En el año 2017, a instancias del gobierno de Mauricio Macri y a favor de las grandes patronales y las empresas aseguradoras, se avanzó con la reforma de la ley de Riesgo de Trabajo. La nueva norma aprobada en el Congreso cercena, entre otros derechos, el acceso a la justicia de los y las trabajadoras. Santa Fe todavía no adhirió a la ley y numerosas voces de abogadxs laboralistas y sindicatos esperan ser escuchadas en la legislatura santafesina. El gran negocio de unas pocas empresas que especulan con la salud y el cuerpo de lxs trabajdorxs.
[dropcap]E[/dropcap]l 3 de mayo algunos diarios dieron la noticia: una joven trabajadora informal había muerto aprisionada contra una máquina elevadora en el Terminal Puerto Rosario. Su nombre era Denis Ortega, tenía 24 años y se desempeñaba como estibadora eventual en el puerto.
De Nancy Nuñez los medios casi ni hablaron. Nancy cirujeaba lo que podía para alimentar a sus hijos hasta que el 3 de julio de este año murió arrollada por uno de los camiones que traslada residuos en el vertedero a cielo abierto de Venado Tuerto. “Nancy Nuñez era morocha, flaca y de mirada profunda. Había llegado hace tiempo a Venado Tuerto desde San Gregorio, buscando el mango que sostenga la crianza de sus hijos. En los últimos años, participó activamente en el resurgimiento de la cooperativa de recicladores, pensada para trabajar apenas se ponga en marcha la planta de Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad”, señala el periodista Jorge Cadús.
Ninguna de estas dos muertes engrosará el registro de cifras que indican que en todo el país ocurren 1106 accidentes laborales por día y que dos de ellos son mortales. Son muertes invisibilizadas, ocultas en la inmensa zona gris del trabajo no registrado que en estos tiempos de ajuste económico y políticas neoliberales, aumenta cada día. Son lxs llamadxs trabajadorxs eventuales que ni siquiera gozan del derecho de acceder a una cobertura de salud ni a un seguro laboral, ni a la remota posibilidad de reclamar por una indemnización en caso de accidente o enfermedad profesional. Son muertes totalmente evitables provocadas por la falta de prevención y seguridad por parte de empresas y empleadores. Accidentes o, mejor dicho, asesinatos laborales.
En julio de este año, tres obreros metalúrgicos que realizaban tareas de mantenimiento sufrieron quemaduras de gravedad tras una fuerte explosión que se registró en la planta que Acindar tiene en Villa Constitución. Las lesiones se produjeron debido a la descarga ocurrida en la subestación eléctrica situada en la sección de Reducción Directa (REDI) según informó la empresa cuya facturación anual la ubica entre las primeras 60 en todo el país. Frente a estos hechos, el diputado provincial Carlos Del Frade elevó un pedido de informes “para saber cual fue la última inspección que tuvo Acindar, qué resultados tuvo aquella inspección, y que modificatorias se hizo para que Acindar realmente proteja a los trabajadores”.
En diciembre del 2017, la explosión en la cerealera de la multinacional de capitales chinos Cofco, ex Nidera, se cobró la vida de dos operarios, Domingo Gimenez y Juan Castillo, mientras otros veinte sufrieron diversas heridas y tuvieron que ser hospitalizados. El estallido que se produjo en una de las celdas de la planta de Puerto San Martín era previsible y hasta podría haberse evitado, según denunció por aquel entonces el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros tras decretar un paro por 48 horas. “Esto no fue un chispazo eléctrico que tomó contacto con el polvillo. Había celdas que se estaban quemando desde hace cuatro meses y todo el movimiento que hacían con el maíz fue explosivo» fueron las declaraciones que brindó a La Capital, Pablo Reguera, secretario general del gremio de San Lorenzo.
Cofco se suma, al igual que Acindar, a la lista de las grandes firmas que facturan millones de pesos por año. Cofco fue la empresa número 84 entre las mil que más vendieron en Argentina. Para ser más exactos, según el diputado provincial Carlos Del Frade, Cofco facturó 58.103 pesos por minuto en el 2017. En febrero de este año, Walter Quiroz murió en la misma planta donde se produjo la explosión del 2017. Tenía 25 años y pertenecía a la empresa Electrolux. Hacía 8 meses que realizaba tareas de instalación eléctrica en la zona que había sido destruída por el incendio. Cayó de una pasarela de 15 metros de altura y falleció horas después por los múltiples traumatismos que sufrió. Cofco suma otra muerte en su haber y es la de Gustavo López, 19 años, en el 2016. Murió aplastado por un alud de soja mientras limpiaba una de las celdas de acopio.
El 6 de enero de este mismo año, Fernando Quiroz falleció mientras limpiaba un tanque con vapor de agua hirviendo en la cerealera Dreyfus de Timbúes. Tenía el 90 por ciento de su cuerpo quemado. En esta misma empresa murió Lucas Coronel en el 2017 tras caer de una altura de cuatro metros mientras realizaba tareas de limpieza en la planta de General Lagos. En el 2017, Dreyfus facturó 44.777 millones de pesos y es una de las cinco grandes exportadoras de granos y oleaginosas del país.
En Argentina, cada 12 horas un trabajador o trabajadora pierde la vida mientras intenta ganarse el sueldo para llegar a fin de mes. En Santa Fe, donde se ubican las 18 principales empresas que facturan casi el triple del presupuesto provincial y que además están exentas de ingresos brutos, ocurren 123 accidentes por día y una muerte cada cuatro días. La mayor cantidad de accidentes ocurren en las medianas y grandes empresas, las que mayores recursos tienen para invertir en seguridad y prevención. “Son las que tienen la capacidad económica suficiente para cuidar la vida del trabajador, pero como nadie los controla, por eso viene bien que el negocio sea pagar cada vez menos por el accidente laboral o por enfermedad profesional y por eso es la ley de ART”, señala el diputado provincial Carlos Del Frade.
En este contexto, el gobierno nacional avanzó en el 2017 con una reforma de la ley de Riesgo de Trabajo. Tenía un objetivo: reducir lo que las empresas y hasta el propio presidente llama “costos laborales”, es decir, los derechos que la clase trabajadora conquistó a lo largo de su historia.
La salud es un negocio
Que el gobierno de Mauricio Macri prioriza los intereses minoritarios de los grandes grupos económicos y multinacionales, ya no es novedad. En estos casi 4 años de gestión quedó demostrado cuál ha sido el horizonte de sus políticas económicas y sociales. Para los “amigos” todo. Esa fue la premisa que Macri cumplió a la perfección desde sus primeros días de gobierno cuando decidió, por decreto, desmembrar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para satisfacer la demanda de su principal aliado, el Grupo Clarín.
Los tarifazos aplicados sobre servicios básicos como la luz y el gas también han sido reflejo de sus prioridades. Pero eso no es todo. En el año 2017, y en el marco de una fuerte embestida contra los derechos laborales en la cual se incluye su deseo de avanzar en una posible Reforma Laboral, el gobierno pretendió modificar a través de un DNU la Ley de Riesgo de Trabajo. No fue por decreto que lo logró sino a través de un proyecto de ley que se aprobó, primero en el Senado, y luego en la Cámara de Diputados de la Nación.
¿Qué son las ART? ¿Por qué la ley modificatoria del régimen afecta el acceso a la justicia de los trabajadores y trabajadoras? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? Santa Fe es una de las provincias que todavía no adhirió al título I de la ley 27.348, aunque el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado provincial. En la Cámara de Diputados todavía hay resistencia y se espera la realización de una audiencia pública, solicitada por el diputado provincial Rubén Giustiniani, con el objetivo de que las voces que se oponen al proyecto de adhesión puedan escucharse en la legislatura santafesina.
El economista Sergio Arelovich explica que “las ARTs son compañias de seguro creadas bajo un régimen legal con vigencia desde julio de 1996. El objetivo de su creación fue cubrir las eventualidades de siniestros ocurridos en los lugares de trabajo y/o en el trayecto desde y hasta el hogar liberando de este modo a las empresas empleadoras del pago de cualquier tipo de indemnización por accidentes de trabajo”. Es decir, aclara Arelovich, las ARTs se crearon “para desreponsabilizar a las empresas por las indemnizaciones derivadas de accidentes y poniendo a las aseguradoras en el rol de cercenadoras de la pertinencia y montos indemnizatorios”.
No es casual que este régimen haya nacido en plena década del gobierno noeliberal de Carlos Menem. Dice Arelovich: “No se trató de un régimen orientado a terminar con los accidentes de trabajo sino a limitar el reclamo frente a su aparición. Todo estuvo orientado desde su comienzo a recortar derechos y no a reducir accidentes”. El recorte de derechos laborales se agravó en el 2017 cuando el gobierno de Mauricio Macri promovió la reforma de la ley con un solo objetivo: reducir el “costo laboral” y la litigiosidad, lo que desde las patronales y el propio presidente llamaron “la industria del juicio”.
Norberto Ferrari, abogado laboralista de Santa Fe, señala que la nueva ley básicamente lo que hace es “violar el derecho de acceso a la justicia” ya que obliga a los trabajadores a pasar previamente y de forma excluyente por las llamadas Comisiones Médicas, antes de iniciar una demanda judicial. “Estas comisiones están integradas por médicos que tienen que decidir cuestiones de derechos y esto es absurdo. No tienen idoneidad para investigar accidentes laborales, no tienen condiciones para investigar todo lo que se puede plantear en un juicio ni se prevé inspecciones en los lugares de trabajo. Cumplen funciones que debería cumplir la justicia. Esto ya fue resuelto en su momento por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2004, cuando determinó la inconstitucionalidad de la obligatoriedad de estas comisiones”.
Otro aspecto clave y preocupante que destaca Ferrari es lo que refiere al cobro del monto indemnizatorio en el caso que el trabajador o trabajadora decida apelar el dictamen de las comisiones médicas y en una segunda instancia, de la Comisión Médica Central. Con la nueva ley, “ni siquiera va a poder recibir la indemnización que surja con un porcentaje insuficiente reconocido por la ART como lo podía hacer antes”. Es decir, no podrá cobrar ningún porcentaje hasta tanto no finalice el trámite judicial. “Vos antes podías reclamar la diferencia y mientras tanto, cobrar el porcentaje insuficiente reconocido por la ART. Hoy el trabajador no podrá cobrar nada hasta que finalice el juicio. Es una especie de extorsión”, señala Ferrari.
El abogado laboralista es claro cuando dice que la ley impide el libre acceso a la justicia. “Te obligan a pasar por un órgano administrativo” y destaca que la “famosa litigiosidad” que tanto le preocupa al gobierno va a terminar aumentando. “Se van a realizar numerosos planteos de inconstitucionalidad porque se trata de una legislación laboral que esta en abierta contradicción con el programa social que tiene la Constitución Nacional.”.
Para el diputado Carlos Del Frade es fundamental que Santa Fe no apruebe el proyecto de adhesión tal como espera el gobierno nacional. “Nosotros estamos en contra y esa voluntad contraria se va a manifestar no tratando este proyecto de adhesión. Esta ley pone los derechos de la empresa por encima de cualquier derecho de la persona Esta ley pasa por encima del Estado, subordina el Estado a los intereses de las ART. Deja como posibilidad, después del dictamen de la comisión médica, que el trabajador pueda o no ir a la justicia, con lo cual, violenta al Estado santafesino, y le dice al trabajador que la justicia laboral es la ultima instancia, no la primera. Con lo cual, claramente lo que se avala es sobre todas las cosas, el estado de enfermedad del accidente por encima de la justicia laboral, que de hecho lo que tiene que reparar son las condiciones de higiene y seguridad para que justamente un trabajador no se enferme o no se accidente”. Y agrega: “Al contrario del derecho laboral que supo constituir, hoy Argentina cuida muy poco la vida de quien produce la riqueza que es el trabajador. En la Argentina del macrismo se producen 404.039 accidentes laborales por año y 743 personas que buscan ganarse la vida, la pierden en un año».
Especulación financiera
El economista Sergio Arelovich destaca cuál ha sido y sigue siendo el principal negocio de las ARTs: ser empresas financieras. “El negocio principal, esto es las primas cobradas menos los siniestros pagados, menos los gastos normales de funcionamiento es deficitario”, dice. Y suma: “El negocio secundario, el financiero, ha dado tan buenos resultados que no solo les permite absorber la pérdida por la actividad principal, sino que además provee a las compañías de ganancias extraordinarias de naturaleza financiera”.
Del Frade señala que las principales nueve ART facturaron el año pasado nada menos que 84.588 millones de pesos. «Si se cuidara la salud, si se hicieran las inversiones para proteger a las y los trabajadores, las ART no tendrían semejante volúmen de ventas. Por eso necesitan una ley que desprecie la protección de los y las hacedoras de la riqueza. De allí que necesiten imponer los criterios médicos por encima del concepto de justicia laboral”.
En este marco, ¿en qué lugar queda el derecho a la salud?. El legislador del FSP es contundente: “la metáfora más clara es que el Ministerio de Salud desapareció en Argentina. La salud del trabajador está subordinada a los intereses especulativos de quienes manejan el país que son las grandes empresas”. Por su parte, Norberto Ferrari plantea la gran paradoja: “Las ARTs deberían cumplir una función de prevención pero son las que reciben las alícuotas que pagan las empresas. Es como poner al zorro a cuidar el gallinero. Son las que justamente se llevan las ganancias, entonces hacen lo menos posible para poder así, maximimar esas ganancias». Para el abogado, lo fundamental es garantizar la salud del trabajador, y para eso, resulta indispensable invertir en seguridad, y prevención. “Si cumplís con las normas, hay menos enfermedades, menos accidentes y por lo tanto, menos juicios laborales”.
La mal llamada “industria del juicio”, que Mauricio Macri repitió hasta el hartazgo como argumento para avanzar con la reforma de la ley es para Ferrari la industria del incumplimiento. ¿A qué se refiere? “Si las normas se cumplieran no había juicios. Los litigios si son inventados pueden desbaratarse fácilmente. Pero en los gobiernos neoliberales siempre se ataca a los abogados laboralistas porque si se les apunta a ellos, de alguna manera, se ataca los derechos de los trabajadores”. “No hay evidencia estadística que permita decir que ha habido un incremento de esto, en todo caso, la pregunta que habría que hacer es ¿qué se hizo para que haya menos accidentes? Y la respuesta es casi nada”, señala Sergio Arelovich. Para Carlos Del Frade, el juicio “siempre termina siendo consecuencia del desprecio por el que pone la vida y el valor a las cosas que es el trabajador”.
No hay duda que la nueva ley de Riesgo de Trabajo fue la punta de lanza de la tan pretendida Reforma laboral y que ambas iniciativas están estrechamente vinculada a la quita de derechos sociales y laborales. Sergio Arelovich dice: “la adhesión que se le pide a las provincias es para asegurar que tanto la justicia de cada juridiscción como las instancias de revisión de accidentes (las comisiones médicas) cumplan un rol de recorte de derechos indemnizatorios”.
Para Carlos Del Frade “este es el mandato del imperio, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, donde había que reducir el costo argentino. El costo argentino es una definición que aparece en la Argentina en 1955 con el golpe de estado en contra del peronismo. El derecho laboral es ese costo argentino para el punto de vista empresarial y eso es lo que se quiere demoler, es la orden del imperio, de las multinacionales, del consenso entre la UE y el Mercosur, y si llega a ganar Macri lo que vamos a ver es como nunca una ofensiva laboral contra los derechos laborales”.
