La discusión centrada en la suba de impuestos a las grandes cerealeras toma fuerte impulso ante la quita de subsidios al transporte. El proyecto provoca una fuerte resistencia de los sectores concentrados del modelo agroexportador. Cómo hacer para que paguen más quienes han cosechado ganancias extraordinarias en los últimos años.
Por Alvaro Arellano
[dropcap]E[/dropcap]l rumbo económico que ha decidido profundizar Cambiemos durante el 2018 con el condicionamiento del acuerdo con el FMI, decantó en la actual recesión y caída casi total de la actividad en distintos sectores de la economía. El ajuste declarado en el presupuesto nacional 2019 requiere de una quita de recursos, recortes y desfinanciamiento a las provincias que deberán agudizar la creatividad y el ingenio para abastecer necesidades corrientes.
Santa Fe ya conoce que una de sus áreas más sensibles como el transporte, sufrirá las consecuencias de la quita de subsidios nacionales. En este escenario amenazante, buena parte del arco político, incluído el oficialismo local miró hacia el cordón industrial, más precisamente a las actividad cerealera. Un proyecto que llegó a la Legislatura santafesina busca la suba en la alícuota que pagan 18 empresas del sector por ingresos brutos a la actividad, del 0,25% actual al 1%. Esta posibilidad, que significaría una bocanada de aire para las arcas de la provincia, genera la oposición del sector agroexportador, a la vez que exige repensar el esquema tributario que rige en Argentina
El diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade, es un asérrimo defensor de que las actividades que concentran el mayor caudal de riqueza tributen más a través de esquemas impositivos más progresistas. Según explica, la discusión se ve condicionada por el pacto fiscal sancionado en 1991, que determinó que las provincias dejen de cobrar Ingresos Brutos a las agroexportadoras ya que eso le correspondía a la Nación.
“Con la decisión por parte del macrismo de eliminar el subsidio al transporte, el gobierno de la provincia piensa por primera vez en cobrarle algo más a las exportadoras, subir la alícuota del 0,25% al 1%, lo que significa $0,72 por cada $1.000 que facturan”. Del Frade parte de la premisa que esto no se trata de una discusión jurídica sino política, ya que considera que, si la voluntad existiera, no habría necesidad de vulnerar leyes sino de agudizar el ingenio. “Lo que queremos es cobrarle a las exportadoras por lo que facturan con las exportaciones, ¿en qué concepto se les cobra?, puede ser de muchas maneras, en algún momento se pensó en un impuesto verde por todo lo que demanda como costo ecológico”. En base a esto explica la necesidad de “una reforma impositiva progresista, donde los que más tienen paguen más”.
La discusión jurídica a la que refiere el diputado provincial tiene que ver con la cantidad de litigios que podría recibir la provincia si avanzara en el aumento del cobro de impuestos al acopio y distribución. Pero explica que no existe necesidad de llegar a esa instancia si la discusión se basa en un tratamiento político sobre cómo hacerlo dentro del marco legal. “En todas partes del mundo las exportadoras pagan un canon en otro concepto quizás, pero ocurre”, señala. Más allá del proyecto particular con las cerealeras, su planteo de fondo propone modificar el código fiscal de la provincia, con la idea de que “todo lo que la provincia pone a disposición, para que empresas usen el agua, el aire, el suelo, la capacidad de la gente, las comunicaciones, como en cualquier actividad debería gravarse”.
Por último Del Frade estima algunos números de lo que significaría avanzar en el proyecto que busca tratamiento en la Legislatura: “Con el balance de 2017 presentado por las exportadoras ahora en 2018, si se saca la cuenta sobre la facturación total, con el 1% estaríamos hablando de 4mil millones de pesos”. Y añadió que pensar en un 3% de alícuota en Ingresos brutos a la actividad de las 18 exportadoras “salvaría el subsidio del transporte interurbano”.
La raíz del problema según Fiscella
Otra mirada sobre el tema la aporta el economista y especialista en material fiscal, Federico Fiscella quien considera que la raíz de la cuestión es el sistema impositivo “deficiente”, que existe actualmente. El retiro de subsidios en la coparticipación, la subejecución del presupuesto y la desfinanciación en salud y educación, son parte de las decisiones que tomó el gobierno nacional, pero que también dejan al desnudo la escasa equidad que genera la política tributaria. “Los impuestos están para re distribuir ingresos, si no hacen eso lo único que hacen es generar fricciones, desincentivan la producción, el consumo, y el empresariado se ha aprovechado de los grises fiscales para no pagar impuestos, girar utilidades al exterior, todo lo que genera el problema real”. Agrega además que el tema a discutir es el impuesto a las ganancias “con un régimen de coparticipación para que las provincias no tengan que cobrar impuestos al sello o a los ingresos brutos”.
Argentina se convirtió en el quinto país a nivel mundial con mayor índice de evasión fiscal, que sumado a los números de pobreza estructural, denotan esa fuerte deficiencia en el esquema de rendición y redistribución. “La discusión original es imperfecta, Nación le ha retaceado recursos a la provincia, no ha mandado todo lo que corresponde, pero se discute más sobre eso que sobre un sistema que redistribuya a través de ganancias”. Federico Fiscella plantea que esa redistribución no se realiza ni con Ingresos Brutos ni con el IVA sobre los productos “que tiene el mismo peso para el que lo compra con un salario mínimo que para un millonario”. En este sentido es que insiste en la necesidad de avanzar en un esquema de ganancias que pueda generar los recursos necesarios pero para eso falta “una discusión política de alto nivel que el arco político no quiere discutir”. “Si el Estado nacional cobrara ganancias como corresponde a quienes más tienen, no habría necesidad de cobrar retenciones, ingresos brutos, o impuesto al cheque que “generan alta presión tributaria pero también alta evasión fiscal, y la plata que falta en la provincia es plata que se está evadiendo”.
Sin reforma impositiva y sin fondo sojero
Aunque este problema fue una cuestión no resuelta por la gestión kirchnerista, lo que se implementó para coparticipar con las provincias fue el fondo sojero a través de las retenciones. Esquema que duró hasta mediados de este año, ya que “el actual gobierno lo sacó pero no mejoró lo que es el esquema de impuesto a las ganancias que sigue siendo muy bajo”, dice Fiscella, haciendo referencia a los impuestos que gravitan igual para quienes más concentran como para quienes tienen ingresos mucho más bajos. “Las cerealeras se quejan por el 0,25% pero segmentos de venta al público pagan tasas del 3% al 4,5%”, enfatizó.
Por último establece una comparación con Uruguay, país que desde el 2009 generó una fuerte reforma tributaria, «mientras que en Argentina volvimos a la idea del déficit cero». Con la asunción de Tabaré Vazquez, en el país vecino “se concentraron fuertemente en cobrar impuesto a las ganancias, con la idea de que el que más tiene más pague”. En Argentina, según el economista “se habla mucho del déficit , que está asociado a lo que llaman gasto, gasto en salud, en educación, pero cuando hay que hablar de ingresos que es donde está la evasión nadie habla, ahí es donde habría que trabajar sobre impuesto a las ganancias”, concluye Fiscella.
