Las políticas económicas de Cambiemos profundizaron el paradigma pese a la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores sumado a la caída del sector productivo. El paso hacia el FMI confirma que la búsqueda por sostener el sistema y el status quo social son innegociables. Natalia Perez Barreda, economista y docente de la facultad Ciencias de la Gestión (dependiente de la Universidad de Entre Ríos), nos ayuda a entender los ejes del plan económico.
Por Alvaro Arellano
[dropcap]S[/dropcap]i en algo mostró coherencia la actual fórmula gobernante fue en el hecho de no claudicar a la hora de rendirle culto a un modelo económico. Las políticas trazadas a lo largo de estos dos años y medio, han ido agotando todas las instancias posibles en la búsqueda por sustentar el nuevo paradigma económico basado en la especulación financiera.
La lógica para mantener ese esquema también sostuvo un mismo sentido. Beneficiados y perjudicados mantuvieron roles inalterables, bajo un discurso que le suplica austeridad solo a los sectores que tienen ingresos inversamente proporcionales a quienes recaudan a costa de ese “esfuerzo” de la mayoría.
El anuncio de acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no hace más que ratificar ese trazado. Esos 50 mil millones de dólares son la continuidad de una política económica basada en toma de deuda externa que posibilita sostener el sistema que eligió Cambiemos. “Lo único que hace en términos políticos es fijarle más condiciones al país para que las políticas sean en el mismo sentido”, asegura en diálogo con enREDando, la economista Natalia Perez Barreda, en virtud al acuerdo. Y agrega el dato no menor de que el plazo por tres años implica condiciones que heredará la próxima gestión, y un endeudamiento que recaerá sobre las siguientes.
Cuando el remedio es peor que la enfermedad
“El problema económico argentino es un problema de restricción externa”, lo que explica Natalia como el dilema de no producir la cantidad de dólares suficientes para un crecimiento sostenido en el tiempo. Como cura a este padecimiento, el tratamiento que aplica el gobierno se basa en “un modelo de endeudamiento, que se sostiene con el ingreso de dólares por toma de deuda”. Para profundizar el método, la receta fue liberar compra de dólares (levantar el famoso “cepo”) y dejar su valor sujeto a oferta y demanda. Esto generó un fenómeno llamado bicicleta financiera, y el diagnóstico de Perez Barreda lo clarifica: “Un argentino que tenga dinero en el exterior puede traerlo para pasarlo a Lebac, sacarle el 40%, y como puede comprar libremente dólares, compra los dólares y los fuga al exterior”.
Si bien hay dos ejes que se pueden distinguir de esta política económica, hay uno que se desprende del otro. Ese endeudamiento externo constante que se ratifica y se sostiene a través del acuerdo con el FMI, justificó siempre una obsesión por revisar el déficit fiscal (cuando se gasta más de lo que ingresa al estado). “El ajuste fiscal que hizo el gobierno entiende que la forma de controlar la inflación era disminuir el gasto público”, esto se tradujo en un recorte a la clase media y baja, ya que “en pos de disminuir el déficit se quitaron subsidios que afectaron a quienes utilizan el servicio energético residencial y sobre todo a las PYMES”. Este sector sufrió también el declive provocado por una balanza comercial negativa (se importa más de lo que se exporta), como sucedió en mayo pasado con la industria textil, “que padeció un incremento del 20% de las importaciones con respecto al mismo mes del año anterior”. En pos de ese ajuste, la presión de paritarias hacia abajo en 2018, provocó una pérdida de poder adquisitivo que impactó en el sector productivo y de venta minorista a causa de la caída de consumo. Como bien lo anuncio CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), en mayo las ventas minoristas cayeron un 4,8% con respecto al mismo período de 2017, y 2% acumulado en lo que va del año.
No todos pierden
“Lo ilógico es que en paralelo se quitaron impuestos y gravámenes a los derechos de exportación (retenciones) que exigieron aún más recorte en el gasto público para disminuir ese déficit”, explica Perez Barreda, haciendo alusión a sectores que a contramano de los casos anteriores, aumentaron sus ganancias. El caso de los sectores energéticos es un ejemplo de concentración de la cadena de producción, “donde tenemos el caso emblemático de Luis Caputo, que se enriquece con cambios como la dolarización de la tarifa“. El sistema de bicicleta financiera, incentiva a capitales extranjeros a acceder a Lebac con una tasa de 40% de interés, pasarlo a dólares y luego fugarlo, sin dejar ganancias al Estado y fijando una tasa de referencia elevada que impacta en créditos a los que suelen recurrir pequeñas empresas para inversión productiva o personas para acceder a una vivienda.
Otro aspecto importante son las retenciones, ya que el impacto de la baja (en el mejor de los casos), y la quita fue significativa. “Más allá del carácter móvil, estamos hablando de que por ejemplo la minería ya no paga retenciones, mientras que la soja pagó desde el arranque de la gestión Cambiemos 5 puntos menos y esto se va descontando mes a mes 0,5% más “, explicó Natalia. En este sentido, Hernán Letcher, director del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), deslizó algunos números que clarifica la pérdida para favorecer al sector agroexportador: “Estamos hablando de una perdida aproximada a los 65mil millones de pesos si nos referimos a las retenciones tal como estaban en 2015” (35% retención a la soja, 23% al trigo y 20% al maíz). Hace escasos días, trascendió la posibilidad de incrementar 10% la retención a los cereales, y de frenar la baja en retenciones de soja, lo cual “reponía unos 30mil millones de pesos”, según Letcher, aunque no pasó del rumor, lo cual para el economista “muestra como el gobierno defiende a algunos sectores y es inflexible con otros”.
Aunque esta sea una alternativa visible, parece no estar en los planes ya que, a la hora de vetar el proyecto de ley de tarifas, lejos de considerar esta cuestión, desde el ejecutivo expresaron que llevar adelante lo establecido en esa ley significaría prescindir de la Asignación Universal por Hijo.
