Por Sofía Fares y Luciana Gramaglio. Abogadas Feministas.
Publicada Agencia Prensa Alternativa de Tucumán
Tucumán podría dejar de ser la única provincia del país que no quiere capacitar a sus funcionarios contra la violencia de género. Es que en la legislatura de Tucumán se debatirá la adhesión a la Ley 27.499, más conocida como Ley Micaela o de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El proyecto lleva 35 firmas de legisladoras y legisladores y cuenta con dictamen de mayoría desde ayer, luego de una fuerte presión del movimiento feminista.
[dropcap]E[/dropcap]l texto que se debatirá cuenta con 4 artículos. La principal modificación con respecto a la normativa nacional está en su segundo artículo y difiere respecto a la autoridad de aplicación. A nivel nacional el órgano de aplicación establecido es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El proyecto local establece, en cambio, que serán las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial las encargadas de controlar su aplicación e implementación. Tucumán se sumaría así a Chaco y Formosa que son hasta hoy las únicas tres provincias que prevén esta modificación.
Desde el 19 de febrero existía un dictamen de la Comisión de la Mujer de la Legislatura, que adhería plenamente a la Ley Nacional y mencionaba como órgano de aplicación a la Secretaría de Estado de la Mujer. Sin embargo, no se trató en la sesión del jueves pasado como estaba previsto por las negociaciones entre el oficialismo, el bussismo, el radicalismo y las cúpulas religiosas que pusieron nuevas trabas al acceso a derechos de las mujeres y personas LGBTQ+.
Tucumán, el edén antiderechos
El contexto es sumamente alarmante. No es un hecho aislado que el estado tucumano no adhiera a esta ley ni otras que garantizan y amplían los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+. Parte de esta resistencia del gobierno tucumano es porque existe una alianza con las cúpulas religiosas que son con quienes se negocian nuestros derechos, basándose en principios morales y religiosos, y sin participación alguna de las verdaderas involucradas.
Solo para nombrar algunas leyes, podemos enumerar que Tucuman aun no adhirió a las Leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003), de Educación Sexual Integral (2006), de ligadura tubaria (2006), ley de Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género (2015). Tampoco se adecuó a la paridad electoral. Y se niega a sancionar la ley de cupo laboral trans.
La provincia no asignó presupuesto, reglamentó ni dió cumplimiento a la ley de emergencia en violencia contra la mujer prorrogada por tercera vez en la provincia. Por esto las mujeres no pueden acceder a las licencias por violencia ni a refugios ni a los subsidios para víctimas de violencia. Tampoco reglamentó la ley de violencia laboral, sancionada en el año 2002 con fin de prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral.
Eso no es todo. La provincia fue declarada “provida”, por una legislatura que coincidimos en llamar “antiderechos”. La misma que cuando se estuvo por tratar la ley de salud sexual y reproductiva manifestó que primero debía reunirse con la iglesia.
Y sigue. En Tucumán existe aún Fuerza Republicana, el partido fundado por el genocida Antonio Domingo Bussi y que se mantiene incolumne en sus principios fascistas y patriarcales. Un partido político con 8 bancas en la legislatura, uno de los cuales niega los femicidios siendo que contamos con una de las tasas más altas del país, y siendo “una de las provincias más violentas para personas LGBT” según la Agencia Presentes.
Como si esto no fuera suficiente somos la tierra de Belén, condenada a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo, de Lucía, una niña de 11 años torturada por el Estado y obligada a parir, de Marita Verón desaparecida y secuestrada por una red de trata, de Paulina Lebbos, víctima de femicidio en manos de hijos del poder.
Somos el paraíso terrenal donde fueron denunciados y procesados por abuso sexual y violación dos miembros de esa clase política que se niega a renunciar a sus privilegios patriarcales, José Alperovich, ex gobernador y actual senador y a José Orellana, intendente de Famaillá y ex diputado nacional. Donde el oficialismo demora nuestros derechos como si nuestros cuerpos, nuestra vida y nuestra salud fueran negociables o prescindibles.
Las provincias no pueden ampararse en el federalismo para vulnerar, obstaculizar o negar derechos. Por suerte contamos con un movimiento de mujeres, feministas y de derechos humanos muy fuerte que resiste a estos avances antiderechos. Exigimos que el Gobierno Tucumano garantice nuestra salud y nuestras vidas, porque no permitiremos que esta provincia siga vulnerando nuestros derechos y el de todes.
Tucumán está en deuda con nosotras y nosotres.
