A dos años del rechazo de la Cámara de Senadores del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, voces militantes locales y nacionales cuentan qué significó y qué nos dejó esa jornada histórica, de lluvia y frío, para el movimiento feminista. Además, la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva analiza la situación de acceso a derechos, ILE y políticas públicas en contexto de pandemia.
Fotos: Mariana Terrile
[dropcap]E[/dropcap]l 8 de agosto del año 2018 diluvió todo el día en la ciudad de Buenos Aires. Fue un día invernal y gris que desde temprano reunió a miles de militantes feministas de todas las edades y puntos del país en las inmediaciones del Congreso Nacional, con pilotos de colores y paraguas. No importó el clima porque el peor pronóstico estaba adentro del enorme edificio sobre la avenida Entre Ríos. Igualmente el movimiento feminista estuvo allí, poniéndole el cuerpo a un día que se sabía histórico.
Después de una larga ronda de exposiciones, 38 senadores y senadoras votaron en contra del Proyecto de Interrupción Legal del Embarazo, 31 a favor y 2 se abstuvieron, entre ellos, el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. El proyecto, modificado luego de la media sanción lograda dos meses antes en la Cámara de Diputados, había sido presentado 7 veces por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Mabel Gabarra, referente feminista de la ciudad, integrante de la Campaña Nacional, viajó a Buenos Aires ese miércoles, junto a otras compañeras y militantes, para estar presente en el día de votación que cerró una etapa pero que no finalizaría ninguna lucha. “Esa noche, cuando ya conocíamos los resultados, el frío y la lluvia se mezclaban con la bronca, la rabia y la tristeza. Nunca habíamos logrado tanto y la mayoría del Senado dio la espalda a la sociedad para mirar el crucifijo que preside sus sesiones. Significó una gran decepción sobre la integridad y responsabilidad de la mayoría de nuestros representantes en el Senado, no estuvieron a la altura que les exigía esa gran movilización frente al Congreso. No entendieron el reclamo de más de un millón de mujeres, travestis, trans, intersex, no binaries, mujeres afro e indígenas, de todas las edades, mayoritariamente jóvenes, que protagonizaron jornadas y vigilias históricas reclamando sus derechos humanos a una vida digna, a la autonomía y la libertad de decidir sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva, su derecho a la salud, y la posibilidad de no tener o tener hijos, cuántos, con quién, sin poner en riesgo su vida o su salud.”
María Alicia Gutiérrez es socióloga, docente e investigadora de la UBA; integra también la Campaña Nacional que fue el gran motor histórico en esta lucha. De ese día, recuerda la lluvia, el frío, y una imagen que no olvidará:“es la que quizás tiene que ver con la tristeza pero con mucha expectativa para adelante: cuando ya se habían cerrado todos los escenarios y había quedado sólo el de 9 de Julio y Avenida de Mayo, en el veredicto final, nos fuimos todas al escenario. Todas con un nudo en la garganta horrible. Tengo una imagen impresionante de todo lleno, repleto de gente, sobre todo gente muy joven, llorando muy amargadas y nosotras poniéndole pilas y diciéndoles bueno, hasta acá llegamos, estuvo buenísimo, seguimos”.
Ese “seguimos” se materializó a los pocos días: “hicimos una plenaria general después del 8 de agosto y nuestra decisión, más allá de que evaluamos un montón de cosas, aciertos, errores y todo el proceso, fue seguimos en campaña, ¿qué quería decir eso? que volvíamos a presentar un proyecto y que seguíamos trabajando a nivel de las organizaciones sociales exactamente igual, en el intento de volverlo a presentar, como hicimos el 28 de mayo del 2019.”, dice Alicia haciendo referencia al proyecto de ley presentado por la Campaña por octava vez.
En la inmensa marea verde del 8A también estaba Paula Botta, médica generalista de Rosario, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y Secretaria de Género de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario; y quien formó parte de las actividades propuestas por la Red en carpas distribuidas en las calles cercanas al Congreso. “Encontrar la carpa de la Red de Profesionales que nos estaba esperando y poder desarrollar todo el día múltiples actividades, fue increíble. La votación fue un poco lo esperado, creo que ninguna se sorprendió, pero no dejó de ser un momento triste, un momento en el cual habia muchas ansias de que, de una vez por todas, se legalice el aborto en nuestro pais.”
Todo el 2018 implicó una gran salida del closet del aborto. En esos meses no había espacio de encuentro en el cual no se hable acerca de lo que estaba pasando en el Congreso, en reuniones familiares, el trabajo, los bares, en el colectivo.
Más allá del resultado formal del 8A, Paula rescata el triunfo del movimiento feminista que atravesó las calles y logró llegar por primera vez al Congreso de la Nación. “Todo el 2018 implicó una gran salida del closet del aborto. En esos meses no había espacio de encuentro en el cual no se hable acerca de lo que estaba pasando en el Congreso, en reuniones familiares, el trabajo, los bares, en el colectivo. Se escuchaba una sociedad muy movilizada por lo que estaba pasando y me parece que eso fue una ganancia total que hace que hoy en día estemos paradas en otro lugar en relación al debate.”
Influencers
María Alicia Gutiérrez reflexiona sobre los múltiples factores que llevaron a la derrota parlamentaria vinculados a medios de comunicación, influencias políticas, estructuras de poder y organización social. “Una vez que ganamos en Diputados a la Campaña se le retiraron totalmente los medios hegemónicos, ya no nos convocaron más a diferencia de lo que fue el proceso entre marzo y junio que era una demanda infinita y sin parar. En segundo lugar, creo que los grupos fundamentalistas conservadores se organizaron muy fuertemente en dos niveles: un nivel fue la calle, y en eso mucho más los grupos protestantes pentecostales con mucho agite que no habían tenido tanto para Diputados, y en otro nivel, el de las estructuras de poder. Una estrategia de muchísima presión política de los sectores más ligados a la iglesia católica que incidieron muy fuerte en grupos de Senadores y en Gobernadores. En tercer lugar no se logró articular el grupo de “las sororas”, como se llamaba a las Diputadas – el grupo de WhatsApp de legisladoras de diferentes bloques parlamentarios que empujó la aprobación de la media sanción en Diputados-, y una acción articulada, transversal entre los distintos partidos políticos dentro del Senado, articulado con la Campaña, con el movimiento social. El Senado, por otro lado, tiene otra estructura, una estructura claramente patriarcal, conservadora, jerárquica. Tal es así que hicimos una conferencia de prensa y no podíamos entrar con los pañuelos. Nos tenían muy perseguidas y muy acotadas también.”
“El Senado en esos momentos tenía una mayoría muy católica – explica Mabel Gabarra- y en algunos casos ultra conservadora, principalmente en aquellas provincias donde los derechos reproductivos no tienen vigencia y no se ha adoptado el Protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo), que es una guía de atención para hacer cumplir los casos en que el Código Penal considera legal el aborto, desde 1921. Atrasadas un siglo en el reconocimiento de derechos, también desconocieron el Fallo FAL, de la Corte Suprema de Justicia. Además, la presión y el lobby de las Iglesias jugó un rol muy fuerte en las exposiciones en el Senado, y una mayoría de senadores y senadoras a la hora del debate y de las votaciones hicieron prevalecer su religión sobre el respeto por las leyes y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar. También influyó la actuación de Gabriela Michetti, quien en ese momento era la presidenta del cuerpo, con posiciones reconocidas en contra de este derecho.”
¿Que dos años no es nada?
Valeria Isla es la actual Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. enREDando dialogó con ella sobre lo que nos dejó, después de dos años, aquel 8A. “La visibilización de la capacidad de organización, el trabajo de las redes feministas, su nivel de crecimiento, de articulación, lo que han contribuido al acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Las redes de profesionales dentro del sistema de salud, las redes comunitarias, son fundamentales para mejorar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en la comunidad. Además, la capacidad de coexistir en los diferentes modos de vivir la experiencia feminista. Allí veo una potencia, esa mezcla entre los diferentes feminismos es fundamental, así como la coexistencia con todas las expresiones y movimientos de la diversidad, me parece clave no unificar sino expandir.”
En estos dos años podríamos decir que pasó de todo. En principio, un 2018 en pleno gobierno macrista que desarticuló y desfinanció políticas públicas vinculadas a salud sexual y (no) reproductivas, que degradó a Secretaría el Ministerio de Salud, ubicándolo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley. Continuó un 2019 de campañas y elecciones presidenciales. El triunfo de la fórmula Fernández – Fernández que como primer batería de medidas recategorizan las políticas de salud pública en la Argentina y reviven el Ministerio de Salud con Ginés González García a la cabeza. En el 2020, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, a comienzos de marzo, Alberto Fernandez informa que va a presentar un proyecto de ley para legalizar el aborto en Argentina. 19 días después y en cadena nacional se declaraba el Aislamiento Social, preventivo y obligatorio por pandemia COVID-19 en todo el territorio nacional y las prioridades cambiaron para todes.
María Alicia Gutiérrez desglosa aún más profundamente estos dos años en términos de accesos a salud sexual y reproductiva: “una cosa es hasta que asume el nuevo gobierno de Alberto Fernández y otra cosa es para atrás. El acceso en términos de política pública del Estado era muy complicado porque no estaba bien articulado y no siempre había acceso a la anticoncepción, acceso a la atención de la salud reproductiva en su integralidad en el sistema público de salud y sí, en paralelo, lo que había eran organizaciones feministas como Socorristas, sobre todo para el acceso al aborto farmcológico, y tambien la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que siguieron trabajando como venían haciéndolo antes del 2018 para intentar garantizar derechos.”
A partir de la asunción de Fernández, María Alicia destaca que un primer gesto importantísimo fue el de reimplantar el protocolo de atención de aborto no punibles a nivel nacional. “Como ya sabemos, requiere ser refrendado por las las provincias y muchas aceptaron, muchas no, otras lo cambiaron. Pero esta idea de un protocolo nacional propone, más allá del campo territorial de incidencia del Ministerio de Salud nacional, simbólicamente una acción que después se despliega.”
Cómo estamos hoy
“Creo que hay que poder entender que no es lo mismo, los diferentes territorios del país – explica Paula Botta -. No es lo mismo las provincias del norte que la provincia de Santa Fe. La situación tanto de la garantía de derechos de salud sexual como de interrupción legal del embarazo, siguen dependiendo del territorio en el habitan las mujeres. No es lo mismo vivir en una provincia que no se ha adherido al protocolo de nación que en provincias en las que sí. No es lo mismo incluso en la ciudad de Rosario que en el interior de la provincia de Santa Fe. La falta de una ley sigue dejando muy en desventaja a las mujeres y personas gestantes según el territorio que habitan, según los equipos si están capacitados o no, según si son o no objetores de conciencia.”
Se garantiza la ILE bajo el marco legal vigente, con técnicas de aborto seguro: uso de Misoprostol y técnica de AMEU, pero nos sigue faltando la perspectiva de género en la elavoración de las politicas públicas.
También hace foco en la ciudad: “en Rosario no veo grandes cambios. Tal vez desde el año pasado hasta ahora hay un poco de retroceso en relación a las políticas del gobierno provincial pero tampoco hemos avanzado. Desde hace varios años venimos en una meseta, desde el 2016 hasta acá. Se garantiza la ILE bajo el marco legal vigente, con técnicas de aborto seguro: uso de Misoprostol y técnica de AMEU, pero nos sigue faltando la perspectiva de género en la elavoración de las politicas públicas.”
A nivel nacional, Valeria Isla hace referencia también a las dificultades en el acceso a ILE de algunas provincias y, a su vez, al avance en métodos de larga duración como el DIU y el implante subdérmico y la utilización de la anticoncepción de emergencia. “En cuanto a la ILE, el acceso es dispar en todo el país. Hay provincias donde todavía no hay adhesión al protocolo. El acceso depende de la cantidad de servicios con profesionales que brindan la prestación, de la disponibilidad de la medicación, de las normas sanitarias, de las redes de mujeres, de profesionales, de personas organizadas que realizan incidencia.”
La pandemia COVID-19 que estamos viviendo en el mundo impactó en el acceso a la salud sexual de las mujeres y tanto desde el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se reforzaron políticas. Valeria remarca que por un lado se realizaron compras de urgencia para poder incorporar al Misoprostol a la distribución directa y garantizar la práctica y, por otro, «generamos un grupo de trabajo que es a quien le llega las demandas del 08000-222-3444 de Salud Sexual, que es una herramienta clave porque las personas llaman y nos llegan las barreras de acceso y de esa forma podemos intervenir de forma directa, con los equipos técnicos de un hospital o centro de salud, a nivel institucional con los programas provinciales y con las autoridades políticas.”
Según el flamante MisoObservatorio (el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol) en su primer informe, entre otros datos especifica que el precio de este medicamento que se usa para abortar, junto con el requisito de la receta, son dos de las principales barreras de acceso que existen en la Argentina, además, más de un millón de mujeres no pueden afrontar los costos de una caja de Misoprostol. Ante este panorama, la respuesta debe ser con políticas públicas que garanticen la ILE.
#AbortoLegal2020
El Presidente Alberto Fernández anunció que enviaría un proyecto de ley para legalizar el aborto. La pandemia cambió ineludiblemente las prioridades y quedamos a la espera tanto de la presentación como del contenido de dicho proyecto. Recordemos que el presentado por la Campaña en mayo del 2019 aún no ha perdido estado parlamentario.
En este contexto, el último comunicado de prensa enviado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Lagal, Seguro y Gratuito les recuerda a las y los representantes del Estado que “seguimos padeciendo las consecuencias de la criminalización del aborto al someternos a prácticas inseguras producto de la clandestinidad. Una problemática de salud pública, de justicia social y de derechos humanos que demandamos sea saldada en 2020 con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.”
Nosotras defendemos, demandamos nuestro proyecto. Estaremos a la espera de cómo será el que presente el Poder Ejecutivo y ahí se verá cómo se trabaja en ese proceso de debates.
En relación a la presentación de un futuro proyecto de ley, Ma. Alicia Gutiérrez aclara que “nosotras como Campaña insistimos en nuestro proyecto que está presentado. Nosotras defendemos, demandamos nuestro proyecto. Estaremos a la espera de cómo será el que presente el Poder Ejecutivo y ahí se verá cómo se trabaja en ese proceso de debates.”
En línea con esto, Mabel Gabarra, también se refiere al proyecto prometido por el ejecutivo: “No conocemos su texto, todavía no ha sido presentado. Nosotras tenemos nuestro propio proyecto, trabajado y elaborado colectivamente, y exigiremos el debate. Estamos convencidas que el aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia y debe ser saldada. Seguiremos exigiendo Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir. Y estamos convencidas que en el 2020 SERA LEY.”
