Justicia patriarcal, fallos misóginos que reproducen la misma lógica, femicidios que son sistemáticos. Las pibas que el machismo busca disciplinar y castigar. Familias que batallan contra una trama judicial patriarcal, jury a jueces y el debate que el feminismo instala: cómo construir una justicia feminista. Respuestas punitivas retrógradas frente a la pedagogía de la sensibilidad. La ley Micaela y la construcción política que se hace en las calles.
Foto: Mariana Terrile / 34 Encuentro Plurinacional
Lucía
[dropcap]A[/dropcap] la mamá de Lucía Perez la abrazan todas. Pibas de la edad de su hija, pibas como su hija. Frente a ella, se levanta el enorme edificio de los Tribunales de Casación Penal bonaerense, en la ciudad de La Plata, donde descansa, desde hace 10 meses, la apelación al fallo machista que absolvió de culpa y cargo a los tres imputados por abuso sexual y femicidio de su hija. Marta no está ni se siente sola. Acaba de dar unas palabras en una de las tantísimas actividades que se realizan en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y no Binaries que este año tuvo lugar en La Plata.
Si no hay justicia, ¿qué hacemos? es la pregunta que convoca al conversatorio que se realiza en la calle, como todo, o casi todo, lo que se hace en el Encuentro. Y la mamá de Lucía Perez responde: seguir luchando. Así lo hace ella, batallando en las instancias judiciales, apelando el fallo, solicitando una audiencia ante la OEA para visibilizar la causa a nivel internacional, tramando junto a otras madres, un modo feminista de hacer justicia. No olvidando, porque la memoria por su hija es la memoria por todas las pibas, asesinadas del mismo modo, con la misma saña y bajo el mismo entramado de poder, impunidad y complicidad estatal.
Marta Montero lo sabe: sus ojos dulces, llenos de dolor, lo dicen: “Estoy luchando por Lucia, y por tantas, acá estoy con gente que me dá un abrazo, que me ayuda, que me apoya. No es casual que todos los fallos estén uniformados de la misma manera. Ya no tengo la misma mirada del 8 de octubre de hace 3 años atrás. Esta justicia clasista me enseñó a que esto no funciona, que se puede hacer algo mejor”.
Marta aprendió -como ella dice- a construir una justicia que se amasa desde abajo. Y también entendió que lo que pasó con Lucía, pasó con Araceli, con Melina. Que hay una sistematicidad en los crímenes donde las víctimas son pibas de barrios populares, pibas que ejercen su derecho a ser libres, que desean, que desobedecen el mandato patriarcal.
El fallo del Tribunal Oral 1 de Mar del Plata fue apelado y su familia espera una respuesta judicial, una más y esta vez, de los Tribunales de Casación. Y aunque Marta diga que ya no espera nada, la realidad es que todavía lo sigue haciendo. El Estado se las debe todas. La justicia también. Pero no se queda quieta. Mientras los tiempos corren con demora cuando se trata de hacer justicia por las víctimas de la violencia machista, Marta camina las calles, recorre las provincias, junta fuerza. “Yo ya no pido más, lo que hago es estar en la calle, para que se agilicen los trámites. Tenemos una gran red con otras mamás, nos acompañamos cuando están los juicios. Nos damos fuerzas, y eso ayuda mucho. Nos entendemos porque pasamos por lo mismo. Y eso es un apoyo emocional que sentimos muy grande. Nos contenemos”.
La familia de Lucía, acompañada por organizaciones feministas, por la abogada Verónica Heredia y por legisladorxs de distintos bloques políticos, está impulsando un juicio político a los jueces que consideraron que Lucía había sido responsable de su “propia muerte”.
“Estamos pensando cómo se repite los femicidios y las características que tienen. Los femicidios son crímenes de estado. El Estado es responsable en la prevención. Es la primera responsabilidad que tiene, garantizar la vida digna de las personas. Y es la primera que incumplió en el caso de Lucía”, señala Verónica Heredia, la abogada de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, en el programa radial Decí Mu de la cooperativa de prensa lavaca.org. También aporta su mirada con respecto a la sistematicidad de los crímenes: “Estamos pensando en hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, solicitar una audiencia temática para demostrar que hay una trama, que así como se condenó al Estado de México en la causa de Campo Algodonero, en Argentina también estamos viendo esta trama que Lucía encarna, pero si analizamos cada uno de los femicidios, encontramos esta misma lógica en Melina, en Araceli. Queremos peticionar una audiencia para presentar esta trama narcobarrial, femicidio y desaparición forzada. “El prototipo del patriarcado del derecho es la justicia penal. Si estos tres varones hubieran ido a la justicia penal porque se los acusa de haber robado o participado de una marcha, seguramente hubieran sido condenados pero como vienen acusados de un femicidio entonces son absueltos”.
Marta Montero todavía espera algo de justicia, aunque ya no les crea a los jueces. Y hace todo, todo lo que está a su alcance, y más allá también, para que así sea. Frente a esa enorme y poderosa matriz machista, se enfrentan las familias de las pibas asesinadas. El juicio político contra los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale avanza y se espera la conformación del jurado. Marta dice, en el último Encuentro Plurinacional que se realizó en La Plata: “Esta justicia no la aguantamos más, por eso el 8 de noviembre se va a hacer una marcha en Mar del Plata. Nos sobran ovarios para seguir sosteniendo esta causa.»
Micaela
El domingo 9 de abril de 2017 la noticia llegó a través de las redes sociales. A los pocos minutos era tapa en los principales medios de comunicación. Micaela García, 21 años: violada, asesinada y su cuerpo, semienterrado en un camino rural de Gualeguay. El mismo dolor y rabia, la escena casi calcada. Micaela se sumaba a esa larga lista de mujeres, cada vez más jóvenes, asesinadas por la violencia machista. Crímenes que no son aislados; femicidios cotidianos que revelan la sistematicidad con la que se perpetran.
Durante una semana a Micaela la buscó su familia, sus amigas, toda la comunidad de Gualeguay. Hicieron acampes, marchas, rastrillajes civiles. Desapareció la madrugada del domingo 2 de abril después de que bailara, riera y disfrutara en una discoteca de esta localidad entrerriana donde Mica cursaba el profesorado de Educación Física. En esos días, el principal sospechoso de su desaparición estaba prófugo. Sebastián Wagner había sido condenado a 9 años de prisión en el 2010 por dos hechos de violación y gozaba de una libertad condicional otorgada por el juez de ejecución penal de la ciudad de Gualeguaychú, Carlos Rossi. Un día antes de la desaparición de Micaela, Wagner había intentado abusar de otra joven en Gualeguay. Cuando el padre de esa chica fue a la comisaría a denunciar el hecho, los policías le dijeron que se acercara el día lunes porque la jueza no se encontraba en la ciudad. Al día siguiente, Wagner secuestró, violó y asesinó a Micaela García.
Dos años después de su femicidio, su sonrisa y su mirada se estampan en banderas y remeras que llevan las pibas del Movimiento Evita, la organización donde Micaela militaba todos los días. La sembraron en barrios, en asambleas feministas, en organizaciones comunitarias, en centros culturales, en ollas populares, en marchas y hasta en leyes. Además de una Fundación, hoy existe una ley nacional que lleva su nombre y que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, en todos sus niveles. La Ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018 por el Congreso de la Nación, fue fruto de una lucha incansable del movimiento feminista y de su propia familia que continuó el camino de militancia que ella, con tan solo 21 años, ya estaba recorriendo.
Lo había anticipado su papá, Yuyo García, a las pocas horas de conocer el femicidio de su hija. “Yo le voy a cumplir los sueños de mi hija, porque yo sé lo que pensaba mi hija, vamos a vivir para eso. Vamos a laburar el doble para que sea realidad el país que Micaela quería”.
El informe que releva el número de femicidios anuales realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que durante el 2017 se registraron 251 femicidios directos y 22 víctimas de femicidios vinculados. En total -señala el informe- hubo 273 víctimas letales de la violencia machista, 47 de ellas tenían entre 18 y 24 años. El Observatorio de Femicidios que depende de la Defensoría del Pueblo de la Nación revelaba una cifra de 292. El 2017 fue un año trágico. El recrudecimiento de la violencia patriarcal se evidenciaba en la saña con la que los crímenes habían sido cometidos. El de Micaela fue emblemático pero no el único. Ese mismo año secuestraron, violaron y asesinaron a Anahí Benitez. Su cuerpo también apareció semienterrado, pero esta vez, en una Reserva Natural de Lomas de Zamora. Quienes protagonizaron la marcha y el reclamo por justicia fueron sus amigxs, pibes y pibas de 16 años que salieron a las calles para vomitar su hartazgo frente a la violencia machista. Ese mismo año también desaparecía Araceli Fulles. Un perro adiestrado del cuerpo de Bomberos encontró su cuerpo, un mes después, enterrado en la casa de Darío Badaracco, en el partido de San Martín, conurbano bonaerense, y luego de que su hermano insistiera para que ese lugar fuera rastrillado. Es que a las pibas que desaparecen, el Estado no las busca. Por acción cómplice y partícipe en muchos casos de la propia policía, o por omisión, por falta de recursos, por indiferencia, por inoperancia. Tampoco lo hace el aparato judicial que durante todo el proceso se ocupa de revictimizar a la víctima y a su propia familia. Los medios de comunicación, en su gran mayoría, construyen el estigma y el estereotipo. Toda la lupa está puesta en la mujer que desaparece: qué hacía, quién era, dónde estaba. El goce se castiga. La vida privada se expone. El discurso mediático descontextualiza y la noticia es el morbo.
Micaela y Anahí y Araceli y Lucía y Melina pertenecían a la misma generación de pibas que la violencia machista busca controlar, disciplinar, castigar, criminalizar, estigmatizar. El femicidio de Lucía Perez, en el 2016, revelaba esa misma mecánica. Lo mismo ocurrió con el de Melina Romero.
La antropóloga y especialista en género, Rita Segato, lo señala con claridad: los crímenes sexuales son crímenes de poder. “Este es un mundo en el que todo le indica a la mujer que su libertad de circulación, y su misma libertad de existir, está comprometida”, señaló en una entrevista con Página 12. Por eso, el grito de “vivas y libres nos queremos” es mucho más que una consigna o un hashtag que se viraliza en tiempos de marchas. Es un deseo colectivo que explota en los cuerpos.
Esa justicia machista
¿Cómo actúa el aparato judicial cuando de lo que se trata es de hacer justicia por las víctimas de femicidio? Hay una constante: la falta de perspectiva de género que atraviesa a todo el poder judicial. El femicidio de Micaela expuso el accionar de un juez de ejecución penal que decidió otorgar una libertad condicional a un detenido por abuso sexual cuando tres informes psicológicos lo desaconsejaban. En el caso de Lucía Perez mostró su peor cara: un fallo absolutorio cargado de misoginia y machismo que, una vez más, responsabilizaba a la víctima de su propio muerte.
Sandra Miguez es periodista feminista, integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de la ciudad de Paraná. Siguió de cerca la desaparición de Micaela, su búsqueda y lo que fue, después, el pedido de jury al juez Carlos Rossi, un proceso emblemático que se realizó en la provincia de Entre Ríos. Esa meticulosa cobertura se encuentra condensada en un libro. “Crímenes Menores” pone foco especialmente en el rol que cumplió el juez que decidió otorgar la libertad condicional a Sebastián Wagner, y en lo que significó el pedido de enjuiciamiento al magistrado por mal desempeño y falta de perspectiva de género impulsado por más de seis organizaciones feministas. Sandra Miguez lo presentó en Rosario -invitada por la organización Con X. “Este proceso tenía que ser documentado. El libro lo que hace es develar todo el proceso y la trama discursiva que se pone en juego y como se reconfigura el poder simbólico del discurso jurídico”, sostiene en diálogo con enREDando.
Sandra Miguez llega un rato antes a la presentación del libro en Mal de Archivo. Se sienta, pide un cortado mientras coloca sobre la mesa el libro lleno de anotaciones. Explica que la foto de tapa es la calle donde por última vez se la vió con vida a Micaela en Gualeguay, aunque podría ser la esquina de cualquier ciudad. Explica también la referencia del título: crímenes menores es un concepto que la propia antropóloga y escritora feminista Rita Segato expuso en el juicio al magistrado, calificando la mirada despectiva que tiene el aparato judicial para con los delitos sexuales. Junto al psiquiatra Enrique Stola, Segato fue la testigo de contexto que propuso la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná. Dice Sandra: “Lo que se pudo ver es la trama judicial que actúa corporativamente. hay muchos elementos donde ves como se pone en juego todo un andamiaje que reproduce la lógica que desconoce la perspectiva de género”. La periodista que asistió a todas las audiencias también critica el rol que cumplió el Procurador General de Entre Ríos quien decidió no alegar en contra del magistrado. Carlos Rossi fue absuelto y continúa siendo juez en la ciudad de Gualeguaychú. Nada de lo que Rita Segato o Enrique Stola aportaron en el proceso judicial, desde su vasta trayectoria como especialistas con mirada de género, fue tenido en cuenta por el Tribunal.
Quedan preguntas, muchas. ¿“Como son los procesos de rehabilitación de esas personas que están purgando penas por delitos sexuales, como son esos procesos?. Hubo tres informes, incluso de sus propios integrantes del juzgado, que desaconsejaban otorgar la libertad condicional. Entonces, acá también hay un debate, si en este tipos de delitos los informes deben o no ser vinculantes. El juez tiene la potestad de descartar si es o no vinculante. Ahora, en este tipo de delitos, ¿cómo deben ser considerados esos informes?. ¿Y cómo se consideran a las demás ciencias en el aporte en estos casos?. Porque muchas veces son ninguneados, cuando en realidad son esos profesionales quienes están en contacto directo con los condenados”, plantea Miguez y agrega: «nos debemos socialmente formularnos muchas preguntas con respecto a este tema, y encontrar respuestas colectivas. Y no veo que haya un poder judicial, hoy, que esté habilitado a hacerse estas preguntas, a reflexionar sobre sus propias prácticas, a correrse de esos sentidos que a través de los discursos jurídicos instituyen subjetividades. Hay una distancia con lo que pasa en la sociedad y eso es lo que intentamos hacer con el libro, abrir esas hendijas para empezar a mirarnos».
Por aquellos días, luego de conocerse el femicidio de Micaela, el colectivo de periodistas Ni Una Menos decía a través de un comunicado: “En casos como el de los detenidos por delitos de agresión sexual u otro tipo de violencia de género, debemos señalar que lo importante es el proceso desde que el detenido ingresa al servicio, ¿qué políticas de atención lleva el Estado al interior de los servicios penitenciarios para que las personas detenidas no reincidan?, ¿qué políticas postpenitenciarias se hacen de prevención de la violencia de género?. En el caso de Wagner había un informe negativo del servicio penitenciario en el que cumplió la condena privado de la libertad: si para el juez un informe del servicio no es confiable como para no tenerlo en cuenta -y conocemos los manejos extorsivos que hace el servicio con los certificados de buena conducta-, ¿qué medida dispuso el juez Rossi para tener un informe confiable para otorgar su libertad?, ¿pidió un peritaje psicológico propio? Aunque sea una decisión que debe tomar el juez, en vistas de este escenario, es necesario que haga transparentes sus criterios. De lo contrario estaremos ante un episodio más en el que el impacto que tiene la violencia de género y las agresiones sexuales para nuestras vidas son menospreciados por la justicia”.
Ana Clara Piechestein, docente de Criminología e investigadora de la UBA, también opinaba en el medio popular Marcha al respecto: “La crítica al juez en este caso se realiza por contraste con otros casos en los que la “justicia” les asigna fácil y rápidamente a las mujeres el rol de victimarias -el caso de “Belén” por el aborto, el de “Higui” por la legítima defensa contra sus abusadores- y se les aplica el rigor penal en toda su extensión, mientras que con los varones que cometen delitos violentos contra las mujeres esto no ocurriría. Si bien esto es cierto, desde el movimiento feminista es posible y necesario forzar un cuestionamiento amplio de todas las instancias del Estado en relación con el problema de los abusos sexuales y femicidios que ocurren en la Argentina. Ese cuestionamiento debe incluir al propio sistema penal, del que forman parte los jueces, pero sobre todo las formas con las que se busca “solucionar” ese problema, para evitar repetir medidas que ya han fracasado para tratar otro tipo de delitos. El uso de la cárcel como respuesta automática no puede ser sostenido sin revisar cómo opera y qué implicancias tiene”.
Discursos punitivistas suelen aflorar cuando la violencia machista se recrudece. Ocurrió a los pocos días del crimen de Micaela. Respuestas efectistas apuntan a endurecer penas y restringir garantías constitucionales. Lo hizo el propio gobierno nacional intentando eludir su responsabilidad frente al recorte presupuestario en áreas sensibles, el desmantelamiento del Programa de Educación Sexual Integral y el ajuste económico que afecta con especial crudeza a las mujeres, lesbianas, travestis y trans. El trabajo de prevención y capacitación resulta fundamental y el movimiento feminista lo sabe: “Desde el feminismo popular que venimos construyendo con las promotoras territoriales feministas, con la ley Micaela y como tantas otras herramientas preventivas son las respuestas a estos discursos punitivistas que desean instalar. La pedagogía de la sensibilidad es nuestro proyecto de sociedad, es nuestro camino. Necesitamos avanzar en una justicia transformadora preventiva con perspectiva de género que pueda dar respuestas las realidades de las mujeres, lesbianas, travestis y trans”, opina Majo Poncino, entrevistada por enREDando, referente feminista del Movimiento Evita e integrante del colectivo Ni Una Menos Rosario.
La propia Rita Segato señaló durante el juicio a Carlos Rossi: “Es necesario recordar que el juez Rossi con su sentencia en el caso de Sebastián Wagner, perjudicó a toda la masa carcelaria que busca salidas condicionales porque se hizo más severa las condiciones para alcanzar la libertad condicional. Fue un golazo en contra de su propia doctrina, porque ahora el tema es utilizado por los sectores más reaccionarios y punitivistas”. En la entrevista con Página 12, la antropóloga sostiene: “Un sistema de justicia que piensa que la cárcel es la solución para los problemas es un sistema absurdo” y subraya la necesidad de entender que los crímenes sexuales no son similares ni equiparables al resto. “Debe entenderse que es un error hablar de crímenes sexuales: son crímenes de poder, de la dominación, de la punición. Los abogados, los jueces, no están formados, no tienen educación suficiente como para entender qué es un crimen sexual”.
Otra voz referente en el tema es la de la abogada feminista Ileana Arduino, y remarca las dos posiciones que se evidenciaron tras el femicidio de Micaela García. Por un lado, lo que ella llama el “garantismo misógino”, por el otro, el manodurismo clásico. En el artículo de Revista Anfibia, explica: “Las relaciones de género están marcadas por una subordinación que no puede dejarse de lado cuando al sistema llegan estos casos. Como repite Rita Segato en estos días, deben ser considerados delitos de poder”. Para Arduino, “la gran mayoría de las resistencias garantistas en relación con las cuestiones de género parten del no reconocimiento, de la subalternización de la perspectiva”. Y concluye, complejizando la mirada: «Las respuestas a la altura de la lucha y los costos en vidas de mujeres serán aquellas que erradiquen las condiciones de producción y reproducción de esta normalidad violenta que expresa un régimen de estatus basado en el género. Para ello habrá que producir intersección cabal entre perspectivas de género y garantismo, no por capricho epistemológico ni snobismo conceptual, sino una exigencia básica de reconocimiento y no discriminación».
Para Sandra Miguez, el crimen de Micaela fue un femicidio emblemático. “Tenemos todos los días datos de historias que suceden en distintas provincias y siguen reproduciendo esta lógica patriarcal, machista, misógina. Más allá de las fronteras, el caso es representativo de lo que ocurre en el sistema judicial. Hay mucha gente que dentro de la justicia intenta revertir esto, pero los cambios todavía no se ven. Garantizar las salidas transitorias es el último eslabón de todo un proceso en donde, en cada una de las etapas, es fundamental que exista una mirada de género.»
Pedagogía de la sensibilidad
“En mayo del 2017, luego del femicidio de nuestra compañera Micaela Garcia los y las diputadas de la oposición presentamos un paquete de 13 leyes orientadas a combatir la violencia machista junto con el papá y la mamá de Micaela, Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano”, recuerda Majo Poncino para quien, la sanción de la ley Micaela, no solo es una herramienta pedagógica fundamental para avanzar en la prevención de la violencia machista, sino sobretodo, una conquista social de los movimientos feministas.
Fueron 3 proyectos de ley los que presentó el Movimiento Evita en este sentido. “Sobre el proyecto que establece capacitación obligatoria para todos los agentes del estado con perspectiva de género lo comenzamos a trabajar en comisiones de asesores en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia más Presupuesto y Hacienda en conjunto con la asesora de la diputada Rach Quiroga para unificar y dictaminar sobre un proyecto en común. Para fines de 2018 luego de un año y medio de trabajo y lograr dictamen de comisión para ser tratado en el recinto, Cambiemos no lo tenía en el temario de las sesiones extraordinarias que se convocaban para fin de año, se concentraba en otros temas y no incluía el tratamiento de una ley tan fundamental como es la Ley Micaela para prevenir y erradicar la violencia de género. Fue así como la presión social del movimiento de mujeres, feministas y disidentes; como la acción valiente de Thema Fardin “Mira como nos ponemos”, como también la fuerza y el compromiso de y con nuestras compañeras le enviamos una nota al Ejecutivo con la firma de varias diputadas y diputados para que nuestro proyecto sea incluido en el temario de la sesión del 18 de diciembre de 2018. Y fue así que ese día obtuvo media sanción y al día siguiente en la sesión del Senado Nacional su aprobación total”, recuerda la militante feminista del Evita, Majo Poncino.
Su aprobación fue “una respuesta desde la política a una demanda concreta desde hace muchos años; y un pequeño avance para prevenir la violencia machista”, dice, y el movimiento feminista de la provincia de Santa Fe celebra la reciente adhesión a esta ley, impulsada por la diputada Silvia Ausgburger y el diputado Rubén Giustiniani.
También festeja otro hecho emblemático: la destitución del juez penal de los Tribunales de Vera, Nicolás Muse Chemez. La diputada Alicia Gutierrez fue una de las impulsoras del jury al magistrado por sus reiterados fallos sexistas. En ellos, el ex juez de Vera absolvía a acusados de violación y abuso de niñas, adolescentes y mujeres, al no considerar los testimonios y declaraciones de las víctimas y minimizar las pruebas y evidencias contra los imputados, y sobre todo responsabilizaba a las niñas por los hechos, a contramano de todo lo prescripto por las leyes nacionales y convenciones internacionales. “Esto es el triunfo de un conjunto de mujeres que, en distintas instancias, trabajamos para que fuera separado de su cargo. Es un paso más para terminar con aquellos que imparten una justicia machista y violan los derechos humanos de los mujeres”, destaca la legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantía de la Cámara de diputados de la provincia de Santa Fe.
Recordemos: Muse Chemez fue el juez que dictaminó el sobreseimiento del imputado por el abuso sexual incestuoso de CER, la joven de 19 años quien denunció haber sido sistemáticamente violada por su padastro desde los 13 años. El Caso CER cobró dimensión cuando las organizaciones feministas visibilizaron y denunciaron el hecho ante el Comité que vigila la aplicación de la Convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (CEDAW). En el año 2016 el gobierno de la provincia de Santa Fe debió pedir disculpas y resarcir económicamente a la joven.
Fallos machistas y misóginos se repiten al interior de la corporación judicial. Ninguno es tan distinto a otro. Familias revictimizadas, testimonios que no son escuchados, la voz de las niñas y las mujeres descalificadas. Víctimas que no tienen cómo defenderse frente a sentencias que la responsabilizan de sus acciones y la culpabilizan de muertes que en realidad, son femicidios de Estado.
“Estamos tratando de cambiar un derecho que es totalmente patriarcal. En ese derecho patriarcal hemos puesto algunos parches, leyes de derechos sexuales y reproductivos, el corpus completo es patriarcal. Sigue siendo patriarcal. El sistema de justicia sigue estando manejado por operadores formados en todo ese mecanismo jurídico patriarcal”, le decía a enREDando, la abogada del Insgenar y experta de la OEA Susana Chiarotti. A pesar de todo, hay cada vez más abogadas y fiscales que, desde el interior del poder judicial, luchan por transformarlo. En ellas, la mirada feminista resulta imprescindible.
¿Qué significa pedir justicia? ¿Qué significa hacer justicia? Las familias de las jóvenes y las mujeres asesinadas por la violencia machista batallan dentro de los Tribunales para intentar reparar algo de todo el dolor que toleran sus cuerpos. También lo hacen por fuera, encontrándose, caminando las calles, abrazadas, acompañadas. No es posible transformar una matriz profundamente machista, opresora y patriarcal en soledad y la última postal del 34 Encuentro Plurinacional que se realizó en la Plata lo dice a gritos: es el feminismo, con toda su potencia, con toda su disidencia, con todas sus contradicciones, el único movimiento capaz de cambiarlo todo. Hacerlo no es solo un deseo; se trata de una revolución, de un estado de sobrevivencia. De un modo feminista de hacer justicia.
…
Fuentes consultadas:
Boletín enREDando – Marcha – Revista Anfibia – Página 12 – lavaca – Informe Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia
Entrevistas a: Marta Montero, Sandra Miguez, Majo Poncino
