Paula Perassi desapareció en la ciudad de San Lorenzo, el 18 de septiembre de 2011. Su cuerpo nunca apareció y el reclamo por justicia de su familia y de todas las organizaciones feministas es incesante. Siete años y 6 meses después, comenzó el juicio donde serán juzgados cuatro civiles y cinco policías. La trama de encubrimiento que devela esta causa emblemática y esa búsqueda constante de su papá Alberto y su mamá Alicia, que más allá de las condenas, solo quieren encontrar los huesos de su hija.
Por María Cruz Ciarniello
[dropcap]A[/dropcap]lberto habla suave y despacio. Mira hacia arriba cuando menciona la palabra justicia. “Hasta acá llegamos”, dice, y detiene la vista en las letras plateadas que indican el lugar hasta donde llegó, gracias a su tenacidad y su perseverancia: Centro de Justicia Penal Rosario. “Hicieron todo para que esto no ocurriera nunca”, dice Alberto. El día del juicio llegó. Lo acompaña su esposa Alicia y un gran número de organizaciones que integran la Articulación Feminista y la Multisectorial justicia por Paula. El movimiento de mujeres lo abraza porque sabe que Paula somos todas. Porque dice y grita en cada marcha que no queremos ni una menos. Porque son muchas las Paulas que nos siguen faltando.
A su alrededor, hay carteles con la imagen de su hija y esa palabra que tanto busca, que tanto anhela: justicia. Alberto lleva puesto siempre un chaleco antibalas y no va a ningún lado sin la custodia policial. Es que no solo es dolor lo que tuvieron y tienen que afrontar. Las amenazas de muerte hacia Alberto y su familia fueron constantes. El aparato judicial también operó en un primer momento para que la desaparición de Paula quedase en el olvido, como si ella hubiese elegido irse. Paula fue, para muchos, una “mala víctima”, sobretodo durante ese primer año en que se hizo todo lo posible para que nada se develara. Al comienzo, la causa estuvo caratula como averiguación de paradero.
34 años tenía Paula cuando desapareció un 18 de septiembre de 2011. Esa tarde había recibido un llamado telefónico que la obligó a salir repentinamente de su casa. Dijo que volvía enseguida pero jamás apareció. Paula tenía dos pequeños hijos que son los pilares de sus abuelos, Alberto y Alicia.
Vivía en San Lorenzo, ciudad del gran cordón industrial de Rosario. Ciudad de puertos por donde salen millonarias sumas de dinero, de rutas sojeras, de oscuros entramados policiales. Es que no es posible hacer desaparecer un cuerpo si no hay detrás, un andamiaje policial, judicial y político que lo permita. Que lo encubra y lo silencie.
Siete años y medio pasaron y no hay rastros de Paula a pesar del esfuerzo militante desarrollado por el prestigioso Equipo de Antropología Forense que participó de la búsqueda. El pacto de silencio aún perdura entre quienes, al menos hoy, están sentados en el banquillo de los acusados.
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Este jueves 21 de marzo, finalmente comenzó el juicio oral y público que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal, ubicado en Sarmiento y Virasoro. El tribunal está integrado por las juezas Griselda Strologo y Mariel Minetti y el juez Alvaro Campos. Hay solo una sala donde se transmite por pantalla el desarrollo de la audiencia, y adonde solo se permite el ingreso de dos familiares por parte de los imputados y de la familia. El número es desproporcional por la cantidad de acusados que tiene la causa y así lo hizo notar la Multisectorial Justicia por Paula que en un comunicado denunció la situación: “Dejamos en claro que es la familia, junto a las organizaciones feministas, sociales y de DDHH quienes con la lucha hemos logrado, después de mas 7 años , arrancar este juicio y no dejaremos pasar que dentro de las salas quedemos en minoría poniendo en riesgo el esclarecimiento del caso. Estás trabas no nos detienen, y convocamos a redoblar el acompañamiento a la familia concentramos el tribunal y exigimos justicia”. Tras el reclamo feminista, finalmente seis integrantes de organizaciones ingresaron, en la primera jornada del juicio, al recinto que comparten con familiares de los acusados.
La causa judicial está caratulada como privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte. La hipótesis más fuerte es la que presentó el fiscal Donato Trotta y la que también apoyan los abogados querellantes que representan a la familia, Adrián Ruiz y José Ferrara. Según la fiscalía, Paula, quien mantenía una relación extramatrimonial con el empresario Gabriel Strumia y cursaba un embarazo de 6 semanas producto de esta relación, fue trasladada a la fuerza, la noche del 18 de septiembre, hasta la localidad de Timbúes para ser sometida a un aborto casero y forzoso y que allí habría muerto, aunque todavía se desconozcan las circunstancias de esa muerte. En este plan «para doblegar la voluntad de Paula», están involucrados los cuatros civiles imputados en la causa: Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, Antonio Díaz, empleado y chofer de Strumia y la mujer que habría practicado la intervención, Mirta Ruñisky.
La investigación, que debió sortear obstáculos judiciales y fallos indignantes como el del juez Prunotto Laborde quien en el año 2015 había dictado la libertad de los 8 procesados que tenía la causa en ese entonces, avanzó de tal forma que a siete años y seis meses del hecho, hay nueves personas imputadas con prisión preventiva, esperando la sentencia del juicio.
Para los cuatro civiles, Gabriel Strumia, Roxana Michl, Antonio Díaz, y Mirta Ruñisky, la fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte. Pero la desaparición de Paula no puede entenderse sin una participación policial que posibilite el encubrimiento y la implantación de pruebas falsas que despisten la investigación. Al menos así lo sostiene la querella y también la fiscalía que solicitó, para el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de la policía de San Lorenzo, Adolfo Puyol, la pena de 6 años de prisión efectiva y la inhabilitación especial de 10 años para ejercer cargos públicos. El fiscal Trotta lo acusa de encubrimiento agravado por su condición de funcionario público. Además de Puyol, hay cuatro policías acusados por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba y falsedad ideológica de instrumento público. La pena solicitada es de 16 años de prisión efectiva. Ellos son Jorge Krenz, Aldo Gomez, Gabriel Godoy y María Jose Galtelli.
Los abogados querellantes comparten la misma acusación que la Fiscalía. Solo difieren en el rol que cumplió Puyol. En este caso, entienden que el ex jefe policial actuó como partícipe necesario del hecho, y es por eso que la pena para la querella es la de prisión perpetua.
Minutos antes del ingreso a la sala de audiencias, Adrián Ruiz, abogado querellante señaló: “Contamos con las pruebas suficientes para que haya condenas. Todas las pruebas que no se hicieron en la semana en que desapareció Paula las reconstruimos y podemos demostrar que son culpables. Ella contó con una familia que no se calló nunca y con una comunidad que rompió con los prejuicios de que Paula era la loquita que se había ido por propia voluntad, que ya iba a aparecer. Hay una gran lucha con este nuevo sujeto histórico que es la mujer y confiamos en este cambio”. También se refirió a las constantes amenazas que sufrió Alberto y quienes colaboran con él. Y fue claro cuando dijo: “Es la misma organización criminal que vamos a enfrentar en minutos y está integrada por policías”.
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Recuperar el cuerpo. Esa es la insistencia de una familia que incansablemente camina – desde hace siete años y medio- las calles de San Lorenzo y más allá también. Alberto y Alicia son referentes para toda una región, para toda una ciudad.
Recuperar los huesos de su hija. Eso es lo que busca Alberto. Esa es su lucha, y es también la ausencia que ninguna condena reparará, pero sí permitirá aliviar tanto dolor. “Yo trabajé siempre para conseguir los huesos de Paula. Y si estos señores con el pacto que silencio que tienen se dan el lujo de no decirnos nada, voy a seguir trabajando para que ellos se pudran en la cárcel”, dice Alberto quien declarará como testigo en el juicio.
El caso de Paula Perassi es emblemático, por la enorme cadena de complicidades que revela su desaparición y porque, además, dirá Liliana Leyes, “ marca todos los tipos de violencia que puede sufrir una mujer. Paula no está, y su desaparición ocurre cada día”. Aunque la carátula de la causa no sea esa, desde el movimiento feminista no dudan en sostener que se trata de una desaparición forzada.
Lili, militante feminista, miembro de Ate Rosario y una de las referentas de la multisectorial que se conformó para acompañar a la familia,, también dirá que “Alberto y Alicia fueron multiplicadores de la lucha por Paula”, y destacará la articulación permanente con un movimiento de mujeres activo que reconoce en Paula a muchas otras mujeres desaparecidas en democracia. Por eso, Lili insiste: “Saber qué hicieron con el cuerpo es lo más importante”. Y así también le apunta al Estado, a sus falencias, a sus ausencias. “El Estado también estuvo ausente en acompañar a Alberto como víctima, y a cada una de las victimas de femicidios que acompañamos, sabemos que el Estado no articula integralmente. Acá debería haber un acompañamiento psicológico, económico. Tuvimos que pedirlo”.
Paula nos falta a todas y a todos. Su ausencia se suma a una larga lista de nombres de mujeres víctimas de la violencia machista. Paula no escapó a ese violento entramado patriarcal que primero estigmatiza a las víctimas para encubrir sus desapariciones y sus crímenes.
Se espera que el proceso judicial se extienda aproximadamente un mes y medio. Son mas de doscientos testigos quienes declararán en las próximas semanas. Afuera, como siempre, estará la presencia, el abrazo, el grito y el calor de las organizaciones feministas. Estarán Alberto y Alicia esperando que se haga justicia por Paula. Saber qué pasó, qué le hicieron. Saber, por fin, adónde están los huesos de su hija.
Recomendamos seguir la cobertura completa del juicio en Periódico Síntesis, publicación regional de San Lorenzo.