La pretendida reforma laboral y previsional, el incumplimiento de los acuerdos de paz y la represión sistemática son algunas de las gotas que fueron rebalsando el vaso del pueblo colombiano. La fractura de la organización sindical y las cifras violentas hablan de las particularidades de un país con más de cincuenta años de conflicto armado. Atrás, los intereses trasnacionales y los organismos financieros. Y en el centro la resistencia popular de una sociedad que está harta. La renovación generacional y la creatividad de la lucha.
Foto de portada: Diario El Mundo
Desde que el neoliberalismo posó nuevamente sus garras sobre América Latina se dieron una serie de procesos en estos países que tuvieron elementos comunes en términos de planes económicos pero que al mismo tiempo se fueron distinguiendo con sus particularidades sociales, históricas, culturales y políticas. La misma receta económica aplicada en cada uno de los países latinoamericanos produjo diversos movimientos, reacciones, resistencias. Los tiempos y los modos son propios de cada geografía. Los carteles que sostienen los pueblos que han venido saliendo a las calles –apropiándose de ese escenario público que el neoliberalismo no pudo privatizar- comparten reclamos y consignas. “No al paquetazo” gritaban en Ecuador, “No más neoliberalismo, a refundar Chile”. “Fuera el FMI” se volvió un grito común en estas sociedades. Colombia no fue la excepción y para muestra sobra un botón: en un cartel se leía “Por todo lo que nos une, contra todo lo que nos separa”.
Las movilizaciones en Colombia empezaron cuando las centrales obreras junto a organizaciones políticas, estudiantiles y movimientos sociales convocaron a un paro nacional para el 21 de noviembre. Ese día el pueblo inundó las calles–fue una de las mayores movilizaciones que se recuerda en Colombia en los últimos tiempos-. Y desde el 21N las movilizaciones se multiplicaron. Luisa Fernanda Gómez es colombiana, Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y Secretaria de Asuntos Internacionales de la Asociación Colombiana de Abogados Laboralistas de Trabajadores. “Una de las características que están teniendo estas explosiones populares en América Latina es que logran recoger una gran diversidad de reclamos y demandas populares que implican a todas las corrientes políticas y posiciones dentro de la sociedad”.
El paro nacional del 21 de noviembre fue convocado porque se habían propuesto dos reformas: una en materia laboral y otra en materia pensional. La reforma laboral, presentada por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, pretendía generar un modelo de contratación específico por horas para los jóvenes de entre dieciocho y veintiocho años que se insertan en el mundo del trabajo y para los mayores -cincuenta y siete años en el caso de las mujeres y sesenta y dos años en los varones-. Luisa Gómez, que es abogada litigante defensora de trabajadores y organizaciones sindicales, plantea que además de las evidentes consecuencias en la estabilidad laboral y en la posibilidad de asociarse y actuar colectivamente que perderían los trabajadores, también se impactaría en el aspecto pensional porque esas cotizaciones por hora aumentarían el tiempo necesario en aportes en años para poder acceder a las prestaciones por vejez.
La otra reforma que pretende concretar el gobierno es la pensional. Las centrales obreras convocaron al paro diciendo que se estaba proponiendo una reforma pensional en la que pretendían extinguir la administradora colombiana de pensiones. Luisa explica que en Colombia hay un régimen pensional mixto en el que los trabajadores y trabajadoras tienen la posibilidad de elegir entre el régimen público y el privado. Recuerda que en el momento en que nació el régimen privado de ahorro individual, a partir de 1993, se plantearon una cantidad de beneficios a los trabajadores que en realidad terminaron distorsionando el sentido mismo del sistema de seguridad social y pusieron a los trabajadores a pensar en los aportes a pensión como si fueran un capital que se acumula y al que algún día podrían acceder, y no como una protección para la vejez y las contingencias que ampara ese sistema de pensiones. En ese momento, ante los espejitos de colores, muchos trabajadores se fueron del fondo público al fondo privado. Luisa cuenta que “hoy se están demandando esos traslados por el engaño que sufrieron los y las trabajadoras”. Con la nueva reforma se pretende que el fondo público únicamente administre las pensiones que son iguales o inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. De esa manera, los aportes que superen el salario mínimo serían administrados por el fondo privado. “Lo que quieren es poner a funcionar a la administradora pública de pensiones como una administradora de carácter privada”, explica Luisa Gómez. Un sistema de ahorro individual en el que cada trabajador y trabajadora capitalice su propia pensión.
Luisa identifica un sistema que se repite en distintas latitudes de América Latina: la tendencia a convertir el sistema pensional en un sistema de capitalización individual, la intención de flexibilizar y desregular las relaciones laborales, jugar al discurso del emprendimiento, la autonomía y la independencia del trabajador que hace su propia empresa y que por sus propios medios consigue lo que antes tenía un trabajador dependiente.
Dentro de los reclamos que viene planteando el pueblo colombiano está el incremento del salario mínimo, como también la oposición a otra arista de la reforma laboral que pretende pagarles a los trabajadores menores de veintiocho años el setenta y cinco por ciento de ese salario mínimo. Pero en el pliego de las demandas también figura el incumplimiento del acuerdo que se firmó en La Habana en 2016 que vendría a poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, logrando que trece mil ex combatientes dejaran las armas e hicieran el tránsito a la legalidad. Luisa comenta un informe hecho por la universidad en donde se plantea: ´El gobierno del presidente Iván Duque se ha aproximado a la implementación del acuerdo de paz desde una narrativa contradictoria. En el escenario internacional asegura su compromiso con el acuerdo. Mientras tanto en el país expresa reservas a lo acordado. No hace las inversiones necesarias en los territorios. Carece de una política de seguridad ciudadana que de confianza y tranquilidad. Introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y ex combatientes y da vía libre para el avance de reformas legislativas y constitucionales que pondrían en grave riesgo la esencia del acuerdo de paz´.
Uno, dos, ultraviolento
“Estamos contigo, fuerza Dilan” se leía en los carteles que improvisaron el día posterior al paro nacional del 21 de noviembre. El cartel formaba parte del escenario de la vigilia en la puerta del hospital en donde estaba el joven de dieciocho años que esa semana planeaba terminarla la escuela. Pero la vigilia terminó de la peor manera. Dilan Cruz, herido durante las protestas por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que le disparó una granada de gas lacrimógeno en la cabeza y le perforó el cráneo, terminó muriendo cincuenta horas después en el hospital. Así como se vienen reproduciendo en muchos países las medidas económicas de ajuste digitadas por el Fondo Monetario Internacional, también se reproduce un modelo represivo que intenta acallar las manifestaciones y protestas populares. Luisa relata que así como pasó en Chile, en Colombia también empezaron a circular imágenes de la policía quebrando vidrios y destruyendo vidrieras, y si bien en algunos casos lo hacían vestidos de civil en otros directamente lo hicieron con el uniforme de policía.
Luisa cuenta que a pesar de que en Colombia no hubo dictadura militar en los términos de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay o Uruguay, los índices de violencia son muy elevados y el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y específicamente de los trabajadores sindicalizados ha marcado la historia del país. En veinte años asesinaron dos mil ochocientos líderes sindicales, de los cuales setecientos setenta y siete fueron asesinados en los últimos cuatro años. Por eso Luisa habla de una política de Estado sistemática que se reproduce en la historia del país y que se puede identificar a partir de la década del setenta. Según un informe de la Escuela Nacional Sindical desde enero de 1973 hasta noviembre de 2018 se registraron al menos 14.805 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, entre las cuales se cuentan 3.180 homicidios.
Un tema clave en relación con la violencia es la falta de investigación y judicialización por parte del Estado con respecto a quienes ejercen esa violencia contra los líderes sindicales. En ese sentido, terminan siendo los medios alternativos y las organizaciones sociales quienes hacen un seguimiento de esta cuestión permitiendo identificar al paramilitarismo ligado al capital trasnacional. Para la instalación del capital extranjero es necesaria la fractura de las organizaciones sindicales. “La tendencia de la globalización económica implica necesariamente una adopción de ciertas medidas que hagan favorable para el capital trasnacional establecerse en los países de este capitalismo dependiente”, explica Luisa.
El año pasado el movimiento estudiantil colombiano construyó un pliego reivindicativo y a través de un paro nacional logró discutir con el gobierno ese pliego y llegar a un acuerdo histórico por el cual se buscaba inyectar a la educación pública una inversión muy importante para sacar de la crisis económica a las universidades. Al día de hoy ese acuerdo ha sido incumplido y esa es otra de las causas del hartazgo que desencadenaron las movilizaciones de este año. Claudia Milena Castrillón es auxiliar administrativa de la Universidad de Caldas. “Nos quitaron todo, hasta el miedo. Colombia se cansó y empezó a despertar”. Claudia cuenta que la tasa se fue llenando poco a poco y enumera algunas de las gotas que la rebalsaron. Al incumplimiento del acuerdo con el movimiento estudiantil le suma los incumplimientos de los acuerdos de paz con los asesinatos de los desmovilizados de las FARC y el asesinato de los líderes sociales y sindicales. También menciona la masacre que se dio a mitad de año y que el gobierno ocultó hasta hace dos meses en la cual murieron al menos dieciocho niños producto de un bombardeo autorizado por el gobierno nacional. La presión social que generó ese episodio obligó la renuncia del Ministro de Defensa. Además hace referencia a la pensión de entre doce y quince dólares que le pretenden dar a los adultos mayores. “Esto va para largo, es muy importante ver que la gente se está uniendo. Es Colombia entera la que se quiere movilizar”.
Lo que pasó en la Universidad de Caldas, que es una universidad pública del orden nacional, se reprodujo también en las empresas estatales. Se dio un proceso de disminución de las plantas en sintonía con el neoliberalismo, recurrentemente preocupado por reducir el tamaño del Estado. Clemencia es auxiliar de servicios generales de esa universidad y es secretaria del sindicato Sintra Universidad. Se refiere a la masacre laboral de los últimos años y al hecho puntual por el cual pasaron de ser trabajadoras oficiales a empleadas públicas – lo que implicó que dejaran de tener convenios colectivos de trabajo y organización sindical-. Clemencia tiene cincuenta y cinco años, viene de familia trabajadora y ella empezó a trabajar desde muy chica. “Si yo no lucho ahora, qué le pienso dejar a mi hijo cuando yo no esté. Que sepa que su mamá luchó y defendió lo que era justo. En eso estamos”. Clemencia habla de las marchas como ríos de gente, dice que nunca habían visto una marcha tan grande en donde estuvieran las familias enteras.
Claudia entiende que el paro recogió el malestar de muchos sectores. Y que Colombia ya no da más. “Ese gran paro va a marcar la historia de Colombia pero detrás de eso vinieron grandes movilizaciones y disconformidades de todos los gremios que se unieron para luchar juntos. Es una lucha de todos”.
La movilización de Colombia se da en un contexto de posibilidad y en un clima latinoamericano de gran ebullición. Para Luisa no hubiera sido posible sin los antecedentes de Ecuador, Bolivia y Chile. “Es un reto al temor. La gente se viene movilizando y organizando. Ha sido muy espontáneo, por eso no sabemos bien cómo va a terminar”, dice Luisa, y se refiere al camino novedoso que están mostrando las nuevas generaciones para encarar las batallas del tiempo presente. “Una pregunta profunda respecto de la lucha que tenemos que dar por emanciparnos como fuerza de trabajo, por construir una sociedad en la que vivamos juntos de una manera diferente y no a costa de las mayorías explotadas, no a costa de la vida de la naturaleza, siendo capaces de compartirnos en ese sentir-pensar que implica la existencia”.
