Un proceso de más de dos años y medio concluyó con una condena alta para el ex agente de la Brigada Motorizada que en los festejos del año nuevo de 2016 asesinó de un disparó al chico de 16 años. Un alivio para la familia y un empujón para los protagonistas de historias similares que en el horizonte pueden ver algo más que impunidad.
Por Martín Stoianovich
[dropcap]P[/dropcap]asado el mediodía del viernes 19 de octubre, el policía Emiliano Gómez fue llevado a la sala de audiencias número siete del Centro de Justicia Penal. Lo sentaron solo, cerca de una puerta, y lo rodearon cuatro policías armados y con chalecos. Otros doce policías se repartieron en el resto de la sala, rodeando también a los familiares y amigos de Brandon Cardozo, asesinado el 1 de enero de 2016 a los 16 años. Cinco minutos después la jueza Hebe Marcogliese ya había leído el fallo con el que Gómez fue condenado a veinte años de prisión efectiva por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Primeras horas de 2016. Brandon, su primo y algunos amigos fueron a una fiesta en la esquina de Centenario y Entre Ríos que se había organizado por redes sociales. Música, bebidas: fiesta. Hasta los disturbios, una pelea que pasó de las piñas a los botellazos. Fue en ese instante, según la fiscal Marisol Fabbro y la querella que representa la madre y el padre de la víctima, que el policía Emiliano Gómez, por entonces 26 años e integrante de la Motorizada de la Unidad Regional II, disparó siete veces con su arma reglamentaria. Las siete veces en dirección a las personas que corrían y esquivaban las botellas que volaban. Uno de esos disparos alcanzó a Brandon, le entró por la boca y se alojó a la altura del cuello. Un patrullero que llegó después al lugar llevó a Brandon, que agonizaba, al hospital Roque Sáenz Peña, aunque ya no había nada para hacer.
Gómez fue imputado a los pocos días del hecho, después de que Lucas B., otro policía, se acercara a la División Judiciales de la URII y al Ministerio Público de la Acusación a denunciar que había presenciado el disturbio y había visto a Gómez –a quien conocía del Instituto de Seguridad- disparar hacia la gente. Al momento de comenzar la pelea, dijo Lucas B., Gómez sacó su arma y disparó hacía la muchedumbre sin hacerle caso cuando le pedía que pare. Más de dos años y medio después -en estas últimas dos semanas- tuvo lugar el juicio oral que encabezó el tribunal conformado por Hebe Marcogliese, Alejandro Negroni y Juan Carlos Curto. En las distintas audiencias tanto Fabbro como los abogados querellantes ofrecieron testimonios de testigos presenciales y pruebas para corroborar la teoría: Gómez es el asesino. Por su parte, la defensa del policía buscó abrir un manto de dudas acudiendo al relato que el propio imputado ofreció en una audiencia de mayo de 2016: el verdadero asesino sería Lucas B. Éste, según Gómez, disparó contra la gente porque le habían roto el auto a botellazos y después, aprovechando supuestos contactos familiares dentro de la policía santafesina, armó el relato que terminó por condenar a Gómez, quien todavía insiste en que aquella madrugada él solo disparó al aire para disuadir.
Al finalizar la audiencia de alegatos de clausura el miércoles 17 de octubre, Gómez pidió la palabra y volvió a acusar a su colega. Intentó desentramar la supuesta coartada de Lucas B.: que éste había entregado su arma reglamentaria pero que aquella noche disparó con un 38. Embalado en su intento de zafar, Gómez mandó al frente a toda la institución policial. Dijo que conocía a ese 38 porque Lucas B. siempre lo llevaba en su chaleco antibalas, en un bolsillo en el que “siete de cada diez policías llevan un arma que usan como chivo para ensuciar procedimientos”. Después dijo entender el dolor de los familiares de Brandon y avisó que iban a condenar a un inocente.
Pero durante el juicio la Fiscalía ofreció siete testigos presenciales que describieron físicamente a Gómez y lo ubicaron disparando en dirección a donde cayó herido Brandon. Y no solo eso: los testigos solo vieron a una persona disparar, en el lugar de los hechos se encontraron siete vainas, y la bala que mató a Brandon tenía una pintura epoxi azul igual a la de las balas secuestradas a Gómez cuando se allanó su domicilio. Para incriminar a Lucas B., quizás el principal testigo del hecho, no había nada más que el relato del imputado y las personas que lo acompañaban esa noche, que en el instante de los disparos no estaban en el lugar, y sabían de lo sucedido por lo que Gómez les había contado.
Un camino con inicio y meta
Una tarde calurosa en una sala grande y silenciosa, a pocos días de haber perdido a su hijo, Laura Ávalos y Rubén Cardozo, mamá y papá de Brandon, dijeron -todavía conmovidos y desconfiados por las caras nuevas que aparecieron a partir de la tragedia- que solo querían justicia por su hijo. Después de todo este tiempo, afuera del Centro de Justicia Penal juvenil y a punto de entrar a conocer la condena, agregaron algo más. Seguir por los otros pibes que mató la policía y lograr una condena para tratar de sentar precedentes y, en definitiva, que hechos de este tipo no vuelvan a ocurrir: que un policía no vuelva a creer tener el poder de decidir sobre la vida y la muerte de los demás disparando con su arma reglamentaria en una fiesta, de forma descabellada. Laura y Rubén integran, junto a otros familiares de víctimas de la policía, el grupo “Las voces de lxs que ya no están”. Este viernes, los trapos con la cara de Brandon tuvieron a su lado a muchos otros pibes que ahora sonríen desde ahí: banderas y remeras.
“Fueron dos semanas muy pesadas, se revolvió adentro mío todo esto de nuevo. Como le dije a los abogados siempre, si le dan cien años para mí es muy poco. Tratamos de creer en la justicia y un poquito de justicia tuvimos, aunque me hubiese gustado que le den más años. Por lo menos sabemos que esta persona va a quedar presa y no va a volver a hacer lo que hizo. Es un camino difícil, sin las personas que nos apoyaron, familia, amigos, organizaciones, familiares de otras víctimas, la verdad que sería imposible sobrellevar esta carga, pero con el apoyo de todos pudimos y llegamos a esta instancia”, dijo Rubén, después de la audiencia.
Cuando habla de la expectativa de una condena más alta, lo hace en sintonía a los abogados que lo representaron como querellante. Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet plantearon desde un principio que el accionar del policía Emiliano Gómez se ajustaba a un homicidio calificado por el abuso de la función policial. Porque asesinó con su arma reglamentaria, porque aunque estaba de franco aquella noche accionó como agente del Estado y porque la ley policial solo distingue dos tipos de policías: los que están en actividad y los retirados. Sin embargo, los vericuetos del Poder Judicial permitieron que la fiscalía sostuviera en todo momento la imputación de homicidio agravado que finalmente se utilizó para la condena. A pesar, incluso, de que en abril pasado durante la audiencia preliminar el juez Luis María Caterina aceptó llevar a juicio la calificación propuesta por la querella.
“La conducta de un policía que emplea el arma reglamentaria en el marco de sus atribuciones funcionales pero de manera violatoria de sus deberes, implica un uso abusivo de esa posición del policía. La obligación que tienen es, aunque estén en franco de servicio, intervenir en un hecho que lo amerite, y Gómez no lo hizo de manera correcta. Más allá de eso, es una decisión y definición política del MPA no darle esta interpretación a los hechos”, explicó Guillermo Campana sobre este aspecto. Y aunque la condena no fue la solicitada por la querella, admitió estar conforme porque se trata de una pena alta y consideró: “Lo que valoramos es todo el proceso de justicia que encontró un resultado pero que además tiene a una gran muestra de dignidad por parte de la familia y las personas que estuvimos acompañando y que pone en evidencia que es necesario construir de esta manera en estos procesos”.
