruana fue para Sandra un medio para generar lazos. “Me hice muy conocida con gente de la comunidad”, dice y cuenta que en Perú suele ser una tradición hacer polladas y vender porciones entre grupos de allegados para ayudar a alguna persona que lo necesite. Esa costumbre comenzó a replicarse en Rosario cuando aquellos lazos evidenciaron que las oportunidades no eran para todos. Así salieron las primeras polladas para ayudar a gente de la comunidad que estaba pasando momentos complicados. “Vendíamos la porción de pollo, con papas, con su salsita picante, su ensaladita, la gente colaboraba y así se recaudaba dinero para ayudar con algunos gastos”, cuenta Sandra y recuerda que su casa era el espacio en común para aprovechar las herramientas de la cocina.
Con la ventaja de las redes sociales parte de la comunidad peruana en Rosario armó un grupo de Facebook donde empezaron a cruzarse necesidades y acompañamientos. De allí surgió, por ejemplo, la colecta que hicieron para afrontar los gastos para el sepelio de Luis Bessera, integrante de la comunidad asesinado a principios de año. Cada noche cuidaba autos en la zona de Cochabamba y España, y cerca de las 21 del 7 de febrero intentó defender a una mujer de un asalto pero recibió un disparo mortal.
“El grupo es más que nada solidario, para difundir emprendimientos, para ayudarnos. Pero no soy yo sola, todos los que se suman colaboran siempre que pueden”, cuenta Sandra. Por suerte los tiempos de pandemia encontraron a un grupo unido y con solidez, o al menos con ciertas estrategias aceitadas para ayudar a encontrar respuestas. “Al comienzo estuvo muy difícil, me venían a pedir ayuda a mí para comprar medicamentos. Hubo mucha gente que se había venido de Perú de vacaciones y quedó varada, y había personas que dependían de medicamentos como insulina o pastillas para la presión”, recuerda Sandra. Ahí estuvo el grupo, para conseguir los pesos necesarios, para llegar hasta donde un turista varado no podía. Hoy pareciera que todo intenta volver a acomodarse, sobre todo con el tema laburo. El grupo es el principal medio para difundir y promocionar emprendimientos que intentan sobrellevar la incertidumbre, que vuelve a pesar como ha sucedido en otras épocas.
Brasil x Brasil
El Club Argentino Brasileño lleva 35 años como la principal referencia de la cultura brasileña en Rosario. Pero desde marzo tuvo que readaptar su funcionamiento: la pandemia obligó. Así lo cuenta Elsa Rosito, que es argentina pero desde el año 2003 preside la institución. Las principales actividades del club -las clases de danza y de idioma- debieron adaptarse a las lógicas virtuales pero no alcanzó: los nuevos tiempos pusieron otras demandas sobre la mesa, otras cuestiones a las cuales atender.
“La situación económica de la gente hizo que cada vez mermara más la cantidad de alumnos”, explica Elsa aunque destaca que el contacto no se perdió. Sino que se afianzó por otras razones. En abril el Club inició el programa Brasil x Brasil, para atender las necesidades que aparecieron en las primeras semanas de ASPO. “No entendíamos muy bien qué estaba pasando, solo que había que cuidarse. Pero supimos que ellos estaban en una situación de vulnerabilidad, estando en otro país, lejos de sus familias, la mayoría estudiantes”, cuenta Elsa. En su último boletín informativo la Dirección General de Estadística Universitaria de la UNR indicó que de un total de 5175 estudiantes extranjeros en la universidad pública, hay 3135 que son brasileños y brasileñas. De ese total hay 3029 que están inscriptos en la Facultad de Ciencias Médicas, y esa es una explicación a una de las transformaciones más visibles que tuvo la zona de los barrios Pichincha, Luis Agote y Echesortu con cada vez más vecinos y vecinas provenientes de Brasil.
Cuando comenzó el ASPO muchas personas quisieron volver a Brasil, muchas otras estaban allá por vacaciones y debían volver a retomar sus estudios. Todo se aceleró en aquellos días convulsionados y el Club, cuenta Elsa, pudo dar una mano: “Yo me encargué de esa situación porque hace años estoy con el tema migraciones, con lo referido a las documentaciones y lo que iban a necesitar para salir o regresar”. Con el paso de las semanas, que fue por decantación el paso de los meses, aparecieron otras situaciones que atender. El acceso al IFE, por ejemplo, acá también fue un tema trabado pero con el diálogo con ANSES pudo agilizarse. Al principio fueron varios los que, aún con los dos años de residencia en Argentina, tuvieron negado el acceso al beneficio. “Corrimos con eso a contratiempo, pero nos sentimos satisfechos porque logramos que pudieran acceder”, recuerda Elsa.
Tantos otros que no pudieron acceder al beneficio, principalmente por estar en el país hace poco tiempo, tuvieron complicaciones económicas: los que no podían recibir dinero enviado desde Brasil, los que perdieron las changas de venta de comida o en trabajos informales que sucumbieron ante las medidas de aislamiento. “Entonces empezó la asistencia alimentaria. Nos inscribimos al Banco de Alimentos de Rosario, hablamos con empresas que nos ayudaron, juntamos ropa y alimento para asistir a quienes quedaron en estado de vulnerabilidad”, dice la presidenta del Club. Fue ahí cuando los límites, si es que alguna vez habían estado, desaparecieron: “Hubo muchísimos argentinos, algunos haitianos, muchos venezolanos, que también pudimos asistir”. Fueron más de cincuenta familias asistidas.
Otra situación advertida desde el Club fue que ante las complicaciones económicas a muchos migrantes se les dificultó el pago de sus alquileres. “Se los asesoró sobre los decretos del Estado que frenaron los desalojos y sobre los congelamientos de precios. Se les llevó esa información para transmitirles tranquilidad”, explica en relación a los decretos 320/2020 y 766/2020 del gobierno nacional. Quedó claro que la pandemia abrió la puerta a un sinfín de temores y dudas que recayeron sobre los estados de ánimo, y en las poblaciones migrantes -sobre todo en las camadas nuevas- eso tal vez se potenció por el desconocimiento o la falta de acceso a información. “El Club permanece cerrado, pero hubo contención emocional que se trabajó vía telefónica. Hubo muchísimos llamados, fue agotador pero satisfactorio en lo institucional porque pudo haber una persona que los escuchara y los orientara”, cuenta Elsa. “Consultaban por angustia, por el encierro, para saber qué podían hacer. Nosotros teníamos el permiso para circular como institución y así les hacíamos llegar lo que necesitaban, desde medicamentos o alimentos hasta por ejemplo asistencia odontológica para que no salieran de sus casas”.
Lo mismo ocurrió con los temores sobre la asistencia médica en caso de contagio de Covid o cualquier otro problema de salud. “Hemos hecho difusión para que conozcan la Ley de Migraciones, que brinda el derecho a asistencia en hospitales públicos. Siempre hemos hecho hincapié en que nuestra Ley de Migraciones es una ley de derechos humanos. Sobre todo con esta nueva ola de brasileños que llegaron en enero y febrero, para que no se vean cohibidos, que sepan que pueden ir al hospital aunque tengan la documentación en trámite”, cuenta Elsa.
Colombia duele a la distancia
En el año 2016 en Colombia se vivían momentos claves del proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a décadas de conflicto armado interno. El plebiscito por el acuerdo de paz -la puja entre el No y el Sí- se llevó la atención del país y la región, y en ese contexto las colombianas y colombianos que vivían en Rosario, en su mayoría estudiantes, no pudieron hacer como si nada estuviera ocurriendo. “Nos juntamos para hacer nuestro propio plebiscito y dar a conocer lo que sucedía en Colombia. Acá llega información, pero no la que nosotros considerábamos importantes”, dice Alejandra Díaz, integrante del Colectivo Colombia en Rosario, que comenzó a tomar forma por aquellos días. Desde entonces, con los altibajos propios de cada proceso, se mantuvieron como una referencia local que une un país con otro.
El andar de este colectivo también se vio truncado por la pandemia, o al menos motivado a buscar nuevas formas de mantener el contacto a pesar de las complicaciones. “Al menos dos compañeros fueron a Colombia y no pudieron regresar porque les cerraron las fronteras. Pero el gran problema fue la falta de trabajo. A algunos los apoya la familia con dinero, pero a muchos otros se les complica lo económico”, cuenta Alejandra. Ella, además de la maestría en la UNR por la que llegó a Rosario, trabaja como niñera y también en la revisión de textos académicos. Por suerte la familia para la que trabajaba de niñera le mantuvo su sueldo en los días de aislamiento estricto, pero las otras changas fueron menguando. Así como para ella las complicaciones fueron para la mayoría de los integrantes del colectivo, agravadas por obstáculos como el cierre de bancos que les impidió el envío o el recibo de dinero. “Fueron meses complicados, no sabíamos qué hacer”, cuenta.
Respecto del acceso al IFE en este colectivo se percibieron las mismas dificultades para quienes no pudieron cobrarlo aun cumpliendo los requisitos. A Alejandra le sucedió, incluso estando en regla por la carga horaria de su trabajo como niñera. “A algunos se lo negaron por el tiempo de residencia, a otros se lo negaron aunque tuvieran todo en orden”, dice. En su caso, destaca, recibieron ayuda con una beca de la UNR a la que pudieron acceder.
“Estamos muy agradecidos por lo que es salud y educación, porque eso en Colombia no pasa. Acá hisoparon a varios y fueron atendidos por el sistema público porque ninguno de nosotros accede a obra social”, cuenta Alejandra. Así fueron pasando estos meses, pero ni con los temores y nuevos hábitos que trajo la pandemia el grupo dejó de estar al tanto de lo que ocurre en Colombia. Y mucho menos cuando lo que ocurre es grave. Alejandra dice que Colombia es un país especial para dar malas noticias, que llevan tres meses con muchas muy malas. “Las masacres, sobre todo de jóvenes, de campesinos, de líderes sociales, son cosas que venimos denunciando y contando acá en diferentes espacios”, cuenta.
El 8 de septiembre pasado un hombre llamado Javier Ordoñez -42 años, estudiante de derecho- fue asesinado por miembros de la Policía Nacional en Bogotá con torturas de pistolas taser y golpes. Al día siguiente hubo movilizaciones en distintos puntos del país, la policía reprimió y dejó un mínimo de 13 muertos, más de cincuenta heridos por arma de fuego y doscientos heridos por golpes. “Un día masacre, al otro día otra. Nos duele mucho estar en otro país viendo lo que pasa allá. Hay una saña contra las clases populares”, dice Alejandra.
Aquello de las distancias y las nuevas formas de la cercanía el Colectivo Colombia en Rosario lo plasmó en un ciclo de charlas que comenzó a fines de septiembre con un diálogo virtual sobre “Las formas de la violencia institucional en Colombia y Argentina”. Participaron integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario y de la Fundación Bakia de Bogotá. “Un espacio de encuentro virtual que busca generar contenidos digitales alrededor de la situación social y política de Colombia y Argentina. Fomentando así lazos de solidaridad internacional, desde nuestra perspectiva como jóvenes migrantes y habitantes de la ciudad de Rosario”, describieron en la invitación. “Para nosotros en la construcción de políticas de derechos humanos Argentina es un referente importantísimo, intentamos organizarnos para que nos escuchen de la forma en que se organizan acá”, cuenta Alejandra.
Un día a día cuesta arriba
Stephen Amoakohene llegó a Rosario desde Ghana, continente africano, en 1999. Tenía 25 años. “Yo fui el primero que empezó a vender bijouterie en Rosario”, dice hoy con 46 años. Con su experiencia, y después de idas y vueltas con distintas gestiones municipales y provinciales, logró tener su permiso de vendedor ambulante. A partir de entonces se convirtió en un referente para los africanos de Rosario. Stephen dice que hoy todos los africanos en la ciudad son vendedores de bijouterie que trabajan por su cuenta, que todos tienen permisos gracias a las gestiones logradas años atrás y que si alguno todavía no lo tiene es porque es nuevo en la ciudad.
Pero de repente pandemia. Y la calle, el lugar de trabajo, pasó a ser una prohibición para todos. Cierta estabilidad lograda con los años se terminó y entonces de nuevo la incertidumbre tan parecida a aquella que los había acercado a estos pagos. “Cuando empezó la primera cuarentena lo que hicimos fue pedir ayuda a la gente, pedimos alimentos porque no podíamos trabajar y lo primero que necesitábamos era comida”, dice Stephen. Tramitaron un aviso en un diario y, dice, eso les salió muy bien. La respuesta no tardó en llegar: “Juntamos todo casa por casa, y lo repartimos entre todos los africanos para que no nos faltara comida. La gente respondió muy bien”. Después se pusieron en contacto con el Banco de Alimentos de Rosario y lograron mantener cubierta esa necesidad.
Con el tiempo en las calles de Rosario, en el centro pero también en algunos barrios, volvieron a aparecer los puestos: relojes, pulseras, collares, camisetas de básquet, gorras, ojotas. Lo mismo de siempre. Pero esta vez la crisis se hizo sentir con fuerza: “Está muy difícil la situación, porque nosotros vivimos el día a día. En la calle no se está vendiendo nada, y si no vendemos no tenemos nada ingresos. No podemos pagar el alquiler”. En las últimas semanas Stephen gestionó con la Organización Internacional para las Migraciones, de la ONU, y lograron acceder a otro kit alimentario y sanitario. Así van sobrellevando el día a día, pero también se necesita dinero para otros gastos y necesidades.
Stephen dice que espera alguna ayuda específica en ese sentido, que mientras tanto se cuidan mucho para no contagiarse de Covid 19. “Sabemos que si pasa algo nos pueden atender en el hospital público, pero intentamos cuidarnos todo lo posible para no tener la enfermedad, porque es muy complicado y nosotros estamos solos. No tenemos ni padre, ni madre, algunos tenemos que mantener a nuestras familias”, cuenta.
