Ley de Niñez: cuando las palabras no son nada más

La Ley Provincial 12.967 está atravesada por la mala situación laboral de quienes la ponen en ejercicio. También por la falta de articulación entre las distintas áreas del gobierno y varias decisiones desacertadas. De ahí, las consecuencias.

Por Martín Stoianovich

La precarización laboral es una herida abierta de la Ley Provincial Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por esa herida se desangra la situación de vulnerabilidad de un sector social que es prioridad en el discurso pero que en la práctica y en lo concreto muestra las consecuencias de un sistema desarticulado que hasta sus propios funcionarios consideran en crisis.

“La misión fundamental es la formulación y ejecución de las políticas públicas para la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe; estableciendo medidas de resguardo integrales o excepcionales en caso de inminencia o vulneración de estos derechos o garantías según lo establecido por la Ley Provincial Nº 12.967.

Esto requiere el diseño, la coordinación e implementación de políticas públicas destinadas al impulso, defensa y restablecimiento de los Derechos, a través de una concertación articulada de acciones entre la provincia, los municipios y comunas, el poder judicial y las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera se implica el trabajo conjunto en un “Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia” que articula los recursos de los diferentes niveles del Estado con los de la sociedad civil”.

Palabras oficiales. Así describe el gobierno provincial en su sitio web al área de Desarrollo Social en Niñez y Adolescencia. Palabras.

“Precarizando trabajo se vulneran derechos”. Una consigna tan real. La han sabido levantar quienes ponen el cuerpo en estas áreas, argumentando que las consecuencias de la precarización de las políticas públicas y de los trabajadores que las ponen en práctica, conllevan al fracaso de las buenas intenciones que dice tener la dirigencia política a nivel provincial. Entonces todo se vuelve improvisado, cortoplacista, desarticulado: es allí cuando el discurso y la realidad rompen contacto.

El esquema

La estructura en las áreas de Niñez y Adolescencia a nivel provincial está encabezada por la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, seguida por las direcciones y servicios locales repartidos en distintas localidades de la provincia. Todas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Así comienza a formarse el Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que además –según establece la ley- debería integrar a organizaciones no gubernamentales que trabajen en la materia. El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos es descripto por la ley como “una unidad técnico operativa” que facilita que las niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados puedan acceder “a programas y planes disponibles en su comunidad”. En Rosario el Servicio Local no existe: tambalea entre una deuda y una promesa nunca cumplida que comenzó el 2018 con algunos amagues truncos.

La ley de Niñez, ejecutada por este Sistema de Protección, comprende a todas las personas menores de 18 años que habitan en la provincia de Santa Fe, pero en la práctica se vuelca a los sectores más afectados por la violencia y las desigualdades sociales y económicas. Se habla del “interés superior” de estos sujetos que comprende la ley. Un concepto que suele resumir en fallos judiciales o enunciados oficiales los aspectos que se deben priorizar en cuanto a los derechos de la niñez y la adolescencia. “El interés superior debe  respetar”, dice la ley. Entonces enumera: la condición de sujeto de derecho; el derecho a ser oído; el desarrollo en el medio familiar, social, cultural; las condiciones personales; el equilibro entre derechos, garantías y exigencias del bien común. Con ese horizonte -supone la ley- se deben abordar las distintas situaciones de urgencia o cada una de aquellas que vulneren o comprometan los derechos de los protagonistas de la ley.

Para encargarse de garantizar el mentado interés superior, la Subsecretaría tiene entre sus obligaciones asegurar la existencia de programas e instituciones de puertas abiertas, ya sean centros de día, paradores nocturnos, albergues temporarios y otros más específicos destinados a abordar situaciones de calle, abandonos, consumos problemáticos de sustancias, violencia familiar, abusos sexuales, crisis subjetivas o conflictos penales. Desde allí, estas situaciones serán abordadas con Medidas de Protección Integral o Medidas de Protección Excepcional.

Las primeras (MPI) forman parte del llamado primer nivel de intervención y suelen aplicarse para prevenir situaciones en las que se vean amenazados los derechos, o superarlas sin retirar al niño de su familia o afectos. Tampoco de su barrio -su círculo de vida- para lo cual deben intervenir las instituciones cercanas como los centros de convivencia barrial, los centros de salud, la escuela, los centros de día. Las Excepcionales (MPE) son medidas tomadas en casos de urgencia cuando se agotaron las intervenciones del primer nivel y continúa estando en riesgo el niño o algún tercero. Dice la ley que las MPE implican retirar al niño de su centro de vida si es necesario, y que son temporales y pueden durar más de noventa días solo cuando persistan las causas que originaron la aplicación de la medida.

Heridas sangrantes

En la última nota de enREDando sobre la precarización laboral en esta área, Tomás Viú cita el caso del Centro de Acción Familiar de barrio Ludueña y del Dispositivo Interdisciplinario de Abordaje Territorial de zona oeste. En ambos hay trabajadores en planta pero de igual manera la precarización encuentra sus vericuetos en algunos cargos y reemplazos, y además ambas instituciones padecen o padecieron dificultades en cuestiones edilicias. Es que, en general, al menos en Rosario los primeros niveles de intervención suelen funcionar con trabajadores precarizados y que carecen de recursos económicos y políticos que permitan un abordaje integral de las problemáticas. El abordaje integral -lugar común del discurso- lo demanda la ley 12.967 cuando crea la Comisión Interministerial de la Niñez y Adolescencia, que exige la puesta en común de los recursos humanos y económicos de los distintos ministerios: Desarrollo Social; Gobierno y Reforma del Estado; Salud; Educación; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Derechos Humanos; Innovación y Cultura; y Economía.

En distintos barrios los trabajadores hablan de un panorama similar: instituciones escolares y de salud desbordadas, talleres y capacitaciones en oficios limitadas en el tiempo y sin perspectiva de inclusión laboral, ausencia total de clubes o espacios deportivos públicos, falta de ámbitos donde trabajar el consumo problemático de sustancias, relaciones conflictivas con fuerzas de seguridad por la violencia que ejercen justamente sobre los adolescentes. Así se configuran los territorios que, en materia de niñez y adolescencia, suelen ser los escenarios previos a la aplicación de Medidas de Protección Excepcional cuando hay situaciones que, por la imposibilidad de controlarlas en estas condiciones, terminan por desbordar.

Entonces no sería descabellado concluir que el frecuente fracaso de las MPI se deba a esta situación de precarización estructural que a su vez conlleva a que sean más frecuentes las tomas de medidas excepcionales. Así lo explicó en una entrevista durante 2017 Analía Colombo, titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, sector creado en el marco de la ley 12.967 para la supervisión y monitoreo de políticas públicas en el área: “Cuando llega una Medida de Protección Excepcional es porque algo del Estado faltó antes, y es la protección. Nuestro país y nuestra provincia están adheridos a leyes internacionales, nacionales y locales que hablan de protección y promoción integral. Sin embargo vemos que la Subsecretaría de Niñez desde algunos años aplica artículo 58”. Hacía referencia a la directa aplicación del artículo que implica la toma de una MPE. “Nosotros decimos que hay otros 57 artículos antes, que son de protección. Y que alguna falta del Estado hubo antes, esas políticas públicas integrales que propone la ley no se cumplieron. Porque el joven no llegó, porque no lo detectó el primer nivel de intervención, porque el Centro de Salud, la escuela, el Centro Cultural, el Centro de Convivencia Barrial, no llegaron a detectar que el joven llegó a este punto donde hay que aplicar una medida por una vulneración de derechos grave”, dijo y agregó: “Si se toma el artículo 58 hubo una ausencia, una negligencia o una omisión por parte del Estado, un Estado que tiene que estar más a nivel territorial, donde hay un gran vacío con el Servicio Local que propone la ley”.

Y las MPE terminan por desgarrar la herida: los trabajadores que se ponen al hombro estas medidas son los Acompañantes Personalizados (AP), más precarizados que cualquiera. El cargo del AP fue creado en  el año 2007 por la resolución 0439 impulsada por la Secretaria de Estado de Promoción Comunitaria y aprobada por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En Rosario son unos 300 trabajadores en negro que acompañan diariamente a niñas, niños o adolescentes sobre los cuales recayeron medidas excepcionales solicitadas por un Equipo de Trabajo Interdisciplinario de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, y aprobadas mediante un control de legalidad firmado por un Tribunal Colegiado de Familia. La versión 2017 del informe “Las instituciones de acogimiento en la provincia de Santa Fe”, publicado por la Defensoría, arrojó cifras a este panorama complicado: de 41 instituciones consultadas –entre estatales y conveniadas- en toda la provincia, el 71 por ciento dijo estar alojando niñas, niños y adolescentes con medidas excepcionales vencidas, que superaban el año y medio de aplicadas.

Otros datos del informe dicen que de esas 41 instituciones consultadas: el 39 por ciento estaban sobreocupadas. En el 44 por ciento se relevaron condiciones de hacinamiento. El 47 por ciento tenían un mal estado edilicio. El 46 por ciento tenía pendientes obras de refacción. El 44 por ciento no tenía ventiladores. El 85 por ciento afirmó tener dificultades para que las niñas, niños ya dolescentes accedan a tratamientos de salud mental, especialidades médicas y odontológicas. El 90 por ciento no estaba en condiciones para personas con discapacidades. El 66 por ciento no tenía espacios para entrevistas privadas. Sobre los equipos de trabajo el informe dice que en el 88 por ciento de las instituciones los equipos estaban incompletos. Que el 56 por ciento consideró que era insuficiente la cantidad de acompañantes convivenciales y que el 60 por ciento de los trabajadores tenían contratos informales o trabajaban sin contrato. El 90 por ciento de las instituciones calificó como regulares o malas las articulaciones con la Subsecretaría, y el 88 por ciento aseguró que son pocos los casos en donde los niños mantienen contacto con los equipos. Lapidario.

Podría considerarse que esta situación, en parte, es producto del poco presupuesto que se destina a las áreas de niñez y adolescencia. Para el 2017 el presupuesto total de la administración central de la provincia de Santa Fe correspondió a $ 119.501.696.000, y solo un 1,88 por ciento, es decir $ 2.257.288.000, fue destinado al Ministerio de Desarrollo Social.

Este panorama es la herida sangrante: la ausencia de instituciones estatales acordes a las exigencias de la ley dejó un hueco que, en Rosario, la Subsecretaría llenó con convenios con alojamientos como hostales, hoteles y pensiones. Y también, dando el pie a otra problemática que a su vez desprende sus aristas, se hicieron convenios con instituciones de salud que son de gestión privada. Este último aspecto afecta desde un punto de vista económico teniendo en cuenta que en un ministerio donde muchos de sus trabajadores están en negro y muchas instituciones públicas padecen de malas condiciones, buena parte del bajo presupuesto se destina a instituciones privadas que cobran por día cada plaza ocupada. Pero, en todo caso, no implicaría mayores preocupaciones si el “interés superior” de la niña, niño o adolescente estuviera garantizado: si realmente se abordaran las situaciones problemáticas con una perspectiva de recuperación, de inclusión y de autonomía. Pero eso no sucede. Entonces así se da a entender que este complejo presente no depende solo de un tema presupuestario, sino de una definición política.

El año 2017 fue el desborde: decenas de jóvenes entraron en un circuito de hostales, hoteles y pensiones. El Hotel Estación Callao (Callao 117), el Hostel Primera Estación (Dorrego 54) y La Pensión de la Música (San Juan al 700), el Hotel Normandie (Mitre 1030), el Hotel Casapueblo (Fontezuela 1924) y el Hostel Quechua (Italia 872). Una trabajadora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, quien pidió reserva de su nombre, contó que el abordaje de las distintas situaciones que atravesaban los chicos derivados a la Pensión de la Música era precario. “No se hacía nada con los chicos, era más una asistencia, prepararle la merienda, las comidas, acompañarlos a los trámites”, explicó. Los chicos pasaban horas encerrados en sus habitaciones, sin realizar actividades que les despertaran intereses o apuntaran a generar una autonomía, o bien podían pasar todo el día en la calle sin que desde la Dirección de Niñez supieran con certeza dónde y qué estaba haciendo el chico.

Lo complejo de estas decisiones, como en una ecuación, demostraron resultados lógicos. Hubo casos de chicos que, como consecuencia de este tipo de abordajes no integrales, profundizaron sus problemáticas subjetivas, entraron en conflicto con autoridades de la Dirección de Niñez, y como respuesta fueron institucionalizados. Y como en la ciudad no hay instituciones públicas con lugares y en condiciones, fueron llevados a instituciones privadas. Así, por ejemplo, surgieron los casos de los jóvenes internados en la clínica psiquiátrica San Camilo de la provincia de Buenos Aires, que fueron retirados por denuncias de torturas, sobremedicaciones y amenazas. Aunque a nivel local también hubo chicos derivados a clínicas como la San Felipe (Ameghino 960), la IMPAR (1º de Mayo 1752) o el Sanatorio Neuropático (San Martín 5848).

El paso a paso legal para lograr la institucionalización de una niña, niño o adolescente, consta de varias etapas que en líneas generales sí se cumplen aunque eso no implique ni seriedad, ni compromiso, ni una perspectiva de recuperación ni nada acorde a la Ley Provincial de Niñez o a la Ley Nacional 26.657 de de Salud Mental. Un juez de un Tribunal Colegiado en Familia de Rosario aseguró a enREDando que los pasos previos dados antes de cada internación se ajustan a las demandas de la ley 12.967: una evaluación del equipo interdisciplinario que acompaña al joven, una decisión tomada en base a esa evaluación y un posterior control de legalidad firmado por el Tribunal Colegiado de Familia que interviene. Cuando se le consultó por irregularidades o arbitrariedades en los diagnósticos que hace la Dirección de Niñez sobre determinadas situaciones, el magistrado negó esta posibilidad y prefirió hablar de “criterios” de profesionales que atienden cada caso.

Pero hay trabajadores de la Dirección de Niñez que aseguran que en muchos casos los diagnósticos, que en algunas ocasiones son impulsados por directivos de mayor jerarquía en la Dirección que pasan por encima a los equipos interdisciplinarios, no se ajustan a las realidades de los chicos y además son escuetos, no profundizan en el recorrido y la subjetividad del chico en cuestión. Tampoco –quizás por la misma condición de precarizados- se tiene en cuenta el punto de vista de los AP, quienes son los que comparten más tiempo con los niños o adolescentes. Explican, entonces, que en realidad dichos diagnósticos son maniobras, adecuadas a los procedimientos que indica la ley, para lograr la institucionalización definitiva de chicos que deambulan por distintos hospedajes sin que se puedan contener de manera integral las problemáticas que los dejaron bajo el ala de la Dirección de Niñez. “No hay capacidad de los equipos para laburar situaciones que demandan un trabajo cotidiano. Por otro lado, es más sencillo sacárselos de encima porque son los pibes que estuvieron generando las situaciones problemáticas que tomaron conocimiento público”, explicó un trabajador –también pidiendo anonimato- haciendo referencia a los sucesos de octubre de 2016, justamente protagonizados por la mayoría de chicos que en 2017 terminaron internados en la clínica San Camilo.

Un compromiso político con los artículos de la ley 12.967, en caso de aplicarse tal cual, podría favorecer a un horizonte esperanzador en el respeto por los derechos, palabra que en la ley se repite 172 veces. Es difícil digerir que la situación de la niñez y la juventud en la provincia dependa nada más que del criterio de los profesionales. Así, por ejemplo, el buen pasar de un adolescente por las intervenciones de la Subsecretaría –caso de un joven que superó determinada situación problemática, se rescató, restituyó sus derechos o lo que fuere- sería el resultado de un buen criterio y no de una política pública como habla el buen discurso. En cambio, el mal pasar –los pibes que deambulan por hoteles, los pibes adormecidos de ansiolíticos en San Camilo, la muerte dudosa de Lucas Figueroa en el Neuropático- sería el resultado de un criterio desafortunado. Pero nada puede ser tan simple como el azar cuando se trata de personas. De sujetos de derechos.