Maximiliano Zamudio, de 16 años, fue asesinado en mayo de 2015 en barrio Tablada. La causa, que había sido archivada dos veces, se reabrió y podría llegar a juicio por el delito de homicidio agravado.
Por Martín Stoianovich
[dropcap]U[/dropcap]n pasillo muy angosto de un sector muy pobre del barrio Tablada fue el escenario en el cual en la noche del 27 de mayo de 2015 el prefecto Ariel Condori mató de dos disparos a Maximiliano Zamudio, que tenía 16 años y un retraso madurativo por el cual había asistido a una escuela especial. No hubo enfrenamiento en este hecho que hoy, a más de tres años, continúa sin esclarecimiento. La investigación había sido archivada por dos fiscales distintos que, siguiendo la versión de la tentativa de robo instalada por el propio autor del crimen, entendieron que el prefecto había actuado en legítima defensa. La insistencia de la familia Zamudio, de otros familiares de víctimas de la violencia policial y organismos de derechos humanos, logró que se revirtieran esas decisiones y que la causa se reabriera. Este lunes 10 de diciembre Condori fue imputado por homicidio agravado, aunque continuará en libertad al menos hasta que inicie el juicio previsto para el próximo año.
Sala 8 del segundo piso del Centro de Justicia Penal. Pasadas las nueve de la mañana la actual fiscal de la causa, Karina Bartocci, titular de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional, comenzó a leer su hipótesis de los hechos y a mencionar las evidencias con las que la sostiene. En frente, solo, miraba el juez Juan Andrés Donnola. A un costado, María, la mamá de Maximiliano y ahora querellante, vestida con una remera blanca con la foto de su hijo, escuchaba junto a sus abogados. Del otro costado lo hacía Ariel Condori, vestido de civil, junto a su defensor.
Bartocci describió el crimen: eran las 22.50 cuando Condori entró manejando su Ford Falcon blanco al pasillo de Patricias Argentinas y Avenida Uriburu, en el que Maximiliano Zamudio estaba posado sobre una casa a unos pocos metros de la suya. Según la fiscal, el prefecto y el pibe dialogaron unos segundos hasta que Condori disparó desde adentro. Después se bajó y gatilló dos veces más. Dos de esos tres balazos dieron en Maximiliano, y uno -en la cabeza- le provocó la muerte.
Entre las información recolectada por la Fiscalía hay testigos presenciales que describieron esta escena. Además, la madre de otro pibe del barrio asegura que a su hijo, horas antes del crimen, lo detuvieron en la Comisaría 11, ubicada a cinco cuadras del lugar, y los policías le preguntaron por Machote, apodo con el cual conocían a Maximiliano en el barrio. Por su parte, Salvador Vera, abogado de la querella, agregó que según esta testigo cuando aquel día fue a buscar a su hijo a la Comisaría 11, el Ford Falcon blanco de Condori estaba estacionado en la puerta. Otros testimonios que no están en el legajo judicial, y por lo tanto no forman parte de la causa, afirman que Maximiliano “estaba marcado” por los policías de la 11, y que existían algunos hechos alrededor de esta relación “que podrían implicar un intento de venganza”. Otros rumores, extraídos de comentarios en redes sociales y utilizados por Miguel Moreno, el primer fiscal que investigó la causa, dan a entender que Maximiliano solía robar en el barrio.
Esa noche era el cumpleaños número 32 del prefecto Ariel Condori. A partir de ese detalle es que su defensor, Horacio Corbacho, sostiene la hipótesis del prefecto: iba a buscar un equipo de música a la casa de una amiga ubicada en el mismo pasillo en el que vivía la familia Zamudio. Fue mientras esperaba a la mujer que Maximiliano quiso robarle, amenazándolo con una supuesta arma, por lo cual Condori se defendió a los tiros.
– Condori ejecuta a Zamudio con un disparo en la cabeza, estando Zamudio desarmado e indefenso. En síntesis, fue una ejecución sumaria. – dijo Salvador Vera sobre el crimen.
– Lo quieren plantear como una ejecución no sé por qué. Es un hecho de legítima defensa. Zamudio era un ladrón que había ido a robar. – dijo Horacio Corbacho en su turno.
De las pocas certezas que hasta el momento dejó la investigación es que aquella noche solo se disparó un arma: la Smith & Wesson calibre 40 de Ariel Condori. El arma que según el prefecto tenía Maximiliano, resultó ser la culata de una escopeta que, lógicamente, no servía para disparar.
La fiscal Bartocci lleva adelante la causa porque así lo designó el fiscal Regional Patricio Serjal después de desestimar el archivo. En la audiencia, la fiscal definió que el hecho no implicó un caso de violencia institucional y que por lo tanto no hubo abuso de la función, por lo cual pidió que se imputara a Condori por homicidio agravado, que se lo dejara en libertad con el compromiso de solicitar permisos para moverse y que se le embargara su sueldo de funcionario público hasta alcanzar el millón de pesos. El juez Donnola aceptó la calificación pero rechazó el embargo. Condori, por su parte, seguirá libre y ejerciendo su cargo como hasta ahora.
Los abogados querellantes, a diferencia de la fiscal, habían pedido prisión preventiva. Sobre el rechazo del juez, Guillermo Campana analizó: “Preveíamos que iba a ser difícil avanzar con la cautelar que solicitamos, en virtud de todas las vicisitudes que había tenido esta causa y cómo hemos tenido que pelear para ir remontándola después de dos archivos. Sabíamos o creíamos oportuno solicitarlo para poner en juego la gravedad del hecho y de la conducta de Condori, durante el hecho y a posterior”. Por otra parte, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional apuntaron contra la decisión de Bartocci de no considerar que el caso corresponde a un hecho de violencia institucional. “Desconoció una construcción histórica lograda a través de décadas por el arduo trabajo de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y actores políticos, reconocida tanto por tribunales nacionales como por organismos internacionales de protección y defensa de derechos humanos. Cuestión de suma gravedad institucional ya que se trata de una funcionaria judicial supuestamente especialista en la materia”, dijeron a través de un comunicado.
Sobre protocolos del gatillo fácil
Esa noche de mayo de 2015 -fría y oscura en aquel pasillo de Tablada según describió la mamá de Maximiliano- el prefecto Ariel Condori desenfundó su arma no reglamentaria y gatilló. Treces veces. La última, dijeron los testigos, fue la que terminó de ejecutar al chico de 16 años con un tiro en la cabeza. Después corrió escapando de la bronca de la familia Zamudio, se atrincheró en la casa de un vecino a la cual se metió a la fuerza, y cuando llegó la policía se resistió a ser detenido.
El fiscal Miguel Moreno desde un primer momento dejó en libertad a Ariel Condori y a principios de 2017 archivó la causa. En sus argumentos dijo que el prefecto “en el momento en que sintió que se encontraba ante una situación límite, utilizó su arma de manera letal”. Pero Maximiliano Zamudio solo llevaba una culata no apta para disparar, que ni siquiera tenía caño y que Condori, conocedor de armas, pudo describir en sus declaraciones.
A Moreno le bastó con el supuesto estado de alerta que atravesaba el prefecto en el también supuesto hecho de robo. “Cabe interrogarse sobre el conocimiento que (Condori) pudo tener en aquel momento sobre el real poder ofensivo del objeto que le fuera prácticamente apoyado en su sien izquierda, en horas de la noche y en el lugar que se desarrollaron los acontecimientos”, explicó por entonces el fiscal. Para archivar la causa acudió al “error invencible”, una herramienta del derecho penal que relativiza la responsabilidad de un acto cuando hay algún tipo de desconocimiento sobre la realidad del hecho. Por eso destacó que “nada puede reprocharse a quien no sabe o no conoce o conoce erróneamente”.
Ni el prefecto Ariel Condori necesitó del decreto 956/2018 para matar. Ni el fiscal Miguel Moreno lo necesitó para archivar la causa y dejar en libertad al asesino de Maximiliano Zamudio.
