Tras haber ganado las elecciones con más del 50% de los votos, el gobernador Rodolfo Suárez tomó coraje a pocas horas de asumir para intentar imponer modificaciones a la Ley 7.722, la guardiana del agua de Mendoza. Con el débil argumento del crecimiento económico que la minería podría traer a la provincia, los legisladores UCR-PRO en un pacto con el PJ llegaron a obtener la sanción de la Ley 9.209 que permitía el uso de sustancias altamente tóxicas en la explotación del suelo. Desde la gobernación subestimaron la reacción popular que la “ley cianuro” despertaría. Las calles de Mendoza se inundaron de protestas masivas durante más de 10 días, espacio de lucha frente a la represión donde se encontraron personas completamente heterogéneas que dejaron de lado sus diferencias con el fin de proteger el agua.
Fotos: Seba Heras
[dropcap]L[/dropcap]a Ley provincial 7.722, sancionada en 2007, es un ejemplo internacional en materia de cuidado del suelo y el recurso hídrico. Establece la prohibición del uso de sustancias tóxicas en la minería de Mendoza como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras. Además impone que las declaraciones de impacto ambiental que deben realizar las empresas mineras pasen por la Legislatura provincial para ser analizadas y ratificadas. Se trata de una ley incuestionable que durante ocho años tuvo que sobreponerse a 12 pedidos de inconstitucionalidad hasta que en 2015 la Corte Suprema de Mendoza confirmó su plena vigencia.
La primera medida del flamante gobernador radical Rodolfo Suárez, que asumió el pasado 9 de diciembre, fue enviar a la Legislatura el proyecto de Ley 9.209 que reformaba a la ley guardiana del agua, permitiendo la utilización de sustancias químicas en la explotación del suelo y liberando a las empresas de la responsabilidad de presentar sus informes de impacto ambiental a la casa de las leyes provincial. El proyecto de Suárez obtuvo un tratamiento exprés por legisladores que, con solo 18 votos en contra y 66 a favor entre diputados y senadores, sancionaron las modificaciones a la ley el 20 de diciembre en una Legislatura completamente vallada, rodeada de policía y manifestantes en defensa del agua pura.
Bajo la consigna “el agua de Mendoza no se negocia” son las Asambleas Municipales Populares por el Agua Pura (AMPAP) las que durante años han organizado la resistencia en defensa de la Ley 7.722 desde su creación hasta la fecha. Se trata de vecinos y vecinas de todos los municipios autoconvocados para cuidar el agua de la provincia y que, durante este diciembre de furia, se abanderaron en las calles coordinando las protestas masivas, llamaron a la gente a resistir realizando la marcha más grande la historia de Mendoza (100 km, 24 hs. de marcha) y superaron el cerco del silencio de los medios hegemónicos.
El 30 de diciembre Suárez finalmente cedió y envió a la Legislatura un proyecto de derogación de la Ley 9.209 gracias a la presión social que recibió a través de marchas diarias de más de 30.000 personas, cortes de ruta en todo el territorio provincial durante semanas, la condena de organismos internacionales no solo a la nueva ley sino también a la represión policial ejercida en las calles, noticias en la prensa extranjera y nacional y el compromiso de personajes reconocidos de la comunidad artística y de la ciencia.
Los factores que se conjugaron para que el gobernador diera marcha atrás en su política contaminante son profundos y complejos. La explosión de miles de personas en lucha en las calles de Mendoza no es un hecho común ni tampoco aislado, es el resultado de una historia que merece ser contada en sus aristas más positivas así como en sus intereses más espurios.
“¡Suárez, basura, queremos agua pura!”
Desierto. Esa es la palabra con la que nos enseñaron en Geografía la definición de nuestra tierra: Mendoza es un desierto. En Historia aprendimos cómo ese desierto fue trabajado por el pueblo para crear un oasis que hasta el día de hoy persiste en base a grandes esfuerzos. Cada habitante reconoce fácilmente el término ‘emergencia hídrica’ con el que vivimos los últimos años y sabe lo fundamentales que son los árboles, las plazas y las acequias para sostener el frágil ecosistema local.
Las condiciones climáticas de la montaña parieron una sociedad dura como sus rocas. Las mendocinas y mendocinos se caracterizan, en general, por ser personas muy abocadas al trabajo, de pensamiento rígido y disciplinado. Es inusual que los reclamos sociales despierten movimientos masivos de protesta en las calles salvando el caso del feminismo, que logró en los últimos años convocar más de una vez marchas de miles de personas.
De gobiernos conservadores como pocos, Mendoza se destaca a nivel nacional por políticas represivas como el Código Contravencional impuesto por el ex gobernador Alfredo Cornejo (mentor y padre político de Rodolfo Suárez). También es esta provincia la que resiste el avance de leyes fundamentales para el desarrollo pleno de las personas: no adhiere al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo y tampoco el estado garantiza la aplicación del protocolo provincial. La venta de Misoprostol se encuentra completamente restringida.
El modelo represivo y hambreador que propuso Cambia Mendoza en su gobierno anterior es el que Mendoza volvió a elegir en las elecciones de octubre, ganó el oficialismo sin margen de error. El pueblo eligió, pero ese mismo pueblo conservador que apoya políticas muy alejadas de lo popular, entiende perfectamente el valor del agua y las consecuencias que podría dejar la minería contaminante. Los mismos votantes de Suárez, que ganó con el apoyo de más del 50% del padrón, fueron los que salieron a la calle en diciembre al grito alternado de “¡Suárez, pariente, el agua es de la gente!” y “¡Suárez, basura, queremos agua pura!”.
También fue una grata sorpresa la participación activa de las reinas de la Vendimia provincial en el reclamo por el agua. Las representantes turísticas de los departamentos se unieron a la lucha del pueblo de forma explícita sin temer represalias del estado. Rompieron con los prejuicios machistas que despiertan los concursos de belleza y demostraron que como representantes de la gente están para cumplir con su trabajo.
Empresarios adinerados en ostentosas camionetas, pequeños productores de la agroecología local, jóvenes con pañuelos celestes, mujeres de pañuelos verdes, ancianas con banderas argentinas, hombres con wiphalas, actores, obreros, docentes, madres, hijes y muchas más personas se encontraron en las calles de Mendoza caminando juntas en reclamo por el agua pura. Ninguna de las miles de diferencias que separan a esta sociedad fue más fuerte que el deseo de cuidar la tierra que nos nutre.
Los medios: silencio en nombre del patrón
Uno de los puntos más importantes de la movilización histórica que vivió Mendoza fue el papel que jugaron los medios de comunicación. En palabras de las Asambleas por el Agua Pura “a través de las principales radios, canales de televisión y diarios impresos y digitales, los grandes capitales mineros desarrollaron una feroz campaña para promover sus intereses, en la que ‘periodistas estrella’ repitieron hasta el cansancio las mismas falaces y mentirosas promesas de siempre, y junto con muchos políticos estigmatizaron nuestras luchas”.
Los medios de comunicación hegemónicos silenciaron las voces de protesta, abrieron sus micrófonos y prendieron sus cámaras solo para mostrar argumentos en favor de la ley cianuro. Sin embargo el día 23 de diciembre, fecha en que la policía de Suárez desató una cruda represión contra el pueblo mendocino en el centro de la ciudad y a plena luz del día, ninguno de los grandes medios de comunicación obtuvo una sola imagen o testimonio de los heridos de balas y gases lacrimógenos que fueron perseguidos.
Fue fundamental el rol de los medios de comunicación alternativos de la provincia. Solo a través de la cobertura en redes sociales y páginas de medios comunitarios, cooperativos, independientes, se difundieron videos y fotos de la represión brutal de este gobierno al que no le tembló la mano frente a manifestaciones en las que participaban personas mayores, niñes, familias enteras. Estos medios que no cuentan con grandes capitales que los sustenten son los que acompañaron la lucha popular en las calles mostrando la masividad de cada protesta y el accionar violento del estado.
El costo político de no escuchar al pueblo
Las modificaciones a la Ley 7.722 fueron una propuesta del oficialismo provincial (UCR-PRO), sin embargo el PJ local acompañó la propuesta del gobernador, lo que cayó como un baldazo de agua fría en sus votantes que los eligieron con la lógica de que se comportarían como oposición. Sin lugar a dudas Rodolfo Suárez tuvo los peores primeros días de gobierno, pero el costo político de este juego legislativo golpeó fuerte al peronismo.
Anabel Fernández Sagasti fue, junto con Suárez, la figura política más afectada por el descontento social. La ex candidata a la gobernación por el Frente de Todos en Mendoza anunció que su partido acompañaría el plan del oficialismo de impulsar la minería, con luz verde del mismísimo Alberto Fernández. La militancia peronista local estalló en las redes sociales y en las calles, claramente en contra de la postura de sus representantes. Además algunos intendentes y legisladores no acompañaron la decisión de su frente y marcharon con la gente en la calle, en el caso de los legisladores votaron en contra de las modificaciones.
Con el paso de los días y el avance de la protesta, el PJ anunció tarde y en un comunicado sin rostro el cambio de su postura respecto a la ley cianuro, pero los platos ya estaban rotos. Tras las elecciones perdidas, las internas y la cercanía de Sagasti al oficialismo, el peronismo mendocino terminó 2019 con una herida profunda que sigue sangrando. Ni siquiera el oficialismo pagó un precio tan alto por hacer oídos sordos ante el pueblo, ya que Rodolfo Suárez contó con un fuerte blindaje mediático y simplemente actuó como se esperaba que lo hiciera, siguiendo con la línea de gobierno represiva y autoritaria de su predecesor Alfredo Cornejo.
El agro y la vitivinicultura: ¿Libres de todo pecado?
Si bien fue rotunda la victoria del pueblo en la defensa de la Ley 7.722, se ha vuelto pertinente empezar a abrir el debate del cuidado del ambiente más allá de la minería. ¿Qué pasa con la vitivinicultura y el agro en la provincia de Mendoza? Ambas industrias contaminan por los agroquímicos que grandes empresas utilizan en el tratamiento del suelo y en la preparación de vinos para la venta comercial.
Pese a que está prohibido por ley, se siguen registrando fumigaciones con glifosato en la provincia. Son numerosos los casos de comunidades campesinas afectadas en su salud por los químicos con los que tienen contacto en la siembra y la cosecha. Algunas bodegas utilizan cianuro para la “clarificación azul”, procedimiento que elimina el exceso de hierro, cobre, zinc y manganeso en el proceso de elaboración del vino.
En las manifestaciones en contra de la minería contaminante se contó con el apoyo de productores agropecuarios y bodegueros, que probablemente no harían acto de presencia si el reclamo por el agua pura comenzara a centrarse en los procesos de elaboración del vino y de siembra de cultivos.
Es hora de replantear nuevos modelos de producción que no dañen de ninguna forma el suelo ni el agua de Mendoza. En un momento histórico en que el mundo ya no puede mirar para otro lado frente a las alertas ambientales, la agroecología puede ser la respuesta a muchas preguntas que todavía la provincia no les hace a sus grandes productores.
Toda una vida de lucha
El pueblo de Mendoza ganó la pulseada por el cuidado de su agua pero actualmente la pelea se desarrolla en Chubut, donde también se quiere imponer a la fuerza la minería contaminante sin el aval de la gente. En su última carta abierta, las Asambleas por el Agua expresaron: “Nuestra lucha se hermana con la que el pueblo de Chubut viene dando, en estos mismos días, defendiendo su ley 5.001, la hermana mayor de nuestra 7.722 y de todas las leyes del mismo tipo en Argentina. Esquel marcó el rumbo en 2003 mediante un plebiscito y dijo a la Meridian Gold un rotundo NO es NO. El mismo que luego en todo el país fuimos repitiendo a cada megaminera, y esperamos que haya quedado claro de una vez por todas, en esta Mendoza que NO les da licencia social”.
El agua es un recurso invaluable e irremplazable para el desarrollo pleno de la vida. Los derrames de cianuro en San Juan son un problema de todo el país y el mundo, los intentos de contaminar el agua de Mendoza y Chubut también deberían ser preocupaciones nacionales e internacionales, porque el agua corre hacia todos los rumbos y cualquier boca que contamine será la boca del pueblo.
