“La ESI es un derecho humano”

Trabajadorxs del equipo provincial de ESI reclaman la continuidad y estabilidad laboral en un contexto de fuerte vaciamiento del Programa Nacional y de la educación pública en general. Además, docentes y organizaciones feministas lanzaron una campaña provincial para exigirle al Senado de la provincia que haga ley lo que ya es un derecho humano fundamental: la educación sexual integral. El agitazo por la ESI y la cruzada antiderechos. 

Por María Cruz Ciarniello

[dropcap]H[/dropcap]ablar de Educación Sexual Integral es hablar principalmente de derechos humanos. El Ministerio de Educación de la Nación dice claramente en su sitio web: “Llamamos ESI al espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes”. Y sigue: “La ESI es una obligación del Estado Nacional y de los Estados Provinciales tal como lo establece la Ley 26.150”.

La ley nacional se sancionó en el año 2006 y creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que elabora los lineamientos curriculares y las propuestas pedagógicas para el abordaje adecuado de los mismos en los diferentes niveles educativos. Pero lo cierto es que su implementación -a 12 años de su sanción- es prácticamente nula y queda sujeta a la voluntad política de los distintos gobiernos provinciales o al compromiso que asumen docentes en todo el país. Solo nueve de las 24 provincias argentinas adhirieron a la ley 26.150, entre ellas, la provincia de Santa Fe. Dos reconocidas organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y FEIM elevaron en el año 2017 un informe al Comité por los Derechos del Niño señalando la escasa implementación de la ley. Allí dicen: «dado el carácter federal del estado Argentino y que el sistema educativo se encuentra dentro de las esfera de regulación provincial, la mayoría de las jurisdicciones no imparte los contenidos de la ESI y el Ministerio de Educación de la Nación no ejerce su función de rectoría indispensable para garantizar los contenidos mínimos en todo el territorio del país. En el caso de la provincia de Corrientes, por ejemplo, se justifica su falta de implementación de la ESI en la decisión de su legislatura local de declararse como “Provincia Pro-Vida”en 2015”. Además, remarcan que según cifras oficiales de los últimos 5 años, en Argentina más de 3 mil niñas menores de 15 años afrontan por año, embarazos y partos. «En promedio 9 niñas por día acuden al sistema de salud a iniciar un proceso de parto. Los embarazos, en este rango etario, son en su gran mayoría resultado de abusos sexuales contra las niñas por parte de varones de su entorno familiar» sostiene el informe. Según UNPFA, alrededor del 16% de los nacimientos que ocurren por año en Argentina corresponden a mujeres menores de 20 años. «El 69% de estos embarazos no son planificados y, en general, se producen por la falta de educación sexual, información y accesibilidad de métodos anticonceptivos». La Educación Sexual Integral, señala ELA y FEIM, es además, de vital importancia para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres ya que implica «el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación que procure la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres».

Hablar de ESI es hablar de un derecho ya garantizado en nuestra legislación nacional. Sin embargo, el retroceso en materia de conquistas sociales avanza también contra la posibilidad de contar con una educación sexual integral que posibilite vivenciar una vida libre de prejuicios, de estereotipos y de violencias para niños, niñas, niñes y adolescentes.

La Fundación Huésped define a la ESI como “el conjunto de actividades que se realizan en la escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato”. Habla del derecho al acceso a la información para el cuidado de una salud sexual integral. Conocerse, cuidarse, disfrutar del propio cuerpo y promover el respeto por el cuerpo del otrx, crecer desnaturalizando prejuicios y estereotipos sexistas. Reconocer y respetar la diversidad sexual, conocer sobre los distintos métodos para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Saber diferenciar una caricia de un abuso. Hablar de Esi es hablar no solo de derechos sino también, y sobretodo, de libertades, de la posibilidad de decidir libremente, de poder elegir. De reconocer a los niños, las niñas y les niñes como sujetos de derecho.

Actualmente y a partir de la ley, 26.150, impartir ESI en las escuelas no requiere de autorización familiar. La ESI ya es un derecho que debe ser garantizado en las escuelas públicas, privadas, laicas o confesionales, porque lo que hace la ley es precisamente transformar su contenido en una política pública. Santa Fe es de las pocas provincias que cuenta con un equipo provincial de ESI integrado por un cuerpo de aproximadamente cuarenta trabajadorxs. Esto significa que la provincia tiene su propio equipo interdisciplinario de formación docente que realiza capacitaciones en los diferentes niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el superior.

Este equipo se sostiene desde hace diez años. “Se realiza una formación tanto a docentes de secundarios, inicial y primaria y se trata de que se trabaje institucionalmente. Y en secundaria, además de trabajar con la docencia, se trabaja en un dispositivo con lxs alumnxs. Además, el programa trabaja articuladamente con otros programas del Ministerio, en capacitaciones aportando lo que aporta la ESI y se acompaña a un montón de programas como Escuela Abierta, Lazos, ESI al centro”, dice Estefanía Gimenez, integrante del equipo de ESI en Santa Fe. Pero su situación laboral pende de un hilo. La suya y la de todxs lxs compañerxs que integran los programas socioeducativos como las Orquestas barriales, Lazos y también ESI. Visibilizar la situación de intestabilidad laboral resulta indispensable en un contexto donde la avanzada antiderechos contra la Educación Sexual Integral hace lobby en la legislatura santafesina para impedir que se sancione la ley provincial en la Cámara de Senadores.

Que la provincia cuente con un equipo propio posibilita garantizar la capacitación en las escuelas, aunque a nivel nacional se asista a un progresivo vaciamiento del Programa Nacional desde que asumió Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Sin embargo, la precariedad laboral atenta contra la continuidad del equipo. De allí nace el reclamo que hoy está llevando adelante el gremio de Amsafé provincial ante el Ministerio de Educación de la provincia.

Marina Salomón forma parte del equipo que trabaja en Rosario, es además militante feminista y explica la situación laboral en la que se encuentran: “Nos encontramos desde diciembre del año pasado con acuerdo paritario firmado donde se comprometían a generar nuestros cargos y que podamos concursarlos finalmente porque van a hacer 10 años que nos encontramos en una situación de precarización laboral con horas a término que suben en enero y que bajan en el mes de diciembre y que depende de la gestión para poder continuar con nuestro trabajo. Ya llevamos muchos años exigiendo que se cumpla con un derecho laboral”.

Nadie del equipo de ESI que trabaja en todo el territorio provincial cuenta hoy con un cargo concursado y titularizado de Educación Sexual Integral, más allá de las promesas del gobierno provincial. En este contexto, las trabajadoras se movilizan para defender no solo su puesto de trabajo sino un derecho humano fundamental: las y los docentes también luchan para que la ESI sea ley en la provincia. “El proyecto de ley incorpora en primer lugar todo el paquete de leyes que están vinculadas a los derechos de las mujeres, de diversidad e identidad de género, que se sancionaron después de la ley 26.150. A su vez también habla de un financiamiento propio para educación sexual para el equipo y la capacitación, habla de un acompañamiento hacia los docentes como formación sostenida y viene a traer a nuestra provincia la garantía de que niños, niñas y adolescentes van a recibir en cualquier nivel educativo contenidos de educación sexual integral, obviamente apropiado para cada nivel, y son contenidos específicos y pedagógicos”, apunta Marina.

Contar con una ley provincial es urgente porque de eso depende que la continuidad de las capacitaciones a docentes y estudiantes no esté sujeta a la voluntad política de una determinada gestión de gobierno. Implica además, propiciar un financiamiento específico y garantizar condiciones de trabajo dignas para quienes tienen la enorme responsabilidad de enseñar contenidos fundamentales para el cuidado de la salud sexual reproductiva y no reproductiva, a docentes, a niños, niñas y jóvenes.

El proyecto de ley hoy se encuentra en debate en la Cámara de Senadores. Una campaña provincial impulsada por distintas organizaciones feministas se puso en marcha para exigirle al Senado la aprobación de la ley. “La ESI promueve una mirada integral de la sexualidad, fomentando el conocimiento del propio cuerpo, el cuidado, el consentimiento, el placer, el respeto por la autonomía, la libertad, la diversidad. Construye herramientas para prevenir y erradicar formas de abuso, discriminación y violencia”, señala la Campaña. Y alega, a favor de la ley: “La ley provincial de ESI permitiría la creación e institucionalización de un equipo provincial que fortalezca su implementación como política de Estado, en un contexto de vaciamiento del programa nacional de ESI en particular, y de desfinanciamiento de la educación pública en general”.

Este vaciamiento del Programa Nacional que denuncian trabajadorxs en todo el país redunda en el trabajo que se realiza a nivel provincial. “Desde el programa nacional se suministraba materiales impresos y el equipo nacional acompañaba en distintas provincias la capacitación docente, provincias que no tienen equipos propios y que se ven en la necesidad de contar con el equipo nacional para dar los contenidos ESI. Todo eso está frenado y ha habido un retroceso en la implementación a nivel nacional. Si bien Santa Fe sostiene las formaciones aún en estas condiciones, otras provincias no están en esta situación y es sumamente grave”, dice Marina.

Esas provincias son las que, por ejemplo, no distribuyen el material de ESI que llega de la Nación a las escuelas, las que no promueven que la ESI sea impartida en los niveles educativos, algunas de las cuales tienen fuertes vínculos con la Iglesia católica, las que tampoco adhieren al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, las que cuentan con un alto índice de embarazos adolescentes no deseados y en las que, además, siguen muriendo mujeres en abortos realizados en las peores condiciones.

La campaña antiderechos

Las voces que fuertemente se oponen a que se cumpla con un derecho como es la ESI son las que provienen, fundamentalmente, de un importante sector de la Iglesia Evangélica que trabaja en coordinación con sectores de la Iglesia Católica. Frente a la legislatura santafesina impulsaron hace días lo que llamaron “El Familiazo” bajo la consigna “No te metas con mis hijos”.

Estos grupos son los mismos que también se oponen a la legalización y despenalización del aborto y que han estado en contra de todo derecho consagrado a favor de la identidad de género y del matrimonio igualitario. Posicionados en contra de lo que ellos llaman la “ideología de género”, avanzan con el objetivo también de construir, en Santa Fe, un espacio político de cara a las elecciones en el 2019. Así lo informa una completa nota publicada en el diario cooperativo El Ciudadano, medio que entrevistó al principal referente del movimiento en Rosario, el pastor Walter Ghione. “Estamos a favor de una educación sexual con una base científica y biológica. Estamos muy enojados e indignados porque de la misma manera que nosotros no vamos a dar educación sexual con contenido religioso, no queremos que nuestros hijos reciban una educación basada en ideología de género. La homosexualidad es una elección personal e individual que debe ser respetada, pero no hay que elevarla a un nivel por encima de todo lo demás. Es un momento difícil de la sociedad, en donde se quieren levantar derechos de unos por encima de los de todos”, declaraba el pastor en diálogo con El Ciudadano. Los derechos a los que se refiere tienen que ver, por ejemplo, con el autopercibimiento de las personas, es decir, con lo que contempla la Ley de Identidad de Género sancionada en nuestro país. Dice Ghione en esta misma nota periodística: “Nos parece algo muy triste que uno tenga que aceptar esa condición y dirigirse a alguien por la forma en que se autopercibe y no llamarlo por lo que uno ve y piensa”.

Para el próximo 28 de octubre, el movimiento “Con mis hijos no te metas” planifica movilizaciones en todo el país. “Demostremos que Argentina no quiere más ideología de género, luchemos por nuestros hijos”, dicen. Y sostienen, en su página de Facebook: “Queremos una educación sexual científica, biológica y sin ideología”. Algunas de sus voces más mediáticas son las del periodista y politólogo Agustín Laje y el abogado Nicolás Marques. Ambos son autores del libro “El libro Negro de la Nueva Izquierda”. Marquez es además el responsable del portal Prensa Repúblicana. Dos exponentes de la más rancia, misógina y conservadora derecha argentina, pro-dictadura y opuesta a cualquier avance de derechos de las mujeres e identidades disidentes. Así lo evidencia cada nota publicada en el sitio web www.prensarepublicana.com. Para Marquez, por ejemplo, «la biología determina la existencia de sólo dos sexos, luego un sector infimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza,  hay que respetar el desvío ajeno, pero no debe ser obligación aplaudirlo e inculcarlo a los niños”. Hablan de adoctrinamiento a partir de lo que ellos denominan “ideología de género”, de totalitarismo y sustentan sus ideas en un biologicismo absoluto de la sexualidad.

Estos grupos se los que, bajo el lema “los hijos son de los padres no del Estado” se oponen con fuerza a la actual Reforma de la ley de Educación Sexual Integral que ya tiene dictamen de mayoría en las comisiones de Educación y Mujer, Niñez y Familia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Esta reforma, que nace a partir del debate que se dio en torno al proyecto de ley que legaliza el aborto y que puso de manifiesto la importancia y necesidad de impartir y fortalecer la Esi en las escuelas, establece fundamentalmente el carácter de “orden público” de la ley 26.150. Esto obligaría a todas las provincias a aplicarla, eliminando así la no adhesión que implicaba la discrecionalidad de las mismas respecto a su aplicación. Además, incluye en la reforma del artículo 2 las leyes sancionadas con posterioridad, como la ley de identidad de género y Matrimonio Igualitario y fundamentalmente modifica el polémico artículo 5 que posibilta a las instituciones educativas adecuar los contenidos de acuerdo a su “ideario institucional”, habilitando a que, por ejemplo, las escuelas confesionales se escuden en dicho artículo para no incluir la ESI en los contenidos curriculares. Además, la reforma establece que los contenidos pueden brindarse en espacios específicos como talleres o materias de Educación sexual Integral.

La reforma es ampliamente celebrada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que lleva en su lema histórico la consigna “Educación Sexual Integral para decidir”.

“Las familias apoyan la ESI”.

Es sábado al mediodia y el cruce de las peatonales en Rosario se colma de gente. Allí están las orquestas barriales tocando para hacer visible el reclamo hacia el Ministerio de Educación de la provincia. Están también las trabajadoras del equipo de Esi en Santa Fe, juntando firmas para apoyar la ley provincial. Marina Salomón dice que a pesar del avance de estos grupos, ellas reciben constantemente el apoyo de las familias, de docentes y equipos directivos, en los territorios donde día a día desempeñan su tarea. “Ha habido un avance en contra de la ESI que tiene que ver con tirar datos que son falaces. Nadie esta queriendo meterse con los hijos de nadie, lo que hacemos es garantizar un derecho humano porque así lo dicen las distintas Convenciones Internacionales. La ESI es un derecho humano que los chicos y chicas tienen que tener. Las familias forman parte de este proceso y nosotras le damos una importancia a esto. Hemos sentido mucho apoyo de parte de las familias que conocen, que se han acercado, que acompañan las actividades en las escuelas y que saben de que se trata la ESI”.

Estefanía Gimenez pide que las familias que tengan dudas se acerquen a los equipos, que consulten los contenidos de los materiales oficiales y cómo se implementan en cada nivel. “Hay información que dan estos sectores que es errónea”. Por eso, destacan las trabajadoras, resulta indispensable contar con un programa educativo sostenido en el tiempo, desde el Estado. “Esto es un proceso. La ley ya tiene 12 años y recién ahora se están viendo avances en referencia a esto, por eso es tan importante sostener un equipo”, señalan.

¿Qué significa la ESI? Comprometidas con su trabajo y también el activismo feminista, Marina Salomón, Estefanía Gimenez y Clara Botazzi definen lo que para ellas significa la Educación Sexual Integral. Hablan con la experiencia de estar al frente de la docencia y las capacitaciones desde hace años. Defienden la ESI porque, sostienen, “es la posibilidad que tienen niños, niñas y adolescentes a poder decidir, a poder conocer, a cuidar sus cuerpos, a trabajar desde la afectividad, desde cómo nos relacionamos para poder transitar una vida más libre de violencias y estereotipos”. Hablan de garantizar un derecho humano. Deconstruir formas de relaciones machistas y patriarcales y propiciar, desde las infancias, un aprendizaje basado en el respeto de la diversidad rechazando toda forma de discriminación. “Vivir una vida más libre y feliz”, resumen las trabajadoras quienes, además, esperan una respuesta del Ministerio de Educación para garantizar la continuidad laboral de los equipos provinciales. Una urgencia en los tiempos que corren.