Arroyo Leyes es otro pueblo víctima del sistema agroindustrial que desde la década del noventa modificó la geografía santafesina. En la localidad hay cultivo intensivo de frutilla con agrotóxicos que traen consecuencias concretas: un índice de discapacidad por encima del promedio y otras patologías que son hijas del modelo productivo que en los últimos veintitrés años aumentó el uso de agroquímicos en un mil por ciento. La organización vecinal logró la prohibición del uso y la comercialización del glifosato en la municipalidad de Santa Fe. El cultivo intensivo, la intensidad de la lucha y la frutilla del postre: las amenazas que vienen sufriendo quienes defienden la vida.
Por Tomás Viú
[dropcap]E[/dropcap]n Arroyo Leyes, un pueblo santafesino que está a pocos kilómetros de la capital provincial, el noventa por ciento de los campos están cultivados con frutillas californianas que en la década del noventa, cuando los organismos genéticamente modificados (OGM) empezaron a transformar nuestras geografías, vinieron a reemplazar a los cultivos nativos que había en la zona. Previo a la importación transgénica, en Arroyo Leyes había frutillas entre septiembre y noviembre. Pero a partir de la incorporación de esta frutilla híbrida se hace un cultivo intensivo desde marzo hasta diciembre, para lo cual es necesaria la utilización de una gran cantidad de insumos químicos. Facundo Viola, vecino de Arroyo Leyes, periodista e integrante de la Campaña Paren de Fumigarnos, cuenta que han detectado cuarenta compuestos químicos diferentes, incluso el bromuro de metilo, un producto banda roja prohibido por la ONU desde 2014. “En 2016 detectamos el uso de este veneno banda roja pero no es el único. En los campos de Arroyo Leyes usan otros agrotóxicos que están prohibidos para la producción frutihortícola como el glifosato”.
Algunos de estos agrotóxicos se pulverizan cada cuatro días y otros se utilizan a través del riego por goteo. El metal amonio se usa como fumigante esterilizante del suelo antes de la siembra. “Son unos gases que se ponen debajo de unos plásticos, por ejemplo la fosfina que se utiliza para matar roedores”, describe Facundo, mientras cuenta que hay un bichito que se llama tucu tucu y que es una especie de topo que hace canales por debajo de los campos y se come las raíces. Este veneno que se llama fosfina también es banda roja. Los y las vecinas se encuentran con los envases de estos agroquímicos vacíos que son arrojados al lado de la laguna Setubal, lindera con la ciudad de Santa Fe y con Arroyo Leyes.
Por eso Facundo dice que el tema no pasa únicamente por la fumigación sino también por la convivencia con el acopio de esos agrotóxicos, con los envases descartados y los bidones de agroquímicos. Los distintos usos que tienen estos envases descartados están documentados: lxs niñxs juegan con los envases, los pescadores los utilizan para juntar pescados, otras personas los usan para lavar platos, juntar agua, hacer plantines, darle de comer a los animales o como utensillos dentro del hogar. Otros envases son quemados y también terminan en el borde de la laguna. En el norte de la provincia de Santa Fe los envases se funden para hacer cucharitas de helado. Y en la ciudad de Esperanza hay una empresa que los funde para hacer bolsas de consorcio que luego se utilizan para envasar alimentos. El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) confirmó que estos envases cuando se funden producen contaminación y que por eso no se pueden reciclar. Únicamente pueden ser reutilizados para cargar agrotóxicos.
Desde la Campaña Paren de Fumigarnos vienen presentando sucesivamente desde hace siete años diferentes proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Esos proyectos han ido perdiendo estado parlamentario y no fueron tratados en las comisiones correspondientes. Pero este año presentaron un paquete de tres proyectos: una ley de reforma a la ley de agrotóxicos vigente, una ley de promoción de la agroecología y otra ley de erradicación de silos en espacios urbanos.
La ley de agrotóxicos Nº 11.273 tiene veintitrés años de antigüedad y es anterior a la introducción de los transgénicos en Argentina. Es una normativa que no puede contener de ninguna manera el modelo de agrotóxicos actual. Por eso, desde la Campaña presentaron un proyecto de reforma que propone mil quinientos metros libres de fumigaciones alrededor de pueblos y ciudades y la prohibición de fumigaciones aéreas en todo el territorio santafesino, tal como recomienda la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. También el proyecto de ley busca erradicar el acopio de agrotóxicos dentro de los pueblos, alejándolos más de mil quinientos metros de los bordes de los ejidos urbanos. Además, el proyecto incorpora una gestión de envases que implementa un método retornable para que la industria agrotóxica se haga cargo de esos envases.
El proyecto original de la Campaña lo presentó el diputado Carlos Del Frade. Después el diputado Leandro Busatto presentó un proyecto parecido y se unificaron. Ese es el dictamen que venían esperando hace quince meses. “El proyecto estaba durmiendo en los cajones y siguieron dilatando la jugada hasta que nos citaron para discutir el proyecto en la reunión de la comisión de salud”, cuenta Facundo Viola. Cuando se presentaron a la reunión se encontraron con que la presidenta de la comisión de salud, la diputada Estela Yacuzzi, había presentado un proyecto alternativo totalmente regresivo y hecho a medida del agronegocio. Ese proyecto, que obtuvo el dictamen de mayoría, retrotrae el resguardo a más de veinte años atrás. La ley vigente plantea tres mil metros libres de fumigaciones aéreas y la reforma presentada por la diputada Yacuzzi prevé excepciones hasta los ochocientos metros. “Si pensamos que las excepciones pronto terminan convirtiéndose en regla, perderíamos dos mil doscientos metros de resguardo”, dice Facundo, y hace alusión a que en veintitrés años el modelo productivo incrementó el uso de agrotóxicos en un mil por ciento.
Por otro lado, para las fumigaciones terrestres el proyecto presentado por Yacuzzi propone seiscientos metros libres de fumigaciones alcanzando progresivamente los mil metros pero planteando excepciones para los agrotóxicos de categoría tres y cuatro, que son los más utilizados en el modelo agrícola: dentro de esa categoría toxicológica está incluido el glifosato.
Además, el proyecto delega el poder de policía al Ministerio de la Producción, siempre y cuando los municipios y comunas no establezcan ordenanzas locales que planteen una instancia diferente. Facundo advierte que de esa manera la legislación queda vulnerable por todos lados, teniendo en cuenta que los municipios y comunas son muy permeables al “lobby feroz”. Facundo dice que estamos yendo para atrás a pesar de la gran cantidad de argumentos científicos que validan lo que vienen denunciando las organizaciones. Incluso la justicia norteamericana reconoció que el glifosato es cancerígeno y emitió un fallo por el cual Monsanto debe pagar doscientos ochenta y nueve millones de dólares a Dewayne Johnson, un jardinero que en 2012 aplicó los herbicidas Roundup y Ranger Pro hasta treinta veces cuando trabajaba fumigando escuelas en San Francisco. “Monsanto mintió diciendo que el glifosato se podía beber sin consecuencias para la salud y hoy estamos ante la certeza de que es un veneno cancerígeno. Lo que buscamos es alejar a estos venenos de la población”, dice Facundo.
Hace un mes, la acción vecinal en conjunto con las y los abogados, médicos, técnicos y profesionales que integran la multisectorial Paren de fumigarnos lograron una victoria: fue aprobado un proyecto de normativa que habían presentado en marzo y que prohíbe el uso y la comercialización del herbicida del glifosato en toda la municipalidad de Santa Fe, incluyendo la zona rural y de isla. También en la ciudad de Rincón el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la prohibición del glifosato.
El lobby feroz y el camino a seguir
Desde la importación del modelo transgénico a esta parte se fueron incorporando con el tiempo mayor cantidad de agrotóxicos con mayor intensidad para producir cada vez más. Otra confirmación de la fórmula matemática que indica que más por más es menos: menos salud, menos calidad de vida, menos posibilidades de respirar.
La Universidad Nacional del Litoral detectó en 2010 que en Arroyo Leyes hay un alto índice de discapacidad por encima del promedio. Sospechaban que esos niveles tenían relación con la contaminación del agua pero en ese momento no se realizó ningún estudio complementario. En 2016 se hizo un relevamiento en el cual se detectó que el agua está contaminada con nitritos, nitratos y amonios, que son residuos de la súper fertilización de los campos fumigados. Sin embargo, nunca se hizo un relevamiento específico de agrotóxicos o por lo menos los vecinos nunca vieron nada parecido. A principios de este año estuvo la Facultad de Ciencias Médicas en la localidad y confirmó que existen patologías poco frecuentes como casos de niños azules, una patología probablemente relacionada con la súper fertilización y el exceso de nitrógeno en el agua.
En Arroyo Leyes la información circula de boca en boca. Todos saben lo que pasa. Los casos de enfermedades y patologías son gritos ante el silencio oficial. Pero el sol no se puede tapar con las manos: hay personas que estando al lado de los campos fumigados se mueren temprano por leucemia o cáncer; casos de malformaciones congénitas; y en los últimos sesenta días dos casos de muertes súbitas en bebés que tenían tres meses de vida y que estaban a menos de cien metros de los campos. Cualquier coincidencia con la realidad es pura causalidad. Facundo es padre de una nena con parálisis cerebral, y si bien dice que no tiene ningún argumento científico para relacionar una cosa con otra, recuerda que en la localidad hay alto índice de discapacidad por encima del promedio.
Los factores más evidentes de contaminación son las fumigaciones que llegan a las ventanas de las casas. En la laguna local hay registro de algunas zonas contaminadas con agrotóxicos, incluso algunos productos banda roja. Pero hasta ahora no pudieron lograr que les proporcionen información precisa al respecto. “Sabemos que estamos ante una situación complicadísima. Fuimos viendo cómo muchos vecinos van sufriendo distintas afecciones y patologías, mortandad de aves, perros enfermos. Todo esto nos fue movilizando y poniendo en la necesidad urgente de abordar la problemática en la localidad”, explica Facundo.
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario se ofreció para realizar en Arroyo Leyes un campamento sanitario. Pero para que se pueda hacer el campamento es necesario que firmen las autoridades. Cuando fueron a la comuna el presidente comunal se negó rotundamente.
– Mejor no hablar de ciertas cosas- dice el lobby feroz.
– Mejor sí hablar de ciertas cosas- responden lxs vecinxs de los pueblos fumigados que vienen desarrollando asambleas en distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Que toman registro fílmico cuando hacen las fumigaciones ilegales. Que publicaron una serie de informaciones en relación con los venenos que se están utilizando. Facundo explica que esas acciones molestan. Lo que más molesta es la organización vecinal. “A mí me amenazaron varias veces por redes sociales. Y varias veces intentaron cumplir con sus amenazas”, cuenta Facundo. Cuando las amenazas se hicieron públicas ellos hicieron la denuncia correspondiente y desde ese momento comenzaron a recibir rumores que dicen que se está ofreciendo dinero para que se ejecute algún tipo de violencia sobre ellos. Hay vecinos que se ofrecen como testigos. “Con toda esa información nos acercamos a la fiscalía y le pedimos protección policial y un serie de medidas restrictivas para estas personas que son las que están cometiendo las amenazas de manera pública, incluso quedando en evidencia el grado de violencia que manifiestan”. Las denuncias ya llevan más de dos semanas pero hasta ahora no tuvieron ninguna respuesta.
La función que cumple la multisectorial Paren de Fumigarnos es articular entre distintas organizaciones y de esa manera brindarse protección para tener la posibilidad de llevar adelante la lucha. Facundo explica que sin esa articulación sería imposible por la complejidad de la temática. “Necesitamos que los médicos epidemiólogos se pongan a disposición de esta causa y que también nos acompañen los abogados y los funcionarios”. Pero Facundo también se refiere a la responsabilidad que le toca a cada habitante de los pueblos fumigados. “Que los pobladores asuman la responsabilidad de denunciar como corresponde. Salir del facebook e ir a las fiscalías, a las asambleas, a los municipios y comunas. Interrogar, interpelar, pedir informes en los ministerios. Es la única manera en que podemos hacer visible y meter presión para transformar esta realidad alejando los venenos progresivamente”. De esta manera Facundo hace referencia a las y los ciudadanos anónimos que están en el interior de la cuña boscosa, aquel que está al lado de un pool sojero, aquella maestra que trabaja en una escuela fumigada que está dentro de un campo y que tiene que pasar varias tranqueras para llegar.
Facundo habla de la vulneración de los derechos básicos como la salud y la libertad. Dice que cuando alguien hace una denuncia no puede caminar libremente por la calle porque se ve amenazado. Y que muchas veces tienen que encerrarse en las casas con sus familias para no ser contaminados de manera directa por las fumigaciones.
En Totoras, otro de los pueblos santafesinos fumigados, despidieron al docente Daniel Mangold de la Escuela de la Familia Agrícola. El gremio docente había anunciado un paro por tiempo indeterminado y finalmente el docente, activo militante contra los agrotóxicos, fue reincorporado. Facundo está en contacto permanente con Daniel, son hermanos de lucha, y dice que el despido era una injusticia tremenda. “La mayoría de los que estamos trabajando en la visualización y concientización también hemos perdido nuestros laburos o hemos sido apretados de diferentes formas. A veces no podemos ir a buscar a nuestros hijos a la escuela porque somos increpados en la puerta. Las mismas personas que fumigan son las que nos amenazan”.
Facundo es periodista y también comerciante de algunos productos agroecológicos y orgánicos. Dice que hay innumerables experiencias de agroecología extensiva y que falta la decisión política de apoyo del Estado para lograr transferencia de tecnología, conocimiento, información y subsidios. “La agroecología es una ciencia en ciernes que aglutina conocimientos referidos a cuestiones agronómicas pero que además se amplía a la cuestión socioambiental, laboral, humana y política. Nos parece muy interesante que se apunte a transformar el modelo en esa dirección”.
Con respecto a la lucha contra los agrotóxicos, Facundo hace referencia a Fabián Tomassi, quien trabajó durante años guiando avionetas en un campo de Entre Ríos en contacto directo con los agrotóxicos y luego, cuando se dio cuenta de lo que le estaba pasando, se convirtió en un símbolo de la lucha por la vida y el ambiente. Fabián murió el 7 de septiembre en la ciudad entrerriana de Basavilbaso. “Es un gran referente que se ha transformado en una leyenda para nosotros. Una víctima más de este genocidio silencioso. Lo mataron los agrotóxicos y las fumigaciones. Y se murió consiente de eso. Hubo muchísimos pobladores que murieron como Fabián sin saber de qué se trataba. Él despertó ese sentido y pudo poner el cuerpo y llegar con su mensaje a un gran porcentaje de la población argentina”. Facundo dice que en Santa Fe hay otros casos emblemáticos como el de Diógenes Chapelet, habitante de Marcelino Escalada que también se dio cuenta cuando lo fumigaron. A los días le salieron erupciones en la piel, se fue sintiendo mal, le colapsaron los pulmones y se murió diciendo a sus hijos, sobrinos y nietos que detengan las fumigaciones y que luchen para que nadie más se tenga que morir como él. “Los pobladores afectados por estas fumigaciones somos responsables como se hicieron responsables Fabián y Diógenes de denunciar, informar, concientizar y visibilizar a nuestros conciudadanos de esta situación. Ese es el camino a seguir por todos nosotros”.
