La pandemia mundial de Coronavirus tiene a varios países del mundo en cuarententa total. Argentina profundizó las medidas de prevención y decretó hasta el 31 de marzo el aislamiento obligatorio, salvo excepciones. En esta primera parte de la nota, un análisis de una pandemia que en Argentina profundiza la crisis económica generada por las políticas neoliberales de los últimos 4 años. La importancia del Estado frente a la lógica del mercado.
Foto: Gentileza Eduardo Mujica
Primera parte
[dropcap]L[/dropcap]o decretó la Organización Mundial de la Salud y el mundo entero encendió la alarma. El coronavirus ya es pandemia y aunque se cierren las fronteras, se cancelen vuelos, se apliquen medidas de restricción de circulación, el virus es un actor dinámico más de este capitalismo que todo lo globaliza.
Fue en diciembre del 2019 cuando se conocieron los primeros casos de coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Pero en ese momento y hasta algunos meses después, todo parecía demasiado lejano para un continente latinoamericano más preocupado en detener el avance de enfermedades endémicas propias de la región, que en aquella que avanzaba a una velocidad estrepitosa en la otra mitad del hemisferio.
Cuando la infección llegó a Europa, más precisamente a Italia, las noticias se sintieron más cercanas. Argentina tiene vuelos frecuentes con los países europeos que empezaron a contar de a montones la cantidad de infectados por un virus cuyos síntomas son similares a los de una gripe y que en la inmensa mayoría de los casos no presenta complicaciones. “La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad en unos 7 días sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 cada 6 personas que desarrollan COVID-19 puede evolucionar a una enfermedad grave y tener dificultad para respirar, que puede requerir internación”. Así lo señala el Ministerio de Salud de la Nación y organismos oficiales que evitan generar pánico en un mundo estallado de sobreinformación. Lo cierto es que, mientras se difunden las medidas de prevención y los síntomas para detectar la infección, mientras se esperan los resultados de los test, mientras aumentan los casos sospechosos y se confirman o descartan otros, también se conocen las muertes -alrededor de 15 mil en todo el mundo según las últimos reportes- que se producen en aislamiento. Tal vez, el costado más crudo y cruel de esta enfermedad.
El grupo considerado “de riesgo” son las personas mayores de 65 años y aquellas que presentan ciertas patologías pre-existentes que afectan su sistema inmunológico. Por eso, fue este grupo el primero en gozar de las licencias laborales y al primero al que se le recomendó lo que representa la única medida posible para evitar que se dispare la tan temida curva de crecimiento exponencial: el aislamiento social.
El Covid -19 llegó a la Argentina el 3 de marzo cuando se conoció el primer caso importado: un argentino había contraído el virus en Italia. Allí, las cifras impactan. Italia ya registró 700 muertes en solo 24 horas y ya alcanzó las 6800, desde que se conoció el primer caso.
La principal medida de prevención que tomó el gobierno argentino fue la de aislar durante 14 días a quienes llegasen de las llamadas “zonas de riesgo”. Fue a través de un decreto de necesidad y urgencia. Algunos acataron la medida, pero otros no. Entonces las noticias en los medios masivos de comunicación comenzaron a dar cuenta de situaciones en las que empezaron a intervenir las fuerzas de seguridad: es que violar la cuarentena es un delito establecido en el artículo 205 del Código Penal Argentino.
Se difundieron teléfonos para que sean lxs ciudadanxs quienes ejerzan el poder de vigilancia y radicaran la denuncia. Y esas denuncias se multiplicaron. En solo un día se llegaron a registrar más de 1400 llamadas a la línea 134 que controla el Ministerio de Seguridad de la Nación. A pesar de las multas y penas, turistas y argentinxs recién llegados del exterior violaban el aislamiento. Las escenas de un individualismo de clase empezaron a replicarse: cola de autos para ingresar a ciudades turísticas como Monte Hermoso en plena período de “distanciamiento social” ; un hombre golpeando brutalmente a un empleado de seguridad que le impedía abandonar el edificio donde cumplía su cuarentena; las cientos de personas agolpadas en los súper para comprar lo que no necesitaban, dueños de clínicas privadas y prepagas violando el aislamiento preventivo; patronxs recién llegados de Europa exponiendo a las trabajadoras domésticas a un posible contagio, empresarios remarcando precios de productos de extrema necesidad.
La otra cara es la solidaridad; las compras asociativas; lxs trabajadorxs de la economía popular tendiendo redes para alcanzar los alimentos; la organización comunitaria en los barrios para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Trabajadorxs de la salud poniendo el cuerpo en condiciones de precariedad laboral.
Alberto Fernandez fue claro el día jueves 19 de marzo cuando decretó la cuarentena obligatoria. “Seguimos teniendo gente que no entiende que no se puede circular por las calles en esas condiciones porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande”, señaló. En horas de la noche, el presidente anunció en conferencia de prensa los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece el aislamiento social y obligatorio para toda la población. Ya no había gradualismo en el anuncio: si hasta ese entonces se había apelado a la responsabilidad individual y colectiva para sostener el distanciamiento social, se habían recomendado medidas preventivas en los lugares de trabajo y asuetos para fomentar el homeoffice; se habían cancelado espectáculos masivos, se había limitado la circulación en el transporte público y se habían suspendido las clases en los establecimientos educativos de todo el país, desde las 00 del viernes 20 de marzo la cuarentena sería total, con ciertas excepciones estipuladas en la reglamentación del decreto. «Entiéndase que, desde las cero, la Prefectura y Gendarmería, la policía federal y las provinciales estarán controlando quien circule por la calle . Aquel que no pueda explicar qué hace en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quien viola las normas».
El aislamiento se decretó hasta el 31 de marzo pero nadie descarta la posibilidad de que se extienda en caso de que la curva de transmisión aumente de manera exponencial.
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Desde ese día el país es otro. Las ciudades son otras. No hay antecedentes recientes de una medida similar que, además, afecte a otros países al mismo tiempo. En España el gobierno declaró el Estado de Alarma. Hoy registra más de 30 mil casos positivos de coronavirus y 2.100 muertes. Allí vive desde hace muchos años la bailarina argentina Cecilia Colacrai. “Suena todo muy apocalíptico. Justo estoy leyendo un libro sobre el devenir y dice que cuesta más imaginar el fin del capitalismo que el fin del mundo. Aquí las normas son claras, y creo que la gente en general es responsable. Salimos poco, a hacer las compras. Toda la gente se cruza de calle o te esquiva, es muy desagradable pero parece que es lo que nos toca vivir. Me pregunto sobre las consecuencias sociales: como sociedad ¿qué residuo nos quedará de todo esto? Y en lo personal, me preocupan mis amigas que quedarán muy mal económicamente, y mi familia que está en Argentina”, cuenta Cecilia desde su confinamiento en Barcelona.
Las preguntas se disparan: ¿Cómo se vive una cuarentena? ¿Sobre quiénes descansan las tareas de cuidado? ¿Cuántas mujeres padecerán las violencia machista de sus parejas en este aislamiento obligatorio? ¿Cómo se sostiene una cuarentena en un barrio donde la subsistencia depende de salir o no a la calle? ¿Cuántos abusos se registrarán en el marco de un control que ejercen las policías provinciales y las fuerzas federales? ¿Cuál será el límite?
En Rosario, Control Urbano patrulla las calles con un megáfono advirtiendo la orden. Los hashtag se viralizan en las redes sociales: #QuedateEnTuCasa #YoMeQuedoEnCasa. Los medios propagan un mensaje unitario. No todas las realidades son las mismas; la desigualdad de clase y de género es un factor clave para entender las múltiples aristas de la crisis global a la que nos estamos enfrentando.
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Pasear al perro y hacer las compras en el comercio de cercanía todavía es posible. El bolso de los mandados se convirtió en un pasaporte para transitar por la manzana. Es que todavía no hay vacuna para prevenir el virus y la fácil propagación de la enfermedad es lo que preocupa y ocupa a los gobiernos en todos sus niveles. No hay sistema de salud capaz de soportar la atención de miles de infectados en un breve lapso de tiempo. La medida más drástica para evitar el colapso, aseguran los especialistas, es el aislamiento obligatorio. El meticuloso lavado de manos con agua y jabón, el uso del alcohol en gel, toser o estornudar sobre el pliegue del brazo y la limpieza con lavandina de distintas superficies son las medidas de cuidado más básicas que hay que adoptar, y al mismo tiempo las más efectivas.
Mientras tanto, el Estado se apura en acondicionar efectores públicos de salud y en construir hospitales modulares de emergencia mientras que las universidades financian proyectos para fabricar respiradores artificiales. La precariedad en los sistemas de salud también preocupa y en Santa Fe, el reclamo gremial alerta al gobierno provincial sobre la falta de insumos esenciales de bioseguridad para lxs trabajadorxs de la salud, entre otras exigencias básicas tales como: garantizar una mayor cantidad de profesionales en los servicios críticos, protocolos centralizados a nivel ministerial que se adapten a la realidad de cada uno de los efectores, la creación de comités de crisis, salarios dignos y desprecarización laboral. «Cuidar a lxs trabajadorxs de la salud es cuidar a la población que se atiende en el sistema», señalan desde el gremio Siprus. Es que si algo evidencia esta pandemia es la necesidad de contar con políticas sanitarias que atiendan y entiendan que el acceso a la salud es un derecho humano básico. Pero también, con una línea aérea de bandera que lentamente esta repatriando argentinxs varados en distintos aeropuertos internacionales; con políticas de control de precios para evitar los abusos y las remarcaciones en tiempos de crisis, con una fuerte inversión en Ciencia y Tecnología y un sistema educativo gratuito y de calidad. «El Estado te salva, no el mercado», es una de las frases que muchxs viralizaron por las redes sociales.
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud ANLIS «Dr. Carlos G. Malbrán», afectado por las políticas de ajuste del gobierno anterior, es la institución donde se concentra el testeo de las muestras que llegan de todo el país, y el único habilitado para realizar las capacitaciones a los equipos de laboratorios de otras provincias. 11 trabajadorxs tiene el Malbrán, 9 de ellxs son mujeres y solo 4 se encuentran en planta permanente. Jornadas laborales de 12 horas se apilan sobre el cuerpo de trabajadorxs que hoy llevan adelante la tarea más importante. El Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario ya se encuentra realizando los estudios, según anunció el Ministerio de salud de la provincia. Santa Fe registraba hasta este lunes 23 de marzo 15 casos positivos, 8 de ellos en Rosario.
Ganar tiempo, aplanar la curva. Todxs hablamos en esos términos, mientras esperamos que la cuarentena impacte positivamente. Pero ¿qué significa esto? Mariano Mussi es médico generalista y epidemiólogo, y explica: “en el caso del coronavirus, y otros virus y bacterias que producen cuadros agudos, el problema es que rápidamente saturan los sistemas de salud, en este caso, cuando se complica requiere tecnología en salud muy precisa que son las camas de terapia, las camas de cuidados intermedios que son habitualmente escasas. Y cuando un virus ingresa en una población que es susceptible, por lo cual aunque sea de baja mortalidad, o de baja complicaciones, eso tiende a tener un gran volumen de pacientes que requieren de tecnologías especificas y no hay casi ningún sistema de salud preparado para eso. En general se piensan en función de los daños o de los problemas endémicos que son propios de una región. El problema acá es ese, que el número elevado de casos de una enfermedad de baja complicaciones te da un número elevado de complicaciones”. Mussi ejemplifica para entender la dimensión del problema: “Si nosotros tenemos, para la misma tasa de complicaciones, 500 personas infectadas por mes, tenes alrededor de 4 o 5 que necesitan terapia intensiva, ahora si tenes 5000 por mes, necesitas 50 camas, la proporción sigue siendo la misma pero el número absoluto que se te presenta aumenta”.
Mariano Mussi utiliza un concepto importante para analizar la situación desde un enfoque social: la salud colectiva. “El término salud colectiva esta acuñado en Latinoamérica, es un concepto que viene de la medicina social latinoamericana. Intenta ser un concepto que sea superador del viejo de salud pública y que incluye la realidad social, política, participativa, comprende que la sociedad es un espacio de lucha de actores, de clases, y que para intervenir favorablemente en los procesos de salud y enfermedades, es necesario comprender que una población es un espacio de conflicto. En el marco de la pandemia, se están usando tecnologías clásicas de control de epidemia como la cuarentena obligatoria que es una intervención clásica, ahora, cómo se implementa y qué herramientas de participación se le da a la gente para que pueda rearmar su cotidiano eso sería resorte de la salud colectiva”. Un ejemplo que cita el especialista consultado por enREDando, es la producción de contenidos educativos virtuales en la plataforma Paka Paka y Canal Encuentro. Otro: la participación comunitaria en los barrios. Allí es clave la organización política, el rol de los movimientos sociales y las medidas que pueda implementar un Estado para alivianar la situación de aislamiento en los sectores más vulnerables.
Al mismo tiempo, resalta un aspecto económico de la pandemia: “es una epidemia grave para el modelo económico en tanto pone en jaque la posibilidad de control de la fuerza de trabajo. Por eso se desarrolló tan rápido la vacuna contra la gripe, y por eso no es tan importante el chagas, o el dengue. Si algo esta demostrando esta epidemia es que de lo que se trata es de controlar la fuerza de trabajo. Aparece una epidemia como el coronavirus, y rápidamente te das cuenta que si no tenes un sistema de salud público, sino tenes políticas públicas, la capacidad de control del trabajo se derrumba, y cuando el capital no lo puede controlar, pierde. Eso es lo que impacta tanto de la epidemia. En relación con el dengue, o la tuberculosis, el chagas o diversas fiebres hemorrágicas, no se le da tanto importancia porque en definitiva no pone en jaque a la fuerza de trabajo, no produce un gran ausentismo y eso es lo que está pasando”.
Los próximos 15 días podrían ser claves, dice Mussi, para saber “en donde estamos parados”. Establecer una cuarentena total de la población era necesario. Pero ¿qué sucede con esa gran masa de gente que no puede dejar de trabajar? Su propuesta para garantizar «cuarentenas dignas» apunta directamente a los bolsillos de quienes lucran con el cuidado de la salud humana en los ámbitos laborales, en este caso, las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Es decir, al corazón del sistema privado de los seguros de salud. “Si de la misma manera que se expropiaron los fondos de la AFJP, expropias los fondos de la ART y generas un organismo nacional de salud de los trabajadores, que maneje ese volumen inconmensurable de plata que manejan las ART, al día de hoy el Estado podría estar solventando la cuarentena a todos los trabajadores informales. Si el sistema de cobertura en salud de los trabajadores fuera un sistema público, nosotros podríamos estar cubriéndosela a todos. Lo que gasta la ART en la atención de los trabajadores es solo del orden del 2 por ciento y el resto está en la bicicleta financiera. Si hubiera un Instituto Nacional ahora se podría garantizar una cuarentena sin gente que se muera de hambre.”
La presencia del Estado para garantizar derechos básicos es vital. Italia aplicó un brutal recorte a su sistema de salud pública y hoy está entre los países que más padece las consecuencias del coronavirus. “En donde se privatiza y se deja en manos del mercado los sistemas de salud y de control del trabajo, ahí les ha ido peor”, agrega Mussi. En Estados Unidos, el test para la detección del coronovirus ni siquiera es gratuito.
Natalia Quiroga es economista y feminista. Y suma en este sentido: “En esta pandemia los Estados se enfrentan a todos los daños que el neoliberalismo ha provocado a los sistemas de cuidado universales. Y es clave preguntarse cómo vamos a construir formas de cuidar que no pasen por el monto de ingresos de las y los ciudadanos sino que sean inherentes a la condición humana. Cómo garantizamos que de manera colectiva se pueda avanzar en la autonomía de las condiciones para la reproducción de la vida sin el hostigamiento permanente que las lógicas de la privatización y de la ganancia imponen a los espacios de lo común”, sostiene en su artículo publicado en La Vaca.
Quiroga plantea algo fundamental: “no hay sistema económico que se sostenga cuando millones de seres humanos están en riesgo”. Y avanza sobre la idea de crisis que jaquea al mundo : “Esta crisis no es por el coronavirus: esta crisis es resultado de la mercantilización de los espacios de lo público, de lo común y de lo solidario. De Estados desentendidos frente a sus responsabilidad en la reproducción social. (…) Esta crisis impone pensar en formas institucionales de protección y de cuidado que recuperen lo humano superando la concepción del trabajo como asalariado. Los trabajos no remunerados, precarizados, flexibilizados y asociativos, los no mercantilizados requieren de formas de protección. Se trata de reconocer la protección social como un derecho humano y no como una condición que se deriva del mundo de los ingresos”.
El gobierno nacional anunció medidas para trabajadores informales y monotribustistas, las cuales se suman al paquete ya anunciado días atrás que incluye el bono de 3000 mil pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, jubilados, pensionados y planes sociales. No hay duda que la mayor urgencia hoyes fortalecer las políticas de Estado que apunten a alivianar la situación de los sectores más desprotegidos. Lo que plantea la economista Natalia Quiroga es primordial: “Es muy importante que el Estado genere políticas para sostener los ingresos y las condiciones para la vida de todos estos trabajadores. Con la misma contundencia con la que los Estados han usado los recursos públicos para salvar a los bancos y grandes corporaciones se hace urgente que se compense a quienes dependen de su trabajo para vivir”.
