El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) da cuenta que existen 112 barrios populares en la ciudad de Rosario. Esto significa 112 asentamientos en los que viven al menos 8 familias agrupadas y donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad de suelo, ni acceso regular a dos o más servicios básicos: agua, luz y cloacas.
Fotos: Edu Bodiño
[dropcap]S[/dropcap]obre el paredón oeste del Cristo Rey los vecinos de barrio Gráfico despiden a sus muertos. “Dieguito, el cielo no es el límite”, reza una de los grafitis que adorna el muro que da a la calle Benteveo, en la zona oeste de la ciudad. Esa suerte de lápida comunitaria también divide el campo de deportes del colegio católico rosarino, del terreno baldío donde emerge la toma de tierras más reciente de la ciudad. En el lote de una hectárea viven unas 82 familias y todas coinciden en algo: si los desalojan no tienen a dónde ir.
La toma no es nueva. Algunos vecinos están instalados en ese predio desde hace varios años, la novedad es que nuevas familias llegaron durante el último mes, para instalarse en un sector del predio hasta el momento inhabitado. El tiempo de antigüedad en el lugar se ve a simple vista: las pocas casas cercanas al paredón están hechas de material, mientras que en el resto predominan chapas, maderas y nylon. La distribución geográfica tiene una explicación: los vecinos cuentan que el Cristo Rey cedió su parte del terreno con la construcción del muro. La otra parte del predio corresponde a un privado que se encuentra litigando en la Justicia un posible desalojo.
Los vecinos explican el origen de la toma a partir del boca en boca. Pero a ese fenómeno se le suma un contexto más complejo con indicadores de pobreza que superan la media nacional, agudizados con la cuarentena que impactó de lleno en las posibilidades de trabajo, sobre todo del sector informal. Esa situación macro deriva en la imposibilidad de pagar un alquiler para gran parte de la sociedad, o el crecimiento de familias que viven en condiciones de hacinamiento. Distintas aristas de una misma problemática: la falta de acceso a la tierra.
“Vino una familia que directamente no tenía nada. Y conocidos le hicieron el aguante para que ella esté acá con sus hijos, porque es madre soltera”, cuenta Antonela, de 21 años, que también es madre de dos chicos. Los vecinos del lugar les consiguieron algunas frazadas y ropa para los niños. Ese chispazo de solidaridad encendió algo en el lugar: “Obviamente que se va contando ‘mirá que allá están agarrando terrenos’. Y la gente que realmente necesita viene a buscar. Porque es gente que está de prestado, o está alquilando, o están viviendo con un vecino o un pariente”.
La llegada de Antonela al predio se remonta cuatro años atrás. Sin trabajo, sin casa y sin poder alquilar, una amiga le comentó sobre ese terreno. “No pierdo nada, si ya estaba en la calle”, pensó. Poco a poco se construyó su lugar y hoy atiende el kiosco del barrio. A pesar de su corta edad es una de las voceras de los vecinos y trabaja para unirlos en una causa común frente a un posible desalojo; sabe lo que es estar en esa situación.
– Espero y deseo que todas las familias que están ahora se queden viviendo. Saber que tienen un techo para poner a sus hijos abajo te llena el alma.
Todo barrio popular nació de una toma
El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) da cuenta que existen 112 barrios populares en la ciudad de Rosario. Esto significa 112 asentamientos en los que viven al menos 8 familias agrupadas y donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad de suelo, ni acceso regular a dos o más servicios básicos: agua, luz y cloacas.
El relevamiento comenzó en 2016 y se extendió por dos años en los que las organizaciones sociales censaron barrios a lo ancho y largo del país. A partir de ese trabajo el Estado tiene por primera vez datos concretos sobre las condiciones de vida de las familias instaladas en asentamientos irregulares del país.
Para Victoria Clerici, coordinadora del Renabap en Rosario, el acceso a la tierra se da de manera conflictiva porque no hay una planificación del Estado que haga pensar en un acceso institucional. “No son delincuentes, son sujetos de derechos con derechos vulnerados. Y que por lo tanto, al no haber una respuesta estatal planificada, resuelven su vida de una manera irregular. Eso hace que se generen todo tipo de conflictos”, detalla.
Si bien las tomas de tierras suelen ganar lugar en los medios cuando el desalojo es inminente, lo que hoy conocemos como barrios populares se constituyeron inicialmente como tomas. “La gente que hoy vive en los barrios populares ha resuelto su habitabilidad a partir de una toma, de asentarse en un lugar vacío y empezar a construir su vida ahí. Y así un vecino, y luego otro. De esa manera se fueron configurando la mayoría de los barrios populares de todo el país”, explica.
El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) da cuenta que existen 112 barrios populares en la ciudad de Rosario. Esto significa 112 asentamientos en los que viven al menos 8 familias agrupadas y donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad de suelo, ni acceso regular a dos o más servicios básicos: agua, luz y cloacas.
Además, la referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Rosario, señala que cuando no se planifica la urbanización, la gente lo hace “de manera autoorganizada o espontánea”, con el objetivo de acceder a vivienda y trabajo. “A nivel local, si el Estado no planifica el crecimiento de la población y su distribución, esto va a seguir pasando. A nivel nacional hay que planificar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo que la gente no migre por cuestiones laborales o ambientales. Eso hace que no se llenen las periferias de las grandes ciudades en busca de una mejor situación de vida que la que tenés en tu lugar de origen”.
La misma mirada mantiene Ignacio Rico, subsecretario de Hábitat de la provincia de Santa Fe: “El 100% de los barrios populares son tomas viejas. Son tomas que ya se desarrollaron, y que en el mejor de los casos pasaron por un proceso de regularización dominial”. Para el joven funcionario, que también formó parte del Renabap, las tomas se explican a partir de la emergencia habitacional que existe en la Argentina, y las dificultades para acceder a un pedazo de tierra.
“Las familias crecen y nadie quiere vivir hacinado. Y hay un momento que ya no se soporta más, que llevan a situaciones de último recurso, o actos desesperados, donde existe una toma de tierras, y donde los vecinos construyen de alguna manera un barrio nuevo que lamentablemente se construye mal”, explica Rico. En ese sentido, el referente del Movimiento Evita sostiene que el Estado debe fijar una política de urbanización y hábitat que contemple a todos los sectores.
“Para evitar que haya víctimas en todos los lados del mostrador, porque es una víctima el privado que le toman la tierra y es una víctima también la familia que se ve obligada a tomar tierras, lo que tiene que hacer el Estado es anticiparse a la jugada”, expresó y agregó: “Ofrecer herramientas claras y concretas para que aquellos que son más desfavorecidos tengan la oportunidad, en un marco de normalidad y legalidad, de acceder a dos cosas tan fundamentales para cualquiera, como es tener un pedacito de tierra donde poder levantar un hogar. Tan complejo y sencillo como eso”.
Por su parte, Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, señala que en Rosario el fenómeno de las tomas no se da a gran escala, aunque reconoce que hay algunos casos puntuales. “Habitualmente son familias que cuando van a un terreno lo que buscan es mayor comodidad, no es que no tienen un domicilio dónde estar. Más ahora que hemos tenido el aislamiento social”, detalla y agrega que Rosario tiene un plan de trabajo que comprende la urbanización de barrios populares: “Hay que atacar los principales aristas que tiene la pobreza. Una fase es la habitacional y nosotros estamos trabajando para poder revertir esa situación”.
Cuando se produce una toma de tierra o “usurpación”, la Municipalidad evalúa: si el terreno es privado se da aviso a Fiscalía; si es un terreno que pertenece al propio Municipio, interviene la Secretaría de Control. “En este caso es un terreno privado por el cual dimos aviso al Ministerio Público de la Acusación”, explica Gianelloni.
El fantasma del desalojo
En la oscuridad de la noche del jueves 8 de octubre, Antonela ve desde adentro de su casa que los vecinos empiezan a encender pequeñas fogatas. Afuera de cada casilla hay un sector reservado, delimitado con piedras, que los vecinos usan para calentar agua o cocinar. En medio de la noche, el fuego actúa como farol para alumbrar el lugar: llegó la policía. “A nosotros se nos hizo muy raro porque a las 10 de la noche vinieron”, cuenta.
La policía ya había estado el día antes con un operativo menos escandaloso. Solo tres oficiales de la Comisaría Sub 22 que con una planilla relevaron la cantidad de familias que estaban viviendo en el lugar. Los vecinos recibieron bien esa visita porque se explicaron los motivos. Pero la del jueves la tomaron como un acto intimidatorio: “Eran más de 15 milicos. En teoría venían a constatar que los mismos que habían censado el día antes estén realmente viviendo a la noche también”.
La toma de tierras en barrio Gráfico se metió en el seno de la política local y tuvo repercusiones en el Concejo de la ciudad. Carlos Cardozo, concejal del PRO, ingresó al Ministerio Público de la Acusación un pedido “para que se proteja la propiedad privada” en el predio de la zona oeste. “Hace meses este predio viene sufriendo una toma progresiva y ni la Policía atiende el pedido de custodia de los dueños ni los fiscales activan el desalojo. Y también queremos saber quién está atrás de estas tomas tipo ‘loteo’ que sin dudas tiene algún tipo de organización atrás”, señaló el edil en su cuenta de Twitter.
Para el dirigente macrista la toma de tierras “tiene toda la configuración de una especulación inmobiliaria o una acción de carácter político”. En una misma línea se pronunció Federico Angelini, diputado nacional del PRO por la provincia de Santa Fe, quien pidió que se garantice “un derecho constitucional como es el de la propiedad privada”.
En 2018 el Congreso de la Nación prohibió los desalojos de todos los barrios populares incluidos en el Renabap, por un plazo de 4 años. La ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Nº 27453) además ordena la expropiación de los bienes inmuebles en donde se asientas esos barrios. Pero la legislación no contempla qué es lo que va a suceder con los barrios populares que vayan emergiendo en el futuro.
“Hay que pensar si no es un delito que la gente no tenga un derecho al hábitat, si no es un delito que se esté vulnerando el derecho a los servicios públicos, si no es un delito que no se tenga acceso a la Justicia. Yo creo que son delitos”
Clerici se refirió a las voces políticas que piden el desalojo del lugar y descartó que el tema pueda solucionarse desde una perspectiva punitivista: “No se piensa a la toma como parte de un problema social, si no que se lo piensa como un problema penal. Y eso es un error porque genera todo tipo de problemas sociales, de violencia institucional y de violencia jurídica, que hacen que se sigan ocultando los orígenes de esa toma que son la falta de trabajo, la falta vivienda y la falta de acceso a los servicios”.
La referente del MTE insiste con que hay un delito original por parte del Estado, en el abandono de las familias, que luego se perpetúa. “Hay que pensar si no es un delito que la gente no tenga un derecho al hábitat, si no es un delito que se esté vulnerando el derecho a los servicios públicos, si no es un delito que no se tenga acceso a la Justicia. Yo creo que son delitos”, expresa y agrega: “Pero es más fácil ponerlo sobre un sector de la población que es absolutamente vulnerable y al que estamos acostumbrados a maltratar y a poner las culpas de todo lo que suceded en este país, que poner las cargas donde corresponde”.
En esa misma línea se expresó Rico: “Me parece que es muy fácil para algunos vociferar sin conocer cuál es la realidad que viven miles de familias en muchísimos barrios”. Y asegura que cuando se dan esas situaciones todos buscan que el desenlace sea el mejor: “Acá no hay nadie que no quiera resolver el tema. Ahora, necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo en una misma dirección”.
El miedo al desalojo está presente en muchos de los vecinos que no tienen otro lugar para ir. “No quiero que me saquen de acá porque yo de verdad necesito”, dice Maxi, de 33 años. Cuenta que es albañil y si bien la pandemia impactó de lleno en el sector, se las arregla para seguir laburando en lo que sale. Ya se está por cumplir un mes que se instaló en el lugar junto a Cintia, su pareja. No ve con malos ojos que se les ofrezca un plan de pagos para comprar el terreno: “Queremos eso. Aunque sea que vengan y nos digan qué soluciones hay. Somos toda gente laburante”.
Maxi abre las puertas de su casilla y la muestra por dentro: hay una carpa y no mucho más. La posibilidad de ser expulsados del terreno tampoco permite invertir para mejorar su calidad de vida. Lo poco que se pueda comprar también se puede perder en una sola noche: “Empecé con esto por ahora, porque no sabemos si nos van a sacar. Si armo más, tengo miedo que venga la topadora como pasó una vez y nos saquen todo”. La topadora ya pasó por el lugar en 2018, cuando unas pocas familias comenzaban a instalarse. Maxi también estuvo presente. “Esa vez arrasó con todo”, recuerda.
– ¿Tienen miedo que vuelva a pasar lo mismo que en 2018?
– Sí, pero yo pienso que ahora vamos a tener suerte, que no nos van a sacar – dice Maxi, dejando librado el destino a la buena fortuna.
– Ahora estamos todos unidos entre vecinos y creo que va a ser más fácil la pelea – dice Cintia, remarcando la necesidad de la organización entre pares.
Cuarentena sin luz, sin agua, sin casa
César desenrosca dos alambres con la mano para abrir la puerta de su casilla. Cuenta que ahora pudo poner chapas en el techo, pero que hasta hace unos días cubría el lugar con una lona. “El viento cuando te agarra el nylon…”, dice sin terminar la frase pero dejando en claro lo que quiere decir. “Trato de pedir materiales. Por ahí te venden las chapas a 150 pesos cada una y no podes comprar mucho. Pero hablando bien por ahí te las pueden dejar un poco menos”, relata sobre las negociaciones que encara para hacerse de materiales para la construcción.
César llegó a la toma algunas semanas atrás. Dice que si desalojan el lugar tiene algunos familiares que lo pueden hospedar por algún tiempo: “Pero no es lo mismo porque acá tengo mi cama. ¿Cuánto te puede aguantar un pariente que tiene familia? Ellos tienen sus cosas, vos no le podes ir a cortar”.
Al igual que Maxi es albañil, pero utiliza su destreza para levantar su casilla porque de laburo anda más o menos: “Ahora está todo parado. Yo antes, por esta época tendría que estar trabajando todos los días. Pero con la pandemia no se puede. Y además no se puede hacer nada si vos no tenés un lugar, un terreno, o algo”. César lamenta la situación porque muchos están en la misma: “Hoy salís a la calle a buscar un cartón y cuando te das cuenta viene otro y te lo saca. Está jodido para todos. Hoy tenés que rebuscártela con un carro, pero andás horas y horas y capaz que traes nada”.
La postal no es más que la personificación de los indicadores que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) semanas atrás. Según el organismo estadístico la pobreza alcanzó al 40,9% de las personas y al 30,4% de los hogares durante el primer semestre de 2020. En Rosario el guarismo es aún mayor: la pobreza alcanza al 41,8% de la población, 6,3% más que hace un año atrás.
Pero a la dura situación los vecinos le hacen frente juntos y organizados. Entre todos levantaron un toldo donde improvisaron un comedor para el barrio: intercalan día por medio entre una olla popular y una copa de leche. Los insumos surgen de lo que aportan los propios vecinos. “Todo esto lo estamos haciendo a pulmón, no hay nadie detrás de esto: ni políticos, ni organizaciones, ni nada – remarca Antonela –. Somos seis atrás de la olla que un día hacemos comida y otro día preparamos la leche”. Durante los últimos días también se empezaron a sumar vecinos del barrio que están fuera del predio: “Te das cuenta, entonces, que sí hay necesidad”.
Entre los vecinos del lugar se reúnen permanentemente para organizar tareas, como por ejemplo el trazado de calles y accesos para circular. El predio está rodeado de una montaña de tierra y basura; para poder tener salida a la calla Benteveo los vecinos se hicieron paso a pura pala. Las carencias también se ven en la falta de acceso a los servicios básicos. Por estos días están tratando de resolver el tema de la luz: las familias más cercanas a la calle lograron “tirar un cable” y hacer llegar el servicio a las primeras casillas. Están viendo cómo hacen para extenderlo al resto de los vecinos.
Los datos del Renabap son elocuentes en ese sentido: El 70,69% de los habitantes de barrios populares de Rosario no tienen acceso a la energía eléctrica, mientras que el 93,81% no cuenta con agua corriente en su casa. Además, el 98,49% de los vecinos instalados en asentamientos no tiene gas natural, mientras que el 98,81% no registra tener cloacas.
“No es lo mismo tener una cuarentena con Netflix y calefacción que hacerla en un pozo de tierra, que cuando llueve se te inunda todo. Me gustaría llamar a la reflexión a los dirigentes del partido que sea y que antes de decir alguna irresponsabilidad o hacer planteos fáciles y demagógicos conozcan cuál es la realidad de una gran parte de la ciudadanía de nuestra ciudad”.
“Si los que accedemos a los servicios rezongamos cuando hay un corte de luz porque es un servicio necesario, y que nos hace falta, imaginate vivir sin eso durante días, semanas y meses”, dice Victoria Clerici. “La verdad que no es bonito y a nadie le gusta. Pero a la gente no le queda otra”, agrega.
Con la comparación, la militante social remarca que las tomas se dan movilizadas por la necesidad: “A nadie le gusta tomar un terreno, vivir en una carpa y cagar en un balde, para asentarse ahí con el miedo de que venga la policía y te reprima. Hay toda una situación de violencia y de ruptura subjetiva en donde nadie está dispuesto a hacerlo de manera autosatifactiva. Se hace porque es el último recurso para tener un espacio propio para sí y para sus hijos”.
Para Rico la situación es aún más grave teniendo en cuenta el contexto sanitario, en medio de la pandemia por coronavirus: “No es lo mismo tener una cuarentena con Netflix y calefacción que hacerla en un pozo de tierra, que cuando llueve se te inunda todo. Me gustaría llamar a la reflexión a los dirigentes del partido que sea y que antes de decir alguna irresponsabilidad o hacer planteos fáciles y demagógicos conozcan cuál es la realidad de una gran parte de la ciudadanía de nuestra ciudad”.
Mientras unos vecinos descargan varios bidones de agua del baúl de un auto, Antonela cuenta que al predio llega un caño muy chiquito y sin presión. “No sale nada de agua dulce durante el día. O esperas hasta las 11 o 12 de la noche o a eso de las 4 de la mañana. Una que es muy largo el tirón desde donde está la bomba y otra que el caño es muy chiquito”, explica.
Por el momento recurren a la canilla que presta algún vecino fuera del predio para hacer una carga diaria de tres o cuatro bidones que van a usar para tomar, para cocinar, para el mate, para higienizarse. A pesar de esa situación, todavía no registraron ningún caso de coronavirus en la toma.
– Te dicen lávate las manos, cuando no tenés agua. Te dicen quédate en tu casa, cuando no tenés una casa – remata, casi riendo, Antonela.
